Político alemán: "La caída de la eurozona es solo cuestión de tiempo"

La desintegración de la zona euro sucederá tarde o temprano, considera el presidente del partido conservador Alternativa para Alemania, Bernd Lucke.

La eurozona "se romperá" y "solo falta saber cuánto tiempo tardará en hacerlo", dijo el político en una entrevista al periódico alemán 'Die Welt'. Bernd Lucke considera que Europa solo trata de aplazar este momento invirtiendo dinero en las economías de las zonas más afectadas y podría "continuar esta política durante varios años más".

Pero el problema es que esta estrategia contra la crisis solo "aumenta el precio" que los países europeos tendrán que pagar luego por el "colapso".

Los contribuyentes alemanes pagarán entre 25.000 y 30.000 millones de euros por la restructuración de la deuda de Grecia, país que "será el primero" en llegar a la imposibilidad de pago, según los cálculos de Lucke.

El proceso de la desintegración de la zona euro "está completamente fuera de control" y puede tener consecuencias muy graves para Alemania, que "no podrá pagar pensiones ni prestaciones sociales", advierte el político.

Según algunos pronósticos económicos, la eurozona podría experimentar un leve crecimiento económico en la segunda mitad de 2013, pero una aceleración notable de las economías europeas no llegará antes del 2015.

RT

A un año de la re-estatización de YPF, el importante dirigente gremial marplatense José Rigane opina: “El Estado sigue siendo un socio bobo de las multinacionales”

Cumplido el primer año de la nueva gestión de YPF, después de lo que fuera la estatización del 51 por ciento de las acciones en manos de REPSOL, José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA y Secretario General de FeTERA, habló sobre la situación en la empresa. En esa oportunidad, el dirigente hizo un crudo balance sobre la petrolera YPF y la cuestión estratégica de los hidrocarburos: “Acá no ha habido ni decisión, ni hay voluntad política para cambiar”.

En relación a la expropiación de acciones realizada en abril del año pasado e impulsada por el Gobierno nacional, el dirigente señaló que “cuando se tomó esta decisión hace un año atrás, nosotros asumimos de valorar como un paso positivo hacia la recuperación de la soberanía energética y del patrimonio energético nacional; decíamos que era insuficiente, que con eso no alcanzaba, pero entendíamos que era un paso en esa dirección”.

Sin embargo hoy, un año después, Rigane indica que lo que sucedió con YPF terminó siendo una forma de “garantizar la renta extraordinaria que se apropian las firmas extranjeras y multinacionales”. En ese sentido, explicó que “entre otras medidas, lo primero que se decidió fue elevar el precio del barril del petróleo para exportarlo”, y agregó: “el barril del petróleo para exportación estaba a 42 dólares y el Gobierno lo pasó a 70 dólares, eso significó un aumento del 66%. Tengamos en cuenta que el costo de producción de un barril en la Argentina está entre 8 y 10 dólares. Con el precio a 42 dólares ya había una ganancia extraordinaria de más del 300%. Ahora, a 70 dólares el barril a cualquier petrolera que pueda exportar obtiene el 600% de ganancia extraordinaria. Estamos hablando de petróleo, de un petróleo que no tenemos, que las reservas se han achicado, que de los 20 años de reserva que teníamos en 1990 hoy está alrededor de 10, 9 u 8 años las reservas, según qué especialista determine esta cantidad”.

Según José Rigane hay que preguntarse “¿quién se apropia de esta ganancia?”. La respuesta inmediata que planteó el dirigente es que son “los Grupos multinacionales" los que terminan ganando millones de dólares. Y agregó: "la verdad que cuando uno mira esto, que es una mirada parcial y no total, evidentemente esta decisión para nada ha ayudado a que el Estado juegue el rol que tiene que jugar. Sigue siendo el Estado argentino un “socio bobo” de los Grupos multinacionales que establecen e implementan las políticas en el campo energético desde hace muchos años".

Para el dirigente: “Este Gobierno no tuvo una decisión de recuperación. Siempre ha sido un Gobierno que ha posibilitado y profundizado la extensión de la rentabilidad y despilfarro de nuestras reservas en el campo energético a manos de los grupos multinacionales. Y de hecho este Gobierno, junto con el de De La Rúa, fueron los que habilitaron las concesiones a más de 30 años sobre el rico territorio de Loma La Lata, lo que ha sido el Golfo San Jorge para PANAMERICAN ENERGY, que el 60% lo tiene la BRITISH PETROLEUM que es la Empresa inglesa”.

A modo de cierre y convocando a la comunidad a formar parte de la Campaña Nacional para “la Recuperación y Defensa de la Soberanía Popular haciendo centro en los Bienes Comunes" -iniciativa impulsada por la CTA, entre otros- el dirigente y fundador de la central expresó que “hemos perdido la batalla cultural con el enemigo que nos ha hecho creer que el tema energético no es un tema importante y significativo en la vida de los argentinos, como la salud o la educación”. Y continuó; “lo primero que deberíamos hacer los argentinos es recuperar nuestra soberanía y después defender esa soberanía popular sobre los bienes comunes, sobre los recursos naturales, sobre el agua, etc.". Para el dirigente, lo que atraviesa todos estos temas es que "tenemos un modelo productivo consolidado y profundamente extractivo y depredador”.

Sobre la Consulta Popular Rigane expresó que es muy importante porque “lo que necesitamos es superar la etapa de la resistencia y pasar a una etapa más de ofensiva. Para eso es imprescindible generar ámbitos de unidad de criterio, de política y de objetivos para poder resolverlo.” Y agregó que el objetivo es que “hay que cambiar este modelo productivo, por un modelo basado en la soberanía energética y popular".

AGENCIA ACTA

El Día del visitador médico y la vigencia de Ramón Carrillo

Ayer 26 de mayo se celebró el "Día del Agente de Propaganda Médica", que recuerda la fecha en la que esa figura legal fue institucionalizada por Carrillo, primer ministro de Salud pública del país.

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) recordó mediante un comunicado que "hace 66 años, ese enorme sanitarista que fue el Dr Ramón Carrillo dio un reconocimiento fundamental a nuestra tarea, otorgándonos un lugar destacado en el contexto de los trabajadores profesionales de la salud. Desde ese hecho fundante, la lucha de los visitadores médicos fue la de mantener en alto los objetivos de aquellos precursores que decidieron no ser un engranaje de las políticas de Marketing de la Industria Farmacéutica, sino hacer que nuestra tarea esté encuadrada en criterios éticos y al servicio de la Salud Colectiva. Las leyes de profesionalidad del país, promovidas por nuestro sindicato, están basadas en aquel hecho fundamental del 26 de mayo de 1947. Festejemos nuestro día y sigamos cotidianamente defendiendo nuestra profesión y nuestros derechos laborales".

En tanto que desde la Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica (FAAPROME) rememoraron que "no fue casual la injerencia de la poderosa industria farmacéutica, ya que tras el golpe perpetrado por la tristemente célebre autodenominada, Revolución Libertadora que en realidad resultó ser la 'Revolución Fusiladora', el decreto de Carrillo, fue derogado de inmediato. Pero el germen revolucionario del Dr. Ramón Carrillo, quedó latente y posibilitó – a instancias de los trabajadores – la promulgación en todo el territorio nacional de las leyes que regulan la profesión del Agente de propaganda Médica".

Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, y murió agobiado por la persecusión y el hostigamiento de "La Fusiladora" en el exilio en Brasil, el 20 de diciembre de 1956. Eligió cambiar por la función pública una carrera personal y profesional brillante como neurocirujano, y durante su gestión en el primer y parte del segundo gobierno de Juan Domingo Perón aumentó el número de camas existentes en el país de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954, erradicó en sólo dos años enfermedades endémicas como el paludismo. Creó 234 hospitales o policlínicas gratuitos. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis y redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil entre otros logros, en el marco de un Plan y una concepción sanitaria integral que solía definir afirmando: "los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría".

APN

La coyuntura argentina a los 10 años del kircherismo, por Julio Gambina.

Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas. El crecimiento se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el gobierno.

Claro que puede entenderse como medida pre electoral y ante un acto masivo de festejo por una década de gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos necesaria para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación.

La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos, incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos.

Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC. Sin embargo, la presidenta enfrentó a los empresarios señalando que son ellos los fijadores de precios y no el gobierno. Lo señaló en simultáneo con el anuncio del fin al acuerdo de precios, que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad del control remite al acuerdo de precios sobre 500 productos de consumo masivo. Habrá que ver sus resultados.

Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el que se ejerce principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina, contra empresarios, e inclusive contra el gobierno, no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al gobierno, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el gobierno, en las convenciones colectivas.
Cuestiones estructurales en discusión

Pero más allá de la adhesión o no al gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del gobierno. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para la CTA, y hace más de dos décadas que la CTA pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se pondrá en juego este 29/5 en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la mega minería.

Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina.

En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo, que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el “normal” o “serio”, que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales y la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes.

Es un juego en el que no entran los de abajo. El gobierno necesita los dólares porque no los fabrica y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.

Como vemos, la coyuntura es exigente para el gobierno y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2003-2007 y con la suba de precios disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.

El problema es el para que se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos. El gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía.

Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación o salud, entre otros.

Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, quien lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por “reconstruir el capitalismo nacional”.

Puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002 con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009, pero desde el 2010 el curso de la evolución económica se presenta errática y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.

Ahora, en esa recuperación los que más ganaron son las transnacionales, no solo vinculado a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.

El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, REPSOL, sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la CHEVRON, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial.

En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras d ela región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región. Es un camino complejo no solo por la CHEVRON, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que camina en la Justicia Argentina, por ahora. Es complejo decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer el “shale oil” o el “shale gas”, o hidrocarburos no convencionales. Nuevos “Famatimas” se anuncian en el horizonte.
¿Quién administra el capitalismo? ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?

Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.

Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los 70´.

Otros con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los 90’ para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión del 2001.

Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro.

¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.

Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.

Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron, o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político, no definen un rumbo anti capitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente.

No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, anti sistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva a un nuevo orden local y mundial.

En una nueva fecha de homenaje a la Revolución de Mayo, necesitamos reivindicar la revolución, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista, en el país, en la región y en el mundo. El mejor homenaje a la revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio.

Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del Siglo XXI. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.

*Julio Gambina es el Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)

AGENCIA ACTA

Las FARC y el Gobierno colombiano anuncian un acuerdo sobre tema agrario.

El grupo guerrillero de las FARC y el Gobierno de Colombia dieron a conocer, a través de un comunicado conjunto, que lograron un acuerdo sobre el tema agrario, con el cual queda concluido el primer punto de la agenda de los diálogos de paz.

"Hemos llegado a una serie de muy importantes acuerdos", declaró horas antes a los medios el guerrillero Rodrigo Granda, alias de Ricardo Téllez.

En un comunicado conjunto indicaron que el acuerdo "será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor". 

El problema de las tierras, asunto que originó el conflicto armado en este país latinoamericano, encabezó la lista de los temas tratados por los representantes de las FARC y del Gobierno. La guerrilla insistió en que la distribución de los terrenos en su nación es injusta y lanzó sus propuestas mínimas para el acceso a la tierra y la democratización de la propiedad.
Según el grupo rebelde, sus opositores en la mesa de negociaciones de La Habana son conscientes de los problemas socio-económicos que existen en el Estado colombiano, lo que da ciertas esperanzas de alcanzar un acuerdo general.

En este sentido, el pacto habla de la lucha contra la pobreza, el acceso y distribución de tierras, así como el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo.
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de Twitter que continuarán el proceso “con prudencia y responsabilidad” para poner “fin a medio siglo de conflicto”.

Las dificultades del acuerdo de paz

El analista político Miguel Guaglianone considera que los diálogos conllevan “una alta complejidad” debido a que -afirma- implican a varios centros de poder que no son las FARC ni el gobierno colombiano.

“Hay muchos intereses en Colombia muy poderosos [que desean] que no se llegue a un acuerdo. Hay una ultraderecha colombiana que piensa que el único acuerdo posible con las FARC es la paz de los cementerios, matar a todos los rebeldes”, sostiene el analista en declaraciones a RT.

Por otro lado, Guaglianone cree que hay muchos factores relevantes que explican la demora del primer acuerdo, entre los cuales cita la “desconfianza” entre ambas partes “desde hace más de 50 años”, o el hecho de que los diálogos de paz se lleven a cabo “sin realizar un alto al fuego”.

Ambas partes han comunicado que el próximo 11 de junio se dará inicio el décimo ciclo de conversaciones donde se abordará el tema de participación política (el segundo de los seis puntos en la agenda de negociación). Posteriormente tratarán los temas de: cese de las hostilidades, narcotráfico y los derechos humanos de las víctimas. El punto seis será la firma del Acuerdo Final que daría inicio a la implementación de todos los temas acordados.

China critica a la UE por su proteccionsimo frente a sus empresas telecomunicaciones.

El primer ministro chino, Li Keqiang, critica a Bruselas por su intención de iniciar una investigación antidumping contra las compañías de telecomunicaciones chinas e introducir impuestos sobre sus paneles solares.
Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, el primer ministro considera que estas medidas "no sólo causarían graves daños a las industrias relacionadas, a las empresas y al empleo en China, sino que también afectarían a los intereses personales de los usuarios y consumidores de Europa".

No obstante, el premier confía en que la UE respete los principios del libre comercio, tomando en cuenta las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE.

La crítica, expresada en un discurso ante líderes empresariales y financieros durante una visita a Suiza, sigue la línea de las advertencias previas por parte de China, que amenazó a la UE con tomar "medidas enérgicas" para defender sus intereses.

La UE se dispone a iniciar una investigación antidumping contra las compañías de telecomunicaciones chinas Huawei y ZTE abriendo un segundo frente en su guerra comercial con China, lo que puede acarrear graves consecuencias para los países europeos. Los analistas destacan que en caso de una guerra comercial la UE será el principal perjudicado.
RT

RT: ¿Tiene Monsanto sus días contados?

Este sábado el clamor contra el consorcio Monsanto se extendió por 52 países. Gustavo Duch, editor de la revista 'Soberanía Alimentaria', cree que las empresas de transgénicos tienen los días contados pese a que los gobiernos intenten salvarlas.
Cientos de miles de personas han salido a la calle este sábado en diferentes partes del mundo para protestar contra la empresa estadounidense Monsanto y otras similares que fabrican productos genéticamente modificados.

Muchos estudios de reciente aparición denuncian el daño que para la salud humana conlleva el consumo de productos con GMO y sus efectos a largo plazo. El hecho de que la ley no obligue siquiera a etiquetar los productos transgénicos indigna a la sociedad. Otro factor que provoca la ira popular es el hecho de que el monopolio Monsanto asfixie la agricultura.

En los años 60 Monsanto fue uno de los principales productores del Agente Naranja utilizado como defoliante por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam. Según algunas estimaciones, las víctimas de esta sustancia ascienden a casi 5 millones de personas y la población todavía sufre las consecuencias.

Gustavo Duch, editor de la revista Soberanía Alimentaria, está convencido de que Monsanto y otras empresas como ésta ya tienen sus días contados. "Hoy en día las grandes multinacionales agrícolas, como en cualquier otro sector, están controladas por muy pocas manos", denuncia el experto, que recuerda que estas empresas, "en algunos casos superempresas familiares" -aclara- son en gran medida "instrumentos al servicio de los grandes capitales financieros que hambreando el plantea ingieren grandes sumas de dinero para engordar sus cuentas corrientes".

"La crisis capitalista está colapsando el sistema y en este colapso empresas como Monsanto y otras perecerán literalmente", comenta el editor.

"Los Gobiernos actuales, títeres de estas grandes corporaciones van a hacer todos los esfuerzos y van a intentar proteger estas empresas. Hay datos objetivos de que el supuesto progreso capitalista nos lleva al colapso y, por lo tanto, es indudable que estas grandes empresas también llegarán a su fin", dijo.