La Ley 26160 fue aprobada por la Cámara de Diputado el 1 de noviembre de 2006. Ordenó frenar los procesos judiciales que impliquen desalojos de comunidades indígenas e instó a relevar los territorios indígenas de todo el país. De la mano del sector privado y con complicidad del Poder Judicial, los desalojos siguieron. Y, Gobierno Nacional mediante, el relevamiento no avanzó. Tan demorado estuvo que en noviembre de 2009 se prorrogó por tres años (hasta 2013).
Y tan demorado sigue que, esta madrugada (por el viernes), el Congreso Nacional prorrogó la Ley por segunda vez, por otros tres años (hasta 2016).
La buena noticia exhibe una gran falencia: el enorme incumplimiento de la Ley.
La investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), confirmó con datos duros lo que es conocido dentro del mundo indígena de Argentina: sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. El trabajo fue realizado con información oficial de la Auditoría General de la Nación (AGN) y del propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197.
En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades). Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y no se relevó ninguna.
La Ley 26.160 y su primera prórroga determinaron que el INAI debía administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisó, en base a información oficial, que de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
El derecho al territorio es la primera exigencia de todos los pueblos indígenas del país. El no cumplimiento de ese derecho tiene directa relación con el avance empresario, los conflictos, desalojos y violencia contra las comunidades.
Amnistía Internacional Argentina recordó que “la prórroga del plazo de la Ley 261610 debe ser un paso hacia el efectivo cumplimiento del proceso de relevamiento de las tierras indígenas y no una concesión graciosa para que el Estado continúe posponiendo su obligación de cumplir cabalmente con los derechos de los pueblos originarios en Argentina”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario