Cientos de personas conforman una línea de 1210
cuerpos acostados en la vereda Norte de la Alameda, para representar a
los más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La idea de un golpe de Estado contra Salvador Allende, que dejó al menos 38.000 víctimas que sufrieron en carne propia la tortura, el secuestro, el despojo o la muerte, se gestó en los días posteriores a la victoria de la Unidad Popular (UP), el 4 de septiembre de 1970. La derecha chilena, que nunca digirió la derrota electoral, y el gobierno de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, con el apoyo de una parte de la dirigencia política tradicional, dedicaron denodados esfuerzos y recursos, durante los tres años que median entre la asunción y el derrocamiento de Allende, a socavar la política, la sociedad y la economía del país.
Aquel 11 de septiembre de 1973, después de horas de ataques con tanques y ametralladoras al palacio gubernamental, los sublevados, encabezados por el jefe del Ejército, Augusto Pinichet, nombrado por el propio Allende 18 días antes del golpe, exigieron la renuncia del presidente con la promesa de enviarlo junto a su familia al exterior. "Pero qué se han creído. ¡Traidores de mierda!", les contestó, lo que desencadenó el ataque aéreo final al palacio de La Moneda.
"Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano; será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición", había proclamado el presidente a sus compatriotas momentos antes, a sabiendas de que resistiría hasta morir el golpe cívico militar. Tras dos horas de bombardeos, Allende ordenó la salida de sus asesores y, en su oficina, se disparó en el mentón con su fusil.
"Misión cumplida. Presidente muerto", fue la comunicación que envió a sus superiores el general Javier Palacios, a cargo del ataque, cuando al entrar a La Moneda encontró el cadáver del jefe del Estado.
El golpe echó a perder la ilusión del socialismo chileno de una "revolución" inédita, sin violencia, en medio de las por entonces volátiles democracias de América latina y, al mismo tiempo, inauguró una de las dictaduras más atroces de la región. Pinochet fue, además, uno de los autores intelectuales e impulsores del Plan Cóndor, el plan que ejecutaron las dictaduras en la región para perseguir y asesinar a militantes políticos.
La represión pinochetista, que llegó a nutrirse de policía e inteligencia propias, entre ellas la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), se practicó incluso con el uso de armas químicas, como gas sarín y toxinas botulínicas, según una reciente revelación de funcionarios de entonces, y hasta con atentados terroristas en Washington, Buenos Aires y Roma para terminar con los opositores que habían logrado exiliarse.
El plan de exterminio interno fue sistemático y planificado, tal como evidencian los entrenamientos de miles de represores desde 1974 en el campo de concentración de Tejas Verdes, en el puerto de San Antonio, bajo el mando del capitán Manuel Contreras, el primer jefe de la Dina. Pero la profundidad de la represión, que incluyó el exilio de miles de personas y allanamientos masivos en los barrios pobres, sólo fue posible porque existieron amplios sectores civiles que respaldaron las acciones de las Fuerzas Armadas.
Los propios archivos secretos del régimen revelan que cientos de funcionarios de ministerios políticos o sociales asistieron a cursos sobre guerra psicológica, poder naval o guerra nuclear en la Acadamia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos.
El dictador chileno dejó vigente, a 40 años del golpe de Estado que lo llevó al poder y a casi siete de su muerte, su herencia política y económica neoliberal a través de la Constitución de 1980, en pie casi en su totalidad, tras 23 años de democracia.
Tras las elecciones generales de diciembre de 1989, en que fue elegido el democristiano Patricio Aylwin, Pinochet abandonó el poder en marzo de 1990, pero continuó como jefe del Ejército hasta marzo de 1998. Antes de irse se aseguró el nombramiento como senador vitalicio, cargo al que renunció en 2001, aunque mantuvo su inmunidad en calidad de exgobernante, una herramienta que utilizó para impedir su enjuiciamiento cada vez que se solicitó su desafuero.
El juez español Baltasar Garzón logró que lo detuvieran el 16 de octubre de 1988 en Londres, donde estuvo retenido durante 503 días por cargos de terrorismo, genocidio y torturas, pero la intención de llevarlo a las cortes fracasó. Pinochet regresó a Chile alegando deficiencias físicas y mentales que él mismo se encargó de desmentir cuando, en plena pista del aeropuerto santiaguino, se levantó de la silla de ruedas con que lo habían bajado del avión.
"Su libro preferido fue `El arte de la guerra` de Sun Tzu", un texto sobre estrategia que recomienda sobre todo la simulación. "Parecer quieto cuando se avanza", explicó el periodista Cristóbal Peña, autor de "La secreta vida literaria de Augusto Pinochet", quien sostuvo que el dictador siguió al pie de la letra los consejos del estratega y filósofo chino.
La exmandataria Michelle Bachelet, favorita entre los aspirantes a ocupar la presidencia, afirmó que es necesario plantearse "una nueva Constitución", tras la reforma del 2005, que solo eliminó los senadores vitalicios.
