Como compadres de esquina que buscan disimular el efecto de la trompada recibida, el gobernador de San Juan José Luis Gioja y sus patrones de la Barrick Gold, salieron a decir que el fallo de la justicia chilena ordenando la suspensión de los trabajos en el complejo binacional Pascua-Lama, no afectaba la operación megaminera en el lado argentino.
“En Lama se sigue trabajando normalmente”, dijo Gioja en sintonía con la empresa canadiense. Omitió recordar lo que resulta inocultable: el 75 por ciento del mineral se encuentra en Chile. Argentina pone –en cambio- el 90 por ciento del agua. Pascua y Lama están indisolublemente unidos. A tal punto que hubo que hacerles un exótico tratado binacional a medida, que firmaron los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997, amén de numerosos convenios parciales, como el acuerdo secreto que firmó el titular de Hacienda de la Argentina, Juan Carlos Pezoa con su similar chileno, para admitir precisamente que la mayor carga tributaria se aplicaría en Chile, porque este país aportaba tres cuartas partes del material.
Después de haberse llenado la boca con “el primer emprendimiento minero binacional de la Tierra” ahora funcionarios y ejecutivos hablan de Lama, la parte argentina del complejo en la que se asienta –entre otras cosas- el temible dique de colas donde yacerá de regalo el barro cianurado. De Lama habla Gioja y de Lama habla el secretario de Minería de la Nación, el socio minoritario de Barrick, Jorge Mayoral, que dijo muy suelto de cuerpo: “Nada de lo que acontezca del otro lado va a afectar a Lama”.
Algo distinto piensan los que manejan el dinero, porque las acciones de Barrick Gold en Wall Street se derrumbaron en más de un ocho por ciento el jueves 11 de abril. Ese mismo día cayeron 8.62 por ciento en el mercado de Toronto, sede de la megaminera.
Algo sabe de esto otro socio minoritario de Barrick y miembro de la Cámara Minera de San Juan, el geólogo Ricardo Martínez. Que encendió la alerta roja: “es imposible que Lama (ubicada en San Juan) se desarrolle sin Pascua, porque a mediados de 2014 está previsto comenzar con la explotación minera del lado chileno, la del lado argentino está recién para el 2015. Nunca fue previsto un desarrollo individual del proyecto, sino conjunto; y esto va a retrasar aún más la etapa de producción”. Luego, sorpresivamente cargó contra un comprovinciano de su mismo bando, el Secretario de Minería Mayoral:“lamentablemente nuestro Secretario de Minería vuelve a renegar de su profesión (geólogo). Es imposible que ocurra lo que plantea Mayoral. Son menores las reservas en Argentina que del lado chileno”.
La causa es, obviamente, el fallo ejemplar de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el desértico norte chileno, que vino a darle la razón a los regantes del Valle de Huasco. En este caso particular a miembros de la etnia diaguita.
Ese fallo, que para Barrick y sus funcionarios a sueldo, es provisorio, tiene implicaciones decisivas para Argentina, el único país de la tierra que cuenta con una ley de protección a los glaciares y las áreas periglaciales, porque se fundamenta –precisamente- en “la destrucción de glaciares y la contaminación de recursos hídricos”.
La justicia chilena viene a confirmar lo que sostuve cuando presenté y defendí la ley de glaciares en la Cámara de Diputados y luego en mi libro “El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina”: que la empresa había mentido en su estudio de impacto ambiental y estaba operando sobre glaciares y áreas periglaciales. La Corte de Copiapó viene a demostrar que las medidas cautelares solicitadas a la Corte Suprema de Argentina por la Barrick Gold eran una confesión indirecta de que para llevar a cabo su emprendimiento necesitaban destruir estas vitales fuentes de agua, que nacen en la Cordillera de los Andes pero discurren por todo nuestro territorio.
Demuestra que el amparo interpuesto originalmente ante el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, constituía una sucia treta para secuestrar la ley de glaciares en el territorio de San Juan. Objetivo que lograron durante meses, hasta que la Corte Suprema puso fin a esta cautelar que el gobierno de Cristina Kirchner –tan enemigo en apariencia de las chicanas judiciales- no consideró en modo alguno nociva. Porque ya se sabe: hay cautelares buenas y cautelares malas.
Los jueces chilenos acogieron el recurso judicial presentado por la comunidad diaguita a través de su abogado Lorenzo Soto, recordando la serie de sanciones y apercibimientos que la autoridad administrativa le aplicó a Minera Nevada SPA (el nombre legal de Barrick en Chile), por graves irregularidades en el manejo del medio ambiente.
En octubre pasado el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) dispuso el cierre temporal de las operaciones de perforación, tronadura, remoción de tierras y vaciado en botadero de estériles de Pascua Lama.
En noviembre de 2012, el SERNAGEOMIN obligó a la minera a suspender tareas de excavación ante un exceso de material fino en suspensión que representaba un riesgo para la salud de los trabajadores.
En marzo de este año Barrick fue multada varias veces, hasta sumar 258 mil dólares, por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región chilena de Atacama. Entre otras causas, por incumplimientos en su plan de monitoreo de glaciares.
En abril, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Chile acusó a la empresa de no haber construido canales perimetrales que permitan el manejo de ácidos de su depósito de estériles.
Lo que se llama un buen prontuario.
Es difícil trasladar la alegría al futuro y no pensar en todas las trampas que llevará a cabo el mayor productor de oro del mundo. Al cabo, aquel ambicioso proyecto binacional que empezó con una nada desdeñable inversión de tres mil millones de dólares, se ha triplicado. ¿Podrá una corte provincial de Chile frenar un gigante que ya se calcula en 9 mil millones de de dólares?
Ojalá. Compartimos el júbilo y la cautela de las organizaciones de regantes del Valle de Huasco ante la histórica medida judicial, que demuestra lo obvio: “no se puede trabajar en un ecosistema glaciar sin dañarlo”.
Sus advertencias respecto a posibles propósitos subalternos del abogado de los diaguitas Lorenzo Soto: “si sus acciones pretenden conducir hacia compensaciones económicas reiteramos que para nosotros el agua vale más que el oro y que no estamos dispuestos a negociar la afectación de nuestras reservas hídricas”.
Pero, sobre todo, hacemos nuestro el principal reclamo, que vale para Pascua y para Lama, para Chile y Argentina: “exigimos la revocación definitiva del permiso ambiental de Pascua Lama,debido a la enorme cantidad de antecedentes nefastos que acumula este proyecto, que pone en cuestión la sustentabilidad de nuestra cuenca y de la cuenca de San Juan por el lado argentino”.
