miércoles, 24 de abril de 2013

Reforma judicial:el debate en Diputados se extenderá toda la noche

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar los proyectos de reforma judicial enviados por el Ejecutivo. Los legisladores, en una sesión que podría durar hasta la madrugada, discuten la reforma al Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado nacional y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.

En diálogo con CN23, el diputado Agustín Rossi sostuvo: "Hay una actitud maniqueísta (de la oposición) de poner todo en blanco o negro. El Poder Judicial hizo un plantel más racional que muchos opositores que nos dio ideas para hacer cambios".
"Yoma, Plaini, Blanco y Moyano no son sorpresa, nunca los contamos como votos positivos. La campaña de los 12 diputados fue de neto contenido fascista, el debate lo definimos todos los diputados, no solo 12 personas. Esta campaña no solo intenta mellar en el diputado al que estigmatizan sino que llegan hasta impactar a las familias de los legisladores, esto es criticable y lamento que nadie se haya solidarizado. Esto genera un enorme clima de amenazas. En mi Twitter me llenaron de amenazas", agregó Rossi.


Con 132 diputados en el recinto (tres más que el quórum necesario), el oficialismo inició la sesión a las 12.05. Minutos después comenzaron a bajar los opositores, que aguardaron hasta último momento esperando que el Frente para la Victoria no lograra conseguir el apoyo de sus aliados.

El diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller expresó que el proyecto busca "introducir el principio de legitimidad democrática y popular en uno de los poderes del Estado, aquel que históricamente ha sido más refractario a toda reforma y apertura", a lo que agregó: "Y que, paradójicamente, en un país como el nuestro con rupturas democráticas crónicas, ha demostrado una mayor continuidad".
Señaló también que "los conceptos de autonomía e independencia eran usados como escudo frente a cualquier intento de democratización" de la Justicia, pero que se trata de una autonomía e independencia respecto "de la voluntad popular, pero no de las corporaciones". "No estamos legislando para ninguna coyuntura sino para un largo proceso por venir", manifestó.

La miembro informante del oficialismo, Diana Conti, explicó los principales lineamientos del proyecto de ley que busca modificar la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En un fuerte tono, criticó a los legisladores que hablaron de un pacto oscuro entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La Corte era prestigiosa para muchos, sobre todo para una hasta ayer, y en cuatro horas pasó a ser una Corte pactista, espuria y repugnante. En fin, valores de los que dicen sostener la democracia”, lanzó.

Por su parte, Agustín Rossi, aseguró hoy que el oficialismo convertirá en ley los dos proyectos claves de la democratización del Poder Judicial. "Las cautelares se han modificado en senadores, incorporamos la mirada de la Corte. Estamos confiados en conseguir quórum a pesar de la fenomenal campaña de presión que ha recibido una serie de diputados".
Rossi, sobre las acusaciones de Elisa Carrió, afirmó: "No me soprenden las acusaciones de Carrió. Ella está hace muchos años en política y todavía hablamos de sus acusaciones que no tienen fundamentos. Seguro el día previo a la reunión entre la Presidenta y Ricardo Lorenzetti tenía una mirada distinta sobre el presidente de la Corte, y ahora lo descalifica.

También desde el kirchnerismo, el diputado nacional Héctor Recalde, pidió a los jueces que tengan "calma" porque la reforma impulsada por el Gobierno no alterará el mecanismo de destitución de los magistrados en caso de ser aprobada.
"No es cierto que se alteren las mayorías para destituir jueces, porque seguirá rigiendo el Jurado de Enjuciamiento. Señores jueces, calma, no hay en esta modificación nada que altere esa situación", expresó Recalde, que además aseguró que "todos" sus colegas, inclusive los opositores, están de acuerdo en "democratizar el Poder Judicial", y les reclamó "no atemorizar a los jueces" con planteos que no están incluidos en el proyecto oficial.

Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que la reforma "se lleva puesto parte del sistema institucional". La diputada por el GEN sostuvo que la iniciativa "no hará a la justicia más transparente", debido a cómo se planteó el debate.
"No somos un país serio, debatimos las reformas en tan solo horas, y esto en países serios tomaría años de debate. El oficialismo quiere partidizar a la Justicia. rechazo el proyecto por inconstitucional", sentenció Stolbizer.

A su turno, Gustavo Ferrari, diputado por el Peronismo Federal, afirmó que "la voluntad popular no está por encima de la Constitución, (sino que) debe estar limitada por las leyes", ya que "la soberanía popular es circunstancial".
"Si todo es mayoría, no existe posibilidad alguna de que los más débiles sean defendidos. No solo se busca partidizar a los jueces, sino someterlos a la dependencia del Gobierno nacional", expresó y agregó que mientras que "las leyes deben ser el freno de un Gobierno, el objetivo (de la reforma) es controlar al controlante", al Consejo.

En tanto, Graciela Camaño sostuvo: "Le mentimos al pueblo con esta reforma. aca se busca ver quien es el que maneja mejor a la Justicia. Así es cómo está la política argentina, degradada al extremo". En ese mismo sentido, la diputada amenazó: "La sintonía fina viene con música de Wagner. Los que voten a favor de la reforma se van a arrepentir".

Al tomar la palabra, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
En ese sentido, Carrió expresó: "Vengo a acusar al presidente de la Corte Suprema por haber celebrado un pacto espurio y entregar a los jueces federales de la Nación. El Gobierno le da la caja y Lorenzetti les da sentencias. No estoy involucrando a la Corte, estoy hablando de Ricardo Lorenzetti y lo tengo por escrito".

Por su parte, el diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo, expresó: "Si este proyecto avanza (Leonardo) Fariña podrá comprar champagne francés porque cada vez más será un apéndice de la política. Politización de la justicia es incompatible con el funcionamiento de la democracia". “La corrupción será piedra libre”, agregó.

Jorge Yoma, del Frente Para la Victoria, dijo no compartir "la filosofía de la Presidenta", en tanto que "el Estado no somos todos, no es el interés publico, porque si fuera esa la concepción el Estado también fue la dictadura". En este sentido, señaló que "lo que inspira estos proyectos es el interés del Gobierno y no del Estado, un interés ilegítimo, que viola la Constitución".

Por su parte, la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, expresó: "Para defender los derechos de los más vulnerados necesitamos un poder judicial contra mayoritario".
"Este Gobierno, que sacó el 54 or ciento de los votos, y que plantea contar con el apoyo de amplios sectores sociales ¿no es sorprendido por haber sido casi el único exponente que defiende hoy esta reforma? ¿No les llama la atención?", indicó Donda.
Y agregó: "¿Por qué de forma apresurada plantean llevar, contra viento y marea, adelante esta reforma?".


Además, Federico Pinedo, diputado del PRO, consideró que “es un día muy triste porque no esperábamos que después de haberse recuperado la democracia podríamos estar discutiendo proyectos como este para controlar a los jueces”. “La democracia y el estado de derecho van juntos”, agregó.
En un fuerte rechazo a la iniciativa, Laura Alonso, diputada del PRO, dijo: “Afecta negativamente los derechos humanos de todos los que vivimos y criamos a nuestros hijos. Es la revolución del Estado contra las personas. Hace más débiles a los débiles y más fuerte a los poderosos”.
En esa sintonía, añadió: “Esta reforma es inconstitucional. Escuchamos opiniones de especialistas y de organizaciones no gubernamentales pero no escuchamos las voces de las personas que en este país buscan justicia. No escuchamos las voces de los presos cuyos derechos se violan diariamente”.

En otro orden, el diputado de Unión Peronista Felipe Solá afirmó: “Me pregunto, porqué el apuro, porqué la falta de debate”.

A su vez, el diputado Fernando Pino Solanas sostuvo: "Estamos ante un estado de injusticia. Los ciudadanos y la gente en la calle nos para para decirnos que por favor haya justicia ¿Qué pueden pensar más de la mitad de los argentinos que se llevan 3200 pesos al bolsillo? ¿Los jubilados? ¿Los pueblos originarios? ¿Qué pueden pensar los pueblos fumigados frente a la traición?".
"Los trabajadores quedan desamparados. Hay realmente traición al artículo 114. Querer politizar la elección de los 6 académicos (que forman parte del Consejo de la Magistratura). Es una vergüenza que mancha este Parlamento ¿Qué es lo que está en disputa? Lo que acá está en disputa es la suma del poder público", agregó Solanas.
"La ciudadanía debe rodear esta noche el Congreso", sentenció.


Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, afirmó que decir que la reforma "es el fin de la República es querer infundir miedos", que nada tienen que ver con la realidad.
Adhirió, además, la crítica de quienes explican que con la aprobación de la ley "los partidos provincial quedan excluidos de presentar candidatos para el Consejo", así como no pueden presentar candidatos presidenciables.

Por su parte, la diputada Patricia Bullrich afirmó: "Lo que se está poniendo en juego son los límites que las leyes tienen en relación con la Constitución. Este proyecto de ley no sólo ignora la Constitución, sino que la suspende. Intenta hacer legal lo que nunca puede ser legal".
Por otro lado, Bullrich comparó la reforma con la época de la dictadura al señalar: "Hay algunos que no entienden lo que es vivir sin estado de derecho. Los que sabemos, no queremos que nunca más la Argentina viva sin estado de derecho".
"Este proyecto lleva a una justicia no sólo dependiente, sino que hace que responda a un modelo político. Lo que hace es generar el peor de los monopolios. Esta ley crea el monopolio de la decisión y del poder político en un solo poder y esto tiene un nombre: el totalitarismo moderno", subrayó la legisladora.

El diputado radical, Ricardo Alfonsín, preguntó: "Qué dirían los argentinos si les preguntásemos ¿qué prefieren? ¿Quieren que el Poder Judicial sea independiente o quieren que dependa del Poder Ejecutivo? ¿Cuál creen que sería la respuesta? No se cómo se atreven a justificar estas iniciativas al invocar la voluntad popular".
"Estas iniciativas retroceden en el tiempo. Estamos volviendo a los años del menemismo. Se empeñan en hacer creer que nada tuvieron que ver con la década de los 90 y sin embargo con estas iniciativas están mostrando la hilacha".
Y agregó: "Estás iniciativas pueden seer aprobadas hoy lamentablemente, pero seguramente no aprobaran el examen del año 2013. La ciudadanía les va a poner un freno".

Por su parte, el legislador por el Frente Amplio Progresista (FAP) Claudio Lozano aseguró que en la reforma que impulsa el Gobierno "no hay control popular sobre el Poder Judicial" sino que se "está planteando control partidario" sobre la Justicia.
El diputado advirtió además que con los cambios que se proponen referidos se está "dilatando la justicia" y "le estamos elevando los años (para lograr sentencia definitiva) a los jubilados, que van a cobrar muertos como lo están haciendo ahora".



Desde el bloque del PRO, Paula Bertol subrayó que el proyecto ingresó al Congreso "hace quince días" y que por lo tanto "el parlamento argentino no está dando un debate reflexivo".
"Esto es un debate actuado, no es un verdadero debate", sentenció y señaló: "Estamos hartos de que nos digan que el gobierno de la mayoría todo lo decide; la Democracia debe respetar a las minorías".

El oficialismo sesiona con quórum propio

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar los proyectos de reforma judicial enviados por el Ejecutivo. Los legisladores, en una sesión que podría durar hasta la madrugada, discuten la reforma al Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado nacional y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.

Con 132 diputados en el recinto (tres más que el quórum necesario), el oficialismo inició la sesión a las 12.05. Minutos después comenzaron a bajar los opositores, que aguardaron hasta último momento esperando que el Frente para la Victoria no lograra conseguir el apoyo de sus aliados.

La miembro informante del oficialismo, Diana Conti, explicó los principales lineamientos del proyecto de ley que busca modificar la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En un fuerte tono, criticó a los legisladores que hablaron de un pacto oscuro entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La Corte era prestigiosa para muchos, sobre todo para una hasta ayer, y en cuatro horas pasó a ser una Corte pactista, espuria y repugnante. En fin, valores de los que dicen sostener la democracia”, lanzó.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la cámara baja,Agustín Rossi, aseguró hoy que el oficialismo convertirá en ley los dos proyectos claves de la democratización del Poder Judicial. "Las cautelares se han modificado en senadores, incorporamos la mirada de la Corte. Estamos confiados en conseguir quórum a pesar de la fenomenal campaña de presión que ha recibido una serie de diputados".

Antes de ingresar al parlamento, Rossi había dicho: "No me soprenden las acusaciones de Carrió. Ella está hace muchos años en política y todavía hablamos de sus acusaciones que no tienen fundamentos. Seguro el día previo a la reunión entre la Presidenta y Ricardo Lorenzetti tenía una mirada distinta sobre el presidente de la Corte, y ahora lo descalifica.






Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que la reforma "se lleva puesto parte del sistema institucional". La diputada por el GEN sostuvo que la iniciativa "no hará a la justicia más transparente", debido a cómo se planteó el debate.

"No somos un país serio, debatimos las reformas en tan solo horas, y esto en países serios tomaría años de debate. El oficialismo quiere partidizar a la Justicia. rechazo el proyecto por inconstitucional", sentenció Stolbizer.

A su turno, Gustavo Ferrari, diputado por el Peronismo Federal, afirmó que "la voluntad popular no está por encima de la Constitución, (sino que) debe estar limitada por las leyes", ya que "la soberanía popular es circunstancial".

"Si todo es mayoría, no existe posibilidad alguna de que los más débiles sean defendidos. No solo se busca partidizar a los jueces, sino someterlos a la dependencia del Gobierno nacional", expresó y agregó que mientras que "las leyes deben ser el freno de un Gobierno, el objetivo (de la reforma) es controlar al controlante", al Consejo.

En tanto, Graciela Camaño sostuvo: "Le mentimos al pueblo con esta reforma. aca se busca ver quien es el que maneja mejor a la Justicia. Así es cómo está la política argentina, degradada al extremo". En ese mismo sentido, la diputada amenazó: "La sintonía fina viene con música de Wagner. Los que voten a favor de la reforma se van a arrepentir".

Al tomar la palabra, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

En ese sentido, Carrió expresó: "Vengo a acusar al presidente de la Corte Suprema por haber celebrado un pacto espurio y entregar a los jueces federales de la Nación. El Gobierno le da la caja y Lorenzetti les da sentencias. No estoy involucrando a la Corte, estoy hablando de Ricardo Lorenzetti y lo tengo por escrito".

Por su parte, el diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo, expresó: "Si este proyecto avanza (Leonardo) Fariña podrá comprar champagne francés porque cada vez más será un apéndice de la política. Politización de la justicia es incompatible con el funcionamiento de la democracia". “La corrupción será piedra libre”, agregó.

El oficialismo incluyó las sugerencias del máximo tribunal en los proyectos de reforma judicial

Con los cambios que introdujo a los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y abrir el “acceso igualitario a la Justicia”, el oficialismo consiguió apaciguar las “preocupaciones” de los jueces, transmitidas a través de la Corte Suprema de Justicia, pero no logró sumar voluntades de la oposición para respaldar las iniciativas con que el Gobierno aspira a “democratizar” el Poder Judicial. El texto que el kirchnerismo llevará hoy al recinto de Diputados sobre el Consejo de la Magistratura propone la ampliación de sus miembros y su elección por el voto popular –como preveía el proyecto original–, pero mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte, un cambio respecto de la media sanción en el Senado que, de aprobarse en la Cámara baja, forzará un nuevo tratamiento de los senadores para transformar la iniciativa en ley. Lo mismo –pero invirtiendo el orden de las cámaras–- sucederá con el proyecto de acceso igualitario al sistema judicial: ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta prevé modificarlo para que los jueces puedan seguir designando a sus colaboradores inmediatos. El abanico opositor –UCR, PJ disidente, PRO, FAP y CC– mantendrá su rechazo a la modificación del Consejo, porque considera que es “anticonstitucional” y que “partidiza la Justicia”. Igual postura tendrán frente al proyecto que crea nuevas Cámaras de Casación y al que regula las medidas cautelares contra el Estado.

Esa discusión se mantendrá hoy en el recinto, en una sesión que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada del jueves y que hasta podría desdoblarse en dos jornadas. El kirchnerismo y sus aliados cargarán con la conformación del quórum para abrir la sesión especial al mediodía, aunque sin holgura. En el oficialismo están “confiados” en que las modificaciones a los proyectos terminarán de vencer algunas resistencias y que conseguirán la mayoría calificada de la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara (129 diputados) para aprobar la modificación al Consejo de la Magistratura, y aprobar también los otros proyectos.

La oposición también aspira a realizar un buen papel, en el recinto y en las calles. Aunque con diferencias, el grueso del arco opositor esta vez tratará de retener a sus legisladores en sus bancas a la hora de la votación para mostrar a un oficialismo “solo”, enfrentado al resto del cuerpo. Afuera, frente al Congreso, esperan una “importante” convocatoria contra los proyectos del Gobierno, a la que se sumarán columnas de la CGT y la CTA opositoras.

La carta

La misiva que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco, le enviaron al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, motivó una reunión de urgencia el lunes en Casa Rosada: participaron la Presidenta, el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los principales referentes parlamentarios del FpV en la Cámara baja. Allí se gestaron las modificaciones en dos de los seis proyectos que debate el Congreso.

La nota de Lorenzetti, fechada el 18 de abril, reproduce la carta que el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, envió a la Corte para expresar la “preocupación” de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país sobre los proyectos oficiales para democratizar la Justicia. Allí, Hornos define dos ejes centrales de “preocupaciones”. Uno, que se traspasen “las facultades técnico-administrativas” sobre el sistema judicial –hoy en manos de la Corte– a la órbita del Consejo de la Magistratura. Y dos, que se modifique el sistema de selección de empleados que afecta a la “indispensable absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”.

Las modificaciones del Ejecutivo fueron en la misma línea que la “preocupación” expresada por jueces y cortesanos. La diputada Diana Conti abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja leyendo la carta de Lorenzetti. Pero detalló los cambios en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura después de que culminaron de exponer los invitados –expertos, asociaciones y ONG vinculados con la Justicia–, además del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez.

La principal modificación es que se mantiene la elaboración y el control del presupuesto del Poder Judicial en manos de la Corte, mientras que el Consejo de la Magistratura administrará sólo sus propios recursos y ya no los de todo el sistema, como decía el texto original.

Alak y Alvarez defendieron ante los diputados la iniciativa que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro lo hizo en términos políticos. Luego de un repaso histórico sobre las dificultades para afianzar la democracia en el país, Alak sostuvo la necesidad de “retomar la senda democrática en el Poder Judicial”. Frente a “jueces y abogados” que “promueven representación corporativa”, la iniciativa del Gobierno –dijo– apunta a “que sea el pueblo quien elija a los representantes” del Consejo de la Magistratura. “El Poder Judicial no es de los jueces y abogados, es del pueblo, por eso la elección en forma directa” de los consejeros, argumentó.

De aprobarse, el nuevo Consejo tendrá 19 integrantes: 6 por los jueces y abogados, 6 por los académicos y 6 legisladores, además del representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en los comicios nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral.

Alak también defendió la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y las reformas introducidas por el Senado para garantizar “la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Agregó que la mayoría de las provincias “tienen su Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde uno de sus capítulos son las cautelares reguladas de una manera especial. Una norma que el gobierno federal no tiene”.

Luego, el ministro sostuvo que las tres nuevas Cámaras de Casación (en los fueros federales Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y Laboral) ayudarán a descomprimir a una “Corte saturada de expedientes, que trata entre 13 y 20 mil al año, mientras la Corte de los Estados Unidos revisa 80 por año”.
Los rechazos
Las modificaciones aceptadas por el oficialismo no cambiaron las posturas de las bancadas opositoras, que en el último tramo del debate se pronunciaron por el rechazo de los tres proyectos que hoy se discutirán en el recinto, tras haber obtenido dictámenes de mayoría en el plenario de comisiones.

El radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que más allá “del súbito cambio de opinión del oficialismo”, los proyectos buscan “dominar a la Corte y al Poder Judicial” y además apuntan a “una partidización completa de la Justicia”. El macrista Pablo Tonelli y el peronista anti K Gustavo Ferrari coincidieron en tildar de “inconstitucionales” las iniciativas del Ejecutivo: “Queremos una Justicia con independencia y una democracia con república”, lanzó como un slogan el denarvaísta. Omar Duklos, del FAP, anticipó el rechazo. Liliana Parada, de la UP-FAP, en cambio, cuestionó al oficialismo “por no ir contra la corporación judicial como había expresado”.

Elisa Carrió, fiel a su estilo, dio espectacularidad a su intervención al denunciar un “pacto espurio entre el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Nación”. “Siempre sospeché de Lorenzetti –dijo–, espero que el resto de la Corte no esté en este pacto.” Carrió lanzó ahí otra denuncia mediática, al sostener que el Gobierno acordó con la Corte cambiar “el dinero (del presupuesto judicial) y el manejo del personal por un fallo favorable en la ley de medios o por rechazar los juicios por el cepo cambiario”. Luego se levantó y se fue, desacostumbrada a permanecer hasta el final de un plenario, en busca de un lugar en los medios.

martes, 23 de abril de 2013

Cristina habilita cambios en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura

Fue el propio Lorenzetti el que hizo llegar la carta a Diputados. Cristina aceptó la reforma.

El titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, adelantó hoy que el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura "podrá tener modificaciones" en la sesión de mañana y reafirmó que el oficialismo alcanzará el quórum necesario para iniciar el debate.

El diputado confirmó que tras la reunión a la que asistió convocado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "se analizó el contenido" de la nota enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con "consideraciones" acerca del proyecto de ley que modifica el Consejo de la Magistratura y que calificó de "pertinentes".

"Si usted me pregunta si puede haber modificaciones al proyecto, le respondo que sí, que puede haber y con esto se derriba otra de las mentiras construidas (por la oposición) en cuanto a que no puede haber modificaciones previo al debate parlamentario", dijo Rossi en declaraciones a CN23.

El legislador confirmó que hoy a partir de las 11, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja que preside la legisladora Diana Conti, se dará a conocer el contenido de las consideraciones y también la postura del oficialismo.

También aseguró que para la sesión de mañana "el quórum no peligra y la votación no peligra", y responsabilizó a la dirigencia política opositora, los medios de comunicación opositores y algunas ONG de "generar un clima de tensión para impedir un trámite tranquilo con cualquier metodología".

"Desde el oficialismo haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la sesión", afirmó Rossi al denunciar una "campaña que bastardea el debate en el Congreso".

"Desayunan venerando a la República, almuerzan congratulándose con ella, cenan rindiéndole pleitesía, pero cuando está por tomar decisiones que no comparten, se sacan la bandera, la estrujan, la tiran al piso y la pisotean", enfatizó el diputado santafesino.

Rossi reiteró su condena a las declaraciones efectuadas por la diputada Elisa Carrió, quien llamó a impedir que el Congreso sesione y que, sumado a los hechos de violencia producidos el jueves en las puerta del Congreso durante la marcha opositora "terminan generando un escenario de virulencia verbal".

"En la Argentina tenemos que acostumbrarnos a defender las ideas con pasión pero no sembrando el odio y poniendo un escenario antagónico cuando en realidad debería haber debate de ideas", planteó el diputado del Frente para la Victoria.

Además, cuestionó la campaña lanzada por cuatro ONG`s lideradas por Poder Ciudadano y Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), en la que difundieron los nombres con las imágenes de diputados nacionales supuestamente "influenciables" instándolos a votar contra los proyectos para la democratización del Poder Judicial.

"Se basan en una falacia, porque el resultado de la votación no depende de doce diputados, sino que depende de 257 diputados y así se los estigmatiza: o son salvadores de la patria o son traidores a la patria", indicó Rossi.

El oficialismo confía en tener quórum para aprobar la reforma judicial

Presiones, operaciones, reuniones y llamados telefónicos de despacho a despacho conforman el marco en el cual los tres proyectos medulares del paquete de medidas impulsado por el Poder Ejecutivo para democratizar el Poder Judicial comienzan a transitar la recta final de su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados.
Más allá de lo que suceda hoy en el plenario de comisiones que comenzará a las 11 de la mañana, la mirada ya está puesta en lo que acontecerá el próximo miércoles en el recinto donde está previsto que se debatan la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.
Desde el oficialismo confían "en tener el número", en tanto desde la oposición –ya sea a través de sus legisladores, como medios de comunicación o varias ONG– juegan sus últimas fichas para impedir que el Frente para la Victoria consiga los 129 legisladores para comenzar el debate.
En este caso al FPV no sólo le hará falta la mitad más uno de la totalidad de los legisladores para habilitar el debate, sino que también necesitará de ellos para darle sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura, ya que se trata de una ley que requiere mayoría absoluta para ser aprobada.
"Estamos confiados en que vamos a tener el número necesario para tener el quórum el miércoles y la cantidad de votos necesarios para aprobar los proyectos", afirmó sin dudar el titular de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Agustín Rossi.
Es que pese a las operaciones mediáticas y a la presión de algunas ONG, el rosarino ya pudo probar la fidelidad tanto de su bloque como de los aliados habituales cuando el cuerpo sometió a votación el Memorándum de Entendimiento con Irán.
En esa ocasión, el FPV sumó 132 votos, los mismos que consiguió hace menos de una semana para otorgarle media sanción a los otros tres proyectos que atañen al Poder Judicial.
Además Rossi calificó como una actitud "claramente golpista" al llamado de algunos miembros de la oposición a impedir que el Congreso sesione y recordó que el Legislativo "es el poder que se suprime inmediatamente cuando hay interrupción del orden constitucional".
"¿Van a impedir la entrada de los diputados al Congreso? ¿Van a tratar de amedrentarlos de alguna manera para que no vayan al Congreso?", se preguntó el legislador del FPV, al tiempo que categorizó como "fascista" la campaña de las ONG con la publicación de las fotos de los 12 diputados que, sin pertenecer al bloque oficialista, podrían votar en favor de la reforma judicial.
"Tratan de generar una campaña de presión sin importarles las convicciones, los valores y el pensamiento de cada uno de ellos tratando de exponerlos. Ya lo hemos vivido con la 125 y el debate de las AFJP, y cuando se debatió la Ley de Medios. Es para tratar de violentar su pensamiento", remarcó Rossi.
Con menos vehemencia, pero en el mismo sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, señaló: "La gente nos vota para que trabajemos y la esencia de la democracia es el debate, y nuestra responsabilidad cívica es debatir."
Omar Plaini y Facundo Moyano, miembros del bloque del FPV y al mismo tiempo hombres de la CGT que conduce Hugo Moyano, son dos de los 12 legisladores presionados por las ONG para votar en contra de las iniciativas.
Plaini consideró que se trata sólo de "una presión mediática o de un sector". En tanto, de cara al accionar que llevarán adelante en el recinto el también secretario general de los canillitas explicó: "Vamos a trabajar hasta el miércoles y veremos si hay posibilidad de alguna modificación, ya que de hecho tengo algunas diferencias."
Por su parte, tanto el cordobés Francisco Fortuna, como el salteño Walter Wayar, salieron a despejar las dudas tras ser apuntados por un grupo de ONG vinculadas al PRO y al Grupo Clarín como otros dos de los 12 diputados que podrían definir la votación.
El representante del peronismo de Córdoba fue tajante. "Voy a dar quórum porque es mi trabajo, pero voy a votar en contra. Voté en contra de los proyectos que tratamos la semana pasada y ahí también anticipé mi voto para estos proyectos", señaló Fortuna.
Wayar también fue categórico respecto de su presencia en el recinto: "Yo siempre he sido de los que se han sentado para debatir." Además, el salteño adelantó que, de no haber modificaciones en los proyectos que presentó el oficialismo, sólo apoyará la regulación de las cautelares contra el Estado.
Lo cierto es que la suerte de los tres proyectos medulares de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo comenzarán a definir su suerte hoy. Por el anexo de la Cámara de Diputados volverán a transitar el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de esa cartera Julián Álvarez, para exponer ante el plenario de Diputados.
Por allí pasarán además 17 especialistas sugeridos por la oposición. Desde el Frente para la Victoria estiman que a última hora de la tarde podrán darle dictamen a los tres proyectos en cuestión y así dejarlos en condiciones de ser tratados en la sesión especial convocada para el miércoles al mediodía. «

lunes, 22 de abril de 2013

Cercanos al gobierno definen su voto sobre la reforma judicial

El Movimiento Popular Neuquino deslizó que acompañaría los proyectos, al igual que Walter Wayar. Olmedo dijo que dará quórum y que dará a conocer su voto durante la sesión. Tensión en la CGT opositora por la postura de Facundo Moyano y Omar Plaini.


Con la esperanza de frenar la sanción de las iniciativas más polémicas de la reforma judicial, un grupo de ONGs iniciaron una campaña para que doce diputados aliados del oficialismo no den quórum para impedir el inicio de la sesión convocada para este miércoles. La mayoría de ellos, sin embargo, indicó que aún no ha definido su posición ante la reforma.

Los legisladores en la mira son los integrantes del interbloque Unión Federal de Provincias: Alicia Comelli, Olga Guzmán y José Brillo (Movimiento Popular Neuquino); el bonaerense Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal); Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino); el salteño Walter Wayar (Frente Peronista Federal); y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).

La lista incluye a los salteños Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) y María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y a los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, diputados del FPV pero alineados con la CGT opositora.

Las ONGs también contaron a Mauricio Ibarra (Unión por San Juan-interbloque Frente Peronista), quien ayudó al oficialismo a iniciar la sesión por el acuerdo con Irán pero que suele rechazar las iniciativas del Gobierno. Fue el único que anticipó su rechazo a la reforma judicial.

La primera en anticipar su posición fue la jefa del interbloque Unión Federal de Provincias, Alicia Comelli, quien sugirió modificaciones al paquete de proyectos aunque dio a entender que las acompañaría para "reformar el Poder Judicial y hacerlo más democrático". De todas maneras, confirmó que la resolución del interbloque será adoptada este martes.

En tanto, el salteño Alfredo Olmedo confirmó que bajará al recinto a dar quórum porque "los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueren recibidos", pero anticipó que dará a conocer su voto durante la sesión.

Por su parte, el salteño Walter Wayar adelantó: "En el tema de las cautelares estoy más cerca del sí. Pero en algún tema estoy más cerca del no y en el tema de las cámaras de Casación tengo mis dudas, tendría que ver los argumentos de un lado y del otro". Ante semejante presión, el diputado sostuvo: "No me van a influenciar ni de un lado ni del otro, ni el que vota a favor es un traidor a la patria ni el que vota en contra un héroe".

A pesar de que Omar Plaini evitó dar una definición, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, advirtió que los dos “dipusindicales” votarán en contra de los proyectos centrales de la reforma judicial ya que fue acordado durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT opositora, que encabeza Hugo Moyano.

Luego Plaini insistió con que tendrá "libertad de acción" y "el miércoles dará la respuesta". "Tenemos una responsabilidad, no encuentro el sujeto de la acción real de esta presión que es más de un sector que un conjunto de la sociedad", señaló.

En esa misma línea, Facundo Moyano expresó que "no adelantará" su decisión y remarcó que dependerá de que se hagan o no las modificaciones que planteen a los tres proyectos. "No creo que haya que alterarse tanto, tendremos nuestras objeciones y si no se modifica votaremos en contra y si se modifica veremos qué hacemos", advirtió, en declaraciones radiales. Respecto de la presión de la CGT Azopardo, aclaró: 

"Desde que soy diputado tengo libertad de consciencia. Acordé con mi padre cuando ingresé a la política actuar de esta manera".

Otro “dipusindical”, Julio Ledesma, prefirió evitar adelantar su voto: "Todavía tengo que escuchar a las comisiones, aún no sé cuál será mi voto", sostuvo, aunque cuestionó al oficialismo por "acelerar este proceso de la manera en que lo han acelerado". "El Ejecutivo no quiere reformar la justicia con un manotazo, lo hace con una patada en el trasero", dijo.

Triunfó Cartes y los colorados vuelven al gobierno en Paraguay

El millonario conservador, que entró a la política recién en 2009, obtuvo el 45,9% de los votos, casi nueve puntos más que su inmediato perseguidor, el liberal Efraín Alegre. Expectativa por la actitud que asumirá Asunción respecto del Mercosur, la Unasur y el gobierno de Venezuela.

El presidente electo de Paraguay se incorporó a la vida pública recién en 2009. La agencia antidrogas de los Estados Unidos tiene fuertes sospechas de que el millonario tenga relación con el narcotráfico.

El nuevo presidente paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara, es un empresario millonario investigado por lavado de dinero y contrabando que se inscribió en el Registro Cívico Permanente para votar recién en 2009, a los 54 años. Ese mismo año se afilió al Partido Colorado, la expresión política conservadora y autoritaria que gobernó ininterrumpidamente el país entre 1946 y 2008. Hoy, poco más de tres años después de sus inicios en la política, es el encargado de devolverle al partido de Alfredo Stroessner el sillón del Palacio de los López.
Cartes nació en 1956 en Asunción y gozó los privilegios de criarse en una familia acomodada. En 1989 incursionó en el sector cambiario local y creó Cambios Amambay, una empresa que en 1992 se transformó en el Banco Amambay, hoy uno de los más grandes de su país. El nombre de la entidad financiera se popularizó fuera de las fronteras de Paraguay al aparecer mencionado en los cables secretos de la Secretaría de Estado de los EE UU difundidos por WikiLeaks a finales de 2010. Allí, los funcionarios diplomáticos estadounidenses mencionaban que para el entonces director de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Hugo Ibarra, el "80% del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través del Banco Amambay".
Un segundo cable señalaba que la DEA había logrado infiltrar agentes encubiertos en la empresa de Cartes, "una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense (dólar) a través de medios ilegales, incluyendo la venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los EE UU". Según un artículo del diario brasileño O`Globo, que siguió la serie de cables filtrados, la DEA cree que "Horacio Cartes comanda una gran lavandería para mafias de varios países, principalmente el Brasil." Uno de los indicios que fundamentan su sospecha es que en marzo del año 2000, la Dirección Nacional de Narcóticos de Paraguay (Dinar) incautó 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína de un avión que aterrizó en la estancia La Esperanza, propiedad de Cartes.
Más allá de su emprendimiento financiero, Cartes alimentó su fortuna de la mano de Tabacalera del Este, una empresa fundada en 1994 y sobre la que pesan varias denuncias de contrabando. De hecho, en marzo de 2012 el candidato colorado a la presidencia reconoció que sus productos llegaban al mercado negro de la Argentina y Brasil.
La incursión de Cartes en la política nacional fue tan sorpresiva como su convicción democrática. Antes de 2009, su única participación como dirigente había sido al frente del Club Libertad, donde ocupó el cargo de presidente entre 2001 y diciembre último, consiguiendo siete títulos de fútbol de primera división para su equipo.
La forma que encontró Cartes para responder a las numerosas denuncias y su deteriorada fama no abunda en argumentos. "Si el 1% de lo que dicen de mí es cierto, no entraría a la política", se defendió ante el diario Última Hora.