Gibraltar: Gran Bretaña y España decidirán la soberanía en la ONU.

La declaración, firmada en la Comisión de Descolonización del organismo, insta a que ambos países lleguen a una solución definitiva “escuchando los intereses y aspiraciones de los habitantes”, siempre que sean “legítimas".

España y el Reino Unido acordaron y llevaron a la Asamblea General de la ONU una declaración en la que se comprometieron a resolver la disputa sobre la soberanía del Peñón de Gibraltar, una franja costera de 6,5 kilómetros cuadrados ubicada en el extremo sur de la Península Ibérica. La noticia fue dada a conocer por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, quien calificó el acuerdo como "un primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad" entre ambos países.

La declaración, firmada en la 4º Comisión de Descolonización de la ONU, insta a que España y el Reino Unido lleguen a una solución definitiva "escuchando los intereses y aspiraciones de los habitantes de Gibraltar", siempre que sean "legítimas conforme al derecho internacional". Los dos países europeos se comprometieron a cumplir con el espíritu de la Declaración de Bruselas de 1984, con la que Madrid y Londres acordaron negociar por el Peñón, cuya soberanía España reclama desde hace siglos.

Según opinó el ministro García-Margallo, el documento firmado incluye "sustanciales mejoras" sobre los textos pactados en los últimos años para intentar arribar a una solución definitiva. El funcionario español aseguró que fue el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) el que "rompió la normalidad" existente en las relaciones con el Reino Unido al crear, en 2004, el Foro Tripartito que daba a Gibraltar "personalidad jurídica propia".

Ahora, la declaración pactada toma nota de la voluntad británica de mantener dicho foro, pero también de la posición española, que sostiene la inexistencia de esa instancia y plantea la creación de una nueva. Además, el documento recoge la necesidad de crear grupos de trabajo "ad hoc" para cada una de las materias susceptibles de conflicto.

Desde hace ya algunos meses, las relaciones entre España y el Reino Unido pasan por un momento delicado debido al enclave de Gibraltar. La crisis comenzó en agosto pasado, cuando las autoridades del Peñón instalaron 70 bloques de hormigón en una zona en la que trabajan pescadores españoles.

Como respuesta, España incrementó los controles en la frontera con la colonia británica, lo que originó largas colas de vehículos e irritó a las autoridades gibraltareñas. El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, dijo que los bloques de hormigón no serían retirados del lugar y acusó al gobierno de Mariano Rajoy por haber creado un "ambiente casi pre-bélico".

La tensión se rebajó cuando España y el Reino Unido acordaron resolver la crisis por la vía del diálogo y aceptaron la llegada de una misión de la Unión Europea a la frontera común para evaluar la situación. Los británicos ocupan Gibraltar desde que el almirante George Rooke lo conquistó en 1704, durante la Guerra de Sucesión española. El Tratado de Utrecht confirmó en 1713 la soberanía del Reino Unido y, desde entonces, España disputa el territorio.

De Gennaro: "Nuestro proyecto anula el sistema de Personerías Gremiales".

El diputado nacional de la CTA por Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro, fue uno de los asistentes al Confederal de ayer en el Anfiteatro Eva Perón de ATE. En la oportunidad, presentó los lineamientos del Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados.

También asistieron, entre otros, los diputados Claudio Lozano y Jorge Cardelli, el pensador cubano Darío Machado y el referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) "Chiquito" Ardura.

De Gennaro, al hablar a los delegados congresales leugo del informe político del secretario general de la CTA, Pablo Micheli, dijo que esta ley que impulsa en el Congreso "no hubiera sido posible presntar sin los veinte años de lucha consecuente de la CTA por la libertad y la democracia sindical".

"En nuestro país, se puede elegir presidente, gobernador, intendente, legisladores y concejales pero no se pueden elegir delegados que peleen por la distribución de la riqueza que generan en los lugares de trabajo. En más del 80 % de los establecimientos privados no se elegien delegados sindicales", subrayó el fundador de la CTA.

Indicó que "necesitamos otra ley que reemplace la 23.551 de Asociaciones Sindicales porque no contempla la realidad actual de los trabajadores y sus condiciones generarles de precariedad e inestabilidad laboral, a la vez que obstruye y hasta impide la libre organización en los lugares de trabajo".

A juicio de De Gennaro, la ley vigente "contradice a la Constitución Nacional que exige la organización sindical libre y democrática y por el contrario, favorece y privilegia el autoritarismo del unicato y el crecimiento del sindicalismo empresario".

De Gennaro apuntó: "Nuestro proyecto anula el sistema de las Personerías Gremiales. A partir de esta Ley, el rol del Estado se reduce a llevar un Registro de Organizaciones de los Trabajadores, en el que toda agrupación de orden sindical puede inscribirse, con su lista de afiliados y estatuto".

ACTA/CTA

Corea del Norte puede tener un misil capaz de alcanzar EE.UU.

El comandante de las fuerzas de EE.UU. en el Pacífico, el almirante Samuel Locklear, comunicó que parte de la posibilidad de que Corea del Norte haya elaborado un misil intercontinental balístico que pueda alcanzar el territorio de EE.UU.

"Sean reales o no, tengan la capacidad o no, el régimen norcoreano quiere hacernos pensar que sí y por eso nuestros planes [de cómo proteger a EE.UU.] se basan en la premisa de que se trata de un arma existente", explicó Locklear el martes en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, los investigadores del Instituto EE.UU-Corea, adjunto a la Universidad Johns Hopkins, comunicaron a través de su blog 38 North que Corea del Norte está más cerca que nunca de desarrollar un auténtico misil intercontinental con ojiva nuclear. Llegan a esta conclusión basándose en el análisis comparativo de las fotos sacadas durante los desfiles militares en Pyongyang en abril de 2012 y en julio de este año.

Según los expertos, en las imágenes de 2012 se ve claramente que se trata de un simulacro. Los KN-08 (también conocidos como No-dong-C y Hwaseong-13) presentados hace cuatro meses, en cambio, parecen mucho más auténticos y testimonian los avances del programa misilístico del país.

"Los puertos de combustible están en el mismo lugar, los misiles están debidamente asegurados y el lado de la punta es liso y brillante. Todo esto junto, más la disposición de las soldaduras y remaches que son mucho más numerosos que en 2012, sugiere que se trata de un diseño estabilizado", explican. Según ellos, en teoría Pyongyang posee todos los elementos necesarios para producir misiles de entre 5.500 y 11.000 kilómetros de alcance.

El Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI) era el "grupo de tareas" que realizaba las listas negras de la dictadura.

Entre los documentos que contienen los 1500 biblioratos descubiertos en los sótanos del edificio sede de la Fuerza Aérea y dados a conocer el lunes por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se encontraron listas de intelectuales, músicos, artistas y periodistas que estuvieron prohibidos y perseguidos durante los años de la última dictadura cívico-militar.

Más allá de los nombres que allí figuran, que son muchos e importantes, lo que demuestran estos documentos es la estructura que organizaron los dictadores para garantizar una "limpieza ideológica" en los medios de comunicación, en los palcos y los cines de esos años, y así asegurarse la difusión de un mensaje único y acorde a los estatutos del proceso de reorganización nacional, como dieron en llamar a su genocidio.

La estructura organizativa que se dieron los miembros de las juntas de comandantes fue la creación de lo que denominaron Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), que estaba integrado por un representante de la Secretaría de Información Pública (SIP), otro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas.

Por lo menos una vez por semana se reunía el ECI y trabajaba sobre la base de las listas que tenían para actualizarlas, subir o bajar de nivel de peligrosidad de tal o cual artista o periodista. Estas decisiones se tomaban en base a la coyuntura política, local e internacional, de esos momentos.

Poco después del golpe de 1976, el ECI no tenía plazos para mantener dentro de las nóminas de los F4, los más peligrosos por contar con "antecedentes ideológicos marxistas". De hecho, algunos pasaron toda la dictadura como F4, como le ocurrió al grupo vocal rosarino Los Trovadores o al escritor Julio Cortázar, y no salieron de esa condición ni siquiera cuando la junta militar de finales de 1982 ya flexibilizaba su control fruto de"una transición hacia la vida institucional plena".

Las listas se fueron depurando regularmente. Sin embargo, algunos errores se les deslizaba. Por caso, en la lista negra de enero de 1980 que el ministro de defensa, Agustín Rossi, mostró el lunes cuando anunció el descubrimiento de la documentación original de la dictadura, continuaba figurando como F4 el poeta, periodista y militante montonero Francisco "Paco" Urondo, quien ya había sido asesinado por los militares en junio de 1976. Algo similar ocurrió con el periodista Jacobo Timerman, quien en 1979 integraba la nómina de los F4 mientras estaba secuestrado en las mazmorras de los genocidas.

Si bien la caracterización de esta condición habla, según los documentos encontrados, de "antecedentes ideológicos marxistas" muchos de los artistas, intelectuales y periodistas que fueron parte de las listas negras eran peronistas. Según las investigaciones preliminares que se están realizando en el ámbito del Ministerio de Defensa, la caracterización de marxista o comunista para todos por igual tenía que ver con un decreto ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se conocía como "ley anticomunista" y que data de agosto de 1967. Esto, según en el Ministerio que conduce Rossi, habría fungido de "plafón jurídico" para el funcionamiento del ECI.

El funcionamiento de esta organización cambió luego de la Guerra de Malvinas. La dictadura, debilitada por esta aventura sangrienta en el Atlántico sur que avivó las internas entre las Fuerzas Armadas, llevó a los comandantes a mirar la salida democrática. Los medios de comunicación fueron una preocupación constante para los genocidas y en esos últimos años también. Por eso, en septiembre de 1982 emitieron una serie de recomendaciones sobre el "personal interdicto en los medios de comunicación".

La intensión fue anticiparse a las libertades que traería una inevitable democracia pero que sería recién en marzo de 1984. Por ese motivo se ordenó que se disuelvan las listas negras de acuerdo a pautas estrictas y por etapas. La primera concluía en diciembre de 1982, la segunda llegaba hasta junio de 1983 y la tercera hasta diciembre de ese año. El adelantamiento de las elecciones disolvió las etapas pero no evitó que se realizaran las evaluaciones y el manoseo de los que padecieron el haber estado en esas nóminas.

En tanto, los interventores de los canales de televisión recibieron la orden de tomar recaudos "sobre los contenidos temáticos en que se desempeñan las personas involucradas en las listas mencionadas". Por caso, aconsejaban tener cuidado con los autores de un guión televisivo que pueda contener "conflictos socio-económico-político" porque, sostiene el documento, "la sutileza de los mensajes que puede elaborar y emitir un Roberto Cossa u Osvaldo Dragún no es la misma que la de Lozano Dana o Cernadas Lamadrid".

En cuanto a los músicos la preocupación era similar. Los dictadores recomendaban en este documento que en caso de que Mercedes Sosa o César Isella fueran parte de algún espectáculo debían "instrumentarse los medios para que en cada presentación televisiva o radial se limiten exclusivamente a cantar". La hipocresía de esta documento se expresa cuando afirma que nada de lo que se recomienda significan "una forma estricta de censura" sino que son pautas para consolidar un criterio frente a la apertura democrática pero sin permitir "un desborde ideológico".

Hipocresía

Un documento hallado dice que sólo busca que no haya "un desborde ideológico" en el país.

La documentación "es clave para investigar a fondo todas las complicidades", y citó: "bancos, estancieros, sindicalistas e iglesia".

Hebe de Bonafini - Asoc. Madres de Plaza de Mayo

"Cuando me echaron, pregunté con sorna: '¿Qué peligro puedo representar para el país?' No supieron responderme."

Federico Luppi - Actor - Integró las listas negras.

"Es un hecho sustantivo. Las Fuerzas Armadas empezaron a comprender su rol dentro de la democracia."

Víctor Heredia - Cantor - Integró las listas negras.

"La verdad siempre triunfa. Se puede mentir y negar pero finalmente aparece la verdad... ¡Qué hermosa noticia!"

Osvaldo Bayer - Escritor - Integró las listas negras.

Micheli: “Terminaremos el año movilizados, al frente del conflicto social”.

La expansión territorial de la Central de Trabajadores de la Argentina, y su extensión al ámbito privado quedaron evidenciadas en la amplia concurrencia de delegados de todo el país a la reunión del Consejo Federal de la Central. El encuentro tuvo como ejes centrales la decisión de realizar un paro nacional para enfrentar el ajuste inflacionario que viene arrasando salario y jubilaciones y el llamado a elecciones para el año próximo. Abrió las deliberaciones el secretario General de la CTA, Pablo Micheli, quien prometió terminar el año ”coherentes como siempre con los intereses de los trabajadores, al frente del conflicto social”.

El referente de la CTA abrió su informe político poniendo las deliberaciones bajo la advocación de Agustín Tosco y Germán Abdala. Micheli señaló, “Nos tocó vivir tiempos difíciles durante los cuales este gobierno que se escuda detrás de un discurso mentiroso mediante el que se asume como nacional y popular, pone toda disidencia en el campo del enemigo. Trataron de dividirnos, pero no lo lograron. Hoy que ese discurso está desgastado, si bien es verdad que aún no hemos logrado todos los objetivos que nos proponíamos, nadie puede decir que esta central no ha estado al frente de cada conflicto. Y no sólo hablo de peleas por el salario”, subrayó.

Resaltó la necesidad que implica una Consulta Popular Sobre la Soberanía de los Bienes Comunes y en este sentido señaló que “los pueblos fumigados con sus muertos silenciados, aquellos que ven el lugar donde viven arrasado por las multinacionales mineras”, no pueden tener una vida digna en esa condiciones. Con ellos, por ellos luchamos”.

La vida no es una fotografía

Micheli pronosticó que “viene un año complicado” donde la Central deberá estar al frente de muchos conflictos. En este sentido señaló que no lo asusta el desafío ya que la CTA “creció siempre en la resistencia”.

Recordó que son miles quienes aún trabajando en el Estado, como los municipales, ni siquiera cobran el salario mínimo que marca la Ley. No es casual –señaló- que la Asociación de Trabajadores del Estado realice en estos días un Congreso de municipales al que asistirán miles de delegados de todo el país. También mencionó gremios del sector privados, que están en tratativas de sumarse a la CTA, como sectores del sindicato aceitero. “Esos compañeros entendieron que si no cambiamos la relación de fuerza no habrá mejora económica para ellos sino todo lo contrario”.

“La vida no es una fotografía sino una película”, dijo para subrayar la importancia de la construcción de federaciones y en este sentido, rescató la puesta en marcha este año de las que agrupan a docentes y portuarios.

“Hemos estado y estaremos al frente de cada reclamo y por eso no podemos terminar el año sino en la calle movilizados”. Informó que por esas horas la Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa la posibilidad de sumarse a una medida de fuerza conjunta y de la que será parte también la Multisectorial.

Micheli dijo que no se logrará pasar a la ofensiva si los trabajadores no pueden dar a luz una expresión político electoral. “No podemos llegar al 2015 sin opciones. Hace rato sabemos que el bipartidismo no va. Necesitamos construir una fuerza que realmente sea expresión de los intereses del campo nacional y popular”.

El jefe de la CTA informó además que el próximo año habrá elecciones en la central. “No le vamos a pedir permiso al Ministerio de Trabajo ni a los patrones. Habrá elecciones transparentes, coherentes con ese fallo de la Corte que puso fuera de la legalidad al actual régimen de personería y en armonía con los cambios en la Ley de Asociaciones Gremiales que proponen el compañero Víctor de Gennaro y otros legisladores”.

“Creo en la capacidad de nuestro pueblo para cambiar la realidad. Lo ha demostrado muchas veces. La asignatura pendiente en darle los mecanismos, los instrumentos que sirvan para cambiar la relación de fuerzas para posibilitar una justa distribución de la riqueza, el respeto por la Vida y el Medio Ambiente, sin lo cual no hay posibilidad de una vida digna para los trabajadores”, dijo Micheli al referirse a las asignaturas pendientes.

ACTA/CTA

Documentación que evidencia un complot de desestabilización contra Venezuela.

En los últimos meses, el Gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la economía de la nación.

Una mayoría de medios de comunicación a nivel internacional además de medios privados dentro de Venezuela, se han burlado de las graves denuncias del presidente venezolano, y en su lugar han intentado responsabilizar al Gobierno de los daños causados al país. No obstante, un documento interno de tres organizaciones de Colombia y Estados Unidos evidencia un plan macabro contra el Estado venezolano para provocar violencia —incluso muertos— con la intención de justificar una intervención internacional antes de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.

El documento, titulado 'Plan Estratégico Venezolano', fue preparado por la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto con la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting. Su fecha de redacción fue el 13 de junio de 2013, durante una reunión entre representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Avelado, el experto en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América Latina, Mark Feierstein.

El plan estratégico de desestabilización contra Venezuela tiene el fin principal de debilitar al Gobierno en el marco de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, tal como lo articulan en el texto: "Los objetivos planteados en el presente plan se enmarcan esencialmente hacia las municipales previstas para el 8 de diciembre, al mismo tiempo que incluye el desgaste acelerado paulatino de la gestión del Gobierno facilitando el triunfo supremo de la oposición para ese evento". Y agregan: "pero si fuera antes, mucho mejor".

El documento también detalla la estrategia para sabotear al sistema eléctrico en Venezuela con el objetivo de responsabilizar al Gobierno de las debilidades de la infraestructura del país y de esa manera proyectar una imagen de crisis de Venezuela a nivel internacional. Como parte del plan, los autores proponen "mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al Gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias". Desde entonces, apagones y otros cortes eléctricos han afectado a diferentes regiones por toda Venezuela, causando un gran descontento general, y resultando en una percepción negativa del Gobierno. Hace poco, autoridades venezolanas detuvieron a varias personas involucradas en sabotajes al sistema eléctrico y a finales de septiembre el presidente Maduro expulsó a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por su presunto papel en los planes de desestabilización.

En la sección titulada "Acciones", los autores del documento detallan sus próximos pasos para desestabilizar al Gobierno venezolano. Además de "perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique Capriles", el candidato presidencial derrotado por Maduro, hablan de "generar emoción con mensajes cortos pero que lleguen a mayor cantidad de personas, donde retomen los problemas sociales, provocando el descontento social. Incrementar los problemas con el desabastecimiento de productos básicos de la canasta alimenticia".

En los últimos meses, Venezuela ha experimentado problemas de desabastecimiento de productos básicos, como papel higiénico, azúcar, leche, aceite, mantequilla y harina, entre otros. Las autoridades venezolanas han incautado toneladas de estos productos dentro de almacenes que pertenecen a empresarios vinculados con la oposición. También han confiscado grandes cantidades de estos productos en la zona fronteriza con Colombia, donde son vendidos como contrabando.

Según el documento, "El 'Plan estratégico venezolano', consensuado con dignos representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, se orienta hacia estos objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años".

Durante los 14 años de gestión democrática del presidente Hugo Chávez las amenazas contra su Gobierno abundaban y los planes de desestabilización nunca acababan. Luego del fracaso del golpe de Estado en su contra en 2002, que fue organizado y apoyado desde el Gobierno de Estados Unidos, hubo numerosos intentos de derrocarlo a través de sabotajes económicos, intervenciones electorales, planes de magnicidio, guerra psicológica, financiamiento multimillonario a las fuerzas opositoras desde el exterior y un plan de aislamiento internacional que finalmente no tuvo éxito.

Una de las caras visibles de los intentos de desestabilización contra el Gobierno de Chávez fue el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano finalizó su presidencia en 2010 haciendo un llamamiento para una intervención internacional en Venezuela con la intención de destruir al presidente Chávez y su Revolución Bolivariana. Uribe se dedicó durante los años siguientes a difamar al presidente Chávez y su Gobierno y a fortalecer los vínculos con sectores antichavistas dentro y fuera de Venezuela.

El fallecimiento del presidente Chávez en marzo 2013 no impidió a Uribe continuar sus acciones contra Venezuela. Con la elección de Nicolás Maduro a la presidencia y la continuación del proceso socialista comenzado por Chávez, Uribe seguía con sus planes de ataque contra Venezuela.

Ahora este documento interno, producto de un encuentro de sectores de la ultraderecha de Colombia y Venezuela, junto a representantes del Gobierno estadounidense, demuestra los planes de desestabilización en marcha contra el Gobierno de Maduro.

Como parte de este peligroso complot contra Venezuela, los autores proponen "crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del Gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos".

Venezolanos, representantes de la oposición, están trabajando conjuntamente con fuerzas externas para provocar la muerte de ciudadanos inocentes en su propio país con la intención de promover una invasión militar contra su nación. Esto representa una grave amenaza —y un vil crimen— contra la soberanía de Venezuela.

Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación y voceros de la derecha, el documento recomienda "una insurrección militar" contra el "Estado venezolano". Proponen "contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o un levantamiento civil".

Este documento evidencia y confirma la veracidad —y la gravedad— de las denuncias realizadas por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está bajo ataque, como lo ha estado durante los últimos 14 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana y el rescate de la soberanía, independencia y dignidad del país. No hay que olvidar que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. Los poderosos intereses que desean controlar esos ricos recursos no pararán hasta lograr su objetivo.

Washington vota en contra de etiquetar los productos genéticamente modificados.

El estado de Washington ha votado en contra de la iniciativa legislativa I-522 que pretendía obligar a etiquetar los productos genéticamente modificados.

De los 39 condados que participaron en la votación 35 votaron en contra de la iniciativa.

Los partidarios de la iniciativa I-522 argumentaban que es una cuestión de transparencia y que los consumidores tienen derecho a saber si el producto que compran contiene organismos genéticamente modificados o no. Además, no dejan de subrayar que los productos GMO son dañinos para el organismo humano o animal y también causan problemas medioambientales.

Los opositores a la medida, encabezados por la asociación Grocery Manufacturers (GMA, por sus siglas en inglés), afirmaban que no hay nada perjudicial en comer alimentos genéticamente modificados y consideran que la iniciativa es "errónea". Asimismo, argumentan que ese paso conllevaría pérdidas para la agricultura y un alza de los precios.

Las compañías invertieron el dinero desesperadamente hasta el último momento para tratar de 'comprar' este referéndum. Las corporaciones de trangénicos Monsanto, DuPont Pioneer, Dow AgroSciences, Bayer CropScience y Grocery Manufacturers Association recaudaron junto con otros grupos comerciales 22 millones de dólares -cifra record para un estado, en su campaña contra la Iniciativa I-522. Por su parte, los partidarios de la iniciativa solo han recaudadoalrededor de 6 millones de dólares.