jueves, 31 de octubre de 2013

Organismos de DD HH denuncian trabas en causas clave sobre la complicidad civil y de grupos empresarios con la dictadura.

Organismos de Derechos Humanos se reunieron ayer con el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, para expresarle su preocupación por la avanzada contra los fiscales ad hoc en todo el país, que amenaza con demorar los juicios por delitos de lesa humanidad. 

El encuentro fue solicitado por representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Madres Línea Fundadora, Familiares, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, APDH y AEDD, para evaluar el avance de los juicios por los crímenes de la última dictadura y las dificultades con las que se encuentran en esta nueva etapa, en la que las investigaciones se centran en los sectores civiles y grupos empresarios.

Se trataron las dificultades estructurales que han tenido los juicios desde sus comienzos, la dificultad para constituir los tribunales o la falta de salas para realizar los debates. Sin embargo, los organismos manifestaron una preocupación particular por el avance de los cuestionamientos a los fiscales ad hoc a partir del fallo de la Corte Suprema de agosto pasado, en el que invalidó el nombramiento de una fiscal subrogante.

"La preocupación es razonable porque ellos están convencidos que esto puede generar una parálisis en los procesos con el costo de la impunidad", explicó Auat a Tiempo Argentino.

El fiscal general señaló que confían en que la Cámara de Casación revierta fallos como el de la Cámara Federal de Salta, que apartó de las causas contra Ledesma y Carlos Blaquier al fiscal ad hoc de Jujuy, Pablo Pelazzo.

Mientras tanto, la estrategia de muchos abogados defensores ha sido cuestionar a los fiscales ad hoc a partir del precedente del máximo tribunal, no sólo en casos de acusados por delitos cometidos en la dictadura, sino también de narcocriminalidad y violencia de género.

"A esta altura de los juicios, nos parece extemporáneo discutir la legitimidad de los fiscales cuando los juicios, en un alto porcentaje, fueron tramitados por fiscales titulares con colaboración de ad hoc. No se entiende esta discusión, cuyo único propósito parece ser querer abrir la puerta en la impunidad”, analizó Auat.

En igual sentido, Gisele Teper de HIJOS explicó que ven ciertos sectores que intentan detener el avance de los juicios. "Como no pueden lograrlo, la nueva estrategia es dilatarlos con estos mecanismos", dijo. Y agregó: "Entendemos que no se está avanzando sobre una situación en particular sino una política histórica de los organismos de Derechos Humanos. Cuando llegamos al núcleo civil más duro, el Poder Judicial es mucho más corporativo. Se ve con los casos de La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, y con Blaquier en Jujuy."

Alan Iud, abogado de Abuelas, explicó que evaluaron el impacto que puede tener el fallo de la Corte. "Sabemos que después de ese decisión proliferaron los planteos de las defensas de los procesados cuestionando a los fiscales ad hoc. En muchos casos fueron rechazados sin dificultades, pero otros han prosperado como con Pelazzo en Jujuy”, indicó. "Esta situación prende una luz de alarma en los organismos", subrayó.

Siria ha completado el proceso de destrucción de su arsenal químico.

"Siria ha cumplido la fecha límite" fijada por el Consejo Ejecutivo de la OPAQ para completar "la destrucción de la producción de armas químicas y mezclado o llenado de equipos", señaló la organización con sede en La Haya en un comunicado.


La misión conjunta de la OPAQ y Naciones Unidas ha inspeccionado 21 de los 23 sitios declarados por Siria, y 39 de las 41 instalaciones ubicadas en esos sitios.

Los lugares restantes no fueron visitados por cuestiones de seguridad, pero Siria aseguró que habían sido abandonados y que las armas químicas que contenían fueron trasladadas a otros lugares que sí fueron inspeccionados, precisa la organización.

"La misión conjunta está ahora satisfecha de haber verificado y visto destruir toda la producción crítica declarada por Siria y su equipamiento para la mezcla y llenado", recalcó la OPAQ. También explicó que de momento no está previsto llevar a cabo ninguna otra inspección.

Por los derechos de los trabajadores indigenas.

Diariamente miles de trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas desarrollan actividades que requieren mano de obra intensiva, relacionadas mayoritariamente con la recolección de frutas y hortalizas, que no pueden reemplazarse por las nuevas tecnologías y deben realizarse manualmente.


Las cosechas tienen áreas y temporadas particulares y a veces tiempos reducidos para la recolección, lo que obliga a contar con numerosos trabajadores para su ejecución, muchos de ellos procedentes de otras provincias y regiones.

“Las condiciones laborales no siempre son las mejores y en varias ocasiones han sido denunciadas por precaridad, falta de seguridad e higiene y hasta en situación de sometimiento y esclavitud. Aún así no logran erradicarse. En este contexto en el que no está garantizado el derecho laboral, los hermanos originarios están en una situación desventajosa, teniendo en cuenta que un alto número de ellos, mantienen sus lenguas nativas y desconocen cuales son sus derechos, no han concurrido a la escuela, sumado a la necesidad extrema de supervivencia individual, familiar y comunitaria”, señaló la diputada de la CTA Rita Liempe (Unidad Popular).

Por tal situación, el Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI), se encuentra investigando y trabajando en una estrategia de organización que garantice el trabajo en condiciones dignas, seguras, de protección y con plenos derechos laborales. En este sentido se aspira a la sindicalización de los trabajadores, cuestión compleja por la diversidad de actividades y procedencia de los mismos, pero que desde el CNPI se tienen las mejores expectativas para lograrlo, fundamentando esta organización en la legislación vigente, acuerdos internacionales, Convenio 169 de la OIT, y otros, dando de esta manera igual oportunidad y derechos a nuestros hermanos de pueblos ancestrales.

Es ardua la tarea que desarrolla el CNPI, desde su creación en 2011 hasta la fecha. En las recientes Elecciones Legislativas, tuvo un protagonismo sobresaliente al acordar con la Cámara Nacional Electoral la implementación de la Fiscalización bilingue, hecho totalmente exitoso e histórico.

El CNPI es una institución de carácter representativo en Política Indígena de Participación y Consulta, encuadrado en la protección del Convenio Internacional 169 de OIT, ratificado por Ley nacional Nº 24701 y Art. 75 inciso 17 de CN, conformada con representantes de Comunidades Indígenas, Organizaciones territoriales, ONG originarias, Cooperativas de trabajadores originarias, Partidos políticos Indígenas y comunidades originarias urbanas., de Formosa, Chaco, Jujuy, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero. Pueblos Mapuche, Qom, Wichi, Guarani, Colla, Mocovi, Tonocote.

En diciembre próximo, se llevara a cabo la elección de las nuevas Autoridades del Consejo, para ello se está acordando la presencia de veedores locales e internacionales, por la trascendencia y la representatividad del CNPI y para que sea un acto totalmente participativo y democrático.


Rusia y China pueden 'desactivar' EE.UU. con un solo clic.



Rusia y China son el mayor peligro para la seguridad cibernética de EE.UU., según el exespecialista en ciberterrorismo del FBI Michael Vatis.

La mayor amenaza proviene de Pekín, asegura Vatis en una entrevista exclusiva a la cadena Fox News que sale al aire este miércoles. "Los chinos tienen la capacidad real de socavar la economía de nuestro país. Poseen numerosas redes informativas en EE.UU. y tienen un acceso absoluto a ellas. Pueden recibir toda la información que necesitan gracias a ellas e incluso parar el funcionamiento de estos sistemas. Se trata de sistemas gubernamentales estratégicamente importantes, sistemas de defensa, algunas compañías tecnológicas claves, instituciones financieras", explicó.

En cuanto a Rusia, Vatis comentó que es otra amenaza muy grave. Sin embargo, destacó que por el momento Moscú tiene una postura más bien cautelosa y está concentrada más en los objetivos que considera importantes. "Después de las filtraciones de Snowden, mucho dependerá de la capacidad de nuestra nación para conseguir acuerdos con el resto del mundo. Todos juntos debemos determinar qué tipos de ataques cibernéticos deben limitarse estrictamente", opinó.

Al mismo tiempo admitió: "Estamos ahora en un periodo muy difícil. El problema es que el resto del mundo nos considera hipócritas. Nos miran y dicen: 'EE.UU., están espiando a nuestros líderes, ¿quiénes son para discutir sobre la seguridad cibernética y métodos de protección?'".

Cabe recordar que los documentos filtrados por el exempleado de la CIA Edward Snowden revelaron la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) tanto a ciudadanos estadounidenses como extranjeros, incluidos numerosos líderes nacionales. Países de América Latina y de Europa han expresado su indignación al respecto y han anunciado que están tomando medidas para evitar que tales prácticas se repitan.  

Ley de Medios: El Ministerio de Trabajo garantiza "la preservación y seguimiento de la evolución de las fuentes de trabajo".



El gobierno salió a anticipar la jugada que, más temprano que tarde, espera que el Grupo Clarín amplifique por estos días en relación al supuesto peligro que implicaría sobre los puestos de trabajo la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego que la Corte Suprema de Justicia removiera el último obstáculo legal en torno de la constitucionalidad de la norma. 

En este sentido, el Ministerio de Trabajo recordó que se encuentra vigente un convenio firmado el año pasado entre la cartera laboral y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –organismo encargado de su aplicación– que establece un marco de colaboración recíproca para facilitar "la preservación y seguimiento de la evolución de las fuentes de trabajo", según lo expresado en la cláusula primera.

"Todo licenciatario tiene la obligación de mantener el servicio y de mantener las fuentes de trabajo hasta que llegue el nuevo licenciatario", explicó el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, para quien "algunos han querido instalar el miedo, el terror, la angustia que pudiera afectar a los trabajadores con motivo de la aplicación de la ley".

Cabe recordar que, ya con anticipación al 7 de diciembre del año pasado, fecha que había sido estipulada en un principio como el límite para la vigencia de la cautelar otorgada a Clarín y que impedía la plena vigencia de la Ley de Medios, el holding encabezado por Héctor Magnetto había azuzado a su personal en reiteradas ocasiones en relación a la posible pérdida de puestos de trabajo por la aplicación de la norma, particularmente respecto de aquellas empresas que debería desprenderse para adecuarse a los límites de licencias que establece la legislación.

Respecto a este punto, la segunda cláusula del convenio firmado el pasado 27 de noviembre –y del que participó el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro– establece como requisito y condición para la aprobación de las transferencias de
licencias y unidades productivas inherentes al proceso de adecuación, "el mantenimiento de las fuentes así como de las condiciones de trabajo, reglas convencionales y legales aplicadas por el transmitente". 

Para cumplir con ese objetivo, se creó una Comisión de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y de la AFSCA. El convenio tiene una vigencia de un año, "renovándose automáticamente por igual período" salvo que alguna de las partes resuelva lo contrario. Un mes después, el acuerdo fue rubricado por Horacio Arreceygor, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), gremio que agrupa a buena parte de los trabajadores en cuestión y que en reiteradas oportunidades se ha manifestado por el pleno cumplimiento de la Ley de Medios.

Al conocerse el fallo de la Corte y a través de su cuenta en la red social Twitter, los delegados de Canal 13 y TN emitieron un comunicado en el cual reafirman "la defensa irrestricta de todos los puestos de trabajo en el marco de los respectivos convenios colectivos", se considera que la Ley de Medios "debe cumplirse sin excepciones ni privilegios" al tiempo que se convoca a estar "alerta" ante cualquier movimiento que pueda afectar las condiciones de trabajo. "Con la plena vigencia de la Ley de Medios se abre un panorama de cierta incertidumbre para nosotros los trabajadores de prensa", afirmaron ayer los delegados de Canal13 y TN a través de Twitter en la convocatoria a la Asamblea de trabajadores que se desarrollará esta tarde para debatir la situación.

En tanto, a través de un comunicado, Trabajo celebró el fallo de la Corte Suprema que declaró por una mayoría de 6 a 1 la constitucionalidad de la Ley de Servicos de Comunicación Audiovisual después de cuatro años de sancionada por el Congreso. "Es un aporte fundamental para la democracia, la pluralidad de voces y la defensa de los trabajadores", señaló la cartera laboral.

Los miembros del Mercosur se reunieron en Caracas para crear una zona económica complementaria que integre a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Petrocaribe y la Comunidad del Caribe (Caricom).


El encuentro forma parte de la agenda política propuesta por Nicolás Maduro para desarrollar mecanismos de integración regional. 

Uno de los objetivos anunciados por Venezuela, país que asume la presidencia pro tempore semestral del bloque, es consolidar la integración de América Latina y el Caribe, así como potenciar el continente como bloque económico regional en el mundo.

Para ello ha propuesto la creación de una zona económica complementaria que permita crear alianzas estratégicas en áreas como la comunicación, la energía y la producción de alimentos.

El canciller venezolano, Elías Jaua, explicó que se pretende "desarrollar cadenas productivas" y "poder tener un intercambio comercial con las islas del Caribe", especialmente aquellas que todavía importan buena parte de sus alimentos desde el Reino Unido o EE.UU.

En el encuentro se firmaron tres acuerdos. El primero establece el inicio de las negociaciones con distintos bloques regionales de integración como Mercosur, ALBA, PetroCaribe y Caricom El segundo punto hace referencia a la evaluación del estado de las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, mientras que en el último documento se acuerda rechazar el espionaje masivo llevado a cabo por EE.UU. 

Organismos regionales, unidos para combatir contra EE.UU. 

El periodista y escritor Modesto Emilio Guerrero opina que Mercosur y otros organismos pueden complementarse en términos defensivos frente a la economía agobiante de EEUU. 

"Es muy difícil que Mercosur sustituya a ALBA o ALBA sustituya a Mercosur, pero sí pueden complementarse en términos defensivos frente a la economía norteamericana o de los grandes países del capitalismo mundial", dijo el escritor.

El próximo 15 de noviembre los países miembros del Mercosur celebrarán una reunión extraordinaria en Caracas para afinar la postura que presentarán a la Unión Europea en el marco del acuerdo comercial que negocian.

Telefónica: Nuevo acampe de los Trabajadores Técnicos de las Comunicaciones.

En diálogo con ACTA, el secretario General del sindicato Unión de Empleados y Técnicos de las Comunicaciones (UETTel), Jorge Castro, detalló las razones que llevaron a los trabajadores a volver a acampar frente al edificio de Telefónica en pleno centro porteño (Corrientes y Maipú): ni Telefónica de Argentina ni Elecnor cumplieron el acta acuerdo firmado en mayo en el Ministerio de Trabajo.


-Jorge contanos por qué están acampando nuevamente en Maipú y Corrientes

Bueno, nosotros estamos acampando después de haber ganado el conflicto que fue de conocimiento público en mayo. Telefónica de Argentina y el grupo Elecnor, ninguno de los dos respetaron el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo en mayo. Telefónica de Argentina nos ratificó hace una semana que se retira del mercado y nosotros siempre dijimos que si venía una nueva empresa debía tomarnos con las mismas condiciones en las que veníamos trabajando.

-¿Y cómo se desarrolló el conflicto?

Antes de ayer se presentó Telefónica de Argentina con Elecnor en el Ministerio de Trabajo con una nueva empresa que nosotros decimos que es una empresa fantasma porque es una empresa que fue registrada hace 15 días.

-¿Pudieron investigar algo al respecto?

Sí, la realidad es que nosotros supimos que tampoco está inscripta en el Ieri que es donde estamos encuadrados nosotros. Entonces nosotros decimos que no respetan ni el convenio que tenemos en la actualidad y tampoco sabemos la procedencia de la empresa en sí. Y Telefónica quería que nosotros fuéramos todos traspasados a esa empresa cuando de esa manera no nos estarían reconociendo la antigüedad cuando acá tenemos compañeros con una antigüedad de 5 y 7 años con lo que perderíamos todos nuestros derechos y además Telefónica no garantiza el traspaso de la totalidad de los trabajadores.

-¿Cuáles son las estrategias de lucha de ustedes además del acampe?

Nosotros decimos que es una vergüenza cuando estamos en el mes 11 y todavía no nos pagaron el aumento paritario de este año que es de un 25%. Tienen una deuda histórica con nosotros desde el 2010 y también nos están debiendo ahora quincenas. No podemos creer la estafa que están haciendo hacia los trabajadores y sinceramente Telefónica de Argentina no tiene escrúpulos porque un acta que firma con el Ministerio de Trabajo y no le dan cumplimiento al acta y tampoco se hace cargo con una nueva empresa, por eso estamos acampando nuevamente acá en Corrientes y Maipú y si no se cumplen las condiciones para todos los trabajadores permaneceremos acá.

-¿Y están luchando en unidad en acción con la UOCRA?

Sí, en este momento estamos haciendo unidad en acción con el sindicato UOCRA. Estamos haciendo un trabajo en común entre ambos para que podamos llegar a buen puerto en la resolución de este conflicto.