El petrodólar, en jaque por la tensión entre Arabia y EE.UU.

Las tensiones entre EE.UU. y Arabia Saudita amenazan al petrodólar, advierte el bloguero estadounidense Michael Snyder. En consecuencia, tanto los mercados internacionales como la economía estadounidense podrían verse alterados.

"El estatus del dólar como moneda internacional siempre se basó en los petrodólares. Durante décadas, quien quería comprar el crudo virtualmente en cualquier rincón del mundo lo hacía con dólares estadounidenses (la única excepción es Irán). Pero si uno de los mayores exportadores del petróleo en el planeta, Arabia Saudita, decide aceptar otras divisas como pago por el crudo, el monopolio mundial del petrodólar desaparecerá muy rápidamente", explica Snyder. En consecuencia, el mercado internacional como tal será remodelado y se reducirán muy drásticamente las inversiones extranjeras en la economía de EE.UU.

Según filtró 'The Guardian' el pasado 22 de octubre, el príncipe Bandar bin Sultan, miembro de la familia real y jefe de Inteligencia de Arabia Saudita, comentó que el reino cambiará sus relaciones con EE.UU., argumentando que la nación está profundamente decepcionada con la imposibilidad de Washington de tratar tanto la guerra en Siria como el conflicto palestino-israelí de modo eficaz, pero sobre todo con su acercamiento con Teherán. "El alejamiento de EE.UU. será significativo. Arabia Saudita ya no quiere estar en una situación dependiente", dijo el príncipe ante un grupo de diplomáticos europeos.

"Aunque el príncipe Bandar no lo mencionó en ningún momento, Arabia Saudita es capaz de bloquear el suministro del petrolero a Occidente, lo que haría derrumbar las economías vulnerables tanto de Europa como de EE.UU. Sea como fuere, de todos modos la reforma de las relaciones con Washington se verá acompañada por la desestabilización del mercado petrolero, ya que un regateo es posible solo desde una postura de fuerza", opina Anatoli el Murid, bloguero y columnista del diario ruso 'Vzglyad'.

A primera vista, los comentarios del príncipe Bandar parecen poco lógicos: Riad no tiene a nadie más que Washington en quien apoyarse, ya que nunca tuvo una infraestructura militar autosuficiente. Pero su autor es el jefe de la Inteligencia del país, además de embajador de la nación en EE.UU. durante 22 años, recuerda el Murid. No se puede tratarse de un despiste o un paso emocional, insiste.

Según el bloguero ruso, los comentarios del príncipe Bandar permiten sacar tres conclusiones. En primer lugar, que entre la élite saudita existen unas divergencias muy serias. No en vano, se pronunció el príncipe, mientras que el rey Abdulá guardó silencio, lo que contradice todos los canones de la sociedad saudita. En segundo lugar, Bandar, que es un amigo personal de las familias republicanas más influyentes de EE.UU., además de su aliado político, no podía hacer tal declaración sin haberla acordado con sus 'socios' en Washington. En otras palabras, la lucha dentro del Congreso alcanza un nuevo nivel: los republicanos recurren a artillería pesada, uniéndose con Arabia Saudita para presionar a Obama. Y en tercer lugar, Riad muestra su línea roja y da a entender que, una vez cruzada, se olvidará de su postura tradicional y 'abandonará' incluso a Washington.

Pese a todo, también hay voces que insisten en que el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Riad y Washington no afectará a las relaciones comerciales entre los dos estados. "Arabia Saudita ha mantenido relaciones políticas malas con muchos países, pero siempre continuó comerciando con ellos. Se trata solo de divergencias políticas, y eso no significa que vayan a afectar a las empresas públicas o privadas", comentó un oficial saudita bajo condiciones de anonimato a la agencia de noticias Reuters.

Diputada mapuche trabaja para la implementación de la fiscalización bilingüe.

La legisladora provincial Rita Liempe, referente de Unidad Popular, expresó su opinión sobre la reciente iniciativa del Consejo Nacional de Política Indígena y la Cámara Nacional Electoral para implementar en las próximas elecciones la fiscalización bilingüe. También destacó la importancia de avanzar en políticas específicas para combatir el trabajo esclavo al que son sometidos los pueblos indígenas.

La diputada provincial Rita Liempe expresó su preocupación por la falta de acción del Estado sobre el trabajo esclavo que incumbe a los hermanos indígenas. Además, se refirió a la reciente iniciativa del Consejo Nacional de Política Indígena sobre la fiscalización bilingüe en mesas electorales de distintos distritos con población indígena. Ante el hecho inédito en 200 años, Liempe detalló "Es una deuda que tenía el Estado con los indígenas".

La fiscalización indígena, sin duda, no es la única iniciativa que encuentra a CNPI y a la diputada originaria Rita Liempe en el trabajo mancomunado para permitir el reconocimiento de los pueblos indígenas. Aún falta avanzar en la solución de las denuncias de trabajo esclavo de hermanos de comunidades originarias. Para Liempe, la legislación argentina con respecto a la sindicación es bastante discriminatoria con respecto a los requisitos de sindicalización, aún más cuando respecta a pueblos indígenas. Por ello, desarrollaron políticas que permitan que sean sujetos de derecho como cualquier otro ciudadano.

"Se puede decir que se trata en muchos casos de trabajo esclavo. En la sociedad, esto todavía no tiene visibilidad, ni reconocimiento amplío. Nosotros tenemos datos de que hay muchos de nuestros hermanos trabajando en talleres textiles o en la recolección de hortalizas y frutos en condiciones insostenibles. Queremos que nuestros hermanos originarios dejen de ser esclavos y se ganen su salario con un trabajo digno. Una de las maneras para lograrlo es la organización y sindicalización, ya que es la mejor manera de garantizar los derechos", sintetizó la diputada.

Por primera vez, personas pertenecientes a pueblos ancestrales tendrán la oportunidad de consultar mesas bilingües con autoridades y también con material, información e instructivos necesarios para poder participar con igualdad de derechos de una elección, por primera vez más amplia y democrática. En ese sentido, la diputada originaria opinó que se trata de un "importante avance", ya que "se permite a los pueblos indígenas participar por primera vez en su lengua nativa".

"Estoy convencida de que esta iniciativa que impulsó el CNPI es para profundizar la democracia y hacerla más plural, más participativa. Así también apunta a quienes por tantos años han estado relegados y solamente han sido rehenes de algunos partidos políticos que los arrean como ganado nada más que para emitir el voto", señaló Rita Liempe.

ACTA/CTA

Las farmacias no podrán comercializar más que edicamentos y productos de higiene.

En tres meses, las cadenas farmacéuticas no podrán vender productos alimenticios ni de kiosco, entre otros. Así lo determina la Resolución Nº 1632 del Ministerio de Salud de la Nación publicada ayer en el Boletín Oficial, que reglamenta la Ley de Farmacia de la Nación (26.567) sancionada en 2009. 

La norma precisa que las farmacias sólo podrán dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los de venta libre y especialidad farmacéutica cualquiera sea su condición de expendio, además de los productos destinados a la higiene o estética de las personas y productos para diagnósticos.

La resolución establece también que "la venta y despacho en farmacias de los productos no incorporados" a la ley serán considerados ejercicio ilegal de la farmacia, y sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal".

La Ley 26.567 establece el permiso exclusivo de venta de medicamentos de "venta libre" en las farmacias que deberán ser dispensados personalmente en el mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio, y prohíbe la venta de medicamentos en kioscos y supermercados. En la Ciudad de Buenos Aires esa ley fue aprobada por la Legislatura en noviembre de 2011, pero días después fue vetada por el Ejecutivo porteño.

Si bien la ley causó el descontento de los kiosqueros, la modificación de la reglamentación dada a conocer ayer, los beneficia. "Las farmacias polirubro nos están dañando muchísimo", aseguró Carlos Renna, presidente de la Unión de Kiosqueros de República Argentina (UKRA) "Venden hasta sandwiches de miga y a los kiosqueros los destroza, por eso estamos de acuerdo con la reglamentación. Para poner un cartel en la calle nos piden 142 trámites, y en esas farmacias venden de todo y todo junto; no existe la lealtad comercial", agregó Renna en 
La resolución otorga un plazo de 90 días para la adecuación de los locales y deja fuera del circuito farmacéutico a las cadenas que además de medicamentos, comercializan productos alimenticios, de kioscos, y otros enseres. La más afectada es Farmacity que con más de 400 locales ya concentra el 30% del mercado farmacéutico. Fuentes de la empresa señalaron a Tiempo que están analizando la medida y destacaron que “esta resolución tiene un interés comercial y no tiene nada que ver con la salud”.

Carlos Damin, jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández destacó que "los medicamentos de venta libre son la segunda causa de intoxicación por frecuencia en un hospital general de agudos, siendo la primera la intoxicación por bebidas alcohólicas". Por su parte, Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, manifestó que "la regulación de las farmacias indica un paso acertado para lograr un modelo sanitario de farmacia, y no de shopping", y añadió que a "nivel mundial estos modelos tipo Farmacity ya no funcionan, sino que se buscan farmacias con servicios controlados y que hagan uso racional de los medicamentos", dijo el experto, y agregó que "los remedios que no cuentan con la supervisión de profesionales farmacéuticos no cuentan con el debido control, entonces suelen venderse productos fraccionados y el comprador no sabe el origen del mismo. Recordemos que en nuestro país, el abuso de los medicamentos de venta libre provoca 700 muertes al año".

Protestas en España: "La reforma educativa favorece un modelo elitista" .

En España las asociaciones de padres y profesores se han unido al alumnado para protestar en el tercer día de huelga contra la controvertida política del Gobierno en el sector educativo. Varios activistas consideran que la reforma es "elitista".

La Policía ha vuelto a desmontar las barricadas alrededor de la Universidad Complutense de Madrid, tal y como lo hicieron este miércoles. Esta jornada busca paralizar la enseñanza en las aulas de todo el país.

Los sindicatos ya cifran en el 80% el seguimiento de la huelga. Cabe recordar que la reforma conocida como 'ley Wert' causó una gran indignación en España. Esta norma implica, entre otras medidas, un aumento de los alumnos por clase, una nueva subida de las tasas universitarias y reducciones en las becas.

Eduardo Fernández, miembro del grupo activista Juventud sin Futuro, sostiene que están pidiendo la dimisión del ministro de Educación español, José Ignacio Wert.

"La política educativa promovida por el Gobierno no hace más que favorecer un modelo de educación elitista que cierra las puertas a la gente con más dificultades", indicó el activista en declaraciones a RT, agregando que desafortunadamente se expulsa de las universidades "a la gente que no tiene dinero".

Fernández lamenta que el Gobierno español promueva "una ley para los institutos y las enseñanzas medias que va a acabar con la educación pública". "Vamos a continuar organizándonos", advirtió.

El Tribunal de Murmansk modificó la acusación de los treinta activistas detenidos en Rusia, lo que supone una mejora en su situación, ya que podrían seguir el proceso fuera de la cárcel. Declaró el argentino Pérez Orsi y le negaron la libertad.

"Comportamiento agresivo rebelde". Esa es la traducción más aproximada de la carátula "Hooliganism criminal and administrative", que el Tribunal Arbitral de Murmansk aplicó a los 30 activistas de Greenpeace que participaron en el escalamiento de una plataforma petrolera en el Artico. Antes se los acusó de piratería, un cargo que tiene una condena de 15 años. Así, los argentinos Camila Speziale, de 21 años, y Hernán Peréz Orsi, de 40, enfrentarán un proceso que podría condenarlos a siete años de reclusión, pero que también abre la posibilidad de que obtengan la libertad bajo fianza. La noticia todavía no fue confirmada por los abogados de la organización medioambiental ni los de Cancillería, pero revelaron que lo harían hoy.

Margarita Malig, esposa de Pérez Orsi, dijo a Tiempo Argentino: "hay más expectativas de que pueda pasar el proceso en libertad y no en una cárcel. Igual no nos conforma porque él no es ningún delincuente. Es un trabajador que fue allá para alimentar a su familia y no un criminal que tenga que soportar un proceso."

Paula Boscaroli, mamá de Camila, también relató el sinsabor que vive la familia Speziale. "Esto tampoco es real. Yo quiero que la absuelvan. Entiendo que la gente esté contenta, pero yo no estoy tranquila del todo porque cuando ves lo que le pasó a las Pussy Riot no te quedás tranquila", expresó y anheló: "estoy esperando que pase algo a nivel diplomático o político porque me parece que va a ser más rápido, legalmente la van a hacer más difícil".

El papá de Camila, Néstor Speziale, viajó esta semana a Murmansk para encontrarse con su hija, pero todavía no pudo lograrlo por las negativas de la justicia rusa. Boscaroli también contó que es muy difícil mantener comunicaciones con su marido, inclusive por Skype.
Malig sí pudo comunicarse con el suyo el pasado lunes luego de la pertinente autorización judicial. "Hernán me remarca que la Cancillería está haciendo un buen trabajo. Me dijo: 'hace todo lo que te diga ellos'". La mujer adelantó que "estoy esperando que me aseguren verlo y que no sea una sola vez. Recién ahí voy a viajar para que valga la pena."

El director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, fue más terminante: "no hay nada que festejar, nos siguen acusando penalmente de un delito que no cometimos".
"Rechazamos estos cargos, que siguen siendo desproporcionados. Estos activistas son hombres y mujeres valientes que fueron al Ártico armados con nada más que el deseo de denunciar las actividades de una empresa temeraria", declaró Greenpeace Rusia.
Lo cierto es que a nivel judicial, los activistas están habilitados por código penal ruso para volver a pedir la libertad bajo fianza.

En ese sentido, Malig contó que su familia sigue "teniendo fe de que este tema se solucione a la brevedad, para al menos poder pasar las fiestas de fin de año juntos, como todos los años".
En forma paradójica, el mismo tribunal rechazó ayer por la mañana rusa (madrugada argentina) la apelación impulsada por el marplatense, que se había pospuesto por falta de traductor. 

"No he hecho nada malo, solo quiero volver a casa, estar con mi familia y abrazar a mi hija: no tengo ninguna intención de escapar de la investigación. Voy a estar presente cada vez que se me necesite en el comité", dijo en la audiencia Pérez Orsi.

Al respecto, Malig reveló que la situación le genera "mucha incertidumbre y eso a veces bajonea pero trato de ser fuerte porque hay que sostenerse a uno mismo, a mi suegra, poder cuidar a mi hija y mandarle fuerzas a Hernán". Y finalizó: "me dio fortaleza ver el video de su indagatoria porque vi que él está bien psicológica y físicamente. Es un hombre que sabe defenderse."

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que desde mañana el Ferrocarril Sarmiento "será operado plenamente por el Estado" y que la decisión es que "no haya más operador privado" en esa línea.

Cuatro días después del choque del tren en la estación Once y tras la polémica que generó el video que muestra al motorman Julio Benítez en varias irregularidades durante una jornada laboral, el gobierno decidió ayer estatizar la línea Sarmiento tras comprobar que la empresa UGOMS no había cumplido con todos los exámenes que se deben realizar a los conductores antes de que tomen el servicio. El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo adelantó que dos sociedades estatales operarán la línea desde hoy, le solicitó a los gremios que se comprometan con la nueva gestión, y anunció una nueva batería de medidas para aumentar el control sobre la pericia y el desenvolvimiento de los motorman. "Mi único compromiso es con los usuarios. No me voy a dejar condicionar por los gremios ni por las empresas", advirtió y dijo estar convencido de la decisión política de asumir la operación estatal "a pesar de los riesgos que implica".

"Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea. Desde mañana, la línea Sarmiento será operada plenamente por el Estado", anunció Randazzo en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Hasta ayer, la línea que une Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, era manejada por la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS), y desde hoy será gestionada por la estatal Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), dos sociedades estatales creadas por la Ley de Reordenamiento Ferroviario sancionada por el Congreso Nacional en 2008 y que replican el modelo de gestión español. 

Randazzo argumentó la decisión en una irregularidad grave que detectó el ministerio en el marco de la investigación del choque del tren en Once que ocurrió el sábado. Según los registros de la UGOMS, el motorman Benítez sólo fue sometido al control de alcoholemia y no al resto de los controles físicos bajo el argumento de un supuesto "acuerdo gremial" que quedó registrado en el informe. El ministro negó que tal acuerdo exista y reiteró la obligatoriedad de todos los controles. 

Además, informó que el motorman fue apercibido por la UGOMS por un video en el que se lo escucha decir que tiene sueño, luego se pone lentes de sol y se pone en posición de dormir delante de la cámara del interior de la cabina. "Es una actitud repudiable. La empresa sólo aplicó un apercibimiento, nosotros consideramos que ese tipo de actitudes tiene que ser penalizada con mayor dureza", evaluó. Sin embargo, al ser consultado sobre una posible intencionalidad en el choque, Randazzo evitó avanzar en esa hipótesis: "Yo no descarto nada. Es llamativo que los tres accidentes hayan sido en la misma línea. Pero tiene que investigar la justicia. Mientras tanto, apelo a la prudencia y la responsabilidad de todos." 

Al ser consultado por las razones por las cuales se estatizará por el momento sólo esa línea, definió a la Sarmiento como "la más complicada porque hay un problema político", y recordó que los últimos tres accidentes ferroviarios ocurrieron en esa línea. Además, explicó que el ministerio pudo constatar que el resto de las operadoras sí cumplió con todos los controles. "Si las empresas no cumplen con las reglamentaciones, no me va a temblar el pulso para retirar las operaciones", advirtió. 

En ese marco, Randazzo anunció nuevas medidas de control. Se decidió que el guarda del tren deberá trasladarse a la cabina del conductor cuando la formación esté ingresando a una estación cabecera. "A principio de este año impulsamos la instalación de cámaras para detectar conductas que pudieran poner en riesgo al motorman o a los pasajeros. Hubo una enorme resistencia que terminó en un paro general", recordó y aceptó que están investigando cómo fue que se dañó el disco rígido del tren que chocó el sábado para diseñar un nuevo sistema que le dé más protección. 

Además, el ministerio estableció que en las líneas Sarmiento, Mitre y el Tren de la Costa y el Urquiza, las formaciones deberán realizar una reducción de velocidad a 5 kilómetros por hora al entrar a las cabeceras y bajar a cero cuando estén a 20 metros del fin del andén.
Se dispuso que todos los conductores de ferrocarriles sean sometidos a exámenes psicofísicos periódicos en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial de la Fuerza Aérea. "Serán controles con las mismas exigencias que tienen los pilotos de aviones comerciales", explicó. 

También adelantó que en 30 días el ministerio comenzará a operar una moderna torre de control en Retiro, inspirada en el sistema ferroviario español. Desde allí se podrá evaluar todo el trazado ferroviario y la velocidad a la que marchan las distintas formaciones.
Después de los anuncios formales y consciente de la polémica y repercusión que este tipo de medidas tiene dentro de los gremios, Randazzo le habló a los trabajadores ferroviarios: "Quiero dirigirme a los buenos trabajadores. Estamos de su lado. Les pedimos que redoblen el esfuerzo por los pasajeros que aún no tienen el servicio que se merecen." Después, le dedicó unas palabras a los familiares de las víctimas de Once y Castelar: "Entendemos el dolor y tenemos el mismo objetivo que ustedes. Los convoco a que me ayuden. No tenemos otro objetivo que mejorar el sistema de transporte." Después, criticó a los medios, los dirigentes políticos y los gremialistas que sostienen que la gestión del ministerio es "puro maquillaje". "Es una falta de respeto total a todos los argentinos que pagan con sus impuestos estas inversiones. Yo puedo mostrar en detalle lo que estamos haciendo. Pido responsabilidad con el tema porque hay dolor. No vamos a soportar estupideces", dijo Randazzo visiblemente molesto, aunque contestó más de 20 preguntas sobre los anuncios y la gestión. 

Al ser consultado sobre si la presidenta Cristina Fernández estaba al tanto del accidente y de las medidas tomadas ayer, el ministro contó que no consultó a la mandataria sobre el tema: "No creo que contribuya a su salud. La decisión la tomé yo con todos los riesgos que implica." Sin embargo, dijo estar convencido de que la presidenta avala su decisión. El ministro evitó especular sobre el resultado de la investigación judicial por el choque del sábado y cerró su intervención con una definición política, con el objetivo de englobar las medidas en una concepción más amplia: "Nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la presidenta de la Nación ni de quien les habla de continuar transformando definitivamente el transporte público en Argentina."

Puja redistributiva: aumento y centralización del conflicto en el tercer trimestre del año.

La proximidad de las elecciones, el ahogo presupuestario de las provincias y la crisis del transporte fueron variables determinantes en la explosión de la conflictividad laboral en este periodo. Efectivamente, nos encontramos ante el pico más alto de conflictos laborales y de paros como medida de lucha de los últimos tres años.

Durante el tercer trimestre de 2013 se registraron 298 conflictos de los cuales 293 se realizaron en el sector formal un aumento del 10% en la comparación interanual. Este crecimiento se debe principalmente al sector público.

Sin embargo, los conflictos del sector privado, que habían disminuidos porcentualmente en el primer y segundo trimestre del año, volvieron a ocupar protagonismo posicionando al trimestre como el más conflictivo en el sector en los últimos tres años.

Los conflictos desarrollados en el ámbito privado estuvieron marcados por un fuerte aumento de los conflictos por actividad y un retraimiento de los conflictos por empresa.

Este cambio de tendencia es significativo ya que los conflictos por empresa son generalmente mayoritarios debido al carácter de los mismos (asociados a condiciones de trabajo, deudas salariales o crisis) y a que requieren de la movilización de los trabajadores de un solo establecimiento. Los conflictos realizados por actividad, por su parte, ponen en movimiento a más trabajadores y mayores recursos por lo que son más planificados y esporádicos.

Los conflictos por actividad estuvieron asociados a la dificultad de cerrar paritarias y a condiciones de trabajo. Fue significativa en este sentido la conflictividad laboral que llevaron adelante los trabajadores del transporte representando un 56% del total. En los mismos se exigieron aumentos salariales y modificaciones en el impuesto a las ganancias.

En el sector público, se detecta un fuerte crecimiento de los conflictos municipales que crecen alrededor de un 80% en la variación interanual.

El crecimiento de estos conflictos y los desarrollados provincialmente evidencian la crisis presupuestaria de las administraciones gubernamentales locales.

Al igual que en el trimestre anterior la región que registró mayor cantidad de conflictos siguió siendo la Patagonia (31% del total). De estos conflictos el 43% fue llevado adelante por trabajadores de la administración pública y 13% por trabajadores de la salud. Todos ellos del sector público. Es por ello que la presencia de esta región disminuye cuando se analiza la conflictividad en el sector privado.

En segundo lugar se encuentran los conflictos en el AMBA (24%) y en la región pampeana (16%), ambos casos suben cuando despejamos los conflictos del sector público. En la actividad privada se observa una fuerte presencia en AMBA de los conflictos en el transporte ligados a la crisis del sistema ferroviario (70%). En la región pampeana, también el transporte explicó la mayor parte de los conflictos (49%) seguidos por los de la industria (21%). Finalmente, en la Patagonia, los conflictos se desarrollaron principalmente en la industria (22%), el transporte (22%) y el sector rural (17%).

En relación a las causas de la conflictividad nos encontramos con que las dos principales motivaciones del conflicto estuvieron asociadas a medidas defensivas para mantener lo alcanzado, denunciar vaciamientos y problemas de inseguridad laboral y fraudes contractuales en el sector público.

Efectivamente, en el 37,6% de los conflictos existió algún tipo de reclamo por condiciones de trabajo no salariales (jornada, tipos de contratación, tercerizaciones, seguridad e higiene) y en el 32,5% de los conflictos se evidenciaron reclamos ante situación de crisis (despidos masivos, quiebras, suspensiones, deudas salariales, etc). Si observamos las causas en la conflictividad del sector privado en el plano de la empresa registramos que en el 64,5% de los conflictos aparecen las medidas de crisis como causa.

Los conflictos entre cuyos motivos se encontraron condiciones de trabajo se refieren a regularización de la contratación en el caso del sector público principalmente, y a reclamos de inseguridad laboral ligada a los conflictos del transporte. Al distinguir entre los sectores público y privado, en el primer caso se verifica una mayor presencia de los conflictos por condiciones de trabajo (47%) y reivindicaciones económicas (42,8%), mientras que en el sector privado existe una mayor participación de los reclamos por crisis (40%) y condiciones laborales (28,3%).

La conflictividad laboral continúa siendo impulsada por los sindicatos de base o seccionales locales, que explican el 73% del total en el tercer trimestre de 2013, contra el 72% en el mismo período de 2012 y el 80% en 2011. En paralelo, se observa un crecimiento sostenido de la participación de los conflictos impulsados por organizaciones de segundo grado (federaciones y uniones), que en este trimestre representaron el 12% del total contra un 5% en idéntico período de un año atrás.

Este comportamiento ya se había verificado en el segundo trimestre de este año, donde los conflictos de las instancias centralizadas explicaban el 14% del total contra un 9% un año atrás.

Al interior del sector privado, se observa una mayor centralización del conflicto. En el tercer trimestre de este año se registra la mayor participación de las federaciones y uniones en los últimos cinco años (explican el 21% del total de conflictos en el sector privado, contra un 8% del mismo período del año anterior y apenas un 3% en el tercer trimestre de 2011).

La contracara de esta mayor participación de uniones y federaciones en el conflicto, es una reducción de la participación de los conflictos de trabajadores sin representación explícita. En este trimestre estos conflictos representan el 15% del total (contra un 23% un año atrás). Aún así, en términos absolutos, se trata de uno de los trimestres donde registramos mayor cantidad de estos conflictos (43 en total).

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la CTA

ACTA/CTA