Indígenas y campesinos, intentos de desalojos, violencia empresaria e inacción gubernamental. Nueve millones de hectáreas en disputa, la tierra en pocas manos y los derechos humanos que no llegan a la Argentina profunda. Intento de desalojo en Palma Sola (Jujuy) y resistencia campesina en Pozo Azul (Misiones). Violencia en el paraje Aloma Bajada (Santiago del Estero) y el Pueblo Mapuche de pie frente a las petroleras.
La lucha en la Argentina rural crece al mismo tiempo que avanza el modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). Según datos oficiales, al menos nueve millones de hectáreas están en disputa y la tierra se concentra en pocas manos: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes controla el 78 por ciento de la tierra. Amnistía Internacional denuncia que los pueblos originarios son “víctimas de la discriminación y la violencia” y acusa de “inacción” a los gobiernos provinciales y Nacional.
Palma Sola está ubicada en el extremo sureste de Jujuy, a 160 kilómetros de la capital provincial. La familia Mamani habita el paraje rural desde hace 90 años. Pero en 2009 la empresa sojera CRAM llegó hasta el lugar y pretendió desmontar. Comenzó un proceso de resistencia territorial y, vía amparo judicial, se frenó el desmonte. “Se demostró la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes”, denunció la Organización Tierra Fértil (donde participan las familias amenazadas por CRAM).
En paralelo, la familia Mamani inició un juicio para obtener el título de sus tierras. “Como casi todos los juicios que son iniciados por las familias campesinas, éste tambien se perdió, por ’falta de prueba’”, señaló la organización, y alertó que el abogado y apoderado de la empresa, Horacio Macedo Moresi, impulsa el remate de las tierras campesinas para cobrar sus “honorarios” (300 mil pesos).
“Este hecho se suma a una seguidilla de atropellos que sufren cotidianamente las familias campesinas indígenas por defender sus territorios de la concentración de grupos empresarios vinculados al poder político-judicial local”, acusó Tierra Fértil, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
En Misiones, la jueza Hebe Toledo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, ordenó a inicios de agosto el desalojo de 70 familias campesinas en el Paraje Pozo Azul (ruta provincial 20, norte provincial). Aún no se ejecutó la sentencia porque en la provincia está vigente una ley de suspensión de desalojos (hasta mayo de 2014). Dentro de nueve meses, y de no mediar una decisión política, las 70 familias serán echadas de esa tierra.
En Santiago del Estero, en el paraje de Oloma Bajada (comunidad campesina indígena en el departamento de Sarmiento, centro de la provincia), entre el 29 de julio y 6 se agosto llegaron topadoras y una cuadrilla de empleados de un supuestos “comprador” de Santa Fe. Las familias campesinas Loto y Rojas denunciaron la “invasión” a sus campos, donde viven desde hace 70 años. E incluso tienen la escritura que los confirma como propietarios.
“Se sucedieron hechos que lamentablemente reflejan lo que a diario se vive en la Provincia y que aparece como noticia recién cuando se llega al extremo doloroso de llorar la pérdida de compañeros que entregan su vida en defensa de la tierra”, alertó la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina) y denunció que las familias rurales fueron denunciadas por el “crimen” de resistir en sus territorios.
A cien kilómetros de Neuquén capital, la comunidad mapuche Campo Maripe defiende el territorios ancestral ahora rebautizado por las empresas petroleras como “Vaca Muerta”, donde ya opera YPF y dio la bienvenida a la estadounidense Chevron. Planifican extraer petróleo con el cuestionado método de “fracking” (o fractura hidráulica”).
La legislación vigente en la Argentina insta a la “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas en las acciones que pudieran afectarlos. Por la explotación petrolera en Vaca Muerta, ni el Estado nacional ni el provincial consultaron a las comunidades mapuches.
Situación nacional
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó en julio pasado el primer relevamiento oficial sobre conflictividad rural. Señaló un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa, 857 casos, que afectan a 63.843 familias. La superficie equivale a 455 veces la ciudad de Buenos Aires.
El 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, señala el estudio “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
El conteo de casos tiene su limitación, aclarado por los mismos autores, fue realizado durante sólo tres meses (de abril a junio de 2011), por lo cual está lejos de ser un mapa completo de la lucha por la tierra rural en Argentina.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre 1 y 9 años. El 20,9 por ciento entre 10 y 19 años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho. De los 857 casos relevados, 278 involucra a pueblos indígenas (32 por ciento).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo oficial señala que en la mitad de los conflictos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte de la Argentina. Desde hace cuatro años releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba).
En marzo de 2013 publicó su tercer informe. Llamado “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales (214 de tierras, 24 ambiente y diez mixtos). Afecta a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de conflictos (123), le siguen Chaco (50), Formosa (38) y Salta (18). La Redaf analiza también por separado los conflictos de tierras y los ambientales. Por disputas de sólo tierras,están afectadas 127.886 personas. “La población aborigen es la que tiene mayor cantidad de personas afectadas por los conflictos de tierra (54 por ciento)”, específica el trabajo y advierte que “el 24 por ciento de las personas afectadas soporta amenazas o ya fue desalojada de sus tierras”. De las 11,8 millones de hectáreas, 2.791.302 hectáreas se ven afectadas por conflictos de tierra, y 10.702.878 por conflictos ambientales. “De los 248 casos relevados, 224 se producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia de la tierra”, afirma y, como dato alentador, en el 98 por ciento de los casos existe protagonismo de los propios afectados, comunidades de base o distintas organizaciones sociales. La contraparte en los conflictos es en el 70 por ciento de los casos el sector privado y en el 30 por ciento el Estado (municipal, provincial o nacional). “Las familias responsabilizan al Estado por no otorgar los títulos de propiedad que les corresponde; no defenderlos durante los actos de usurpación en lotes de poseedores en tierras fiscales; no facilitar el acceso a campesinos sin tierra”, asegura el informe extenso informe de la Redaf.
La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se iniciaron a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones y recuerda que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “EL PEA exige la incorporación de nuevas superficies a la producción agroindustrial y al no mencionar a la región chaqueña como área boscosa con valor ecológico, todo indica que la frontera agropecuaria se seguirá expandiendo en esta región y por consiguiente se iniciarán nuevos conflictos en los próximos años”, alerta.
Redaf explica que la conflictividad tiene directa relación con la diferente forma de entender el territorio y la vida. Para campesinos e indígenas se trata “de una lucha por seguir existiendo como tales, por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de expresarse, de relacionarse con las personas y la naturaleza, de vivir y permanecer”. La tierra es fundamental para su vida, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad. Para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación”. Priorizan el aumento de ganancias y las retenciones en el corto plazo. El tercer informe de conflictos de la Redaf finaliza: “Para los privados y el Estado la tierra representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
