El gobierno uruguayo se enfrascó ayer en un debate incómodo que dejó al descubierto las primeras consecuencias políticas de esta segunda etapa del conflicto en torno a la papelera UPM. Ayer, al acercarse el momento de la movilización convocada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú –la caravana de vehículos está citada para mañana a las 15–, la administración del Frente Amplio se encontró ante un dilema complejo.
¿Deberían permitir el ingreso a territorio uruguayo de los manifestantes? ¿O la opción más razonable sería vedar el acceso de los ambientalistas –a los que ciertos diarios uruguayos definen como "piqueteros"– más allá de la cabina de peaje y el control de aduana del puente binacional? La decisión, finalmente, intentó ser salomónica. Según informó anoche el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo (FPV), quien participará de la protesta desde la cabecera de la caravana, las autoridades uruguayas dejarán pasar a una "delegación de entre cinco y diez personas", con él incluido. El grupo entregará un petitorio al intendente uruguayo de Río Negro, Omar Lafluf. "La manifestación va a ser multitudinaria porque en la comunidad impactó de manera importante la decisión de autorizar el incremento de Botnia", anticipó Bahillo.
La decisión final del gobierno uruguayo estuvo envuelta en un clima de indefinición y suspenso. La pregunta que recorría a los miembros de la Asamblea de Gualeguaychú, al igual que a los funcionarios provinciales y municipales de Entre Ríos, era qué iba a hacer el país vecino con los asambleístas que se movilizarán desde Arroyo Verde, el paraje en el que se mantuvo un corte de ruta por más de tres años. El primer indicio lo aportó el prosecretario de la Presidencia oriental, Diego Cánepa. "Si hay una manifestación, se hará como se hizo muchas veces", deslizó, con cierta vaguedad. El alcalde uruguayo Lafluf (jefe comunal de la intendencia a la que corresponde Fray Bentos) fue más preciso en su contacto telefónico con Bahillo: le comunicó que había conversado del tema con el presidente José Mujica, y que la decisión, acordada con el mandatario, era habilitar el paso de sólo cinco personas, entre ellos el propio Bahillo.
La restricción para el paso a Uruguay no cayó muy bien entre los participantes de la Asamblea. "Sería un atropello a las relaciones internacionales", cuestionaron. En su crítica a la decisión de Montevideo, los ambientalistas recordaron que uno de los argumentos que solía plantear el gobierno uruguayo al protestar por el corte del puente José de San Martín era que se estaba violando el derecho a la libre circulación. "Un Estado no puede ir en contra de sus propios principios, como cuando esgrimían que la circulación era un derecho esencial", planteó José Pouler, integrante de la Asamblea, quien la semana pasada viajó a Buenos Aires para protestar frente a Mujica y la presidenta Cristina Fernández en la inauguración conjunta del nuevo catamarán de Buquebus, el que lleva el nombre del Papa. "Nosotros nos reuniremos tal cual lo planeado, el domingo (por mañana) a las 15 horas, y cumpliremos con lo que se decidió democráticamente en forma asamblearia", agregó Pouler .
La primera reacción de la Asamblea Ambiental fue presionar al gobierno uruguayo para que deje pasar a "todos los participantes" de la caravana. El escenario de la protesta, con distancias muy grandes y un paso fronterizo bastante largo, obligará al uso de vehículos. Además, el puente binacional no está habilitado para el tránsito peatonal o con animales de carga. Desde el paraje Arroyo Verde, en la Argentina, hasta la intendencia de Río Negro, Uruguay, hay alrededor de 20 kilómetros. "Las movilizaciones de la Asamblea siempre han sido pacíficas. En 2007, por ejemplo, pasamos 1000 vehículos. Nos revisaban con el Ejército, con perros adiestrados para detectar bombas o drogas. Nos querían tratar de violentos. Pero nosotros siempre hemos sido familias. Yo, por ejemplo, voy a ir con mi hijo", contó Pouler. Ayer, según información que dejó trascender el gobierno uruguayo, la Prefectura Naval de ese país dispuso un operativo de seguridad en el río ante eventuales "incursiones sorpresivas" en embarcaciones utilizadas por "activistas argentinos".
El clima de tensión, previsible por la evolución de los acontecimientos, generó preocupación en ambas márgenes del río. "Antes de 2005, ir de Fray Bentos a Gualeguaychú era como ir de un barrio a otro del mismo pueblo. Eso lo perdimos, y lo estamos recuperando de a poco. Sería un gran dolor volver a perderlo", se lamentó el uruguayo Lafluf. Y adelantó que mañana recibirá el petitorio de manos de Bahillo y la delegación de asambleístas. "Por responsabilidad, tenemos que reunirnos y charlar un poco", subrayó. La intención de ambas partes es que el conflicto no siga escalando. Sin embargo, más allá de la prudencia, el gobierno uruguayo sigue ratificando su postura de desconocer el peso de los estudios técnicos esgrimidos por la Argentina, en los que se advierte sobre el hallazgo de sustancias contaminantes (cromo, fósforo), pesticidas (endosulfán) y recalentamiento del agua por sobre los niveles establecidos.
Ayer, desde Montevideo, Mujica volvió a asegurar que la empresa UPM "cumple con los estándares ambientales" en la producción de pasta de celulosa. "No porque sean buenos, sino porque son inteligentes y no quieren matar a la gallina de los huevos de oro", insistió. El propio gerente general de la planta finlandesa en Uruguay, Ronald Beare, anunció que UPM hará las inversiones necesarias en "torres de enfriamiento" con el objeto de bajar la temperatura de los líquidos vertidos al río. El jueves, los funcionarios uruguayos no sólo habían defendido los controles de contaminación de la ex Botnia. También habían sembrado dudas sobre una presunta responsabilidad argentina en la contaminación de las aguas del Uruguay. "Al río hay que mirarlo desde su naciente", fue la advertencia de la senadora y primera dama oriental, Lucía Topolansky.
Ante la consulta de Tiempo por estas declaraciones, el intendente de Gualeguaychú realizó una enfática desmentida. Y volvió a cuestionar la seriedad de los controles que se hacen en UPM. "Es absolutamente falso que Gualeguaychú provoque contaminación sobre el río Uruguay. Es la única ciudad de la costa del río que tiene planta de tratamiento de efluentes clocales. Además, aquí se erradicaron todas las curtiembres, se prohibió su radicación, y además se prohibió la extracción de arena del río Gualeguaychú, un afluente del Uruguay, porque la arena funciona como filtro natural. Y eso a pesar de que produce un encarecimiento de los costos de la construcción. En definitiva, en Gualeguaychú hay mucha conciencia ambiental desde hace muchos años. Nosotros no tenemos inconveniente en que se nos monitoree: muy distinto es lo que sucede con las inspecciones a Botnia, porque la empresa exige que se les avise diez días antes de cada control", advirtió Bahillo.
Uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú relató ayer que años atrás, durante los momentos más álgidos de los cortes en el Puente de Fray Bentos en reclamo contra la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM), un referente del diario Clarín le manifestó a los ambientalistas que el grupo mediático no apoyaría su protesta por una cuestión de intereses comerciales.
El asambleísta Jorge Campaña reveló ayer en diálogo con Radio Nacional que el periodista Ricardo Roa, uno de los principales editores del Grupo Clarín, les dijo tiempo atrás que el matutino no apoyaría los reclamos de los entrerrianos contra la papelera.
"Nosotros nos reunimos en el momento pleno de lucha en la época de los cortes con Clarín y el jefe de redacción, (Ricardo) Roa, nos dijo que había intereses creados y tenían posición tomada", informó Campaña.
"Es una pastera que tiene pasta de celulosa y se relaciona a los diarios", recordó Campaña en relación a la posición del Grupo.
Además, el asambleísta señaló que con los informes presentados en las últimas horas se está "demostrando" que "acá hay contaminación".
