sábado, 21 de septiembre de 2013

Repudio a un editorial de La Nación: Negó a los 30.000 desaparecidos.

Organismos y referentes consideraron una "infamia" un artículo de ese diario que descalificó la lucha por los Derechos Humanos.

Organismos de Derechos Humanos repudiaron ayer una nueva columna de opinión pro dictatorial de La Nación, esta vez firmada por el editor de Perfil y entrevistador del fallecido represor Jorge Rafael Videla, Ceferino Reato, quien aseguró que no son 30 mil, sino 7000, las víctimas del terrorismo de Estado que asoló a la Argentina de 1976 a 1983. 

El diario de Bartólome Mitre insistió con el argumento de los detractores de la lucha por los Derechos Humanos, al cuestionar la cifra de asesinados y desaparecidos que denuncian históricamente los familiares de las víctimas y diversas organizaciones del país.

El editorialista de La Nación descalificó sin miramientos a las organizaciones que reivindican a las 30 mil víctimas que dejó la última dictadura cívico militar, de la que ese diario fue sostén ideológico. Lo hizo al señalar que "recuerdan a los dirigentes de esas ONG 'truchas' que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país". "¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de 7000 víctimas que registra el último documento publicado por el gobierno sobre este tema, en 2006?", inquirió, sofista, Reato.

El repudio al pronunciamiento de La Nación se hizo sentir en las redes sociales. La cuenta de Twitter de Reato se vio inundada de críticas y reclamos de seguidores indignados que destacaron su falta de rigurosidad informativa y le recordaron su vínculo con el ex dictador.
Por otra parte, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, sostuvo que "no es la primera vez que cuestionan el número de desaparecidos". "No importa si fueron uno o 10 mil, aun si hubiese habido un detenido-desaparecido, lo mismo exigiríamos justicia legal, jamás por mano propia, pero fueron y son más de 30 mil." "Repudio que esta persona (por Reato) diga que especulamos con el número de desaparecidos. Más que declaraciones, son infamias que insultan la memoria de nuestros queridos hijos. Provienen de sectores que siguen siendo cómplices del genocidio cívico-militar-clerical", expresó la Madre.

En su artículo "Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso", Reato arriesgó que los organismos de Derechos Humanos "han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro". Y agregó que "temen pagar un costo político si admiten la cifra" porque "razonan con una lógica de poder y ya no les interesa la verdad".

En respuesta a esas afirmaciones, Almeida señaló: "La lucha que llevamos adelante los organismos de Derechos Humanos no es una cuestión de partidismos, lo hacemos por Memoria, Verdad y Justicia."

En tanto, desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, aseguraron que prefieren no contestar a Reato, ya que fue el entrevistador de Videla. Por su parte, el nieto recuperado Pablo Gaona Miranda sostuvo que lo escrito por Reato en La Nación "es una versión cargada de falsedad y con una tendencia muy clara de deslegitimar la lucha de los organismos de Derechos Humanos, dando golpes bajos, como negar a los 30 mil compañeros". "A los que tenemos familiares desaparecidos nos duele profundamente (el artículo del matutino de los Mitre). Más cuando dice que ocultamos cifras por conveniencia e interés", recalcó.

Gaona Miranda negó que las organizaciones tengan la "legitimidad gastada", como espetó Reato en su artículo. "El kirchnerismo fue fundamental para los organismos de Derechos Humanos. Gracias a la decisión política de Néstor (Kirchner, el ex presidente), se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se promovieron los juicios de lesa humanidad y se restituyeron las identidades de muchos nietos, entre los cuales me incluyo", señaló.

Tarjeta Argenta: La Anses denunció 268 casos de fraude contra jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que son 268 los casos de personas que falsificaban documentos de identidad de jubilados y pensionados para solicitar la tarjeta Argenta.


"De este universo de casos, los que pudieron ser detectados antes del cobro del haber mensual no sufrieron descuento alguno. En el resto, dicho descuento fue restituido en su totalidad manteniendo intacto el haber del jubilado o pensionado", sostuvo la ANSES a través de un comunicado de prensa.

De esta forma, la dependencia que conduce Diego Bossio realizó una serie de precisiones sobre los hechos vinculados con el Programa Argenta, a raíz de afirmaciones falsas publicadas en la edición de hoy del diario Clarín.

"En primer lugar, los controles preventivos del organismo que permiten detectar maniobras fraudulentas están funcionando correctamente, ya que la denuncia que se atribuye Clarín fue realizada el 23 de abril por la Anses", señala el organismo.

"La maniobra fue denunciada de oficio por las alertas de los controles preventivos, antes de que cualquier afectado pudiera formular reclamo ante el organismo", indicó la entidad.

La dependencia oficial señaló que al comprobarse esta maniobra ilícita, "a través de la comunicación telefónica de la ANSES con los supuestos solicitantes que informaban que no habían pedido tarjeta alguna, el organismo previsional le requirió a las sucursales del Correo Argentino verificar la documentación que entregan los supuestos titulares al momento de tramitarla, cotejando con las fotos que la Anses envió, oportunamente, a las distintas delegaciones".

La dependencia, en el comunicado, detalló de manera cronológica las denuncias realizadas ante la Ufises: la primera fue el 16 de abril de 2013 y comprendió a 3 casos.

Luego, el 29 de abril, denunciaron otros 35 casos y así hasta el 11 de septiembre del corriente año, cuando pasaron a sumar en total 52 casos.

Además, Bossio denunció personalmente ante el fiscal Guillermo Marijuán la estafa que se había llevado adelante contra los jubilados y solicitó expresamente que se investigue si hubo empleados de la Anses involucrados en la maniobra.

"Hubo otras épocas en las que desde la Anses no se realizaban los controles exhaustivos y necesarios para cuidar los intereses de los jubilados. Sin ir más lejos, entre diciembre del 2005 y diciembre del 2007, se realizó una estafa masiva por parte de una tercera entidad (Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ferromar Limitada) contra más de 70.000 jubilados, en la que incluso estuvieron involucrados funcionarios de la Anses de ese momento, como la Gerencia de Prestaciones", recordó la dependencia previsional.

Actualmente, la Dirección General de Control Prestacional de la Anses es responsable de evaluar que cualquier préstamo notificado al organismo para su descuento automático, haya sido previamente depositado en la cuenta sueldo del jubilado.

Una que vez que se constata que el dinero ingresó a dicha cuenta, y cumplido el resto de los requisitos, como no superar el tope en la tasa de interés, se procede a realizar el descuento.

"Por este motivo, desde la implementación del decreto presidencial que ponía tope a las comisiones e intereses de las mutuales y cooperativas, prácticamente no se registraron denuncias de fraude contra los jubilados por créditos de terceras entidades", sostuvo la Anses.

La dependencia recordó que en noviembre de 2011, antes del decreto presidencial que regulaba los créditos, las mutuales otorgaban 250.000 préstamos mensuales, "muchos de ellos a tasas usurarias y altamente perjudiciales para los jubilados".

"Actualmente, los créditos Argenta, financiados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, superan ampliamente a los de todas las terceras entidades juntas", agregó el comunicado.

Hasta agosto de 2013 se entregaron más de 370.000 créditos Argenta a jubilados y pensionados de todo el país.

La Anses también señaló en el marco de una investigación sobre fraudes bancarios, se efectuó un allanamiento el 17 de julio de este año durante el cual se detectó la existencia de documentación apócrifa, tarjetas Argenta, planillas con nombres, apellidos y número de beneficios de la Anses.

Ante la posibilidad de que se utilizara ese listado para realizar hechos ilícitos, y como medida preventiva, el juez Claudio Bonadío emitió en esa oportunidad una orden por la cual requirió a la Anses que se suspendan los pagos de los haberes jubilatorios de una nómina de personas a partir del día 17 de julio del corriente año, junto con la remisión de la documentación relacionada con las solicitudes de la tarjeta Argenta.

A las personas afectadas por esta medida se les solicitó que se dirigieran al Juzgado del juez Bonadío con su DNI para acreditar su identidad.

Al verificarse su identidad, el Juzgado ordenó restablecer el pago de los haberes, algo que la ANSES efectuó de manera inmediata. Al mismo tiempo, la Anses comenzó a efectuar controles para determinar si se había cometido un fraude en su contra.

Personas sin hogar sobreviven gracias a bitcoines e incluso ahorran.

Abrir una cuenta en bitcoines, ver una docena de videos en la pantalla de un dispositivo portátil y apretar varias veces un botón donde lo piden permite a algunas personas sin hogar sobrevivir a diario e incluso ahorrar.


Esa es la situación de Jesse Angle, estadounidense de 42 años, quien considera más seguro acceder a la ayuda caritativa y guardar su dinero en la divisa digital más popular. Según relató a la revista 'Wired', abrió una cartera en bitcoines hace tres o cuatro meses y ahora tiene en ella entre cuatro y cinco bitcoines (equivale a 500–630 dólares) sin ofrecer ningún servicio a nadie.

Junto a otros 'sin techo' de Florida, el hombre se coloca por la mañana junto al muro de una biblioteca pública y aprovecha el acceso gratuito a Internet mediante Wi-Fi. Gracias al servicio llamado BitcoinGet, destinado a atraer tráfico a ciertos videos, Jesse gana por cada uno que vea 0,0004 bitcoines, aproximadamente 5 centavos de dólar. Puede ver hasta 12 vídeos al día, lo que le asegura unos 60 centavos diarios.

La aplicación Bitcoin Tapper le permite aumentar estas ganancias, ya que reparte aproximadamente 0,000133 bitcoines al día entre los que simplemente den un toque en un icono repetidas veces. Jesse admite que el diseño, que procura capturar su atención mostrándole anuncios, no está a la altura de la sofisticación, pero personalmente a él le facilita conseguir alimentos.

Y lo hace también con los servicios que admiten bitcoines. La herramienta Gyft (en Android) le permite convertir sus reservas en la divisa digital en tarjetas regalo de algunas pizzerías u otros locales, cuyos productos se pueden pedir en línea. Paso seguido, Jesse hace un pedido vía Internet.Resumiendo sus experiencias con el bitcóin Jesse dice: “Es mucho menos embarazoso [que pedir limosna en la calle]. No hay que abrirse de piernas ahí.” 

Un día este 'sin techo' descubrió también que una asociación caritativa de la ciudad de Pensacola, en donde reside, solicita –y luego reparte– donaciones no solo en dólares, sino también en bitcoines y tiene mucho éxito recobrándolas. El programa 'Sean’s Outpost' recibe dinero de 25 países y ha adquirido con ello casi 16.000 raciones de comida para los indigentes. 

Los dos argentinos de Greenpeace podrían ser acusados de terrorismo.

Lo dijeron voceros de la guardia costera rusa. Un comité evalúa la imputación. Los activistas Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi participaban de una protesta de la organización ecologista contra una petrolera que actúa en el Ártico. 

 

Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, los activistas argentinos de Greenpeace detenidos desde el jueves por la guardia costera rusa a bordo del barco Arctic Sunrise, están bien y no fueron maltratados. Así lo aseguraron fuentes de ambos países y de la organización ecologista. Realizaban una acción en el marco de la campaña Salvá el Artico contra la petrolera Gazprom. El próximo lunes, el barco anclará en el puerto de Murmansk, donde el caso pasará a manos de la justicia y podría complicarse la situación de los activistas, ya que las autoridades rusas evalúan acusarlos de terrorismo.


Camila tiene 21 años, es voluntaria de la entidad desde hace cuatro años y cumplía en el Arctic Sunrise su primera misión en el exterior. Para eso viajó a Rusia hace 16 días. Su madre, Paula Boscaroli, contó a Tiempo Argentino que mantuvo una conversación con su hija por medio de Facebook en la que le dijo que estaba bien. "Estamos tranquilos y preocupados, pero confiados en que pueden estar bien", resumió.

La mujer es trabajadora social y su marido, Néstor Speziale, docente. Dijo que "como familia somos muy dedicados al compromiso social. Camila es muy valiente por lo que hace y por pensar en mucha gente, en el futuro de todos nosotros." Martín, es el segundo oficial del barco. Trabaja para Greenpeace internacional. Es marplatense pero sólo permanece unos meses en esa ciudad.

El trato es bueno, el barco funciona como en campaña, y la tripulación se alimenta bien, pero permanecen bajo el mando de ellos. Ningún oficial de la guardia costera rusa apuntó con sus armas a los activistas y nadie está maniatado. Así lo habían precisado fuentes de la organización ecologista el jueves, pero Gustavo Stancanelli, jefe de prensa de Greenpeace, llevó tranquilidad .

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia también desmintió el uso de armas y que algún tripulante sufriera daños durante el registro de la embarcación y la cancillería rusa consideró extremista y provocadora la actitud de quienes se acercaron a la plataforma petrolera en el mar de Pechora, sin tener en cuenta las medidas de seguridad establecidas en esa área. La cancillería argentina "ha estado en contacto desde un primer momento con directivos de Greenpeace en Argentina y Rusia, y con los familiares de los dos argentinos detenidos", según expresó en un comunicado la Dirección de Argentinos en el Exterior.

Las autoridades rusas evalúan acusar de terrorismo a los activistas detenidos. El Comité de Investigaciones de Rusia (CIR) abrió un expediente a tal efecto y así lo expresó a la radio local la portavoz de la guardia costera, Lilia Moroz: "A los detenidos a bordo del barco se les acusará posiblemente de 'terrorismo' porque en un bote que fue bajado del barco se encontró un objeto que parecía una bomba." En más de 40 años de existencia nunca se conoció una acción de Greenpeace que incluyera armas de ningún tipo.

El servicio secreto ruso (FSB) denunció que el capitán del Arctic Sunrise ignoró las órdenes de detenerse y se negó a firmar el protocolo de registro. Moroz afirmó que el barco se encontraba en la zona de bloqueo, de unos 500 metros de ancho, rechazando así la declaración de Greepeace en la que asegura que se encontraba en aguas neutrales. El FSB también reveló a la agencia de noticias Interfax que el barco está siendo remolcado a la ciudad portuaria de Murmansk, donde se espera como pronto el lunes y donde el caso pasará a manos de la justicia. Es incierto si van a seguir detenidos a bordo, aunque hasta ahora nadie bajó del barco.

Greenpeace acusa a Rusia de dañar el sensible ecosistema del Ártico con las exploraciones petrolíferas. Un incidente similar ocurrió en agosto de 2012, cuando seis escaladores de Greenpeace ocuparon por 15 horas esa misma plataforma de Gazprom (socia de Shell), que de acuerdo con los planes debe comenzar a producir antes de diciembre del año en curso.

Cuatro millones de adherentes

La campaña Salvá al Artico ya cuenta con la adhesión de 4 millones de personas a nivel global que exigen que la zona deshabitada alrededor del Polo Norte sea declarada área protegida por las Naciones Unidas y que se prohíba la actividad petrolera y la pesca industrial que ponen en peligro esta región.

Durante el verano de 2012, dos barcos de Greenpeace con material científico de punta, el Arctic Sunrise y el Esperanza, zarparon hacia el Ártico con el fin de documentar su ecosistema. Entre otras cosas, detectaron presencia de coral sobre la zona perforadora de Shell en el mar de Tchouktches. A partir de allí comenzaron las acciones contra la empresa en numerosas ciudades del país para advertir que un derrame en este ambiente frágil sería un desastre.

En febrero de este año, Shell tomó la decisión de anular todos sus planes de perforación ártica a lo largo de Alaska para el año 2013. En marzo fue el turno de la petrolera Statoil, aunque continuará con sus perforaciones a lo largo de Noruega.
Un estudio publicado el 19 de junio último, por el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Oxford (Inglaterra) reveló que el permafrost, el subsuelo ártico congelado, podría comenzar a descongelarse entre los próximos 10 - 30 años.

Protesta reciente

El cinco de septiembre pasado, Mario Pergolini, conductor de Tenemos malas noticias (de lunes a viernes de 9 a 13.30, por FM 103.1, Voprterix) se calzó un traje de oso polar y se paró frente a una estación de servicio en Figueroa Alcorta y Castilla para protestar junto a Greenpeace en defensa del Artico.

"¿Saben cuál es el precio de perforar en el Artico en búsqueda de petróleo?", fue la pregunta de Pergolini a los conductores presentes y empleados de la estación. "Yo soy el precio", concluyó mientras se quitaba la máscara de oso.

 

Pueblos originarios: Demandan al Estado Nacional.

Durante la mañana del 18 de septiembre, representantes de distintas comunidades originarias presentaron una demanda en los tribunales en perjuicio del Estado Nacional. Dicha acción fue acompañada por la diputada provincial de la CTA, Rita Liempe (UP), quien está abordando la temática y trabajando en forma conjunta con los distintos pueblos.


El pedido para que la justicia intervenga en la grave situación que están atravesando los pueblos, se realiza una vez que se han agotado instancias políticas de diálogo con las autoridades nacionales.

“Los hermanos están cansados de que siempre se los use políticamente. Es decir, cuando tenemos que mostrar lo pluralista y ’progres’ que somos, corremos a sacarnos la foto junto a los indígenas. Pero a la hora de reconocerles los derechos ancestrales, el gobierno de Cristina kirchner no ha avanzado en nada. Inclusive la reforma del Código Civil, es retrógrada con respecto a las comunidades, ya que no reconoce el derecho comunitario a la propiedad de la tierra”, señaló Liempe.

La demanda presentada por los distintos pueblos (mapuche, kolla, tehuelche y wichi), cuenta con distintos puntos. El pleno cumplimiento del Convenio Nº169, así como, la intervención del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas), aparecen como los reclamos centrales.

“El Estado Nacional debe implementar los mecanismos necesarios para que los representantes de las comunidades sean legítimamente elegidos y no como es ahora que los elige su cercanía al gobierno”, finalizó diciendo la legisladora de la CTA por Unidad Popular.

Hasta el INDEC lo admite: El empleo en negro no deja de crecer.

Datos oficiales demuestran que el empleo en negro volvió a crecer en el segundo trimestre del año y afecta a 4.2 millones de argentinos. A escala nacional se ubica en 34,5%, luego de haber bajado antes hasta 32%. En el norte del país llega al 43%, según las controvertidas cifras del INDEC en las que no cree nadie. 


Los más afectados: Personal doméstico, construcción y hoteles, son record en empleo en negro.

En el Norte argentino el trabajo en negro volvió a pegar un salto y ya supera el 43%. Y es uno de los factores que explica el aumento del empleo no registrado a nivel nacional que alcanzó el 34,5%.

Esos datos son oficiales, corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2013 que ayer difundió el INDEC. Abarca a 31 regiones o grandes ciudades urbanas.

Si se agrega el interior de las Provincias, que tiene elevados niveles de informalidad, el empleo en negro podría llegar al 40%.

El 34,5% de empleo en negro equivale a 4.200.000 de trabajadores sobre casi 12,2 millones de asalariados privados y del sector público.

O dicho de otro modo, uno de cada 3 empleados en relación de dependencia no tiene derecho a la jubilación, no está cubierto por una obra social o ART y gana menos y también tiene menos beneficios laborales que el resto de los empleados que están registrados.

Si se descuenta el empleo público, que se supone está registrado, el trabaja en negro en el sector privado rondaría el 45%.

Además hay otros 4 millones de personas ocupadas no asalariada que trabaja por su cuenta, como profesionales, donde se estima que la informalidad laboral es más elevada. En total los ocupados suman 16,1 millones y los desocupados 1,3 millones.

Entre los que trabajan en negro, el grueso son trabajadores de la construcción, de servicios de hotelería y restaurantes, y el personal doméstico (tanto por horas o por jornada completa). En estas actividades el empleo informal supera largamente el 60%.

Un año atrás el empleo informal también arrojó el 34,5%. Pero hacia fines de 2012 y comienzos de 2013 se esbozó un descenso, alcanzando el 32% en el primer trimestre. Ahora volvió a subir al 34,5%, un porcentaje que muestra un alto nivel de precariedad laboral. Y también que la calidad laboral no mejoró pese a que, de acuerdo a los datos oficiales, la economía podría crecer este año más del 5%.

Así las cosas, el balance laboral oficial de los últimos 12 meses muestra que de 4.170.000 empleos en negro del segundo trimestre de 2012, se pasó a 3.880.000 en el primer trimestre de 2013 para incrementarse a 4.200.000. También indica que el desempleo siguió estancado en el 7,2% y que la tasa de empleo se mantuvo casi sin cambios, con un leve aumento de los subocupados.

Quizás conociendo estos datos, y ante las quejas de varios sindicatos, desde el Gobierno volvieron a anunciar un plan de lucha contra el empleo negro, con más inspecciones.

Sin embargo, aunque el promedio interanual no varió, la radiografía del empleo no registrado muestra fuertes disparidades con relación a un año atrás.

El dato sobresaliente es el fuerte incremento de la informalidad laboral tanto en el Noreste (NEA) —que subió del 40,1 al 43%— como en el Noroeste (NOA)- que aumentó del 40,9 al 43,3%.

A la cabeza de la informalidad está Corrientes con el 46,8, seguida de Tucumán con el 45,9%, Salta con el 44%, Resistencia (Chaco) con el 43,5% y tanto Formosa como Santiago del Estero con el 43%.

Estas cifras llamaron la atención porque informes anteriores del INDEC mostraban al Norte con menores tasas de desocupación y hasta pleno empleo, como en el caso de Resistencia (Chaco). Y también menores porcentajes de indigencia y pobreza que en el resto del país.

Ahora, el INDEC confirma que mientras el promedio nacional es del 7,2%, en el NEA la desocupación sería del 2,5% y en el NOA del 5,8% pero más de 4 de cada 10 ocupados asalariados no están registrado.

En gran parte eso podría explicarse porque muchos trabajadores se declaran “ocupados” porque tienen algún plan de empleo, pero reciben un subsidio sin descuentos jubilatorios. Para muchos especialistas este alto porcentaje de informalidad no sería otra cosa que ocupación disfrazada y a traves de la asistencia social el Estado precariza el empleo.

Por ejemplo, según la CGT si no se consideran los planes, el desempleo del 7,2% sube al 16,8%, habría menos gente ocupada y el empleo en negro sería más bajo.

En la region metropolitana, el empleo en negro también se mantiene estancado respecto de un año atrás, con disparidades porque aumenta en el Conurbano Bonaerense del 38,6 al 39,1%, mientras en la Capital baja del 22,7 al 21,6%. En ambos casos aumenta con relación al último trimestre.

En tanto, en la región de Cuyo el trabajo en negro es de 34,7 %, en la región Pampeana de 31,5 % y en la Patagonia llegó a 18,9%. Con el 12,9%, Comodoro Rivadavia figura con el menor empleo en negro.

EE.UU. no otorga visados a los ecuatorianos afectados por Chevron.

El Gobierno de EE.UU. no ha otorgado los visados a un grupo de ciudadanos ecuatorianos que pretendían demandar a la petrolera Chevron en la Asamblea General de la ONU, informó la Cancillería de Ecuador.


El Gobierno de Ecuador ha expresado, en un comunicado, su molestia con el de EE.UU. "por la falta de trámite de las visas a cinco ciudadanos con pasaporte especial otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana".

Según denunció la Cancillería, los ciudadanos en cuestión, afectados por los daños ambientales imputados a la empresa Chevron-Texaco en la Amazonía, debían "acudir a la sede de Naciones Unidas para presentar su testimonio durante un evento especial que se realizará en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU".

"Sin ninguna respuesta, la Embajada de Estados Unidos en Quito, devolvió los pasaportes especiales otorgados por el Gobierno ecuatoriano a cinco ciudadanos afectados por la contaminación, quienes debían asistir a un evento oficial en Naciones Unidas, por lo tanto están protegidos por las normas del 'Convenio de Sede' de la ONU", agregó el Ministerio.

Según el comunicado, el Gobierno ecuatoriano, que es "respetuoso del Derecho Internacional", exige "que todo país se comporte con la misma ecuanimidad y respeto a las normas vigentes y a la costumbre internacional, tal como lo hace Ecuador".

La Cancillería recordó, además, que la compañía Texaco, adquirida por Chevron en 2001, contaminó 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, causando "uno de los mayores desastres medioambientales de la historia".

El analista político Juan José Gutiérrez opina que con la negativa de otorgar visados a los ecuatorianos afectados por Chevron, EE.UU. "está demostrando una vez más su verdadero rostro, y ese rostro es el de un Gobierno hipócrita".

"Busca proteger antes que los derechos de estos ciudadanos latinoamericanos los intereses corporativos, los intereses financieros de Chevron, una transnacional poderosísima en EE.UU.", añadió el experto.

La noticia surge un día después de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, denunciara que las autoridades estadounidenses habían negado el visado a varios funcionarios de su país que pretendían asistir al foro de cooperación América del Sur-África en Nueva York. 

Además, el canciller venezolano, Elías Jaua, informó que las autoridades estadounidenses también prohibieron el vuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico para un trayecto hacia China, acción que calificó como "una agresión".