El juicio por jurados es ley en la provincia de Buenos Aires

Será incorporado para delitos cuya pena exceda los 15 años de prisión o reclusión. El jurado estará compuesto por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes.



El gobernador Daniel Scioli logró marcar un hito en el servicio de justicia: el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó ayer una reforma al Código Procesal Penal para instaurar el juicio por jurado en este territorio.

La ley propuesta por el gobernador a la Legislatura hace un año y medio fue aprobada por mayoría en la Cámara alta.

El juicio por jurado se instrumentará en delitos graves con penas máximas que excedan los 15 años de prisión. El jurado, que sólo podrá determinar la inocencia o culpabilidad de un acusado, intervendrá en homicidios, violaciones, lesiones graves y torturas.

Según la norma, el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes que serán elegidos por sorteo del padrón electoral, y recibirán instrucciones de un juez, quien les indicará el encuadre jurídico de la cuestión a resolver.

Esta norma establece que luego del debate decidirá el jurado en torno a la inocencia o no del ciudadano sometido a proceso.

Determina también que el veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas, y si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos.


Requisitos para ser miembro del jurado
Para ser miembro de un jurado se deberá ser argentino nativo o naturalizado con no menos de cinco años de ciudadanía, tener entre 21 y 75 años, entender plenamente el idioma nacional y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. Además los miembros recibirán un pago por este deber cívico.

La Junta Electoral bonaerense confeccionará anualmente, por sorteo en audiencia pública, los listados principales de ciudadanos que cumplen con esos requisitos, discriminados por Departamento Judicial y por sexo, a razón de un jurado por cada mil electores empadronados en el registro general actualizado.

La ley fue apoyada por la mayoría de las bancadas del Senado con excepción del Frente Renovador que no participó del debate y se retiró del recinto luego de no conseguir los votos para tratar sobre tablas su proyecto de ley de Policía Comunal.

Pese a ser sancionada la ley, la titular de la bancada del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, se comprometió a estudiar en las comisiones algunas reformas propuestas por la oposición, fundamentalmente en torno al requisito de que los jurados deben saber leer y escribir, cuestión no prevista en la ley.

Previsto en la Constitución Nacional, esta normativa ya existe en las provincias de Córdoba y Neuquén.

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La sonda Voyager 1 se convierte en el primer artefacto humano en salir del sistema solar

La sonda Voyager 1, de la Agencia Espacial estadounidense, se ha convertido en el primer objeto hecho por el hombre en entrar en el espacio interestelar y abandonar el sistema solar, según ha confirmado la NASA este jueves.



Los científicos han explicado que la nave espacial no tripulada ha cruzado la frontera magnética que separa el Sol, los planetas del sistema solar y el viento solar del resto de la galaxia.

El anuncio se produce más de 36 años después de que la nave espacial no tripulada despegase en un viaje que proporcionó a la humanidad las primeras imágenes de un primer plano de Júpiter y Saturno antes de dirigirse hacia el espacio profundo.

"Al salir de la heliosfera y establecerse en los mares cósmicos entre las estrellas, Voyager se ha unido a otros recorridos históricos de la exploración como la primera circunnavegación de la Tierra o los primeros pasos en la Luna", ha dicho Ed Stone, científico jefe de la misión. "Estamos en una nueva región del espacio, donde nada ha estado antes", añadió. Según la NASA, Voyager 1 está actualmente a 18.800 millones de kilómetros de la Tierra.

Según la NASA, Voyager 1 está actualmente a 18.800 millones de kilómetros de la Tierra.

Las especulaciones a propósito de que la sonda había salido del sistema solar se han repetido en los últimos años, pero este jueves la NASA ha confirmado que las pruebas magnéticas permiten afirmar con seguridad que la nave ha superado la barrera del alcance solar.

En marzo, varios científicos ajenos a la agencia presentaron datos en la revista Science argumentando que la sonda había llegado al espacio interestelar el 25 de agosto de 2012, pero Stone advirtió entonces de que aún había que detectar ciertos cambios en el campo magnético para corroborarlo.

La heliosfera, la región por la que transitaba hasta hace un año la Voyager 1, es una enorme masa de partículas solares que envuelve a los planetas y los protege de la radiación galáctica, mientras que ahora, en el exterior de la heliosfera, se encuentra en un espacio oscuro y frío entre las estrellas.

Las naves gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, fueron lanzadas en 1977 para una primera misión cuyo objetivo era explorar Júpiter y Saturno, mientras que la Voyager 2 viajó a Urano y Neptuno antes de continuar su exploración sobre los límites de la influencia del sol.

Ambos aparatos continuaron emitiendo sus datos regulares desde entonces, hasta que el 25 de agosto del año pasado, la Voyager 1 experimentó un descenso brusco de las partículas cargadas de energía que se producen dentro de la heliosfera.

A consecuencia de aquello, los científicos esperaban que la dirección del campo magnético en el espacio se invirtiera corroborando la salida de la nave del sistema solar. Sin embargo, aquello no ocurrió de manera inmediata, por lo que pidieron prudencia.

"El equipo Voyager necesitaba tiempo para analizar las pruebas y darles sentido. Pero ahora podemos responder a la pregunta que todos hemos estado esperando: ¿Ya llegamos? Sí, lo hemos hecho", concluyó.

CHINA

Por una letra: 'Hackers' atacan la NASA en lugar de la NSA

Un ataque de un grupo de 'hackers' brasileños a la página web de la NASA ha desatado una controversia en la red, debido a que su objetivo posiblemente tendría que haber sido el portal de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU.



"Dejen de espiarnos. La población brasileña no está de acuerdo con su actitud", dice el mensaje del grupo de piratas, de nombre #BMPoC, dirigido supuestamente al Gobierno estadounidense, a quien recientemente se acusó de espiar las comunicaciones de la presidente brasileña, Dilma Rousseff, según documentos filtrados de la NSA.

El ataque afectó a varias páginas oficiales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que nada tiene que ver con las políticas de inteligencia de Washington. Por otro lado, este mismo grupo ya había vulnerado la seguridad de la organización espacial en abril pasado, por lo que no se descarta un ataque premeditado.

En el mensaje también se hizo referencia a la posición de los 'hackers' sobre la situación de Siria: llamaron al presidente Barack Obama un ser sin corazón e inhumano, y rechazaron una intervención militar.

RT

Casación dispuso la prohibición de salida del país del suspendido juez Pedro Hooft.

Lo resolvió la Sala II del máximo tribunal penal, a instancias del Ministerio Público Fiscal. El magistrado afronta un juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, que lo suspendió para el ejercicio de sus funciones.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Pedro R. David, a instancia de las peticiones formuladas por el Ministerio Público Fiscal, dispuso la prohibición de salida del país del juez Pedro Cornelio Federico Hooft, en el marco de la causa penal en la que se encuentra imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El magistrado se encuentra asimismo afrontando un juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires que lo suspendió para el ejercicio de sus funciones.
La casación reafirmó en el caso el principio que establece que las inmunidades previstas por la ley no constituyen un privilegio personal.

La Sala 2 de la Cámara de Casación le prohibió la salida del país al juez Pedro Cornelio Federico Hooft, acusado por garantizar la impunidad de los grupos de tareas del terrorismo de Estado. La decisión revirtió dos fallos anteriores: uno del juzgado de instrucción y otro de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. El fallo toma como antecedente lo que sucedió con la fuga de Otilio Romano y da continuidad a un criterio que viene fijando esa sala sobre los imputados por delitos de lesa humanidad. Pero también es importante hacia el interior del “caso Hooft”, en el que el suspendido juez de Mar del Plata viene montando una campaña mediática para desacreditar la investigación. La resolución avanza tomando como antecedentes la suspensión y los datos de la indagatoria y revisa la idea de la “inmunidad” que usa el magistrado como escudo para bloquear cualquier avance en el expediente.

La resolución de la Sala integrada por Alejandro Slokar, Pedro David y Angela Ledesma se tomó en una semana. Los fiscales de Mar del Plata habían pedido la prohibición de salida del país para Hooft primero en el juzgado de primera instancia y luego ante la Cámara de Apelaciones. En las dos instancias fue rechazado. Apelaron. Y este recurso prosperó aun cuando la Cámara de Mar del Plata rechazó la apelación a Casación, instancia a la que la fiscalía finalmente tuvo que acudir en “queja”. Ante la Casación actuó el fiscal general Javier de Luca. En la primera instancia intervino entre otros el fiscal general Horacio Azzolin, que ahora encabeza la acusación de esta causa.

“Como los jueces tienen inmunidad de arresto, las otras instancias entendieron que la prohibición de salir del país implicaría una violación a esa inmunidad. Ese fue el argumento central de los rechazos”, explica Azzolin. La fiscalía, en cambio, tuvo otra lectura. Tomó en cuenta que Hooft aún es magistrado, continúa teniendo fueros, pero está “suspendido” por el juicio político que se abrió en La Plata. “En ese sentido, planteamos que la inmunidad tiene que ser entendida bajo dos aspectos. Por un lado es una prohibición para arrestar a un juez hasta su destitución, es decir no lo podés poner preso. Por otro lado, el fundamento de la ‘inmunidad de arresto’ está pensado históricamente para permitir trabajar libremente a los jueces, porque es una inmunidad para garantizar la libertad para la función que realiza. Como él está suspendido, entendimos que no estaba cumpliendo con la función y entonces la inmunidad no tenía razón de ser. Casación recogió estos dos argumentos.”

La resolución, además, toma otras consideraciones de contexto: los problemas que existen en el juzgamiento de los casos de lesa humanidad con los prófugos y el ejemplo de Otilio Romano, el ex juez que se escapó a Chile cuando lo acusaron por delitos de lesa humanidad y que acaba de ser extraditado. En las dos páginas, no evocan las estrategias que desplegó Hooft para evitar presentarse en los innumerables llamados a indagatorias pero sugieren alguna cosa al mencionar las “excepcionalísimas” condiciones de esta causa. Tampoco dicen nada sobre el lobby desplegado por Hooft por fuera de la causa. Ni del rol que cumplió su hijo, que es funcionario de un juzgado federal de Mar del Plata y fue enviado a la casa de un fiscal para robarle unas declaraciones bajo presión. Pero Casación evitó enviar las comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad y Migraciones vía el juzgado y acudió a la Cámara de Mar del Plata.

“Es el primer caso de prohibición de salida del país a un juez que todavía es juez”, dice Azzolin. Esta misma sala le impidió la salida del país al ex juez federal Ricardo Lona, de Chaco, pero en ese caso ya había renunciado al Poder Judicial. “En ese sentido, es importante porque va señalando que el tema de la ‘inmunidad’ de los jueces empieza a dejar de correr cuando son suspendidos. La inmunidad está ligada a la función, cuando la función no es ejercida esas inmunidades empiezan a ser relativizadas y esto es lo que está mostrando este fallo”.

Para quienes impulsan la causa, esta decisión de la Cámara de Casación es un primer paso “para remover los obstáculos que está planteando Hooft para evitar sustraerse del proceso de justicia”.

Se agudiza el conflicto en la provincia de Buenos Aires: habrá paro general el 10 de Octubre.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) provincia de Buenos Aires, anunció en conferencia de prensa la construcción de un paro multisectorial para el 10 de octubre, con movilización a la Casa de Gobierno en reclamo de políticas sociales y para los trabajadores, según se dispuso en la última reunión de mesa provincial de esa central sindical que nuclea a trabajadores estatales, judiciales, profesionales de la salud, docentes, del sector privado y de organizaciones sociales y territoriales.

Oscar “Colo” De Isasi, referente de la CTA provincia, expresó que con esta medida buscan un “cambio de las políticas públicas, que las mismas prioricen las necesidades de las poblaciones mas vulnerables y de los trabajadores en general”. En ese sentido, exigió más “inversión en educación, salud, niñez”.

Asimismo, el estatal puntualizó que será la “primer movilización que va a discutir las políticas públicas con una propuesta de presupuesto”. “No queremos que sea de ajuste –agregó- como el que se aprobó el año pasado y que significó que hoy el Ministerio de Desarrollo Social sea un ministerio fantasma, que tengamos el presupuesto de salud más bajo en comparación, que la secretaría de Niñez sea sólo una pantalla, y que se hayan precarizado puestos de trabajo”.

De Isasi explicó que la CTA propone “políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la gente y un presupuesto que garantice estas políticas, con estabilidad laboral, salarios dignos, paritarias para el sector municipal, para los judiciales, nombramiento de personal en áreas criticas, políticas de vivienda, entre otras cosas”.

A 40 años del golpe militar en Chile, reflexiones desde la perspectiva Mapuche, por Héctor Llaitul.

A 40 AÑOS DEL GOLPE MILITAR EN CHILE
REFLEXIONES DESDE LA PERSPECTIVA MAPUCHE
1. La refundación del Capitalismo en el Wallmapu

El Golpe Militar constituye una acción que tuvo por objetivo la reconquista de los intereses económicos por parte de la oligarquía chilena e internacional, lo que afecto a los chilenos en general y a nuestro pueblo en particular.

El despojo territorial mapuche y el arreduccionamiento de nuestro pueblo, sobreviviente del exterminio, son resultado de un mismo conflicto histórico de intereses en donde el golpe militar de 1973 constituye un hito de suma importancia para la historia de nuestro pueblo.

Sin duda con el golpe militar se inicia una de las transformaciones económicas más importante para el Pueblo Mapuche, a través de un proceso de contrarreforma de carácter violento cuyas consecuencias sociales, en el plano de las violaciones a los derechos humanos, ha sido prácticamente invisibilizado por la historia, específicamente, por las Comisiones de Verdad y Justicia en cuyos informes jamás se habla del Pueblo Mapuche si no sólo de campesinos.

Pero más allá de referirnos a los atropellos que generó el terrorismo de estado en la realidad mapuche, hacemos hincapié en lo que esto significó para nuestro pueblo en términos estructurales, es decir, la imposición a sangre y fuego de un modelo económico neoliberal que, hasta el día de hoy, hace estragos en el Wallmapu.

El golpe militar para el Pueblo Mapuche constituye una nueva arremetida del capitalismo, esta vez a través del fomento a la empresa forestal por parte del estado chileno, para lo cual se establecen una serie de medidas, tales como, el subsidio estatal (Decreto 701), privatización de la producción de la madera y derivados, todo esto teniendo como base la territorialidad mapuche usurpada.

Es decir, la dictadura militar al dejar sin efecto las asignaciones de tierras efectuadas durante la reforma agraria, no reconstituyo el latifundio tradicional creando las condiciones para llevar adelante un nuevo modelo económico en base a la actividad forestal, afectando la agricultura y al campesinado, y por su puesto a las comunidades mapuche.

Por lo tanto el Golpe de Estado da inicio a un proceso de refundación del sistema capitalista, bajo una nueva ideología neoliberal, que requiere de una reconversión territorial, a través de la industria forestal, constituyéndose en uno de los mayores negocios para los empresarios nacionales y trasnacionales, el segundo rubro exportador después del cobre y transformando a Chile en el segundo país, en el mundo, exportador de celulosa, con ganancias estratosféricas, para estos grupos económicos. Al mismo tiempo la industria forestal ha ido generando las condiciones para nuevos tipos de inversiones capitalistas como las hidroeléctricas y la minería.

De esta forma las reducciones mapuche fueron acorraladas por estas grandes plantaciones forestales generándose con el ello el conflicto como lo conocemos hasta el día de hoy, producto de de la expoliación territorial para la explotación y depredación del Wallmapu. Este análisis es lo que define, por lo tanto, nuestra postura política como organización.

2. Las organizaciones mapuche y su rol en el conflicto

El movimiento mapuche actual no es el mismo que hace 40 años atrás. Ha habido una evolución tanto en lo que ha su concepción ideológica se refiere como al desarrollo de su práctica política. Si bien, existe una matriz histórica de demanda territorial y justicia para nuestro pueblo, hoy las visiones políticas del movimiento mapuche han madurado con el aporte de las distintas expresiones y organizaciones mapuche, en especial en el transcurso de las últimas décadas, por lo que podemos afirmar que este movimiento ha enrielado hacia un verdadero proceso de liberación.

Al momento del golpe militar, la dictadura se encontró con un movimiento mapuche permeabilizado por las distintas agrupaciones de izquierda que bregaban por un proyecto de emancipación desde sus concepciones teóricas y prácticas, razón por la cual la realidad mapuche era parte de una visión campesinista y en alianza con el proletariado. Es en este contexto, es que muchas comunidades se movilizaron, pero no desde una integralidad socio cultural e ideológica mapuche, sino más bien como apéndice de la izquierda tradicional o revolucionaria.

La represión generalizada impuesta en todo Chile, también afecta a las comunidades movilizadas razón por la cual muchos militantes mapuche de izquierda fueron asesinados y/o desaparecidos. De esta forma las reivindicaciones mapuche estuvieron apoyadas en el devenir del movimiento social y político chileno en una clara dependencia ideológica, así se comprende que con las protestas de los años ochenta comiencen a resurgir las demandas mapuche las que tuvieron como referente a los centros culturales y con posterioridad Ad Mapu y Newen Mapu.

Es recién, a partir de los noventa, como parte de una reemergencia de los pueblos originarios a nivel continental, que resurge el tema mapuche con otras características, más centrado en lo propio, en su realidad social y cultural. Es en el contexto de los 500 años que surge en Chile un nuevo discurso, donde cumple un importante rol el Consejo de Todas las Tierras reposicionando la lucha mapuche en una dimensión integral. Pero es sin duda la aparición de la CAM la que marca un antes y un después, de la lucha mapuche actual, en términos ideológicos y de praxis, realizando definiciones anticapitalistas, pero a partir de la propia cosmovisión mapuche, así mismo instala una nueva forma de hacer política fuera de los marcos de la institucionalidad. Un quehacer político autónomo, desde la realidad mapuche y en confrontación con el sistema y el estado capitalista. Configurando las condiciones ideológicas y políticas para la sustentación de un proceso de liberación propio.

3. La restitución de tierras

Al realizar una mirada retrospectiva de estos últimos 40 años, teniendo como referencia el golpe militar y el quiebre que este significó, se hace necesario analizar también las distintas formas de restitución territorial de parte del Estado chileno hacia el Pueblo Mapuche, partiendo de la base que ninguna política a dado una respuesta efectiva e integral a la reivindicación histórica como Pueblo Nación Mapuche, es decir, la restitución de nuestro territorio ancestral.

La restitución de tierras efectuada durante los últimos gobiernos democráticos anteriores a la Dictadura, en especial, en el corto gobierno de Allende, en el cual se expropiaron cerca de 3 millones de hectáreas, correspondiente al 70% de todo el proceso de Reforma Agraria, dicta mucho de lo que ha sido la política de entrega de tierras de los gobiernos neoliberales de la Concertación y la Alianza.

Si bien, en el aquel tiempo, hubo grandes limitaciones ideológicas al no considerar a los mapuche desde la perspectiva de sus derechos históricos y ancestrales, primando la concepción campesinista, hay algo que debemos destacar como experiencia, y es que dicha política estuvo dirigida, principalmente, en contra de importantes latifundistas comprometidos con la usurpación histórica del territorio mapuche a quienes se les expropió las tierras sin otorgarles ningún tipo de pago o en algunos casos ínfimas compensaciones, siendo obligados a replegarse, lo que constituyo un acto de justicia y reparación histórica.

Completamente opuesto a este proceso es el sistema de compras de tierra que ha llevado adelante la Concertación y la Alianza a través de la CONADI, un verdadero retroceso que se explica por lo que significó el Golpe de Estado y con él la imposición del modelo neoliberal, razón por la cual los distintos gobiernos de turno han actuado en consecuencia. Por esta razón han evitado la restitución de predios estratégicos, entregando tierras en otros lugares, generando con ello la división de las comunidades y la dispersión de estas, sin embargo, cuando esto ha vuelto imposible debido a la lucha de las comunidades, han premiado a los usurpadores con exorbitantes precios por los predios.

Por lo anterior, consideramos que dicha política, ha sido cuantitativamente insuficiente frente a la demanda mapuche, pero lo más grave, es que en términos cualitativos, esta política ha reafirmado al sistema capitalista en el Wallmapu.

Es decir, los ricos que usurparon nuestros territorios , que explotaron indiscriminadamente, que en algunos casos, entregan los terrenos diezmados, nunca pagaron impuestos o tributaron en la zona, hoy ya no son objeto de expropiaciones, si no al contrario, se les paga sumas millonarias de hasta tres veces el valor de la tierra.

Nosotros como CAM siempre hemos señalado que éste tipo de restitución de tierras, restringida en cuanto a devolución territorial y en base al pago de especulativo de los predios, está lejos de significar justicia para el pueblo mapuche, puesto que el conflicto se soluciona en los marcos del sistema capitalista y no a través del control territorial mapuche.

Esta forma de resolver los conflicto territoriales no es la forma planteada en el Proyecto Político Estratégico de la CAM, sobre todo cuando vemos que dichas compras de tierra van acompañada de un sinnúmero de proyectos, como ocurre en el contexto de las ADI, cuya función es poner este supuesto “territorio recuperado” y los territorios mapuche en general, a producir bajo las mismas lógicas de mercado, es decir, en función del sistema capitalista.

Efectivamente, hoy nos encontramos con distintas experiencias capitalistas al interior de los predios comprados por CONADI, como la producción de lupino, de arándanos, entre otros. Como CAM somos enfáticos en señalar que un predio comprado por CONADI en base a la especulación, desarrollado a través de la intervención de proyectos del Estado Chileno para su explotación, no es un territorio liberado y no es un territorio recuperado para la reconstrucción de nuestro Pueblo Mapuche, por lo tanto, no podemos hablar de Control Territorial.

A su vez, existe otra realidad, en que comunidades asumen compromisos de venta de parte de las forestales, a través de CONADI, con el compromiso previo de que estos bosques deben ser primero explotados. En este sentido, se debe explicar que hay zonas que por las movilizaciones de las comunidades y las acciones de los ORT, las forestales han debido abandonar los predios pues se han visto imposibilitadas de reinstalar faenas para la cosecha de los bosques, por parte de contratistas externos a las comunidades, por lo cual se han visto en la necesidad de cooptar a mapuche para cumplir dicha función. Al respecto el objetivo de la CAM es que las comunidades ingresen a los fundos y tomen posesión de estos a través de las recuperaciones productivas, de manera autónoma, y no terminen trabajando para las forestales.

No se puede hablar de recuperación territorial si el predio forestal se sigue explotando bajo una lógica capitalista y en donde la empresa se lleva las ganancias, sólo porque los contratistas son mapuche.

Es decir, estamos frente a experiencias y resolución de los conflictos territoriales cuyas condiciones y rayado de cancha las pone el estado y el empresariado y no el Pueblo Mapuche. Es lamentable que después de años de lucha y resistencia, de ejercicio del control territorial, algunos sectores y comunidades terminen aceptando las condiciones del sistema y poniendo nuestro territorio al servicio de éste. En este tipo de experiencias gana el Estado Chileno y la oligarquía, porque se termina un conflicto, gana el latifundista que se queda con millones para comprar el triple de tierras o invertir en otros negocios y gana el sistema capitalista porque se da continuidad a la explotación de la tierra y los recursos naturales, el único que pierde es el Pueblo Mapuche en su concepción de vida.

Esta realidad, vuelve a confirmar nuestra apreciación de que continuamos siendo un pueblo ocupado por el estado Chileno y nuestro territorio sigue al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos. No debemos analizar idealistamente los procesos pues esto nos lleva a la confusión. Nuestra lucha no puede terminar siendo capitalizada por el propio sistema al que nos domina, es fundamental transformar los predios recuperados en territorio mapuche liberado.

Las políticas de entrega de tierras y sus programas pueden servir, en algunos casos, como mecanismos de resolución de nuestras demandas históricas pero en ningún caso pueden definir nuestros objetivos como Pueblo. Hay que tener claro que estas responden a un contexto histórico e ideológico y a los propios intereses de quienes las aplican.

Es por tanto un desafío de nuestro pueblo dar continuidad a la resistencia histórica que nos ha caracterizado por siglos y que en la actualidad se expresa en la lucha de las comunidades en conflicto y los órganos de resistencia, lo que ha significado que nos transformemos en uno de los polos de conflicto más importante de la realidad nacional.

Nasa: La sonda Voyager-1 abandona el sistema solar

nasa.gov

La NASA han confirmado que la sonda interplanetaria Voyager-1 ha abandonado el sistema solar 35 años después de su lanzamiento, convirtiéndose así en el primer objeto artificial en entrar el espacio interestelar.

Según los nuevos datos de la NASA, la Voyager-1, que se encuentra a unos 19.000 millones de kilómetros del Sol, abandonó en agosto de 2012 la heliosfera , la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético y que demarca el fin del Sistema Solar.

La Voyager-1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 como parte de un proyecto para estudiar el Sistema Solar exterior. La tarea inicial fue el estudio de los planetas gigantes y sus satélites y los investigadores utilizaron la sonda para analizar los límites del Sistema Solar.

La sonda se convirtió en la primera unidad que fotografió en detalle los satélites de Júpiter y Saturno. Además, Voyager-1 con su 'gemela', la Voyager-2, ayudaron a los científicos trazar la 'cuna estelar' de la Vía Láctea y evaluar otros parámetros de formación de estrellas en nuestra galaxia.
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