El derecho humano básico de acceso a la información como eje central, aunque con visiones muy distintas. Los derechos económicos y patrimoniales contra la garantía de la pluralidad de voces. Una discusión de fondo sobre la hegemonía comunicacional. Los abusos amparados por las posiciones dominantes o, como lo definió la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, la caracterización de quién es David y quién Goliath en la puja por la aplicación plena y completa de la Ley de Medios.
Un debate enriquecedor, aunque probablemente efímero, inundó ayer el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde la Corte Suprema convocó a una audiencia pública en la que grupos de sostenedores de los argumentos de uno y otro lado expusieron a favor y en contra de la norma acaso más debatida y traqueteada desde el regreso de la democracia en 1983. La audiencia pública incluyó también la opinión de "amicus" independientes o en representación de la ciudadanía, como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien pidió al máximo tribunal un "fallo histórico" que ponga fin a las "falacias" del grupo multimediático más poderoso de la Argentina. Un fallo que tome en cuenta "los reales intereses en juego", en un escenario político-institucional complejo.
Fuera del Palacio de Tribunales, la audiencia fue seguida por organizaciones sociales, partidos políticos y militantes que se movilizaron durante toda la jornada para reclamar un fallo favorable a la norma sancionada en 2009.
Los cinco expositores ("amicus curiae", amigos del tribunal, instituciones que sin ser parte de la causa aportan sus argumentos para un fallo mejor y más equitativo) que representaron al Estado Nacional coincidieron en resaltar que la Ley de Medios no sólo no ataca a la libertad de expresión sino que la consolida, la garantiza y la hace democrática. Remarcaron las contradicciones del Grupo Clarín, que advierte sobre los peligros de coartar la libertad de expresión al mismo tiempo que en su historia reciente utilizó su poder económico para causar el cierre de cableoperadores pequeños, que utilizó prácticas desleales para eliminar la competencia y que aún hoy utiliza esos mecanismos de presión (por ejemplo negarse a incorporar a la grilla de señales de Cablevisión a los canales digitales provinciales y retacearle espacios a otros como CN23 y 360TV) para mantener cautivo a ese mercado.
Del lado del Grupo Clarín, el argumento central fue que la ley del mercado debe regular la TV por cable. Que se trata de un servicio que no merece regulaciones estatales, que depende de la inversión privada y que se debe dejar librado a la elección del público qué ver y qué no. Como en toda discusión, ambas partes pusieron en superficie los argumentos que robustecen sus posturas. Sin embargo, la propia etiología del conflicto define qué está en juego: una poderosa corporación económica por un lado, y un Estado soberano, hoy circunstancialmente en manos de una determinada fuerza política pero sujeto a los vaivenes democráticos, por el otro.
Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, argumentó en defensa del Grupo Clarín que el Estado tiene la "potestad de administrar el espectro radioléctrico", uno de los ejes de la discusión. "Pero con sujeción y límites (porque) no se puede impedir el crecimiento, desarrollo o viabilidad económica de los medios. No se debe afectar la pluralidad de los medios existentes de seguir operando", subrayó. Cuando se produce alguna situación anómala, propuso recurrir a las leyes de defensa de la competencia que "han de dictarse por razones de interés general y no ser exclusivas para los medios". En igual sentido, el abogado Lucas Grossman expresó que la Ley de Defensa de la Competencia "cuenta con herramientas suficientes" para corregir esos desvíos. Una mirada ciertamente indulgente, según la cual "si al gobierno le preocupa que una empresa se valga de su posición dominante debería denunciar esa conducta ante la Comisión de Defensa de la Competencia", para que sea en ese ámbito donde se dirima el litigio. Pero la libertad de expresión debe quedar cobijada "a la luz de la defensa del derecho a la autonomía", en la que el Estado tiene un rol claramente secundario, menor.
Aunque la audiencia pública fue convocada para debatir esencialmente aspectos técnicos, los argumentos políticos rozaron prácticamente todas las exposiciones. El teórico de la comunicación Eliseo Verón argumentó por el Grupo Clarín que el fenómeno de Internet "ha cambiado el paradigma de la comunicación", y que, ante su diversificación, "no hay razón para limitar ciertas voces para que vengan otras, porque hay lugar para todos". Pero para Carlos Laplacete, de la corporación de dueños de empresas periodísticas ADEPA, "la ley nació obsoleta porque no tiene en cuenta a Internet".
Eduardo Oteiza, de la Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, argumentó que en los Estados Unidos "nunca se aplicaron" regulaciones a la TV por cable y, por el contrario, se descalificaron los límites a los porcentajes máximos que un operador podía poseer sobre una comunidad. Claro que en Estados Unidos empresas como Microsoft se sometieron a la ley antimonopólica y ante una sanción estatal aceptaron subdividirse para dejar de continuar con una posición dominante en el mercado.
En cambio, contrapuso Carlos Ruta, de la Universidad Nacional de San Martín, "la ley aplica regulaciones a todos por igual, no hay discriminación. Lo que está en juego es la democracia institucional. La libertad de pensamiento es de todos, la libertad de los medios es un derecho patrimonial de las empresas."
Los sostenedores del Grupo Clarín, entre ellos Grossman, advirtieron sobre la intención del gobierno de "ocupar un lugar hegemónico en el discurso público" y convocaron a "no confundir pluralidad con multiplicidad", porque la pauta publicitaria oficial podría generar una gran cantidad de medios pequeños y económicamente inviables, sujetos al discurso oficial so riesgo de perder su sostén.
Sin embargo fue Miguel Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), quien desmintió esa hipótesis al recordar la marginación que sufrieron los cooperativistas durante enormes etapas de la vida nacional, no sólo en el mercado de las comunicaciones. Así, recordó los abonos subsidiados que Cablevisión cobraba a sus clientes en ciudades en las que tenía competencia, que soportaba gracias a su poderío económico y que terminaba por asfixiar y desaparecer a esos cableoperadores cooperativos. "Clarín no quería otros cables en las localidades donde operaban sus empresas." Damián Loreti, uno de los redactores de la ley y "amicus" por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se preguntó retóricamente, en apoyo a esa postura: "¿Cuántos trabajadores quedaron sin trabajo, cuántas empresas cerraron? Ha habido un estrangulamiento de libertades no por monopolio sino por concentración."
Para hoy a partir de las 10 está prevista la segunda parte de la audiencia pública. Será el turno de las partes: el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, por el Estado Nacional; y los abogados María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino, por el Grupo Clarín. Media hora para cada parte, con 15 minutos para réplicas y, después, las preguntas de los jueces de la Corte. No estará Raúl Zaffaroni, quien hoy viajó a Alemania. Pero sí los otros seis, quienes interrogarán a los expositores y también a los peritos contables que intervinieron en todas las etapas de un proceso judicial que lleva ya cuatro años.
Después, si cabe (si es que la audiencia consiguió modificar las ideas preconcebidas que tenían los jueces de la Corte) será el tiempo de la reflexión y la redacción de cada voto, hasta confluir en un fallo definitivo. El Tribunal todavía no resolvió –al menos no lo anunció públicamente– si lo emitirá antes o después de las elecciones parlamentarias de octubre próximo.
