Denuncias sobre presunto plan magnicida buscan evitar violencia en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó hoy que las denuncias sobre planes de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro buscan, ante todo, evitar un baño de sangre en este país sudamericano.

Más temprano este lunes, el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, informó sobre la detención el pasado 15 de agosto de dos ciudadanos colombianos presuntamente implicados en una tentativa de asesinato contra el jefe de Estado o, en su defecto, contra el titular del Parlamento.

Según Cabello, la alerta pública en torno a estos planes tiene como objetivo más que proteger la vida de los supuestos objetivos, "evitar un baño de sangre en Venezuela".

Pedimos a los cuerpos de seguridad que sigan adelante con la investigación, manifestó el diputado socialista en declaraciones a la prensa desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Fustigó a voceros de la derecha venezolana por desestimar los informes presentados por Rodríguez.

Opinó que esos sectores de oposición al parecer esperan por un cadáver para dar crédito a las denuncias que desde julio último presentan las autoridades venezolanas.

Cabello comentó además que tiene la impresión de haber visto cerca en algún acto público a uno de los supuestos involucrados en este proyecto: un venezolano de nombre Carlos Salcedo, solicitado por los organismos de seguridad.

No nos van a sacar de la calle, afirmó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien a continuación sostuvo que para ello están tomadas todas las medidas de seguridad.

Estamos convencidos, seguros, de que detrás de todo está el señor Álvaro Uribe, dijo Cabello, apoyado en denuncias previas que apuntan al probable vínculo del exmandatario colombiano en planes de este género contra Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Maduro señaló: "Suscribo plenamente las declaraciones de Diosdado (Cabello) y llamo a todo el pueblo a consolidar plenamente las fuerzas de la Revolución por la paz".

El ministro Rodríguez comunicó que los ciudadanos Erick Leonardo Huerta (18 años) y Víctor Johan Güeche (22) ingresaron a territorio venezolano el pasado 13 de agosto por la localidad de San Antonio del Táchira y fueron aprehendidos dos días más tarde en un hotel de la carretera Panamericana (Caracas-Aragua).

Indicó que en la operación de captura fueron ocupados dos bolsos negros que contenían un par de fusiles con miras lásers, municiones, 10 uniformes con insignias del Ejército venezolano y una fotografía en la que aparecen Maduro y Cabello.

Crean un dispositivo para combatir la adicción a Facebook .

Dos estudiantes estadounidenses han desarrollado un curioso dispositivo que permitirá combatir la adicción a Facebook a través de descargas eléctricas.

El equipo, que se conecta al teclado del ordenador, se coloca debajo de la muñeca del usuario y envía una descarga eléctrica cuando la persona pasa "demasiado tiempo" en la red social, según informa el diario británico Daily Mail.

La herramienta denominada Pavlov Poke fue desarrollada con la intención de que el usuario que tenga la intención de trabajar evite distraerse con Facebook u otras páginas que le roban su atención.

Los estudiantes de doctorado Robert R. Morris y Dan McDuff, del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, explicaron a través de un vídeo que publicaron en Internet que la descarga eléctrica es muy desagradable pero no es peligrosa. La idea es que el choque les advierta que están perdiendo el tiempo en Facebook y deben enfocarse en sus labores.

Pavlov se conecta a la PC a través de una entrada USB y requiere de un software para monitorizar y rastrear los programas y sitios que los usuarios deberían evitar. Un aviso en pantalla les alertará que están pasando mucho tiempo en Facebook pero si persiste la actividad le lanzará una descarga eléctrica.

Justicia desestimó pedido para frenar sesión por acuerdo YPF-Chevrón.

La jueza civil número 4 de Neuquén, María Eugenia Grimau, rechazó una medida cautelar que buscaba impedir que la legislatura neuquina avale el acuerdo entre la provincia e YPF para desarrollar dos áreas del yacimiento de Vaca Muerta. 

La acción de amparo fue presentada ante la justicia por la diputada de la Coalición Cívica-ARI Beatriz Kreitman, junto con los legisladores Juan Manuel Fuertes, de Nuevo Compromiso Neuquino, y Raúl Dobrusin y Marcelo Marcote, de Unidad Popular.

En la resolución, la jueza Grimau declara admisible la presente acción de amparo y da traslado al gobierno provincial y al fiscal de Estado para que, en el término de 48 horas, elabore un informe circunstanciado de los antecedentes.

"Respecto de la medida cautelar -dice la jueza- tengo presente que los amparistas son legisladores provinciales y que el tratamiento, rechazo o aún suspensión de la consideración de un proyecto de ley es decisión que asumen en tal carácter, no estando previsto que sea un juez quien defina la conveniencia y oportunidad del tratamiento legislativo de un proyecto de ley".

"De manera entonces -agrega- que en el caso no se aprecia la existencia de peligro en la demora, pues son los mismos amparistas quienes deben de resolver la situación que alegan dentro del seno de la Legislatura, en ejercicio de su actividad legislativa y sujetos a las mayorías previstas constitucionalmente, pues son integrantes de un órgano del Estado que en el procedimiento de formación y sanción de las leyes es su único contralor".

Señala que "nuestro derecho sólo prevé el control judicial cuando se alega la violación constitucional en ese procedimiento, el que se rige conforme las normas de nuestra Constitución Provincial, y el que es oportuno una vez que ese procedimiento ya tuvo lugar", y agrega que durante el trámite de las leyes "el control es propio del órgano legislativo".

"Por ello es que no dándose en el caso los presupuestos de las medidas cautelares, no admitiré la petición cautelar", resuelve la jueza.

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados se reunirá el martes a las 13 para definir el temario y el horario de la sesión del miércoles donde será debatido el aval legislativo al acuerdo firmado entre la provincia y la empresa YPF.

EE.UU. confirmó ataques químicos en Siria y evalúa acciones.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, confirmó que el uso de armas químicas por parte del régimen sirio contra la población civil es “innegable” y advirtió que el presidente Barack Obama "no dejará esta acción impune".

Durante una breve declaración en el Departamento de Estado, Kerry explicó que Obama está consultando al Congreso estadounidense y a mandatarios aliados antes de decidir cuál será su respuesta, pero dejó en claro que "ya es demasiado tarde" para confiar en el gobierno de Bashar Al Assad, informó la agencia de noticias EFE.

El uso de armas químicas contra civiles “es una obscenidad desde el punto de vista moral, es inexcusable bajo cualquier estándar", afirmó hoy el secretario de Estado estadounidense, según el cual el ataque de la semana pasada debe "sacudir las conciencias del mundo".

Kerry advirtió de que el mundo exigirá "responsabilidades" en breve a Damasco y afirmó que Estados Unidos tiene más información sobre las circunstancias que rodearon el ataque, las cuales compartirá con los aliados.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) informó ayer que en tres hospitales de Damasco, una de las ciudades donde existen sospechas del uso de armas químicas, fueron atendidos unos 3600 pacientes con síntomas neurotóxicos, de los cuales 355 muriero.

Sin la aprobación social no hay megaminería.

Hace dos años, la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación de Minera San Jorge fue rechazada en la Legislatura de Mendoza. Se trató de la explotación minera metalífera que pretendía establecerse en la zona de Yalguaraz, en el Valle de Uspallata, ubicado en la cordillera mendocina. 

Dicho proyecto extractivo estaba siendo seriamente cuestionado por importantes sectores de la sociedad mendocina. A pesar de ello, para los mineros y el gobierno provincial, la aprobación legislativa era un hecho.

"Evidentemente nos subestimaron, haciendo abuso indiscriminado de la teoría de los hechos consumados esgrimida por el gran capital para avanzar sobre los intereses difusos del colectivo social; en todo momento creyeron que nos podían pasar por arriba y por eso más aún se tienen bien merecido el bochazo", recordaron los asambleístas de San Jorge.

La oposición del pueblo de la comunidad local al proyecto minero San Jorge quedó evidenciada en la audiencia pública y las diferentes movilizaciones que se llevaron a cabo antes del rechazo legislativo. Esas movilizaciones, las convocatorias artísticas, el trabajo en las redes sociales y el boca a boca, sumado al surgimiento de más y mayores grupos de ciudadanos autoconvocados, sin dudas pudieron franquear el férreo cerco impuesto por las corporaciones "a través de los medios comprados y el adoctrinamiento de un cerco político que se hacía cada vez más sordo", expresaron los vecinos de Uspallata.

Según los asambleístas, y a pesar de la presión social para concretar el rechazo político, la justicia aún no falló definitivamente para "desinflar esa verdadera burbuja financiera especulativa y timbera, que es el paquete accionario de la empresa canadiense Coro Mining, dueña del proyecto minero San Jorge". Dicho proyecto pretende instalarse en el Valle de Uspallata.

APN

Protesta de aeronáuticos en Aeroparque por LAN.

La manifestación es en el interior de la terminal y sobre la avenida Costanera. Dos gremios anunciaron un paro para el próximo jueves, cuando vence el plazo dado por el Gobierno para que la aerolínea LAN concrete el desalojo del hangar. En tanto, la empresa chilena presentó un recurso de amparo.

Los gremios aeronáuticos se manifiestan en Aeroparque en contra del desalojo del hangar que ocupa la empresa LAN en la terminal. Los sindicatos cortan varios carriles de la avenida Costanera y protestan con banderas y bombos en el hall de la terminal B de la estación.

Previamente, los gremios aeronáuticos anunciaron un paro para el próximo jueves, cuando vence el plazo dado por el Gobierno para que la aerolínea LAN concrete el desalojo de su terminal del aeroparque metropolitano, lo que afectaría los vuelos de cabotaje y el normal cronograma de algunos vuelos internacionales.

"Hemos determinado para el día jueves una medida de fuerza en todo el país y en todas las líneas aéreas: Aerolíneas, Austral, Lan, Andes y Sol, junto con los compañeros de control de tránsito aéreo, con lo que se van a ver afectados los vuelos internacionales", sostuvo el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli.

El gremialista también señaló que la medida es "para que se suspenda el desalojo", del hangar de LAN previsto por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) para el próximo jueves.

La asamblea que resolvió la medida fue convocada por la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA), que agrupa a la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

"Es una irresponsabilidad de ambas partes. Vamos a tomar todas las medidas de fuerza que estén disponibles para encontrar una solución, no para hacer colapsar nada", aseguró el secretario general de APA, Edgardo Llano, y agregó: "Queremos una solución para los 3 mil empleados y para los pasajeros".


"Hoy puede pasar cualquier cosa. Ya lo hemos dicho: ante la pérdida de un solo puesto de trabajo, la actividad se va a parar", afirmó Marcelo Uhrich, secretario de prensa de la Unión del Personal Superior Aerocomercial, en diálogo con Radio La Red.

Por su parte, LAN hará hoy un pedido de medida cautelar en los tribunales para poder seguir operando el hangar.

La Sociedad Rural acusada por favorecer los desmontes en Salta

Greenpeace denunció que la Sociedad Rural, que reclama insistentemente ayuda económica de Nación por la sequía en Salta, promueve los desmontes y la violación de la Ley de Bosques. 

“Es inaceptable que la Sociedad Rural reclame fondos al gobierno por la sequía en Salta mientras promueve los desmontes y la violación de la Ley de Bosques. Es injusto que el Estado asista a quienes se enriquecieron durante años a costa de la destrucción de los bosques y ahora se quejan de los impactos climáticos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

En un informe difundido recientemente por la organización, se demuestra, en base a datos oficiales, propios y de organizaciones sociales que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines del 2007, en Salta se deforestaron más de 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas protegidas, principalmente a causa de la expansión de la frontera agrícola y ganadera.

La Sociedad Rural Salteña y otras entidades agropecuarias de la provincia se manifestaron públicamente en contra de la normativa que protege los bosques desde su sanción, y en 2009 reclamaron la ampliación de las áreas para desmontar a más de 5 millones de hectáreas, lo que fue duramente criticado por Greenpeace y organizaciones sociales de la provincia.

En febrero de este año, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.

“El gobierno de Urtubey continúa con la política de deforestación del ex gobernador Romero y cambia lo establecido por la ley nacional a pedido de los grandes terratenientes, representados por quienes ahora piden ayuda al Estado nacional. Recientemente la provincia anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, y esto significa el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos de zonas protegidas”, explicó Giardini.

Un ejemplo de esto es la finca San Francisco, ubicada en una zona protegida por Ley, en la cual Greenpeace frenó una topadora hace dos semanas. Su dueño es Ignacio García del Río, presidente de PROGRANO, quien consiguió un permiso del gobierno salteño para desmontar 6.400 hectáreas.

APN