La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó hoy el fallo del juez Thomas Griesa que beneficia a fondos buitre, al ratificar la fórmula de pago del 100% de la deuda judicial con fondos de los bonistas que ingresaron al canje, pero dejó en suspenso la ejecución de la medida hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el tema.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó hoy el fallo del juez Thomas Griesa que beneficia a fondos buitre, al ratificar la fórmula de pago del 100% de la deuda judicial con fondos de los bonistas que ingresaron al canje, pero dejó en suspenso la ejecución de la medida hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el tema.
El fallo evita que la Argentina se vea obligada a pagar inmediatamente 1.300 millones de dólares a los fondos buitre NML y Aurelius, por lo que el país podrá seguir pagando los cupones a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, al menos hasta que la Corte suprema se pronuncie en la causa.
La conclusión del fallo "afirma" la decisión del juez Griesa y "rechaza las apelaciones" realizadas por los bonistas que ingresaron al canje (el Exchange Bondholders Group y el fondo Fintech).
Asimismo sostiene que la aplicación de la sentencia "quedó en espera de la resolución por el Tribunal Supremo a una petición oportuna de un recurso de certiorari".
Esto quiere decir que el "stay" de la ejecución durará hasta que la Corte Suprema se defina, una vez que la Argentina emita el correspondiente pedido de apelación contra el fallo adverso dado a conocer hoy por el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York.
Es decir, la Argentina queda habilitada para efectuar una segunda apelación del caso ante la Corte Suprema, por el método de pago fijado por Griesa.
El pasado 26 de junio envió una primera apelación contra el fallo tomado por Griesa en octubre de 2012, luego de que la Cámara de Apelaciones avalara la posición del juez en favor de los fondos buitre en base al criterio de violación del tratamiento igualitario a los acreedores.
La decisión de apelar un pronunciamiento de este tipo ya fue adelantada en diversas oportunidades por las autoridades del Ministerio de Economía.
El titular del área, Hernán Lorenzino, aseguró en varias oportunidades que se "recurrirá a todas las instancias legales posibles" en defensa de la posición argentina.
Por lo tanto, si entran a correr los mismos plazos legales que se tuvieron en consideración desde que se emitió el fallo de octubre 2012 (que avaló la decisión de primera instancia del juez Griesa pero dejó en suspenso la orden sobre el método de pago hasta hoy), "no quedarán afectados bajo ninguna circunstancia los pagos de los cupones, en por lo menos los próximos seis a nueve meses", estimaron fuentes legales consultadas por Télam.
"La Argentina tiene la posibilidad de pedir nuevamente una revisión `en banc` (de todo el plenario), y luego pedir el `writ of certiorari` a la Corte Suprema, como sucedió con el primer pedido de Apelación ante el máximo tribunal, sobre el cual aún no se expidió", evaluaron los especialistas.
Aún si la Corte Suprema rechazara el tratamiento del primer pedido de apelación de la Argentina, el `stay` permanecerá hasta que se tome una decisión por la eventual segunda apelación que realizará el país por el método de pago, lo que le permitirá al gobierno ganar tiempo, antes de un resolución definitiva que pueda obligar a realizar algún cambio en la forma de pago.
Cabe recordar que el gobierno sostuvo, en varias oportunidades, que pagará en cualquier circunstancia a los bonistas que ingresaron al canje, lo que podría obligar al país a cambiar la ruta de pago para evitar la plaza neoyorquina, en el peor de los escenarios.
En el fallo de hoy primó una visión contractual estricta, que para algunos va en contra de la misma decisión de la justicia estadounidense de haber habilitado el canje de deuda.
Según el juez Barrington Parker, uno de los tres integrantes de la Corte de Apelaciones, "Argentina prometió que, en el caso de incumplimiento, los intereses y el capital serán exigibles en su totalidad (...) Argentina prometió que cada bono será transferible y por pagar al cesionario, independientemente de si se trataba de una dotación de la Universidad, el llamado "fondo buitre", o una viuda o una huérfana".
Y reafirmó que "Argentina incumplió su promesa de igualdad de trato", al pagarle a los bonistas del canje, y no haberlo hecho con quienes quedaron fuera del canje".
En otro tramo, el fallo argumenta que esta interpretación del método de pago no constituye un embargo a los fondos del país, y por lo tanto no viola la ley de inmunidad soberana.
Sin embargo, este planteo fue apelado por la Argentina en el recurso presentado al máximo tribunal en junio último.
Allí se sostiene que el fallo viola la ley de inmunidad soberana ya que la legislación neoyorquina no puede comprender a activos de Argentina fuera de Estados Unidos.
Este último punto también es compartido por los acreedores que ingresaron al canje, que son los que pueden resultar afectados por la fórmula de pago dispuesta por Griesa.
Otra aspecto que se desprende del fallo es que la Cámara no considera que el juicio tanga impacto sistémico y que las cláusulas de acción colectiva mitigan el accionar de los fondos buitre.
Esta posición es contraria a la esgrimida por el país e incluso la fijada por el propio gobierno de Estados Unidos, que emitió dos documentos ante dicha Cámara.
También se pronunciaron sobre el tema expertos como la ex número dos del FMI, Anne Krueger, quien es citada en el fallo emitido hoy.
Además la posición avalada por la Corte de Apelaciones es contraria a la de países europeos como Francia, que así lo hizo saber en un Amicus Curie presentado ante la Corte Suprema en julio pasado, y del FMI, quien dio a conocer públicamente su posición si bien se mantuvo hasta el momento al margen de una intervención ante la justicia de Estados Unidos.
sábado, 24 de agosto de 2013
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy.
La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El Tribunal confirmó el procesamiento de Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del Ledesma, por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
El fallo publicado íntegramente por el Centro de Información Judicial (CIJ), del Poder Judicial de la Nación, puntualizó que una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Aredez, el luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se halla el ingenio Ledesma.
Las otras dos víctimas consideradas en el fallo de más de 70 fojas, que confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz conformaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que "operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa".
En el mismo sentido, estableció que "tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio".
Las pruebas reunidas en el expediente "indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa", puntualizó.
"En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”, añadió la Cámara.
El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 y las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.
La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Aredez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida.
El Tribunal sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.
La resolución rechazó recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes particulares.
El fallo de la Cámara Federal de Salta se vio precedido por una declaración conjunta de organismos de derechos humanos que repudió ayer en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa" de Blaquier para evitar su procesamiento.
Blaquier y Lemos "utilizan" al diario La Nación "como tribuna para ejercer su defensa mediática", afirmaron en la declaración Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-Conadi), Asociación de Ex presos políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas.
Según el extenso documento, la denunciada "escalada mediática" buscaba "instalar una `verdad` por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta" que debían confirmar o no el procesamiento dictado por el juez Poviña.
"Como parte de esa estrategia", intentaron "deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal", representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, subrayó el mismo texto.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada "Noche del Apagón" y otros operativos.
Este procesamiento tuvo como base "una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la Empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de estado y diversos sectores de la sociedad", señalaron los organismos de derechos humanos.
El Tribunal confirmó el procesamiento de Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del Ledesma, por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
El fallo publicado íntegramente por el Centro de Información Judicial (CIJ), del Poder Judicial de la Nación, puntualizó que una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Aredez, el luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se halla el ingenio Ledesma.
Las otras dos víctimas consideradas en el fallo de más de 70 fojas, que confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz conformaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que "operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa".
En el mismo sentido, estableció que "tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio".
Las pruebas reunidas en el expediente "indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa", puntualizó.
"En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”, añadió la Cámara.
El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 y las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.
La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Aredez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida.
El Tribunal sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.
La resolución rechazó recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes particulares.
El fallo de la Cámara Federal de Salta se vio precedido por una declaración conjunta de organismos de derechos humanos que repudió ayer en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa" de Blaquier para evitar su procesamiento.
Blaquier y Lemos "utilizan" al diario La Nación "como tribuna para ejercer su defensa mediática", afirmaron en la declaración Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-Conadi), Asociación de Ex presos políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas.
Según el extenso documento, la denunciada "escalada mediática" buscaba "instalar una `verdad` por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta" que debían confirmar o no el procesamiento dictado por el juez Poviña.
"Como parte de esa estrategia", intentaron "deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal", representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, subrayó el mismo texto.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada "Noche del Apagón" y otros operativos.
Este procesamiento tuvo como base "una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la Empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de estado y diversos sectores de la sociedad", señalaron los organismos de derechos humanos.
Un barco de Greenpeace entra en el Ártico pese a la prohibición rusa.
Un rompehielos de Greenpeace, el Arctic Sunrise, entró en las aguas del mar de Kara, en el océano Ártico, a pesar de la prohibición por parte de Rusia de navegar en esa zona. "Un barco de Greenpeace tomó la ruta marítima del Norte, a pesar de que las autoridades rusas rechazaron la solicitud del paso por la zona", indicó la organización en un comunicado.
Los activistas de la ONG ambientalista planean celebrar protestas pacíficas contra la extracción de petróleo en el Ártico planificada por la empresa estatal rusa Rosneft y su socio de EE.UU., ExxonMobil.
"La zona del Ártico donde actualmente Rosneft y ExxonMobil realizan trabajos de exploración geológica se encuentra en las aguas del famoso Parque Nacional Ártico Ruso", añadió Greenpeace y explicó que las exploraciones en esta zona ponen en peligro la vida de los mamíferos marinos.
A principios de esta semana, la administración de la ruta marítima del Norte, que une el Atlántico y el Pacífico a lo largo de las costas de Rusia, se negó a dar permiso al Arctic Sunrise para pasar por la zona, justificando su decisión en la insuficiente protección del casco del barco para la navegación sobre el hielo.
Greenpeace, por su parte, aseguró que unos 400 buques con un menor grado de protección obtuvieron el permiso. La semana pasada, los ambientalistas también realizaron una manifestación contra los trabajos de preparación de Rosneft para la perforación en el mar de Barents.
En pasado mes de marzo, los dos gigantes petrolíferos, Rosneft y ExxonMobil, acordaron explotar los yacimientos submarinos presentes en las aguas árticas del mar de Kara. Se estima en unos 200.000 millones de dólares la inversión necesaria en el proyecto de Kara, donde se prevé construir unas 15 plataformas petrolíferas.
"La zona del Ártico donde actualmente Rosneft y ExxonMobil realizan trabajos de exploración geológica se encuentra en las aguas del famoso Parque Nacional Ártico Ruso", añadió Greenpeace y explicó que las exploraciones en esta zona ponen en peligro la vida de los mamíferos marinos.
A principios de esta semana, la administración de la ruta marítima del Norte, que une el Atlántico y el Pacífico a lo largo de las costas de Rusia, se negó a dar permiso al Arctic Sunrise para pasar por la zona, justificando su decisión en la insuficiente protección del casco del barco para la navegación sobre el hielo.
Greenpeace, por su parte, aseguró que unos 400 buques con un menor grado de protección obtuvieron el permiso. La semana pasada, los ambientalistas también realizaron una manifestación contra los trabajos de preparación de Rosneft para la perforación en el mar de Barents.
En pasado mes de marzo, los dos gigantes petrolíferos, Rosneft y ExxonMobil, acordaron explotar los yacimientos submarinos presentes en las aguas árticas del mar de Kara. Se estima en unos 200.000 millones de dólares la inversión necesaria en el proyecto de Kara, donde se prevé construir unas 15 plataformas petrolíferas.
Google tuvo que convertirse en 'espía', "no tuvo otra opción".
La NSA ha estado 'espiando' correos electrónicos por lo menos desde 1997, aseguró a RT el fundador del servicio de mensajería encriptada Unsene, Chris Kitze. A su juicio, firmas como Google "no tuvieron otra opción" que hacerse 'espías'.
Según Kitze, el espionaje no es nada nuevo. De hecho, según explicó en RT, este existe al menos desde el año 1997. Por eso, dijo, la agencia ya "no tiene nada que ver con la seguridad".
"Fingen lo contrario, pero siempre lo han hecho", afirmó el programador, que añadió que el Gobierno de EE.UU. "está violando la Constitución".
Los gigantes como Google no tuvieron otra opción
Respecto a la reciente revelación de que los gigantes de Internet como Google y Apple entregaron a la NSA acceso a los datos de los usuarios, Kitze declaró que estas grandes empresas "no tienen otra opción".
"Básicamente era: 'O se hace a mi manera o a la calle', y eso es todo. Tuvieron que entregar la información a la NSA y a los espías", apuntó.
"Lo que pasó fue que los espías convirtieron a empresas como Apple y Google en espías", agregó.
Durante la entrevista, Kitze señaló que numerosos internautas se están empezando a dar cuenta de que el Gobierno de EE.UU. realmente no está interesado en perseguir a terroristas sino a "gente común que paga sus impuestos y trabaja".
"Al ritmo al que van las cosas, pronto estarán espiando su PlayStation2 o su cámara de vídeo. [El Gobierno] puede apagar todos esos aparatos de forma remota", recordó el experto.
En cuanto al excolaborador de la CIA Edward Snowden, el desarrollador de software aseguró que es un "denunciante legítimo".
"Lo que filtró no era nada nuevo para aquellos que estuvieron atentos durante los últimos cinco años", subrayó
Según Kitze, el espionaje no es nada nuevo. De hecho, según explicó en RT, este existe al menos desde el año 1997. Por eso, dijo, la agencia ya "no tiene nada que ver con la seguridad".
"Fingen lo contrario, pero siempre lo han hecho", afirmó el programador, que añadió que el Gobierno de EE.UU. "está violando la Constitución".
Los gigantes como Google no tuvieron otra opción
Respecto a la reciente revelación de que los gigantes de Internet como Google y Apple entregaron a la NSA acceso a los datos de los usuarios, Kitze declaró que estas grandes empresas "no tienen otra opción".
"Básicamente era: 'O se hace a mi manera o a la calle', y eso es todo. Tuvieron que entregar la información a la NSA y a los espías", apuntó.
"Lo que pasó fue que los espías convirtieron a empresas como Apple y Google en espías", agregó.
Durante la entrevista, Kitze señaló que numerosos internautas se están empezando a dar cuenta de que el Gobierno de EE.UU. realmente no está interesado en perseguir a terroristas sino a "gente común que paga sus impuestos y trabaja".
"Al ritmo al que van las cosas, pronto estarán espiando su PlayStation2 o su cámara de vídeo. [El Gobierno] puede apagar todos esos aparatos de forma remota", recordó el experto.
En cuanto al excolaborador de la CIA Edward Snowden, el desarrollador de software aseguró que es un "denunciante legítimo".
"Lo que filtró no era nada nuevo para aquellos que estuvieron atentos durante los últimos cinco años", subrayó
A un año y medio de la masacre de Once La CTA acompañó el pedido de justicia marchando a Plaza de Mayo.
En la tarde de ayer, miles de trabajadores y trabajadoras de la Unión Ferroviaria, la CTA y la CGT así como familiares de las víctimas, organizaciones de usuarios de los trenes y diputados de diferentes partidos políticos marcharon a Plaza de Mayo para exigir juicio y castigo a los culpables de las muertes de la masacre y por la reestatización del servicio ferroviario para terminar con la corrupción y los negociados que llevan a la muerte.
“Todos los días nos subimos al tren con la inseguridad de no saber si vamos a llegar vivos”, dijo en la apertura del acto una integrante de los Usuarios del Sarmiento. La representante de los pasajeros del tren dijo también que el transporte público es un derecho que debe ser garantizado por el Estado: “Los accidentes no se evitan ni con ruedas de prensa ni pintando estaciones sino con una política ferroviaria integral”.
Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y el viento en la histórica plaza era cada vez más helado, tomó la palabra María Luján Rey, quien junto a Paolo Menghini son los referentes de los familiares de las víctimas: “Sabemos que fueron los trabajadores ferroviarios los que venían denunciando desde hacía tiempo las condiciones de los trenes, si los hubieran escuchado mi hijo y muchos hijos no estarían muertos”.
Luego fue el turno de Paolo Menghini quien haciendo alusión al slogan de campaña del Frente para la Victoria en las PASO dijo: “Eligieron cuidar a Jaime, a Schiavi, a Pedraza: eligieron a los delincuentes y a los asesinos. Nosotros elegimos la lucha, mirar para adelante y unirnos. Celebro esta unidad en la lucha”.
Con el dolor en la voz, Menghini dijo también que rechazaban la estigmatización que está haciendo el Gobierno de los trabajadores a quienes responsabiliza de los accidentes y agregó: “rechazamos la persecución a los delegados que buscaban el material que incriminaba a los Cirigliano”. Ante los aplausos de todos los presentes, finalizó: “Elegimos un ferrocarril para los trabajadores y los usuarios”.
Presentado por el periodista Ernesto Tenembaum, Rubén “Pollo” Sobrero fue el orador que cerró el acto. “No puede ser que ensucien a los trabajadores porque fuimos siempre los que luchamos, enfrentamos a la dictadura y todos los planes de ajuste”, comenzó el dirigente. Sobrero señaló además que durante la última dictadura militar, 88 trabajadores ferroviarios fueron desaparecidos y durante el Menemismo, más de 100 mil compañeros quedaron en la calle y miles de pueblos se convirtieron en “fantasmas” destruyendo economías regionales y fuentes de trabajo.
“Pretenden llevarnos a una pelea de pobres contra pobres, esa no es la salida, la salida es la unidad de los trabajadores”, dijo, con el acto como fiel testimonio de sus palabras. “Este es el primer paso porque acá hay trabajadores con dignidad que no se arrodillan ante nadie. Los gobiernos y los funcionarios pasan pero los trabajadores quedamos y a la bandera de la reestatización no la vamos a bajar por nada del mundo”, finalizó Sobrero ante el aplauso multitudinario de todos los presentes.
“Todos los días nos subimos al tren con la inseguridad de no saber si vamos a llegar vivos”, dijo en la apertura del acto una integrante de los Usuarios del Sarmiento. La representante de los pasajeros del tren dijo también que el transporte público es un derecho que debe ser garantizado por el Estado: “Los accidentes no se evitan ni con ruedas de prensa ni pintando estaciones sino con una política ferroviaria integral”.
Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y el viento en la histórica plaza era cada vez más helado, tomó la palabra María Luján Rey, quien junto a Paolo Menghini son los referentes de los familiares de las víctimas: “Sabemos que fueron los trabajadores ferroviarios los que venían denunciando desde hacía tiempo las condiciones de los trenes, si los hubieran escuchado mi hijo y muchos hijos no estarían muertos”.
Luego fue el turno de Paolo Menghini quien haciendo alusión al slogan de campaña del Frente para la Victoria en las PASO dijo: “Eligieron cuidar a Jaime, a Schiavi, a Pedraza: eligieron a los delincuentes y a los asesinos. Nosotros elegimos la lucha, mirar para adelante y unirnos. Celebro esta unidad en la lucha”.
Con el dolor en la voz, Menghini dijo también que rechazaban la estigmatización que está haciendo el Gobierno de los trabajadores a quienes responsabiliza de los accidentes y agregó: “rechazamos la persecución a los delegados que buscaban el material que incriminaba a los Cirigliano”. Ante los aplausos de todos los presentes, finalizó: “Elegimos un ferrocarril para los trabajadores y los usuarios”.
Presentado por el periodista Ernesto Tenembaum, Rubén “Pollo” Sobrero fue el orador que cerró el acto. “No puede ser que ensucien a los trabajadores porque fuimos siempre los que luchamos, enfrentamos a la dictadura y todos los planes de ajuste”, comenzó el dirigente. Sobrero señaló además que durante la última dictadura militar, 88 trabajadores ferroviarios fueron desaparecidos y durante el Menemismo, más de 100 mil compañeros quedaron en la calle y miles de pueblos se convirtieron en “fantasmas” destruyendo economías regionales y fuentes de trabajo.
“Pretenden llevarnos a una pelea de pobres contra pobres, esa no es la salida, la salida es la unidad de los trabajadores”, dijo, con el acto como fiel testimonio de sus palabras. “Este es el primer paso porque acá hay trabajadores con dignidad que no se arrodillan ante nadie. Los gobiernos y los funcionarios pasan pero los trabajadores quedamos y a la bandera de la reestatización no la vamos a bajar por nada del mundo”, finalizó Sobrero ante el aplauso multitudinario de todos los presentes.
El Pentágono se prepara para un posible ataque con misiles contra Siria.
A pesar de que Barack Obama es contrario a una intervención en Siria, el Pentágono está haciendo "los preparativos iniciales" para un ataque con misiles de crucero contra las fuerzas de Al Assad, según un nuevo informe, citado por la CBS.
Se espera que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Martin Dempsey, presente opciones para un ataque de este tipo en una reunión en la Casa Blanca este sábado.
Sin embargo, los funcionarios consultados por la CBS destacan que el presidente de EE.UU., Barack Obama, que hasta ahora se ha mostrado en contra de la intervención militar, no ha tomado una decisión.
Cabe mencionar que anteriormente Dempsey manifestó, en una carta al congresista Eliot Engel, que no cree que "los rebeldes sirios promuevan los intereses de EE.UU. en caso de que les apoye a derrocar a Al Assad", por lo que no contempla intervenir militarmente en el conflicto.
Por su parte, Obama en una entrevista con la CNN dio a entender que la intervención en Siria supondría ciertas dificultades, entre ellas las económicas, para Washington, aunque dijo que EE.UU. hará todo lo posible "para ver al presidente Al Assad derrocado".
El pasado 21 de agosto varios medios de comunicación árabes informaron sobre un supuesto ataque con gas en las cercanías de Damasco, que supuestamente dejó centenares de víctimas mortales. Aunque los activistas rebeldes acusaron del ataque a las fuerzas gubernamentales, las fuentes oficiales en Damasco se apresuraron a desmentirlo.
Moscú calificó el caso de "provocación", una opinión que comparten muchos expertos que consideran inverosímil que el Gobierno sirio haya usado armas químicas cuando los investigadores de la ONU están en el país.
Se espera que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Martin Dempsey, presente opciones para un ataque de este tipo en una reunión en la Casa Blanca este sábado.
Sin embargo, los funcionarios consultados por la CBS destacan que el presidente de EE.UU., Barack Obama, que hasta ahora se ha mostrado en contra de la intervención militar, no ha tomado una decisión.
Cabe mencionar que anteriormente Dempsey manifestó, en una carta al congresista Eliot Engel, que no cree que "los rebeldes sirios promuevan los intereses de EE.UU. en caso de que les apoye a derrocar a Al Assad", por lo que no contempla intervenir militarmente en el conflicto.
Por su parte, Obama en una entrevista con la CNN dio a entender que la intervención en Siria supondría ciertas dificultades, entre ellas las económicas, para Washington, aunque dijo que EE.UU. hará todo lo posible "para ver al presidente Al Assad derrocado".
El pasado 21 de agosto varios medios de comunicación árabes informaron sobre un supuesto ataque con gas en las cercanías de Damasco, que supuestamente dejó centenares de víctimas mortales. Aunque los activistas rebeldes acusaron del ataque a las fuerzas gubernamentales, las fuentes oficiales en Damasco se apresuraron a desmentirlo.
Moscú calificó el caso de "provocación", una opinión que comparten muchos expertos que consideran inverosímil que el Gobierno sirio haya usado armas químicas cuando los investigadores de la ONU están en el país.
Una corporación vs. los vecinos de Esquel: Una querella de película.
La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra seis vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión. Por primera vez se revelan allí los métodos usados por una empresa multinacional para manipular la opinión pública. Una prueba irrefutable de cómo mienten y quiénes construyen esas mentiras.
El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional canadiense Meridian Gold. El resultado: “no a la mina” ganó con el 81% de los votos. Seis meses después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más IVA, según la factura que presentaron como prueba en la causa Nº 6777/72 que iniciaron en el juzgado Nº 13, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. Allí se detalla que el 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 contrataron un servicio de coffe break continuo, almuerzo para 16 personas, Internet por banda ancha, equipo de traducción simultánea inglés-castellano y viceversa, pantalla, proyector y siete micrófonos. El contenido de esa reunión no es el objetivo de la querella, sino su conclusión: intentan identificar quién o quiénes grabaron lo que allí se decía y criminalizar a la Asamblea No a la mina, que lo difundió públicamente. Las consecuencias de todo este despropósito es, en palabras del abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Santiago Felgueras, defensor de los asambleístas demandados, “el guión de una película de Hollywood”.
Los personajes
Como detalla la minera en su presentación judicial, “entre los meses de abril y julio de 2003 contrató como consultora a la organización no gubernamental extranjera Bussines for Social Responsability (BSR) que, a fines de establecer las causas y soluciones para el conflicto, se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población”. BSR se presenta en ese informe (que puede leerse completo en esta página) “como una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. La integran 450 empresas, entre ellas Shell, General Motors, Brittish Petroleum y Sony y ha intervenido en todos los lugares del globo donde hubo resistencia organizada de la población a los desmanes de las multinacionales: el norte de Perú, Nigeria, Bolivia o Venezuela son algunos de los ejemplos que ellos mismos citan.
La delegada de BSR para intervenir en el conflicto de Esquel es Christina Sabater, domiciliada en San Francisco según revela la presentación judicial y portadora de un caribeño castellano, según revelan los audios. Su nombre está al pie de la factura del Hotel Crowne Plaza.
Según detalla la querella “las personas que estando autorizadas intervinieron en las reuniones” son las siguientes:
Por Meridian Gold Holdings: Edward Colt (vicepresidente ejecutivo), Darcy Edward Marud ( gerente de exploración) y Guillermo Mendoza (jefe de prensa).
Por la consultora BSR: Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater.
Por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados: Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli.
El último nombre de la lista: “El señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez”.
Veamos quiénes son estos criollos que jugaban de locales y qué dijeron.
Quién es quién
Braga Menéndez y Asociados es una agencia de publicidad que lleva el apellido de su mentor: Fernando Braga Menéndez. Como él mismo cuenta, “descubrió” a Néstor Kirchner cuando todos daban dos pesos por el entonces gobernador santacruceño. Braga Menéndez decidió trabajar en su campaña electoral, la que convirtió a Néstor Kichner en Presidente con el 22% de los votos, cuando su contrincante Carlos Menen se bajó del ballotage. El anuncio público de esta renuncia lo realizó el vocero del riojano, Jorge Azcárate, el participante de la reunión de Meridian Gold convocado por Braga Menéndez.
Braga Menéndez está abocado actualmente a la campaña de imagen de Cristina Kichner.
Jorge Azcárate es el responsable de la consultora Bonaparte 48 S.A. Además de la ya mencionada participación en la campaña electoral de Menem, fue su subsecretario de Medios. trabajó para Mauricio Macri en el 2002 y fue portavoz del Grupo Dolphin, que controla a Transener y Edenor, entre otras empresas. Actualmente, es además asesor editorial de la revista Debates, cuya última portada inunda la ciudad con la imagen de Cristina Kichner y una nota que, en el mejor de los casos, formará parte de la antología de las mejores no-entrevistas de la historia del fin del periodismo.
Como neutralizar a Greenpeace
El juego de estas cínicas coincidencias no termina allí: en su página web, la agencia presenta como ejemplo de campaña institucional -en primer lugar y con despliegue de gráfica y video- la campaña que realizó para Greenpeace. En el aviso gráfico puede verse la cara de Mario Pergolini en primerísimo plano, con un barbijo y el slogan: “la indiferencia huele como la contaminación”. Hay más: en los audios de la reunión del Crownel Plaza puede escucharse como Raúl Timerman, socio de la agencia Braga Menéndez, señala que el plan de acción ideado por la agencia contempla “contrabalancear la acción de Greenpace” en Esquel. ¿Cómo? Contratando servicios de otras ongs. “Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre, Cambio Democrático (menciona haber tenido una reunión con Graciela Tapia, miembro del consejo honorario), Poder Ciudadano (menciona que habló con su director, Carlos March, aunque no específica sobre qué) y FARN”. Los americanos suman un dato: “una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la patagonia, de Cristina Miguens.
A la reunión del Hotel Crowne Plaza realizada -reiteramos- seis meses después del rotundo pronunciamiento ciudadano del no a la mina, la agencia envió a su director de medios, Juan Carlos Malagoli. El fue el encargado de hablar claro:
“El tema hoy es el problema con la comunidad. El 70% de la gente hoy en Esquel piensa que la compañía va a seguir avanzando. Y las cosas obvias son obvias, porque por más que digamos que estamos en pausa, el 70% del pueblo de Esquel sabe que va a seguir avanzando. Ya lo saben.”
Luego de detallar los problemas de “filtraciones” internas que los preocupan, los directivos norteamericanos de Meridian Gold, en ese inconfundible castellano gringo, enuncian el objetivo de la reunión: “cómo dar vuelta a la comunidad”. Malagoli es entonces el que explica el plan de la agencia. En primer lugar, deben realizar un diagnóstico para encontrar lo que llama “el punto de quiebre entre aquel que le importa más la ecología aunque se muera de hambre y aquel que le importa más el dinero, como un eje absurdo y exagerado. Es decir, cuántos son esos en Esquel.” La forma ideada para realizar este diagnóstico es una encuesta que, aprovechando la coyuntura electoral provincial, los ayudará a disimular las verdaderas intenciones del sondeo. La agencia señala cuál cree que es la consultora ideal para encargarse de esta tarea: Catterberg y Asociados, que realiza habitualmente los sondeos para el radical, Carlos Maestro
“Elegimos esta consultora por su vinculo con Maestro y con el radicalismo de la provincia (…) Esta gente es muy amiga de Maestro, por lo tanto si estamos de acuerdo en que vamos a hacer la encuesta, esta gente hablaría con Maestro primero, antes de largar la encuesta. Tendríamos un ok de parte de ellos antes”.
Cómo llegar a Kirchner
Raúl Timerman es primo del cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman y sobrino del legendario Jacobo. Se presenta como un experto en marketing, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene, además, un programa en Radio El Mundo, cuyo título quizá resulte premonitorio para contextualizar sin dichos: “Sin pedir permiso”.
Timerman fue el encargado de presentar, en la reunión del Hotel Crown Plaza, un power point que presentó bajo el título de: “Cómo generar confianza”. Según sus palabras: “Cuáles son los mecanismos de generación de confianza que nosotros pensamos ejecutar”.
El primer mecanismo señalado por el plan ideado por la agencia Braga Menéndez contempla lo siguiente:
“Hay una lista de los integrantes del gobierno nacional que van a recibir la información que vamos a preparar: el ministro de planificación Julio De Vido; el secretario de minería Jorge Mayoral; el jefe de gabinete Alberto Fernández; el vocero presidencial Miguel Núñez; el secretario general de la presidencia Oscar Parilli; el secretario privado de la presidencia de la Nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores políticos del presidente de la nación Carlos Cunten. Esto se lee: Néstor Kirchner. Es decir, este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner que nos interesa mantenerlos informados para asegurarnos que a cualquiera persona de su entorno que el Presidente consulte tenga la información”.
Malagoli amplía: “la idea es mantenerlos informados. Lo mismo que se hace con los periodistas, en este caso con los políticos”.
A continuación, se escucha el tono caribeño de Christina Sabater preguntando:
-“¿Están considerando que alguna persona de la empresa tenga contacto con esos políticos?
“Nosotros creemos que primero hay un trabajo por parte nuestra, porque ellos van a hablar con mayor tranquilidad, y van a decir una serie de cosas que ciertas o no y aunque enojen, hay que escucharlas. Es necesario que ellos se explayen y digan lo que piensan para preparar la visita donde la empresa pueda anunciar algo concreto. Esto no quiere decir que ellos no hagan lo que hace cualquier político: que corten con nosotros, llamen a Darcy (gerente de Meridian Gold), si él es el que estuviera a cargo del tema y le digan: ‘quedate tranquilo, nosotros estamos con vos’; porque es parte de su profesión de políticos”.
Cómo ser honesto
Tal como lo especifica Meridian Gold en la querella, la corporación no había solicitado la grabación de esta reunión. De acuerdo a sus sospechas, la grabación que trascendió públicamente -y que, entre otros, los vecinos de la Asamblea de No a la Mina recibieron anónimamente- corresponde exactamente al uso de los micrófonos que hizo cada participante: no se escuchan allí otras voces que no fueran las de quienes en cada momento tuvieron el uso de la palabra amplificada por los parlantes.
Es por eso que la querella presentada por la corporación tiene dos grupos de demandados. Por un lado, solicita que declare todo el personal del hotel, sonidistas y traductores que intervinieron en las jornadas. Pretenden así descubrir quién se dio cuenta que lo que allí pasaba era de interés de esa opinión pública que se pretendía manipular. Alegan que ese justiciero anónimo es responsable del delito previsto por la ley 24.766 que sanciona conductas “contrarias a los usos comerciales honestos”. Lo dicho: no hay aquí ironías, solo cínicas coincidencias.
Por otro lado, identifica a seis vecinos de Esquel -notorios por su participación y compromiso en la Asamblea No a la Mina- como responsables del delito previsto en el artículo 153 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a seis meses a quien “se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado”. Esto es: por difundir los audios que en esta página reproducimos.
La primera resolución del juez fue rechazar la demanda. El argumento: ni siquiera se entiende en la presentación a quiénes estaba Meridian Gold querellando. Sin embargo, la Cámara, apelación mediante, resolvió darle curso a la demanda.
La querella fue iniciada hace casi un año, pero los vecinos de Esquel recién se enteraron en octubre pasado, cuando les llegó la cédula de citación a los demandados. Como las actuaciones se presentaron en un tribunal de la Capital Federal, el primer inconveniente que se les presentó es el más obvio: trasladarse, conseguir abogados acreditados en esta jurisdicción, contar con el tiempo y el dinero suficiente para enfrentarse en tribunales con una corporación y todos los etcéteras de escala humana imaginables. Finalmente, concretaron el patrocinio legal del Cels, que el martes pasado solicitó al juez la postergación de la primera audiencia, ya que dos de las personas citadas acreditaban con certificados médicos estar impedidas de trasladarse: una por su avanzado embarazo y otra por una diabetes complicada. El juez, sin embargo, denegó la postergación, medida que fue apelada por los abogados.
APN
La agencia de publicidad del kichnerismo, Braga Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y el primo del cónsul argentino en Nueva York, Raúl Timerman son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado “a buscar el quiebre” entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que contaminaría con cianuro la región. Por primera vez, también, se pueden escuchar sus “propuestas” identificando sus voces.
El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional canadiense Meridian Gold. El resultado: “no a la mina” ganó con el 81% de los votos. Seis meses después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más IVA, según la factura que presentaron como prueba en la causa Nº 6777/72 que iniciaron en el juzgado Nº 13, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. Allí se detalla que el 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 contrataron un servicio de coffe break continuo, almuerzo para 16 personas, Internet por banda ancha, equipo de traducción simultánea inglés-castellano y viceversa, pantalla, proyector y siete micrófonos. El contenido de esa reunión no es el objetivo de la querella, sino su conclusión: intentan identificar quién o quiénes grabaron lo que allí se decía y criminalizar a la Asamblea No a la mina, que lo difundió públicamente. Las consecuencias de todo este despropósito es, en palabras del abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Santiago Felgueras, defensor de los asambleístas demandados, “el guión de una película de Hollywood”.
Los personajes
Como detalla la minera en su presentación judicial, “entre los meses de abril y julio de 2003 contrató como consultora a la organización no gubernamental extranjera Bussines for Social Responsability (BSR) que, a fines de establecer las causas y soluciones para el conflicto, se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población”. BSR se presenta en ese informe (que puede leerse completo en esta página) “como una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. La integran 450 empresas, entre ellas Shell, General Motors, Brittish Petroleum y Sony y ha intervenido en todos los lugares del globo donde hubo resistencia organizada de la población a los desmanes de las multinacionales: el norte de Perú, Nigeria, Bolivia o Venezuela son algunos de los ejemplos que ellos mismos citan.
La delegada de BSR para intervenir en el conflicto de Esquel es Christina Sabater, domiciliada en San Francisco según revela la presentación judicial y portadora de un caribeño castellano, según revelan los audios. Su nombre está al pie de la factura del Hotel Crowne Plaza.
Según detalla la querella “las personas que estando autorizadas intervinieron en las reuniones” son las siguientes:
Por Meridian Gold Holdings: Edward Colt (vicepresidente ejecutivo), Darcy Edward Marud ( gerente de exploración) y Guillermo Mendoza (jefe de prensa).
Por la consultora BSR: Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater.
Por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados: Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli.
El último nombre de la lista: “El señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez”.
Veamos quiénes son estos criollos que jugaban de locales y qué dijeron.
Quién es quién
Braga Menéndez y Asociados es una agencia de publicidad que lleva el apellido de su mentor: Fernando Braga Menéndez. Como él mismo cuenta, “descubrió” a Néstor Kirchner cuando todos daban dos pesos por el entonces gobernador santacruceño. Braga Menéndez decidió trabajar en su campaña electoral, la que convirtió a Néstor Kichner en Presidente con el 22% de los votos, cuando su contrincante Carlos Menen se bajó del ballotage. El anuncio público de esta renuncia lo realizó el vocero del riojano, Jorge Azcárate, el participante de la reunión de Meridian Gold convocado por Braga Menéndez.
Braga Menéndez está abocado actualmente a la campaña de imagen de Cristina Kichner.
Jorge Azcárate es el responsable de la consultora Bonaparte 48 S.A. Además de la ya mencionada participación en la campaña electoral de Menem, fue su subsecretario de Medios. trabajó para Mauricio Macri en el 2002 y fue portavoz del Grupo Dolphin, que controla a Transener y Edenor, entre otras empresas. Actualmente, es además asesor editorial de la revista Debates, cuya última portada inunda la ciudad con la imagen de Cristina Kichner y una nota que, en el mejor de los casos, formará parte de la antología de las mejores no-entrevistas de la historia del fin del periodismo.
Como neutralizar a Greenpeace
El juego de estas cínicas coincidencias no termina allí: en su página web, la agencia presenta como ejemplo de campaña institucional -en primer lugar y con despliegue de gráfica y video- la campaña que realizó para Greenpeace. En el aviso gráfico puede verse la cara de Mario Pergolini en primerísimo plano, con un barbijo y el slogan: “la indiferencia huele como la contaminación”. Hay más: en los audios de la reunión del Crownel Plaza puede escucharse como Raúl Timerman, socio de la agencia Braga Menéndez, señala que el plan de acción ideado por la agencia contempla “contrabalancear la acción de Greenpace” en Esquel. ¿Cómo? Contratando servicios de otras ongs. “Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre, Cambio Democrático (menciona haber tenido una reunión con Graciela Tapia, miembro del consejo honorario), Poder Ciudadano (menciona que habló con su director, Carlos March, aunque no específica sobre qué) y FARN”. Los americanos suman un dato: “una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la patagonia, de Cristina Miguens.
Su hermano, Carlos Miguens vendió la empresa a Meridian Gold. Es como un grupo secundario, pero es para prevenir cualquier movilización sobre el tema indígena. Ella puede ser el contacto para asegurarse de estar hablando con la persona correcta.” Se trata de la Fundación Huiliches y de los Miguens del Grupo Bemberg, dueño -entre otras cosas- del Chocón y la minera Patagonia Gold. Carlos y Cristina son hijos de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg. En el plan de acción presentado en la reunión del Hotel Crowne Plaza por la agencia Braga Menéndez, Timerman detalla qué pensaron hacer con estas ongs “creemos que van ser importante en el desarrollo de nuestra estrategia ir otorgándoles tareas. Es probable que se las contrate para determinadas actividades”.
Cómo encontrar el quiebre en la comunidad
Cómo encontrar el quiebre en la comunidad
A la reunión del Hotel Crowne Plaza realizada -reiteramos- seis meses después del rotundo pronunciamiento ciudadano del no a la mina, la agencia envió a su director de medios, Juan Carlos Malagoli. El fue el encargado de hablar claro:
“El tema hoy es el problema con la comunidad. El 70% de la gente hoy en Esquel piensa que la compañía va a seguir avanzando. Y las cosas obvias son obvias, porque por más que digamos que estamos en pausa, el 70% del pueblo de Esquel sabe que va a seguir avanzando. Ya lo saben.”
Luego de detallar los problemas de “filtraciones” internas que los preocupan, los directivos norteamericanos de Meridian Gold, en ese inconfundible castellano gringo, enuncian el objetivo de la reunión: “cómo dar vuelta a la comunidad”. Malagoli es entonces el que explica el plan de la agencia. En primer lugar, deben realizar un diagnóstico para encontrar lo que llama “el punto de quiebre entre aquel que le importa más la ecología aunque se muera de hambre y aquel que le importa más el dinero, como un eje absurdo y exagerado. Es decir, cuántos son esos en Esquel.” La forma ideada para realizar este diagnóstico es una encuesta que, aprovechando la coyuntura electoral provincial, los ayudará a disimular las verdaderas intenciones del sondeo. La agencia señala cuál cree que es la consultora ideal para encargarse de esta tarea: Catterberg y Asociados, que realiza habitualmente los sondeos para el radical, Carlos Maestro
“Elegimos esta consultora por su vinculo con Maestro y con el radicalismo de la provincia (…) Esta gente es muy amiga de Maestro, por lo tanto si estamos de acuerdo en que vamos a hacer la encuesta, esta gente hablaría con Maestro primero, antes de largar la encuesta. Tendríamos un ok de parte de ellos antes”.
Cómo llegar a Kirchner
Raúl Timerman es primo del cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman y sobrino del legendario Jacobo. Se presenta como un experto en marketing, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene, además, un programa en Radio El Mundo, cuyo título quizá resulte premonitorio para contextualizar sin dichos: “Sin pedir permiso”.
Timerman fue el encargado de presentar, en la reunión del Hotel Crown Plaza, un power point que presentó bajo el título de: “Cómo generar confianza”. Según sus palabras: “Cuáles son los mecanismos de generación de confianza que nosotros pensamos ejecutar”.
El primer mecanismo señalado por el plan ideado por la agencia Braga Menéndez contempla lo siguiente:
“Hay una lista de los integrantes del gobierno nacional que van a recibir la información que vamos a preparar: el ministro de planificación Julio De Vido; el secretario de minería Jorge Mayoral; el jefe de gabinete Alberto Fernández; el vocero presidencial Miguel Núñez; el secretario general de la presidencia Oscar Parilli; el secretario privado de la presidencia de la Nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores políticos del presidente de la nación Carlos Cunten. Esto se lee: Néstor Kirchner. Es decir, este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner que nos interesa mantenerlos informados para asegurarnos que a cualquiera persona de su entorno que el Presidente consulte tenga la información”.
Malagoli amplía: “la idea es mantenerlos informados. Lo mismo que se hace con los periodistas, en este caso con los políticos”.
A continuación, se escucha el tono caribeño de Christina Sabater preguntando:
-“¿Están considerando que alguna persona de la empresa tenga contacto con esos políticos?
Porque eso fue un problema: hasta ahora la empresa no ha tenido esos contactos.”
Responde Malagoli:
Responde Malagoli:
“Nosotros creemos que primero hay un trabajo por parte nuestra, porque ellos van a hablar con mayor tranquilidad, y van a decir una serie de cosas que ciertas o no y aunque enojen, hay que escucharlas. Es necesario que ellos se explayen y digan lo que piensan para preparar la visita donde la empresa pueda anunciar algo concreto. Esto no quiere decir que ellos no hagan lo que hace cualquier político: que corten con nosotros, llamen a Darcy (gerente de Meridian Gold), si él es el que estuviera a cargo del tema y le digan: ‘quedate tranquilo, nosotros estamos con vos’; porque es parte de su profesión de políticos”.
Cómo ser honesto
Tal como lo especifica Meridian Gold en la querella, la corporación no había solicitado la grabación de esta reunión. De acuerdo a sus sospechas, la grabación que trascendió públicamente -y que, entre otros, los vecinos de la Asamblea de No a la Mina recibieron anónimamente- corresponde exactamente al uso de los micrófonos que hizo cada participante: no se escuchan allí otras voces que no fueran las de quienes en cada momento tuvieron el uso de la palabra amplificada por los parlantes.
Es por eso que la querella presentada por la corporación tiene dos grupos de demandados. Por un lado, solicita que declare todo el personal del hotel, sonidistas y traductores que intervinieron en las jornadas. Pretenden así descubrir quién se dio cuenta que lo que allí pasaba era de interés de esa opinión pública que se pretendía manipular. Alegan que ese justiciero anónimo es responsable del delito previsto por la ley 24.766 que sanciona conductas “contrarias a los usos comerciales honestos”. Lo dicho: no hay aquí ironías, solo cínicas coincidencias.
Por otro lado, identifica a seis vecinos de Esquel -notorios por su participación y compromiso en la Asamblea No a la Mina- como responsables del delito previsto en el artículo 153 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a seis meses a quien “se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado”. Esto es: por difundir los audios que en esta página reproducimos.
La primera resolución del juez fue rechazar la demanda. El argumento: ni siquiera se entiende en la presentación a quiénes estaba Meridian Gold querellando. Sin embargo, la Cámara, apelación mediante, resolvió darle curso a la demanda.
La querella fue iniciada hace casi un año, pero los vecinos de Esquel recién se enteraron en octubre pasado, cuando les llegó la cédula de citación a los demandados. Como las actuaciones se presentaron en un tribunal de la Capital Federal, el primer inconveniente que se les presentó es el más obvio: trasladarse, conseguir abogados acreditados en esta jurisdicción, contar con el tiempo y el dinero suficiente para enfrentarse en tribunales con una corporación y todos los etcéteras de escala humana imaginables. Finalmente, concretaron el patrocinio legal del Cels, que el martes pasado solicitó al juez la postergación de la primera audiencia, ya que dos de las personas citadas acreditaban con certificados médicos estar impedidas de trasladarse: una por su avanzado embarazo y otra por una diabetes complicada. El juez, sin embargo, denegó la postergación, medida que fue apelada por los abogados.
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