Este miércoles se cumplirán diez años desde la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Congreso Nacional, un hito fundamental para la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La Ley 25.779, aprobada el 21 de agosto de 2003 y reglamentada el 2 de septiembre, significó una fuerte señal política para que la justicia comenzara a reabrir esas causas que permanecían clausuradas hasta entonces.
En esas jornadas históricas, el Poder Legislativo consideró "insanablemente nulas" las leyes 23.492 y 23.521, que frenaron las incipientes investigaciones en la vuelta de la democracia. El momento para que eso sucediera fue fundamental: luego de 20 años de democracia se habían creado las condiciones sociales, políticas y jurídicas para empezar a dar vuelta a la impunidad reinante.
El 6 de marzo de 2001 un juez declaró por primera vez la inconstitucionalidad de ambas leyes. A fines de ese año, Patricia Walsh asumió su banca y comenzó con la redacción del proyecto de ley que casi dos años después sería aprobado en el Congreso.
Desde febrero de 2002, Walsh, diputada de Nueva Izquierda e hija del escritor y militante desaparecido Rodolfo Walsh, insistió con darle tratamiento a ese proyecto pero nunca había obtenido el quórum necesario. Un proyecto similar, de los diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, ya había fracasado en 1998 y sólo habían conseguido la derogación de las normas aunque sin ningún efecto jurídico.
"Luchamos siempre para que esas leyes fueran declaradas inconstitucionales. El único presidente que nos escuchó fue Néstor Kirchner, quien, si bien no podía tener injerencia sobre otro poder, mandaba sus mensajes sobre la vergüenza que era la vigencia de esas leyes para un pueblo", señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El mandato de Kirchner a los legisladores oficialistas sería central para lograr el apoyo de las mayorías peronistas a la iniciativa de Walsh. También acompañaron el proyecto un sector minoritario del radicalismo –el grueso de esa bancada se abstuvo– y el ARI –por entonces, progresista– de Elisa Carrió. A pesar del apoyo, el texto original no llegó intacto y debió excluir del proyecto la nulidad de los indultos para lograr el quórum necesario.
"Más que una importancia jurídica, la anulación de las leyes fue una señal de los otros poderes: el Ejecutivo, que promovió la ley, y el Legislativo, hacia la justicia", analizó Pablo Parenti, coordinador de la unidad fiscal para investigar casos de apropiación de niños de desaparecidos y uno de los redactores de la primera declaración de nulidad promovida por el juez Gabriel Cavallo en 2001. "La ley ayudó a que el Poder Judicial se tomara en serio el proceso de reapertura de los juicios y reaccionara. Sin la ley, creo que la historia judicial de la reapertura hubiese sido más difícil", opinó. Y recordó que, recién después de la nulidad del Congreso, la Cámara Federal porteña reabrió las causas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército.
EL PROYECTO
"Los 20 años que transcurrieron desde el advenimiento de la democracia es un tiempo más que razonable para demostrar que una convivencia humana y pacífica exige y reclama el debido juzgamiento de todos aquellos que de una u otra forma violentaron los derechos fundamentales de argentinos y extranjeros que vivieron en nuestro país durante la dictadura militar", señalaba el proyecto de ley que contaba también con la firma de los diputados José María Díaz Bancalari, Alicia Castro y Jorge Rivas, entre otros.
LOS DISCURSOS
"Hoy es el día de la reconquista, un día especial para la mayor parte del pueblo argentino. Creo que también es un día especial para las miles de personas que están en la Plaza (de los Dos Congresos), a metros de acá, esperando desde hace horas lo que yo también espero que seamos capaces de resolver: la nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida." De esta manera, arrancaba Walsh su intervención en el recinto durante la sesión del 12 de agosto.
El debate en la Cámara Baja lo cerró otro de los firmantes del proyecto, el peronista José María Díaz Bancalari. "El tiempo, que es el juez implacable de los hombres, determinará si este proyecto y sus consecuencias fueron nada más que un intento para alcanzar la verdad y la justicia o si representaron el inicio del camino para su logro", sostuvo el entonces jefe del bloque oficialista, y manifestó: "Venimos con una historia cargada de cicatrices, no lo voy a negar; pero voy a repetir una frase del presidente Kirchner: venimos con memoria pero sin rencores."
Una semana después sería refrendado en el Senado. Allí, la última oradora en la madrugada del 21 de agosto fue la entonces senadora y ahora presidenta Cristina Fernández: "Quisiera decir que hoy estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina. Cuando digo institucional me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra. Esto no es cierto", argumentó. También se refirió a la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos, que "llevaron su reclamo en paz durante muchísimos años". "Siempre me pregunto qué hubiera hecho yo si uno de mis hijos hubiera desaparecido. Por eso, quiero felicitar a las organizaciones de Derechos Humanos por el ejemplo de tolerancia y de civismo que nos han dado a todos los argentinos", agregó.
LOS QUE LA RECHAZARON
La mayor sorpresa la dio Luis Zamora, quien desde hacía años impulsaba la nulidad de esas leyes. "Es una búsqueda superficial, rápida, presionada por la población, por los reclamos internacionales, por seguir despertando ilusiones que luego no se van a cumplir. Si a esto le agregamos el poco compromiso de algunos miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso con la pelea concreta y práctica de la lucha por la justicia uno llega a la conclusión de que estamos ante una nueva maniobra", manifestó.
El resto de la oposición a la ley estuvo dada en sectores del radicalismo, que se abstuvo de la votación por considerar que el Congreso no tenía la facultad de anular una ley, y sectores identificados directamente con los militares, como el diputado Ricardo Bussi, hijo de Antonio Bussi, quien estuvo al frente del Operativo Independencia y luego se recicló como gobernador tucumano.
"Una vez más, los argentinos estamos divididos, dado que se aborda la cuestión desde posiciones militantes: unos desde la derecha y otros desde la izquierda. Lo cierto es que esto aparece como un verdadero combate para adueñarse de la historia y de la moral de los argentinos", comenzó el tucumano al exponer su negativa, y consideró la nulidad de las leyes como "artilugios" de Kirchner para "meter presos a los militares". Su discurso virulento generó el rechazo de casi todos los diputados y de organismos de Derechos Humanos, presentes en las plateas.
CONFIRMACIÓN
Apenas se reglamentó la ley, la justicia comenzó a reabrir las causas por delitos de lesa humanidad. En poco menos de dos años, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la validez de la anulación votada en el Congreso. La decisión de los ministros de la Corte fue mayoritaria y el único voto disidente fue el de Carlos Fayt, quien, al igual que el radicalismo, indicó que la facultad de declarar la validez de una norma es del Poder Judicial. «
Cronología
El 24 de diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley 23.492 (Punto Final), que extinguió la acción penal a los delitos cometidos en la dictadura.
Tras los levantamientos carapintadas, el 8 de junio de 1987, se sancionó la Ley de Obediencia Debida (23.521): estableció que los acusados habían "obrado en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior".
El 6 de marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes en la causa seguida en el caso Poblete. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal.
El 12 de agosto de 2003 la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley para declarar la nulidad de las leyes. El 21 de agosto de 2003 el Senado sancionó la Ley 25.779.
En septiembre de 2003 la ley fue reglamentada. La Cámara Federal porteña reabrió las investigaciones por delitos de lesa humanidad en la ex ESMA y el 1º Cuerpo de Ejército. Igual decisión tomó la Cámara platense.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Obediencia Debida y Punto Final. También declaró la validez de la Ley 25.779.
