Cómo funciona la logia de los represores fugados.

El operativo que perpetró la huida de De Marchi y Olivera ratificó la existencia de una organización secreta dedicada a asistir a los genocidas que evaden la Justicia. El rol del Servicio Penitenciario, las sospechas sobre funcionarios judiciales y los vínculos con la P2. 

El 4 de julio pasado, los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi escucharon cómo el Tribunal Oral de San Juan los condenaba a prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, por torturas, asesinatos y asociación ilícita durante la última dictadura militar, en lo que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia. Veintiún días más tarde, ambos viajaron al Hospital Militar “Cosme Argerich”, de la ciudad de Buenos Aires, para recibir un tratamiento médico. En cuestión de horas, se escaparon y pasaron a integrar la lista de 51 genocidas prófugos que ya integraban el Fondo de Recompensa que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Detrás de esta fuga se esconde una estructura inorgánica con terminales económicas y judiciales.

Se sabe, para evadir a la Justicia y vivir en la clandestinidad por un período extenso se necesita una logística aceitada. Según se desprende de este caso, evidentemente existe una logia con ramificaciones impensadas. Es que los protagonistas de esta historia no son dos improvisados.

Gustavo Ramón De Marchi está registrado en el rubro “servicios inmobiliarios” desde 2005. Es hermano de Juan Carlos De Marchi, quien también revistó en el Ejército y fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante el terrorismo de Estado. Curiosamente, Juan Carlos presidió la filial Corrientes de la Sociedad Rural, entre 1989 y 2004. Tal fue su poder que hasta Luciano Miguens, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo definió como “una persona honorable que integra nuestra casa”. “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi”, había llegado a decir Miguens. No es para menos: fue vocal suplente de la entidad hasta 2007. Respecto de Gustavo Ramón, un preso político que hoy ocupa un importante cargo en la provincia de San Juan lo recordó como “un hombre tenebroso”.

Jorge Antonio Olivera nació en Misiones y se dedica desde 1999 a brindar “servicios jurídicos”. Está casado con Marta Noemí Ravasi, monotributista, que trabaja como psicóloga en el Hospital Militar. Los investigadores la señalan como una figura clave en la fuga de su marido. En su perfil de Facebook se puede constatar su amor por el puerto de Olivos y los veleros.

Olivera, en el año 2000, constituyó junto a Jorge Humberto Appiani la firma Prepaga SRL con el objeto de dedicarse al “asesoramiento legal en todas las materias y disciplinas de la ciencia jurídica”. Con el título bajo el brazo, Olivera trasladó al mundo del derecho su ideología fascista. Por caso, fue el letrado defensor del represor Guillermo Suárez Mason –vinculado a la logia P2, un dato que no es menor como se verá más adelante–.

Entre los delitos que se le imputaron a Olivera en San Juan se destaca el de la francoargentina Marie Anne Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en aquella provincia. El represor ya había sido procesado en la Argentina por esta causa en 1987 pero quedó en libertad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, estando en Roma, Italia, Olivera fue detenido en el año 2000. Fue justamente en Europa donde el letrado gestó su primera fuga en septiembre de aquel año. Trece años después volvió a evadir a la Justicia.

Según pudo averiguar Veintitrés, los investigadores barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de los prófugos. A raíz de documentación recabada por el Ministerio de Defensa, vinculada a la actividad económica de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) pudo constatar que el represor trabajó como abogado hasta el día de su detención: litigó contra el Estado nacional, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las Fuerzas Armadas y defendiendo a militares procesados. Y los honorarios que de allí obtenía los utilizó para constituir dos fideicomisos, junto a su socio Jorge Humberto Appiani. El “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”. Se sospecha que estos dos instrumentos financieros pudieron ser utilizados para solventar los gastos de la fuga y la vida clandestina.

Por ello, la UIF aplicó a ambos represores la controvertida ley antiterrorista “y considerando que lo percibido o a percibir proveniente de los fideicomisos sin lugar a dudas resultaría fundamental para su financiamiento, con el objetivo de mantenerse prófugos, procedió en el día de ayer (30 de julio) al congelamiento administrativo de los bienes y dinero de los fideicomisos”.

EE.UU. cerrará varias embajadas por un posible ataque de Al Qaeda.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el cierre de un número indeterminado de embajadas el próximo domingo por cuestiones de seguridad. La cadena NBC News filtra que el cierre se debe a amenazas supuestamente vinculadas con Al Qaeda.

La portavoz del Departamento de Estado Marie Harf dijo que después del domingo, el gobierno “reconsiderará sus opciones”, sin especificar la amenaza específica que motiva el cierre de las embajadas involucradas. A pesar de que hasta el momento no se conocen más detalles de los planes del Departamento de Estado, se cree que las embajadas podrían estar ubicadas en países árabes, donde el domingo es un día laboral.

La NBC News apoya esta versión. Haciendo referencia a un funcionario anónimo del Departamento de Estado, la cadena comunica que el 4 de agosto permanecerán cerradas las embajadas de países musulmanes y de Israel como medida de precaución debido a una amenaza que presuntamente proviene desde Oriente Próximo y está vinculada con Al Qaeda. El canal subraya que el posible ataque tiene como objetivo solo las sedes diplomáticas y no blancos en el territorio de EE.UU.

La cúpula de las FARC fue condenada a 40 años en medio del diálogo por la paz.

Una corte encontró responsables a miembros de la guerrilla de un atentado realizado en febrero de 2005. Los rebeldes, entre ellos varios negociadores, deben responder por los delitos de "terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio".

Un tribunal colombiano condenó ayer a 40 años de prisión a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos Timochenko, nombre de guerra del líder de la organización rebelde, Iván Márquez, jefe del equipo que representa a la guerrilla en el diálogo de paz que se celebra con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y varios notorios combatientes ya muertos.

A la vez, trascendía en Uruguay que el presidente José Mujica estaría intentando otra vía de acercamiento entre las partes en guerra.

Ausente durante años del debate nacional sobre las causas que prolongan el conflicto interno colombiano, esta es la segunda vez en 48 horas que el Poder Judicial irrumpe espectacularmente en el escenario, y con el telón de fondo del diálogo para la paz. El martes, la Fiscalía General había reinstalado la teoría de los dos demonios al imputar por 11 mil delitos de lesa humanidad a tres guerrilleros y 13 jefes de los comandos paramilitares de ultraderecha.

Ayer, el Tribunal Superior de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el centro-este del país, anunció que había hallado responsables a los miembros del secretariado de las FARC de un atentado realizado en febrero de 2005 en una zona rural de Puerto Rico. Según la sentencia, los rebeldes deben responder por los delitos de "terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio", debido a que el hecho dejó seis personas muertas.

Entre los condenados, además de Timochenko e Iván Márquez, están Pablo Catatumbo –otro de los integrantes del grupo que desde noviembre pasado negocia la paz en La Habana–, John 40, Henry Castellanos y Dionisio Rayo. Asimismo, la sentencia incluyó a los fallecidos Manuel Marulanda –fundador de las FARC–, Alfonso Cano, Efraín Guzmán, Mono Jojoy y Luis Barón.

Mientras en Villavicencio se divulgaba el fallo judicial, en Bogotá el ejército daba a conocer la muerte en combate de Robin, nombre de guerra del presunto jefe del Frente 52 de las FARC. Según el informe, Robin habría participado en enfrentamientos contra las tropas regulares en los departamentos de Vaupés, Guaviare y Huila, en el centro del país.

A todo esto, una versión periodística no desmentida ni confirmada, señaló que durante un reciente viaje a Cuba el presidente Mujica habría tomado contacto con miembros de la misión de paz de las FARC, específicamente con Iván Márquez y Jesús Santrich. Mujica estuvo en Cuba para los actos de celebración del 26 de julio, fecha en la que se recuerda el asalto al cuartel Moncada, el hecho fundacional de la gesta revolucionaria. 

Recientemente, durante un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, Mujica había elogiado el "clima negociador que está imperando en Colombia" y le había pedido al pontífice que pusiera a la Iglesia al servicio del proceso pacificador. Ayer trascendió que el presidente habría pedido al canciller Luis Almagro que iniciara conversaciones con Bogotá para combinar un encuentro con Santos.

"Ganó la justicia", dijo Snowden al dejar el aeropuerto con documentos rusos.

Moscú le dio asilo temporal por un año al ex técnico de inteligencia de Estados Unidos que filtró el escándalo del espionaje global. En sus primeras declaraciones disparó duras críticas contra Barack Obama y agradeció a Rusia.

Ganó la justicia", comentó ayer Edward Snowden, el ex técnico de la CIA que reveló los programas de espionaje norteamericano, tras recibir un permiso de asilo temporal por un año en Rusia, y criticó al presidente Barack Obama por no respetar las leyes internacionales. Tras la noticia, Estados Unidos aseguró estar "extremadamente decepcionado" con el gobierno ruso y advirtió que evalúa la "utilidad" de la cumbre bilateral prevista para septiembre.

Con documentos de identidad rusos e inadvertidamente, Snowden abandonó el aeropuerto Sheremetievo de Moscú, presuntamente en un taxi. Los comentarios del ex topo fueron difundidos por el portal WikiLeaks, que asistió legalmente al joven de 30 años buscado por Estados Unidos. "En las últimas ocho semanas hemos visto que el gobierno de Obama no ha mostrado ningún respeto por las leyes internacionales y nacionales, pero al final ganó la justicia", afirmó Snowden, y agregó: "Gracias a Rusia por haberme concedido el asilo en conformidad con sus leyes y sus obligaciones internacionales." El portal dio las gracias "a Rusia y a todos aquellos que ayudaron a proteger a Snowden".

Snowden filtró a la prensa la existencia de dos programas de la agencia de seguridad estadounidense de vigilancia masiva en Internet. Desde el 23 de junio estaba en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita, a donde había llegado en un vuelo procedente de Hong Kong.

Ayer, su abogado Anatoli Kucherena anunció que Rusia le había concedido un asilo temporal y que había salido del aeropuerto. El letrado agregó que el informante estadounidense permanecerá por el momento en ese país. "Actualmente no tiene la intención de volar a Latinoamérica", dijo Kucherena. Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia le habían ofrecido asilo a Snowden. El ex técnico de los servicios secretos le señaló a su abogado que en algún momento su próximo destino podría encontrarse en Europa.

La autoridad de migración rusa confirmó que le otorgó a Snowden un documento según el cual le concede asilo durante un año en territorio ruso. Se trata de un "caso totalmente normal", sostuvo la portavoz Salina Kornilova. "La causa Snowden no es un caso aislado. Sólo en este año ya tramitamos más de 1000 pedidos de este tipo", dijo.

Defensores de los Derechos Humanos alabaron la decisión de las autoridades migratorias rusas de otorgarle asilo a Snowden, pero al mismo tiempo recalcaron que con esto el futuro del estadounidense no está aún definido. El problema principal de un asilo político permanente para el ex topo en un país sigue sin estar resuelto, dijo el encargado de Derechos Humanos del Kremlin, Mijail Fedotov. Es que en este caso se trata de una "ayuda
humanitaria", al liberar a Snowden del aeropuerto. Desde hace tiempo que el Kremlin rechaza cualquier participación en el caso. No fue el presidente Vladimir Putin quien tomó la decisión. Él es el único autorizado para conceder asilo político. Se trata, por lo tanto de un "acontecimiento sin importancia", una simple decisión de una autoridad, sostuvo Yuri Ushakov, asesor en temas de política exterior de Putin.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el gobierno de EE UU está "extremadamente decepcionado por el hecho de que el gobierno ruso haya dado este paso pese a nuestras peticiones muy claras y legales tanto en público como en privado para que expulsara a Snowden a Estados Unidos". En duras declaraciones, el vocero subrayó que la decisión rusa "mina un largo historial de cooperación en materia de seguridad".

La precarización mata: Otro telefónico tercerizado muere por trabajo en altura.

"Ante las denuncias del fallecimiento de un trabajador, de apellido Molina, perteneciente a una contratista (Valltelina SPA) del grupo Telecom, al caer de un poste mientras realizaba tareas, llamamos a repudiar esta nueva victima del tercerismo y la precarización laboral", dice el comunicado de UETTEL.

"Para los sectores del plantel externo el trabajo de riesgo es una constante, el monopolio de Telefónica y Telecom se encuentra primero en el ranking nacional de accidentes fatales, cada año se suma media docena de muertos en trabajos vinculados directamente a las telecomunicaciones y especialmente a la altura.

"Los trabajos en altura implican riesgo de electrocute directa a media y alta tensión porque el plantel externo de telefonía usa los mismos postes que Edenor y Edesur podridos, y los terminales se encuentran por encima del tendido eléctrico. La planificación urbanística del Gran Buenos Aires y la falta de inversión son una trampa mortal latente para los telefónicos.

"La mayoría de estas muertes están relacionadas a las condiciones laborales de miles de telefónicos que se encuentran tercerizados, fuera de convenio o con el convenio de la UOCRA. Bajo un régimen salarial atado a la productividad (más abonados-más salario) y en empresas que envían a su suerte a miles de trabajadores. Las extraordinarias ganancias de las multinacionales se sirven de esta explotación y disimulan su complicidad (y del Ministerio de Trabajo) lanzando "campañas de concientización": para ellos el accidente es producto de la impericia del laburante y no de las condiciones en las que se trabaja.

"Sin embargo, los juicios por estos accidentes que estaban poniendo en rojo a muchas contratistas y a las propias empresas fueron removidos a futuro por una nueva ley de ART K que impide al trabajador la doble vía en casos de accidentes. Ahora el trabajador o su familia deben elegir entre un juicio interminable o una indemnización miserable. Este es el marco para una mayor impunidad y accidentes en muchos casos fatales. Las empresas solo se encargan de pagar a la ART (un seguro) pero se desligan de las condiciones laborales y de seguridad, mientras no invierte en hidro elevadores, obligando a trabajadores efectivos y tercerizados, a tener que subir a postes que no se encuentran bajo normas que ellos mismos han firmado".

Firma el comunicado Uettel.

ACTA / CTA

El tema es central y muy delicado: cuánta gente en el país no dispone del dinero para comprar lo mínimo necesario. En las estadísticas, esto se calcula a partir de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo costo es eje de una polémica cada vez más grande. Y es que, según estudios privados, las cifras oficiales sólo sirven para ocultar a casi 10 millones de pobres.

Primero, la versión oficial. Según el INDEC, a un hombre adulto le bastaba tener en junio $ 236,58 para poder alimentarse durante un mes sin caer en la indigencia. Y unos $ 543,48 para acceder al resto de los bienes y servicios básicos, entre ellos los de indumentaria, transporte, educación y salud, saliendo así de la pobreza.

Con números como esos, el Gobierno afirma que, en la segunda mitad del año pasado, sólo un 1,5% de la población era indigente y otro 3,9%, pobre. En total, admiten que sólo 1.373.000 personas se quedaban sin acceso a lo básico.

Sin embargo, al calcular una canasta básica de alimentos con precios “congelados” que el Gobierno convalidó, surge que la línea de la indigencia asciende a $ 656,09, y la de pobreza, a $ 1.509.

Así, para no ser pobre, una familia formada por una pareja y dos hijos chicos ya no precisaría de $ 14 diarios por persona, como afirma el INDEC, sino de casi $ 39.

Por “la deformación que presentan” los datos oficiales, en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA recurren a cifras alternativas de inflación y estiman así que la pobreza afectó en 2012 al 24,5% de la población como mínimos, y a un 26,9% como máximo: casi 11 millones de personas. Y calculan la indigencia en torno al 5%.

Otros centros de estudios también mencionan tasas altas. El de la CTA oficialista, CIFRA, estimó que la pobreza llega al 19,9% de las personas. Y para la CGT de Moyano, es pobre el 27,2% de la gente.

Otra cuestión es si la canasta básica que mide el INDEC es realmente sana. Basándose en la Canasta de Alimentación Saludable de la Escuela de Nutrición de la UBA, el precandidato a senador Claudio Lozano calculó que comer bien sale unos $ 3.700 por mes, cifra que quintuplica la estimación del INDEC y deja afuera a más de 7 millones de argentinos.

Según el Gobierno, los alimentos básicos cuestan $ 236 al mes, por persona. Pero los más baratos de la lista de los precios congelados salen $ 656.

Los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) están tan alejados de la realidad que hasta el Gobierno mismo los pone en ridículo cuando intenta controlar la inflación. En su último informe, el organismo aseguró que una persona puede alimentarse con menos de $ 240 al mes. Pero si se toman los precios “congelados” que el propio Gobierno acordó con las grandes cadenas de supermercados, ese costo casi se triplica.

Se trata de la Canasta Básica de Alimentos, un conjunto de productos que incluye frutas, verduras, carnes y lácteos, y que cubren las necesidades nutricionales mínimas de un hombre adulto durante un mes. En las estadísticas, las personas que no pueden adquirirlos son consideradas indigentes.

¿Cuánto valen hoy esos bienes esenciales para la supervivencia? Para el INDEC, en junio se podían comprar con $ 236,58. Sin embargo, al cotizar cada uno de los productos con las listas oficiales de 500 precios fijos, surge que esa suma no paga ni la mitad de la mercadería. Según calculó un matutino porteño, con los valores del acuerdo, el gasto para no caer en la indigencia asciende al menos a $ 656,09.

Así, la “canasta básica congelada”, pese a tener en teoría precios inmóviles desde febrero, cuesta un 177% más que la del INDEC. Y esto resulta de un cálculo muy conservador, dado que los valores se tomaron de la cadena que venía mostrando los mejores precios.

Se eligieron también las opciones más baratas de la lista para cada producto, incluso cuando muchas en los hechos sean muy difíciles de hallar. Es el caso del kilo de arroz Maxiarroz a $ 3,20, el de harina Cañuelas de $ 2,60 y el de azúcar Dominó a $ 2,80.

Aun así, lo que para el INDEC alcanza para comer durante todo el mes en realidadsólo permite comprar pan, papas, leche y fideos a precio congelado ($ 237,42), o bien la carne, los huevos y el café únicamente ($ 236,07).

Sólo en los 6,2 kilos de carne que integran la canasta básica se desembolsan $ 219,61, comprando igual cantidad de los 8 cortes indicados. Mientras, en cereales, harinas y derivados hay que gastar al menos $ 182,85, y los vegetales demandan $ 103,29, entre frutas y verduras. Con los siete kilos de papas requeridos, a un precio convenido de $ 4,50, ya se gastan casi $ 32. Y a $ 6,59 el sachet, cubrir la cuota de leche demanda unos $ 50, suma que se eleva a más de $ 70 si se suma el gasto en quesos.

El ejercicio muestra que los números del INDEC están lejos de la realidad de las góndolas que el mismo Gobierno aprueba. Pero también evidencia los vacíos e incoherencias de las listas de 500 productos a los que quedó limitado, desde junio, el plan oficial de “congelamiento de precios”.

Y es que los listados, armados por las grandes cadenas y avalados por la Secretaría de Comercio, incluyen mucha mercadería prescindible, como bebidas alcohólicas, snacks y productos de belleza. Pero dejan afuera a 7 de los 50 productos de la canasta básica (paleta, cuadril y carnaza, lentejas, queso cuartirolo, banana y mandarina), lo que obligó a usar en el cálculo artículos ajenos al acuerdo.

Pero además, hay algunos básicos que, aunque incluidos entre los 500, figuran sólo en versiones costosas o de poca demanda. Por ejemplo, la acelga sólo viene enlatada y los huevos, en maple de 30. Y al no haber pan común, el más barato es uno envasado de $ 24 el kilo, lo que llevaría a gastar $ 144 en los 6 kilos de pan previstos para todo el mes. De todos modos, aún cambiando ese producto por el pan francés oficial de $ 10 el kilo, la “canasta básica congelada” costaría 2,42 veces el valor de la oficial.

¿Cuánto necesita una familia tipo para comer? El INDEC calcula que a una pareja con dos hijos le alcanza con $ 731,04 por mes: un promedio de $ 6,09 por día cada uno. Pero si se toma la “canasta básica congelada”, el total trepa a $ 2.027,32, o casi $ 17 diarios. Y puede ser más. Según el gobierno porteño, en la Ciudad una canasta alimentaria sale $ 2.773: $ 23 diarios para cada uno. O cuatro veces lo que admite el INDEC.