Alertan sobre los riesgos de incentivar la toma de medicamentos "milagrosos".

Hay que terminar con la promoción de medicamentos como milagros", aseguró Ricardo Peidro, secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). El organismo denunció ante la ANMAT que las publicidades de medicamentos de venta libre, en especial las televisivas, resultan engañosas y pueden ocasionar el aumento de intoxicaciones.

En la mayoría de los spots de TV se puede ver a figuras del espectáculo brindando "consejos" médicos. “Se coloca a un personaje famoso recomendando el consumo de los medicamentos y sus supuestos efectos 'milagrosos' y se alienta la automedicación. Al mismo tiempo, se ocultan los daños colaterales nocivos que provocan cuando esos productos medicinales son ingeridos sin la prescripción y el monitoreo de un médico".

La AAPM también había pedido intervención de la ANMAT ante la publicidad del medicamento de venta libre Tabcin de Bayer, por considerar que transmite un mensaje extremadamente peligroso al sugerir que puede reponer la salud de un enfermo en cuestión de horas basándose en el lema "Efectividad en menos tiempo". En dicha publicidad, el actor Daniel Hendler recomienda el medicamento, y asegura elegirlo ante estados gripales.
Otro de los casos denunciados fue el del producto Next, del laboratorio Gennoma Lab de México, que a través del conductor de televisión Marley promociona efectos positivos inmediatos contra la gripe y el resfrío. 

Peidro explicó que "sin duda, la imagen de Marley es muy convocante para el espectador, pero la información científica y las contraindicaciones cuando se comenten abusos, brillan por su ausencia en el spot publicitario".

La misma publicidad también fue denunciada en México hace tres meses, y en ese caso, el laboratorio admitió que el producto no debería suministrarse a personas alérgicas a cualquiera de los componentes de la fórmula, pacientes con glaucoma, presión alta, alteraciones del corazón, diabetes, úlcera péptica y personas que tomen antidepresivos o que padezcan enfermedades de los riñones o del hígado.

Según las autoridades de la AAPM, las denuncias fueron presentadas ante la ANMAT porque "la proliferación de las publicidades medicamentosas contradice el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria, creado por dicho organismo, a través de la Disposición 2845/11". Al respecto, la organización aseguró en un comunicado que "lamenta que debamos acudir regularmente a la ANMAT para denunciar el abuso de la publicidad de medicamentos de venta libre, cuando supuestamente existen códigos de autoregulación publicitaria consensuados entre la industria y la máxima autoridad regulatoria del mercado farmacéutico argentino".

Una buena publicidad debería poder ejercer la promoción ética de los medicamentos, pero desde la AAPM reconocen que dicha tarea, "resulta incompatible en el caso de los mensajes televisivos, en los que se busca el golpe de efecto inmediato y en pocos segundos. De esta forma, se pierde de vista la importancia que tiene la información sobre los daños que puede provocar el consumo excesivo y descontrolado".

Hallan pruebas de vuelos de la muerte en Chile.

Un represor confesó el lugar exacto donde fueron arrojados al mar víctimas de la dictadura chilena y allí se encontraron evidencias de lo actuado por la llamada “Caravana de la muerte”, que recorrió el país en tiempos de Pinochet.

Antes de morir, uno de los militares que participaron en diversas violaciones a los derechos humanos –en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet– confesó lo que muchos otros han querido mantener en reserva: el lugar exacto donde estaban sumergidos algunos rieles usados para hacer desaparecer cuerpos de víctimas lanzadas al mar, evitando con ello que salieran a flote.

Hace unos días, los trozos de metal fueron hallados cerca de la costa de Caldera, un pequeño puerto en el norte de Chile (a 870 kilómetros de Santiago) y subidos más tarde a la superficie. La información fue revelada ayer a EFE por fuentes judiciales. Según el testimonio recogido, que coincide con confesiones similares en distintas causas judiciales, los pedazos de vía de ferrocarril eran usados para hundir los cadáveres que los represores tiraban al mar en bolsas atadas con alambre.

La identidad del militar se mantiene en secreto y los rieles, según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. Por ahora se mantiene la búsqueda en el área del hallazgo con la idea de encontrar otro tipo de restos similares.

La diligencia se enmarca en el marco del juicio denominado Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, y que hace referencia a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile dejando a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en distintas ciudades.

Según trascendió, el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante, además en la víspera de los 40 años del golpe de Estado de Pinochet.

En ese marco, expertos consultados por la agencia dijeron que resulta imposible intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres.

Así las cosas, dos casos podrían tener alguna vinculación. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama. Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución, Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos, pero no señaló en qué parte de la costa del norte.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso. Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia. Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros. Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA, Emilio Troncoso Vivallos, para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.

Un ex agente de la CIA está detrás de los planes de asesinar a Maduro.

El exagente de la CIA Luis Posada Carriles está detrás de los planes "para eliminar físicamente" al presidente Nicolás Maduro, ha comunicado este miércoles Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Según Cabello, el plan preveía la incursión de centenares de personas a Venezuela por el estado de Zulia. "Tenían planes para hacer una operación el día 24 de julio y esto se cayó por algunas medidas que nosotros tomamos", aseguró. Cabello.

Según el político, no solo el exagente de la CIA ha estado gestando el intento de asesinato, sino "una gran estructura que tiene alrededor de él". Detalló que los planes se estarían gestando desde Miami con conexión en Colombia donde existen aliados para dirigir las intenciones de magnicidio contra el mandatario, entre ellos el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, por su parte, puntualizó que a Uribe están ligados varios sectores de la derecha venezolana, incluido Capriles Radonski. Acentuó que la extrema derecha siempre ha soñado con un caos total en el país para provocar una intervención extranjera. Detalló que la primera fase del plan pretendía llevar a Venezuela a 800 paramilitares colombianos y también pasar armas a través de puertos para atentar contra los objetos militares más importantes del país y crear pánico. Estaba previsto que en el marco de la operación, que los conspiradores llamaron 'Baby' debido al apodo que habían dado al presidente Maduro, un francotirador matara al mandatario disparándole en la cabeza.

Torres comentó, además, que la conspiración contra Maduro que Posada Carriles había ideado fue financiada mayormente por el empresario de bienes raíces Eduardo Macaya, radicado en Miami, y advirtió de que su blanco no es solo Venezuela, sino que también van contra Ecuador y Bolivia.

Posada Carriles, un activista anticastrista a quien imputan también una conspiración para matar a Fidel Castro, es considerado un terrorista en Venezuela y Cuba. Hoy en día goza de libertad restringida en su residencia en Miami, a pesar de la petición de extradición por parte de La Habana y Caracas. En Venezuela, donde tuvo una carrera policial, le imputan haber ordenado torturas y haber asesinado personalmente a varios detenidos por razones políticas. Fue, además, autor intelectual del atentado terrorista al vuelo aéreo 455 de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, que se cobró la vida de 73 personas. También fue el organizador de una serie de atentados con bomba contra hoteles de La Habana en 1997.

Dan media sanción a la regulación estatal de la marihuana en Uruguay.

Con 50 votos sobre 96 presentes, el Frente Amplio uruguayo dio anoche media sanción al proyecto de ley que pone bajo órbita estatal la regulación de la producción y distribución de marihuana y por el que los usuarios podrán autocultivar el cannabis y comprar hasta 40 gramos de la droga por mes en farmacias.

Tras un debate que comenzó a las 10 de la mañana, cuando el diputado frenteamplista Sebastián Sabini comenzó su discurso como miembro informante, el bloque oficialista en Diputados impuso su mayoría pasadas las 23 de anoche luego de una extensa lista de 35 oradores que contó con tres diputados opositores ausentes a la hora de la votación

En su exposición de casi una hora, Sabini resaltó que la iniciativa busca "alternativas de políticas de combate al narcotráfico", con críticas al fracaso de las "políticas prohibicionistas" a nivel mundial.

El proyecto, de 44 artículos, incluye la producción de la marihuana bajo licencias entregadas por el Estado a privados, la entrega de hasta 40 gramos mensuales a los usuarios que se registren y el expendio de la droga a través de farmacias.

También se establece la posibilidad de crear clubes de autocultivo de 15 a 45 miembros para acceder al cannabis, con el control de un ente a crearse, el Instituto Regulador del Cannabis (IRCA).

Además, en medio del debate, Sabini ratificó en diálogo con Télam que la prohibición para que los turistas accedan al cannabis legal será explicitada "en la reglamentación del proyecto" una vez aprobado y por eso descartó "que vaya a incrementarse el turismo cannábico".

En las últimas semanas el voto definitorio había estado en duda por el silencio al que se llamó el diputado oficialista Darío Pérez, que había planteado varios reparos a la redacción original que luego fueron incorporados durante la discusión parlamentaria en comisión.

Esas dudas se despejaron pasadas las 18 horas de ayer cuando durante su intervención en el recinto Pérez ratificó que acompañaba el proyecto y se basó en la disciplina partidaria y en las mejoras a la iniciativa, aunque describió a la marihuana como "una bosta".

"Queríamos un 100%, y en la negociación conseguimos un 85%", destacó Pérez y detalló: "logramos que el Estado quede como Ente regulador e incorporamos un capítulo destinado a la salud", precisó.

De todos modos, Pérez marcó sus discrepancias con algunos puntos de la iniciativa y criticó la "improvisación" y la "mala comunicación" de la primera versión, al tiempo que pidió que se haga un "referéndum" para medir el apoyo de la ciudadanía y convocó a "un gran debate nacional" sobre el tema.

El diputado oficialista Luis Puig, en tanto, defendió que el artículo uno del proyecto establece como objetivos del Estado "proteger, promover y mejorar la salud de la población y reducir los riesgos y daños del uso de cannabis" y que por eso "es sustancialmente claro en cuanto a los propósitos planteados".

Durante las más de 12 horas de debate, las intervenciones de la oposición marcaron fuertes críticas al proyecto, como el diputado del Partido Colorado Richard Sander, quien mostró un video con testimonios de adictos a drogas que recomiendan no legalizar la sustancia por considerarla "una puerta de entrada" a otras.

"Quiero demostrar la valentía de algunos jóvenes de mi departamento", había anunciado el legislador antes de trenzarse en una polémica con Sabini, que desmintió el argumento del video y ratificó que la principal droga consumida en Uruguay es el alcohol, "que sigue siendo legal".

La diputada nacionalista Verónica Alonso cuestionó durante su intervención que al tratarse de un consumo dañino "es peor el remedio que la enfermedad" y aseguró: "no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando para el costado, escapando de las verdaderas causas de este problema".

En soledad en su partido, el diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky argumentó a favor del proyecto de ley, pero explicó que no lo votaría por "disciplina partidaria" y calificó al consumo como "un acto de libertad sobre el que nunca, nunca, puede intervenir poder alguno, en tanto no comprometa a terceros".

Por su parte, el nacionalista José Carlos Cardoso se expresó defendiendo la necesidad de regular el mercado y apoyó algunos aspectos del proyecto, aunque cuestionó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se haya centrado casi exclusivamente en los aspectos sanitarios y tampoco acompañó la iniciativa.

Desde las gradas, siguieron la sesión desde temprano organizaciones sociales que promueven el consumo responsable junto a senadores y militantes del oficialismo en apoyo al proyecto que será girado al Senado, en donde la bancada frenteamplista también espera ratificar la ley "antes de fin de año".

Según cifras de la Junta Nacional de Drogas, el 20% de los uruguayos de entre 15 y 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3% la consumió en el último año, afirmó a Télam el secretario general del organismo, Julio Calzada.

Bossio: “Les molesta que la Anses pueda gestionar de manera transparente".

El titular de la Anses sostuvo que a la oposición le molesta que la Anses puede tomar "decisiones para la gente y a favor de la inclusión”, tras desmentir la denuncia presentada contra la entidad por supuesto desvío de fondos.

La declaraciones del Diego Bossio se produjeron minutos después de que la Anses rechazó y calificó de "operación mediática" y "electoralista" la denuncia impulsada por dirigentes de la oposición y publicada por el diario Clarín, en la que se acusa a la entidad y a Bossio de haber desviado dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y desmintió también que el directivo haya sido imputado por la Justicia.

La desmentida fue difundida a través de un comunicado oficial titulado “Clarín da por ciertas denuncias electroralistas”, en el que se explica que es falsa la denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió quien sostuvo que se utilizaron 172 millones de dólares del FGS para pagar una deuda con la petrolera venezolana PDVSA.

“Las operaciones de la ANSES y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son públicas y solamente se realizan inversiones nacionales. No existe imputación alguna”, comienza el comunicado difundido este mediodía.

En el día de ayer, el Grupo Clarín volvió a desinformar e instalar una nueva operación mediática con claro propósito electoralista”, indica el texto que señala que el “da crédito e instala como noticias centrales suposiciones o sospechas de actores políticos de la oposición”.

“Clarín da por cierta una ocurrencia opositora respecto de tres resoluciones conjuntas de la Secretaría de Finanzas y Hacienda que, solo por haber sido suscriptas el mismo día, supone que todas ellas corresponden a suscripciones del FGS”, se afirma en el comunicado.

“Eso es falso. Igualmente falso y absurdo es hablar de desvío de fondos, tal como se ha hecho”, continúa.

Además se aclara que “el FGS sí ha efectuado una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012, por un valor nominal de ochocientos treinta y cinco millones de pesos y por un plazo de 365 días”.

También se remarca que “la suscripción de la letra por parte del FGS-ANSES tiene fundamento legal y financiero, por ser una operación de inversión permitida por el artículo 74 de la Ley 24.241 y el acta número 1/09 del Comité Ejecutivo del FGS y encontrarse dentro de los límites allí permitidos”.

Además, “la suscripción fue aprobada por el Comité de Inversiones del FGS por adecuarse a las normas y procesos vigentes y a los lineamientos de la política de inversión definidos en las líneas directrices para la inversión de activos del FGS y al Plan de Inversiones del FGS para el ejercicio 2012”.

Finalmente, concluye que “lo curioso es que la denuncia es de fecha 10 de julio de 2013, pero ya la ANSES había comunicado dicha suscripción a los organismos de control, entre ellos, a la AGN, a la SIGEN, a la Comisión Bicameral del Congreso, al Consejo del FGS y además fue publicada en la web”.

Por otra parte, se clara que “es absolutamente falso sostener que el FGS haya suscripto letras a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), así como a favor de ENARSA” y que “el FGS no financia títulos destinados a la petrolera PDVSA”.

En ese sentido se agregó que “el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, solicitó al presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Nacional Eric Calcagno, una pronta visita al Congreso a los fines de ampliar toda la información que los legisladores requieran”.

En la parte final del comunicado se aclara “ningún juez ha imputado al Director Ejecutivo de la ANSES, sino que un fiscal pidió darle curso a una sospecha electoralista opositora” y que el juez remitió la denuncia a la fiscalía “para que se expida acerca de si impulsa o no la acción penal”.

El Sindicato de la Industria del Cuero se incorporó a la CTA.

En la tarde de ayer, el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero se incorporó formalmente a la CTA mediante una reunión mantenida entre Marcelo Copiello, secretario general del sindicato, Ricardo Arano, secretario adjunto y Pablo Micheli, Ricardo Peidro (secretario general adjunto de la Central) y Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA.

“Estamos acá porque privilegiamos la independencia desde donde se habla”, dijo Marcelo Copiello, secretario general del Seceic en referencia a la decisión de su gremio de incorporarse a la CTA.

La industria del cuero en Argentina está compuesta por alrededor de 250 empresas y ocupa a 9000 personas –según la información provista por la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina- sin contar con la cantidad de artesanos que existen en el rubro.

“Es una alegría que se incorporen a la CTA y poder estar juntos en este camino de pelea”, saludó Pablo Micheli la reciente incorporación de este gremio del sector privado. “Estamos dispuestos a luchar”, contestaron los dirigentes del sindicato de los trabajadores del cuero.

ACTA/CTA

La CTA denuncia que se perdieron 300 mil puestos de trabajo.

Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, en diálogo con Radio 10, desmintió que la desocupación haya descendido tal como informó este martes la presidenta Cristina Fernández. Aseguró que desde 2007 se desaceleró la creación de empleo y criticó las cifras del INDEC.

"El desempleo es estacional. Si comparamos el mismo trimestre con el año pasado está igual pero bajó respecto al primer trimestre, que suele haber mayor desempleo que en el segundo. Eso no es indicativo de nada, las cifras del INDEC son relativas y esa es una carga que venimos soportamos desde 2007", sostuvo.

Meguira se lamentó de que "antes podíamos discutir sobre interpretaciones de los números pero hoy sospechamos de ellos, es terrible porque no nos podemos poner de acuerdo en nada".

En un acto que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Cañuelas, la presidenta Cristina Fernández destacó este martes que "hemos vuelto a hacer descender" el índice de desempleo del 7,9 al 7,2 por ciento. "Esto tiene que ver con esta política pública tan activa de sustitución de importaciones para que la gente produzca en el país, todo esto contribuye a que podamos anunciar la baja del índice de desocupación en un mundo donde se está llegando a dos digitos", afirmó la presidenta.

Con la nueva baja se igualó la tasa de desempleo del segundo trimestre de 2012 y se está 0,5 punto por encima del piso que se produjo en el cuarto trimestre de 2011, cuando fue de 6,7.

Sin embargo, para Meguira, "a partir del 2007 hubo una desacelaración de la creación de los puestos de trabajo, la oferta de empleo no llega a saciar la demanda".

El director del departamento jurídico de la CTA agregó que se empieza a notar "pérdida de trabajo", que "se aproxima a la cifra de 300 mil puestos de trabajo". No obstante, admitió que existen "dificultades para tener fuentes que eran las que se publicaban en el ANSES y ahora tampoco se publican".

Además, aseguró que de no ser por la fuerte intervención del Estado en el mercado laboral la desocupación sería mayor. "En la Provincia de Buenos Aires, el 80 por ciento de los empleados está subisidiado de lado de la oferta o de la demanda", cerró.

ACTA/ CTA