La Cámara de Casación rechazó el planteo del alcalde contra la revocatoria de su sobreseimiento. Como había revelado Tiempo Argentino, el expediente estuvo frenado un año, fruto de maniobras dilatorias de la defensa.
Mauricio Macri será investigado por la justicia en la causa por los abusos y desalojos violentos a indigentes cometidos por la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), diseñada por el gobierno de la Ciudad. La decisión, que se dio a conocer ayer, fue adoptada el 11 de julio por los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación, luego de que Tiempo Argentino revelara que desde hace un año el expediente estaba paralizado en esa instancia gracias a una maniobra de la defensa del jefe de gobierno.
Los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky resolvieron rechazar el "recurso de queja" contra la decisión de la Cámara del Crimen, que había revocado el sobreseimiento dictado en primera instancia únicamente a favor de Macri. La resolución judicial llega en medio de la campaña electoral y representa un duro golpe a la gestión del PRO, que desde 2008 no ha podido dejar atrás las sucesivas denuncias en torno a su política sobre el abordaje de personas en situación de vulnerabilidad.
Casación –de forma unánime– declaró "inadmisible" la presentación de los letrados en sólo dos carillas, por lo que el alcalde seguirá investigado por coacción agravada y abuso de autoridad por su responsabilidad en la creación de la ex UCEP, acusada de 17 casos de violencia contra personas en situación de calle, incluido un abuso sexual agravado contra una mujer embarazada. El tribunal le impuso las "costas" –es decir, los gastos ocasionados por el proceso– al líder del PRO en una decisión previsible, ya que la Cámara de Casación revisa sólo cuestiones equivalentes a una sentencia definitiva. La revocatoria de un sobreseimiento no lo es, pero la hábil presentación de los abogados de Macri consiguió que durante un año el expediente con toda la investigación que involucra a una treintena de imputados quedara bloqueada en esa instancia, sin registrar ningún otro avance.
"Corresponde rechazar la vía intentada, pues la defensa limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio, cuya impugnación postula", opinaron Slokar, Ledesma y Borinsky. Agregaron que el argumento de Macri "no logra rebatir" la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había rechazado que la causa fuera elevada a una tercera instancia. "Pero, además, no se ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara", sostuvieron los jueces que dejaron asentado un mensaje contra la posibilidad de que ante cada decisión desfavorable de fueros inferiores el caso termine escalando al máximo tribunal penal.
En concreto, Macri seguirá siendo investigado en primera instancia por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, a cargo de Facundo Cubas. La resolución está fechada un día antes del comienzo de la feria judicial, pero fue dada a conocer recién ayer por el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema.
MANIOBRA. La Sala I de la Cámara del Crimen resolvió el 26 de abril de 2012 declarar la nulidad del sobreseimiento con el que la jueza María Fontbona de Pombo había beneficiado al alcalde, al filo de la feria judicial de 2011, y mientras remplazaba en el juzgado a Cubas. Lo mismo hizo con el dictamen del fiscal Marcelo Roma, que había recomendado que se deje fuera del proceso al líder del PRO. Esa decisión fue apelada por los abogados Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez, sin resultado positivo. Entonces, recurrieron "en queja" ante Casación en julio de 2012. Desde entonces, y hasta esta decisión tomada por los camaristas, todo el expediente quedó paralizado.
En la causa el jefe de gobierno está acusado desde 2008 –junto a una treintena de personas que formaban parte de la estructura de la UCEP– por 17 casos denunciados por violencia, abuso, robo y vejaciones contra indigentes y personas en situación de calle. A partir de allí, fueron desplegados todo tipo de artilugios legales para dilatar el tratamiento, hasta que finalmente Macri fue indagado el 15 de junio de 2011, tras sucesivos faltazos a tres citas anteriores. Fue sindicado por dictar el Decreto Nº 1232/08 que conformaba la UCEP con la colaboración del entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, cuya función fue desocupar de indigentes que pernoctaban los lugares públicos, aún mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley, en operativos nocturnos y con el uso de violencia física. Además, se le reprochó la falta de controles sobre esa repartición, incluso luego de que comenzaron a arreciar las denuncias por su comportamiento.
IMPUTADOS. Varios de los implicados en la causa terminaron distribuidos en puestos relevantes en la administración PRO. Piccardo, hoy en Subterráneos de Buenos Aires, fue el destinatario del deslinde de responsabilidad que esbozó Macri. El último director de la UCEP, Jorge Polini, también recaló en la administradora del subte. El coordinador del grupo, Matías Lanusse, es juntista por el PRO en la Comuna 2. Fabián Rodríguez Simón es uno de los principales asesores jurídicos del macrismo. La mayoría del personal de calle de la UCEP fue reciclado en otros puestos del gobierno porteño.
A pedido de la querella que representa a dos víctimas se pedirá ahora que se analice como prueba una serie de archivos informáticos pertenecientes a la computadora del coordinador de los operativos de la UCEP, Luis "Tano" Savoiardo. El documento más revelador es el que describe el "stock actualizado" de procedimientos, con detalles de los operativos de desalojo.
Allí había archivos de texto, planillas de cálculo, fotos y videos que detallan el manejo interno de la UCEP. Seis operativos aparecen bajo la columna asunto con el nombre "Macri", para desalojar gente en Avenida Corrientes y Avenida 9 de Julio, en las zonas de Boedo, San Cristóbal y Chacarita. A su vez, se mencionan como solicitantes de los servicios de la UCEP a varias segundas líneas de la gestión PRO y a la mayoría de los directores de CGP de la Ciudad.
