"Tte. Coronel Berni: la solución a los cortes no es la represión"

El jueves 18 de julio miles de cooperativistas y emprendedores autogestivos que integran la FOB, la AGTCAP y el MTR salieron a las calles en más de 10 provincias a lo largo del país para expresar reclamos por ingresos y aumentos en programas del Ministerio de Trabajo, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha por una Vida Digna iniciada en mayo. "Los/as cooperativistas repudiamos los dichos de Secretario de Seguridad Sergio Berni que, tras el reclamo que realizamos 1500 trabajadores frente a la cartera laboral, y aproximadamente la misma cantidad en otras 13 ciudades del País, cuestionó a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por "bancar a los piqueteros" y no habernos desalojado".



"Venimos trabajando desde mucho antes de que asumiera este gobierno, y desde mucho antes mostramos nuestra intención de trabajar mejor, capacitarnos, producir y crecer con un horizonte de cambio social. Desde Jujuy hasta Neuquén, pasando por Misiones, Chaco, Corrientes, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, venimos sosteniendo nuevas formas de trabajo en base a nuestra voluntad, organización, solidaridad y compañerismo. Este gobierno, y el Ministerio de Trabajo en particular, no desconocen estos hechos.

Los/as cooperativistas repudiamos los dichos de Secretario de Seguridad Sergio Berni que, tras el reclamo que realizamos 1500 trabajadores frente a la cartera laboral, y aproximadamente la misma cantidad en otras 13 ciudades del País, cuestionó a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por "bancar a los piqueteros" y no habernos desalojado.

Le recordamos a Sergio Berni que la movilización y acampe realizados el jueves 18/7 por nuestras Cooperativas de Trabajo en Leandro. Alem al 600, y en otras 13 ciudades del País, fueron causados por el INCUMPLIMIENTO flagrante del Ministerio de Trabajo a los acuerdos arribados y ratificados con nosotros/as con anterioridad, en fechas 30 y 31 de mayo de 2013.

Nuestras organizaciones no desean incomodar al conjunto de la sociedad, a esos/as millones de trabajadores/as que necesitan dirigirse a sus trabajos y a sus actividades. Son las experimentadas autoridades del Gobierno Nacional las que, jugando con nuestras acuciantes necesidades, y burlando nuestra buena fe que desea creer en el cumplimiento de los compromisos asumidos, nos llevan a una encerrona en la que no nos dejan otra opción que la de volver a reclamar.



Ante el nuevo compromiso, asumido a última hora del jueves 18/7, por parte del Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Enrique Deibe, y por el Subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña, de retomar el dialogo mediante una nueva reunión el próximo lunes 22 de julio a las 16hs, los/as trabajadores/as de las Cooperativas discutimos en asamblea y resolvimos a última hora de ese jueves 18/7 posponer nuestro acampe frente al Ministerio de Trabajo, así como los acampes y movilizaciones en cada una de las otras ciudades.



El gobierno nacional tiene la llave para resolver este conflicto, reabriendo y respetando los canales de diálogo, siempre privilegiados por nuestra parte o, por el contrario, seguir jugando con las necesidades de miles de humildes trabajadores/as cooperativos/as y emprendedores autogestivos, que seguimos viviendo con miserables ingresos congeladísimos desde hace mucho tiempo, y generando así más descontento social.

Nuestro reclamo no se trata de planes sociales.Se trata de la aprobación de proyectos de trabajo concretos para nuestras cooperativas, para la realización de obras y otro tipo de emprendimientos de trabajo en diversas provincias del País. No queremos vivir de un plan social, sino poder mejorar y ampliar nuestros puestos de empleo, para arribar a un trabajo y a una vida verdaderamente dignas, siempre a través de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad laboral como trabajadores/as.

Los/as trabajadores/as de nuestra condición, lamentablemente no tenemos la posibilidad de reclamar nuestros largamente postergados derechos a través de una huelga. Y manifestarnos pacíficamente frente al Ministerio de Trabajo es, de hecho, lo menos que podemos hacer para no ser llanamente olvidados e invisibilizados por las autoridades. Resulta obvio que una manifestación de 1500 compañeros y compañeras, más otro tanto en otras 13 ciudades del País, simplemente no cabrían, y mucho menos serían escuchados, yendo nosotros “por la vereda…”

Pero lo reafirmamos una vez más, para que el Teniente Coronel Sergio Berni lo escuche y le quede bien claro, que la única solución a un problema de manifestaciones pacíficas en las calles no es el desalojo o la represión, sino contribuir a solucionar seriamente los problemas de las familias trabajadoras, mejorando y aumentando los puestos de trabajo que con el esfuerzo de tantos años nuestras organizaciones han sabido generar.

Lo mismo le recordamos a los otros funcionarios y candidatos que se han dedicado a hacer política en los últimos días, jugando electoraleramente con la manera más digna, y única, que tenemos de manifestarnos los/as trabajadores/as de nuestra condición. Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, y alto funcionario del Gobierno de la CABA, lo mismo que Darío Giustozzi, intendente de Almirante Brown y fulgurante figura pretendidamente “progre” del flamante Frente Renovador de Sergio Massa, se han pronunciado públicamente por la demonización, la criminalización, y la represión de los/as más pobres, los/as que hemos sido arrojados a la marginalidad y luego postergados eternamente por parte de todos los gobiernos, cuando osamos organizarnos y manifestarnos por nuestros más elementales derechos, olvidados por los funcionarios de todas las jurisdicciones, y por la prácticamente totalidad de los candidatos.

Nuestra voluntad sigue siendo la del diálogo. Si este lunes 22/7, a las 16 Hs. se reabren los canales de negociación y se avanza con los puntos incumplidos por el Gobierno Nacional, no hará falta retomar el acampe ni la movilización. Si por el contrario, se incumple, los/as trabajadores/as haremos uso de nuestro legítimo e inalienable derecho a manifestarnos porque insistimos en que nos consideramos dignos merecedores de un trabajo y de una vida verdaderamente dignas."

Movilización de jubilados en todo el país, en defensa del PAMI.

Jubilados y pensionados de todo el país llevan adelante una jornada de lucha en defensa de la obra social PAMI. Habrá marchas a las distintas dependencias de PAMI del país, mientras en Capital Federal movilizan a PAMI Central. Denuncian corte en las prestaciones de tratamientos caros y piden ser parte de la toma de decisiones.

“Durante toda nuestra vida aportamos y ahora que necesitamos que el PAMI responda por nuestra salud, nos encontramos con que no hay medicación, ni internación”, explicó Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de la CTA.

La jornada de hoy es de carácter nacional: “Estamos invitando como CTA a que los compañeros de todo el país realicen una protesta en el PAMI de su distrito o de su zona, donde tienen sus centro de jubilados. Por que nosotros estamos mal acá en Capital Federal pero ellos están peor porque están alejados de los lugares donde reclamar una buena atención”, explicó Lidia Meza.

En Capital Federal, los compañeros se movilizarán a PAMI Central para “decir de una buena vez que es lo que le está pasando a nuestros jubilados”. Además piden que se trate el proyecto de ley previsional ya presentado en el Congreso por un 82 por ciento móvil y donde se pide expresamente por la salud de los jubilados.

Los compañeros retirados buscan resolver los problemas que cotidianamente sufren por la mala atención del PAMI. "Vamos a hacernos ver para decir de una buena vez que se termine con la mala administración que viene de años y es cada vez peor. Que el PAMI sea administrado por trabajadores activos y que los jubilados puedan participar en las decisiones", manifestó la Secretaria de CTA.

En este sentido Meza denunció: “Durante toda nuestra vida aportamos cuando éramos activos, y ahora que necesitamos que el PAMI responda por nuestra salud, nos encontramos con que no hay medicación, no hay internación. Primero entusiasmaron a todo el mundo con que ponían enfermeros, pedicuras y demás servicios en los centros de jubilados, luego dejaron de pagar y por supuesto que esa gente se retira de sus lugares de trabajo. Y nuestros jubilados quedan otra vez esperando que se cumpla lo que les prometieron”.

"Pero lo más grave, expuso, es que no se consiguen los medicamentos oncológicos y los remedios más caros para comprar. Muchas veces los reponen recién a los 4 meses, cuando el tratamiento ya fue cortado".

ACTA/CTA

Los atentados del 11-S solo fueron una excusa: EE.UU. ya espiaba antes.

Una de las mayores compañías de telecomunicaciones en Europa proporcionó a los servicios de inteligencia estadounidenses datos de sus usuarios incluso antes de los atentados del 11-S, señala un artículo de la revista alemana 'Focus'.

La empresa alemana Deutsche Telekom firmó un acuerdo con el FBI ya en el año 2000, cuando la firma alemana adquirió a la estadounidense Wireless Voice-Stream, actualmente conocida como T-Mobile.

En virtud de este contrato, la empresa alemana entregó datos y registros de las conversaciones telefónicas de sus usuarios a los servicios de seguridad estadounidenses que así lo solicitaban. 

Según fuentes de Deutsche Telekom, el acuerdo sólo se aplicaba a los usuarios estadounidenses de T-Mobile USA. Asimismo, señaló que se trataba de un requisito previo para las empresas extranjeras que deseaban invertir en la industria de las telecomunicaciones estadounidense. El objetivo principal del acuerdo, apuntaron, era asegurar el cumplimiento de la ley en dicha nación.

Hace menos de una semana los servicios secretos de Alemania reconocieron que utilizaron un 'software' de espionaje estadounidense. Sin embargo, afirmaron que actualmente ya no lo emplean y negaron que la colaboración con la NSA fuera a gran escala.

El presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), Hans-Georg Maassen, indicó que "en su cooperación con la NSA, la BfV se ciñe de manera estricta a sus competenciales legales".

El escándalo en torno a la vigilancia de las comunicaciones privadas dentro y fuera de EE.UU. por parte del propio Gobierno estadounidense salió a la luz después de que el excolaborador de la CIA Edward Snowden revelara el plan de vigilancia masiva de la NSA el pasado mes de junio.

Rusia deja salir a Snowden del aeropuerto.

El Servicio Federal de Migración de Rusia emitió un certificado especial que le permite al ex técnico de la CIA salir de la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremétievo y circular libremente por todo el territorio de Rusia, según informan los medios locales.

Snowden podría salir de la zona de tránsito de la mencionada terminal aérea durante las próximas horas y, agrega la agenda, el ex técnico informático de la CIA ya dejó la sala de descanso del personal, pero todavía está en la zona de tránsito de la estación aérea.

Se prevé que el abogado de Snowden, Anatoli Kucherena, le entregue dicho certificado, lo que permitirá al joven circular por todo el territorio de Rusia mientras se revisa su solicitud de refugio temporal.

Todavía Kucherena no precisó hacia dónde se dirigirá Snowden una vez que reciba el certificado, ya que está en juego la seguridad del ex analista informático de la CIA.

El martes pasado, Kucherena adelantó que la petición de asilo temporal tardará un máximo de tres meses en ser considerada, y agregó que está seguro de que Snowden recibirá una respuesta afirmativa al respecto. Pero en caso de que se rechace su solicitud, el ex agente de inteligencia tendrá derecho de acudir a los tribunales.

El 16 de julio, el ex técnico de la CIA que permanece en el aeropuerto de Sheremétievo desde el 23 de junio pidió oficialmente asilo temporal a Rusia y dio garantías de que no perjudicaría los intereses de Estados Unidos, una condición exigida por la parte rusa.

Por su parte, un partido político ruso abrió una campaña para recolectar fondos para el ex analista informático de la CIA.

"El Partido de Internet de Rusia ha empezado a recoger dinero para apoyar a Edward Snowden. Según nuestras informaciones se quedará mucho tiempo en la Federación de Rusia, y en este momento necesita recursos", señala un comunicado del PIR citado por la agencia de noticias Interfax.

Más de 70 personas ya han donado alrededor de 2.500 dólares en total para el fugitivo más buscado del momento, responsable de destapar una trama de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y en Internet.

"Hemos recogido más de 100.000 rublos (2.500 dólares) en dos días. Si se mantiene este ritmo, los recursos se van a multiplicar", dijo el presidente del PIR, Kirill Fiodorov.

Misiones: La “Reforma Agraria” de Closs y Rovira.

En Misiones miles de familias sobreviven en condiciones infrahumanas, hacinados en las ciudades en precarias casillas, ranchos o inquilinatos. En las chacras resisten el avance de la forestoindustria, la falta de precios para las producciones agrarias, la tenencia precaria de sus tierras. El brutal desalojo de campesinos en Puente Alto y Las Coloradas, que puso en agenda la problemática de tierras en la provincia.

El pasado 1 de mayo en la apertura de sesiones de la Legislatura de Misiones, el gobernador Maurice Closs anunció la toma de posesión por parte del Estado de unas 38 mil hectáreas de tierras en la zona de San Pedro. En medio de aplausos de la abrumadora mayoría oficialista que gobierna también el legislativo provincial, Closs se animó nombrar esta medida como la Reforma Agraria que resolverá la problemática del acceso y la regularización de la tenencia de tierras de cientos de miles de misioneros que disputan el territorio con las multinacionales de la forestoindustria y ahora también del turismo.

El que anuncia la "Reforma Agraria", además de gobernar la provincia desde el 2007 es también un prominente empresario del turismo. Durante su mandato se han destinados inversiones millonarias para dotar de infraestructura -luz, agua, además de las tierras- a grandes empresas hoteleras, incluidas las de él y su familia, que se instalaron en la codiciada maravilla natural del mundo, las Cataratas del Iguazú, muchas de ellas en territorios que le fueron arrebatadas a comunidades indígenas. En la selva Iriapú, unas 300 hectáreas le fueron usurpadas a la comunidad mbya guaraní que lleva ese nombre, las que fueron destinadas a un hotel de 5 estrellas con campos de golf en pleno corazón del territorio indígena.

"Milenariamente ocupamos esta zona, donde ahora se construyen grandes hoteles y cancha de golf, y todo se ve reducido en tamaño y en recursos para nosotros", explicó Miguel Morínigo quien fue cacique de la Comunidad de Iriapú en tiempos en que se logró el reconocimiento de sus tierras aunque en una superficie menor a la que reclamaban. En ese entonces Morínigo no imaginaba la presencia de estos "vecinos".

Este cacique sufrió una terrible persecución tras la lucha por sus territorios lo que lo obligo a emigrar a Brasil por varios años. Si bien hoy está de nuevo en la provincia, no pudo volver a su comunidad y debió conformar una nueva también dentro de las 600 hectáreas. Closs no habló de esto obviamente, tampoco hizo mención a que la provincia lleva casi 10 años de retraso en la efectiva implementación de la Ley de Arraigo y Colonización, sancionada por la legislatura en agosto del 2004, tras años de reclamos de un grupo de organizaciones campesinas que se organizaron en torno de la Pastoral Social de Puerto Iguazú, y lograron esta norma, en medio de una fuerte interna política entre ex socios –Carlos Rovira y Ramón Puerta, el primero gobernador y hoy presidente de la legislatura provincial y el segundo ex gobernador y actual diputado nacional.

La ley 4093 debió regularizar la tenencia de tierras de unas 1200 familias, según el censo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Las propiedades que fueron incluidas en la ley de expropiación son aquellas en las que sus ocupantes se mantuvieron firmes en el reclamo y lograron niveles de organización lo suficientemente constantes como para aprovechar un momento político particular para la sanción de la norma. Las tierras bajo dominio registral de CATO, FERBUEL, COLONIZADORA MISIONERA Y PUENTE ALTO –ex intercontinental Compañía Maderera, pasaron a formar parte de la superficie a expropiar.

Desde la visibilidad misma del conflicto, que incluyó cortes de ruta, marchas, movilizaciones hacia la capital provincial, solidaridad de organizaciones sociales, campesinas de todo el país, el oficialismo encarnado ya en ese entonces por el Frente Renovador se opuso a cualquier posibilidad de expropiación. Se trató a los campesinos como intrusos y hasta se llegó a agitar el fantasma de una invasión de los “sin tierra” de Brasil. Por la proximidad con la frontera, muchos campesinos hablan el portuñol –mezcla de portugués con español- lo que sirvió para instalar la idea de que quienes demandaban tierras no eran argentinos. Sin embargo el censo de la UNaM despejó las dudas. En su gran mayoría eran argentinos y es más muchos de ellos tenían en sus documentos estas propiedades como lugar de residencia al momento del nacimiento.

La ley se aprobó el 26 de agosto del 2004. Las organizaciones campesinas celebraron este precedente “histórico” para la pelea por el acceso y la tenencia segura de las tierras, pero se prepararon para seguir luchando por el cumplimiento. El entonces gobernador Carlos Rovira vetó parcialmente la ley, introdujo modificaciones y devolvió a la legislatura. Rovira no quería la expropiación de la totalidad de las propiedades en conflicto, solo las superficies ocupadas y así se sancionó.

La demorada implementación de esta ley posibilitó la continuidad del desmonte ilegal de parte de los titulares registrales amparados en la complicidad de funcionarios provinciales, según denuncian los campesinos incluidos en esta norma y que aguardan desde hace casi 10 años los títulos de propiedad que les permitirían entre otras cosas acceder a servicios básicos como la energía eléctrica, programas de asistencia para productores familiares o créditos para sostener los emprendimientos productivos.

En principio se fijó un plazo de 5 años para la finalización del proceso de expropiación y adjudicación de las tierras, pero la gran mayoría de las familias aún hoy esperan la entrega de los títulos de propiedad. “El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”, destacó Vilmar Vas de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, en medio del último gran conflicto que se desató en la provincia tras el brutal desalojo de campesinos que vivían y producían en Puente Alto y las Coloradas, tierras pertenecientes a la empresa Colonizadora Misionera pero que quedaron fuera de la superficie a expropiar.

Puente Alto y Las Coloradas

La madrugada del lunes 8 de abril de este año, 26 familias de pequeños campesinos asentados en Puente Alto y Las Coloradas, paraje Mondorí se despertaron con un impresionante despliegue de efectivos policiales, que a fuerza de gritos y golpes irrumpieron en sus viviendas y sin mayores miramientos empezaron a sacar muebles, colchones, ropa, a romper bolsas con mercaderías. El patio de sus casas se pobló de uniformados quienes fueron cargando las pocas partencias en camionetas policiales y en vehículos provistos por el presidente de la empresa que pidió el desalojo. La brutalidad del operativo, en medio de una instancia de negociación que las familias habían logrado días antes s con funcionarios municipales, provinciales y referentes de la empresa, sorprendió a los campesinos.

El gobierno provincial apostó a que este operativo pasara como un hecho más, justificado por una orden judicial firmada por el Juez Antonio Cuenca a partir de una causa penal interpuesta por los propietarios de Colonizadora. Es más, la versión oficial se aferró a que la policía de la provincia actuó resguardando el legítimo derecho a la propiedad privada y evitó mencionar el desproporcional operativo que incluyó a unos 300 policías, carros hidrantes, y camionetas del titular registral de las tierras. No hubo tampoco mención a la represión con la que se pretendió desalojar un corte de ruta que protagonizaron inmediatamente estas familias y las torturas de las que fueron víctimas 11 vecinos y productores que fueron detenidos por la policía sobre la ruta 17.

“Tras el desalojo, nadie se hizo cargo. No vino ningún funcionario. Sin embargo en las mesas de dialogo habían participado el Director de tierras privadas Felipe Domínguez, del MAM, y el Intendente Dos Santos quien ayer dijo estaba en Posadas. El Ministro del derechos Humanos dijo que desconocía el tema”, relató desde la zona Martín Sereno único periodista que pudo acceder al lugar a pesar de la negativa de la Policía. No contaban con la presencia de Martín, quien rápidamente difundió fotos del operativo y las voces de los campesinos desesperados ante la pérdida de sus casas y sus fuentes de trabajo. Tampoco contaban con la firme decisión de las familias de resistir en la ruta ni la inmediata solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de pequeños campesinos. Es de destacar que durante las primeras semanas un solo legislador provincial, Héctor Bárbaro del partido Agrario y Social, se acercó hasta las familias para gestionar desde la liberación de los detenidos hasta la atención de cuestiones básicas como la alimentación y salud.

“Es para ver el desastre que hacen con los colonos, hasta ahora la gobernación ni la intendencia se hicieron presentes, no dieron la cara. Encontré las ventanas reventadas las puertas abiertas, mi casa es un agujeros, soltaron los chanchos, las gallinas, los bueyes están todos sueltos por ahí, Estamos solos para pelear por lo que nosotros tenemos. Ahora nosotros nos quedamos sin nada para trabajar, no sabemos dónde llevaron nuestras cosas, yo estoy con mi esposa y mis hijos, dónde vamos a ir”, relató Marcelo uno de los campesinos desalojados y lamentó que los estén empujando a vivir como mendigos al costado de las rutas.

El trabajo de Martín Sereno posibilitó romper el cerco mediático que pretendió imponer el gobierno, como represalia el juez lo imputó a él y Ricardo Javier, otro periodista de la zona, del delito de instigación al corte de ruta.

“Esta nueva variante de la criminalización y judicialización es un grave precedente para nuestra democracia y un atentado a los derechos humanos no solo de los periodistas sino de aquellos sectores vulnerables que buscan hacer visible sus demandas a través del trabajo de estos comunicadores”, se destacó desde la CTA Misiones. Hubo un fuerte reconocimiento a la labor de estos comunicadores que permitieron que la información de este desalojo circulara por los demás medios locales y tomara trascendencia nacional.

Desde el día del desalojo Marcelo junto a otras 25 familias permanecen al costado de la ruta provincial N° 17 sobreviviendo bajo carpas de naylon negros, soportando lluvias, intensos fríos y con la incertidumbre a cuestas. La resistencia de estas familias junto a la solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de campesinos y algunos partidos políticos, más la persistencia de medidas de fuerza como cortes de ruta y el paro nacional de la CTA que tuvo en Misiones como eje central la pelea por la tierra forzó al gobierno provincial a firmar, a principios de mayo, un acta acuerdo que incluía la relocalización de los campesinos y la devolución de sus pertenencias, incluido las cosechas que quedaron en las chacras de las que fueron desalojados.

A más de un mes de ese acuerdo y casi 3 meses del desalojo 25 adultos y unos 100 niños siguen esperando recuperar sus casas y las chacras para producir y garantizarse condiciones mínimas de subsistencia.

Ecos de la lucha de Mondorí

Además del compromiso de relocalización de las familias desalojadas en Mondorí, la visibilización de ese conflicto, posibilitó la agilización de otros reclamos emblemáticos en la provincia. El pasado 6 de junio la legislatura provincial aprobó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná S.A. reclamadas por campesinos de la organización PIP -Productores Independientes de Puerto Piray. Un hecho que parecía impensable hace unos meses, debido no solo a la resistencia de la empresa sino también a la postura de funcionarios provinciales y municipales a favor de “defender la propiedad privada de la multinacional”.

“Es un hecho histórico hemos conquistado 600 hectáreas de tierra para nuestra organización, pero lo más importante es que demostramos que se puede expropiar tierras a Alto Paraná” sostuvo Miriam Samudio referente de PIP.

Alto Paraná es una de las principales empresas forestales que concentra tierras en Misiones, contamina el medio ambiente y dilapida las fuentes de trabajo, según vienen denunciando organizaciones sociales, de pequeños campesinos y los propios trabajadores de la multinacional nucleados en el Sindicato de Papeleros de Alto Paraná.

La resistencia forzó visibilizar la problemática

Las reacciones y repudios al brutal desalojo obligaron al gobierno provincial a reconocer la gravedad de la problemática de tierras en Misiones. Sin embargo el anuncio de la toma de posesión de 38 mil hectáreas, incluidas en la Ley de Arraigo y Colonización, está lejos de resolver el problema que afecta a una gran parte de la población. Miles de familias, a lo largo de estos últimos años, fueron expulsadas de las chacras, empujadas a las ciudades en búsqueda de trabajo, y obligados a engrosar los cordones de pobreza de Posadas, Garupá, Eldorado, Oberá.

La falta de acceso y tenencia segura de tierras no solo afecta a la población rural, cada vez más se ve en las ciudades. El acceso a las viviendas que construye en Misiones el IPRODHA –Instituto Provincial de desarrollo Habitacional- se vuelve cada vez más difícil para la una población que no posee trabajo en blanco y si lo posee no llega al mínimo de ingresos que se exige al núcleo familiar para ser “beneficiario” de las viviendas “sociales”.

Según el censo nacional de población Misiones tiene una población que supera el millón de habitantes, es una de las provincias más densamente pobladas de la región. Cerca del 8 por ciento vive en casillas, ranchos o precarios inquilinatos.

Miles de misioneros sobreviven en condiciones infrahumanas, sin posibilidades de acceder a un lugar digno donde vivir en las ciudades y expulsados de sus pequeñas unidades productivas en una disputa absolutamente desigual por el territorio con grandes multinacionales o con funcionarios provinciales que desde la función pública pueden acaparar tierras.

Artículo publicado en Periódico de la CTA Nº 95, correspondiente al mes de junio de 2013.

Equipo de Comunicación de la CTA Misiones.

¿Qué se esconde detrás del nombramiento de Milani?.

En primer lugar debemos reafirmar la idea de que las fuerzas armadas en el sistema capitalista son una institución del Estado capitalista, son parte de la defensa armada de los intereses del Estado que en ésta época le pertenece a los monopolios.

En la actual situación de la lucha de clases en donde la clase obrera comienza a irrumpir en sus luchas por conquistas económicas y políticas y se dispone como la gran mayoría de nuestro pueblo a presentar batalla contra todo tipo de injusticias aparece este escollo creando una nueva crisis política.

Este gobierno, que es de los monopolios, que gobierna para ellos, necesita “ordenar la tropa”.

Los monopolios necesitan producir, obtener ganancias extremas con la explotación de nuestra clase obrera y la opresión a todo el pueblo, pero en la vida real, la de todos los días, la ola de paros, de cortes de ruta, de protestas en los cuatro puntos cardinales del país les va creando una crisis de dominación y aquí comienza actuar otro aspecto clasista de la época histórica, intentar cada vez más con el engaño e intentar introducir el “garrote” a una población muy sensibilizada contra la institución represiva Madre que son las fuerzas armadas.

El nombramiento de Milani ha provocado el efecto contrario a lo querido por el gobierno de los monopolios, no han leído la realidad que se vive cotidianamente, la lucha de clases los lleva necesariamente al error y como no podía ser de otra forma este nombramiento que quiso disfrazar a la “mona de seda” provocó una oleada de protestas que no tendrá fin y que agrietó aún más las aguas de la clase dominante.

Este gobierno mostró su “as de espadas a todo el pueblo” y descubrió que tenía un cuatro de copas.

El debate y exigencia de los monopolios es encontrar respuestas políticas y militares a, por ejemplo, el corte de Panamericana por obreros autopartistas proveedores de automotrices, la joya del “modelo”. La crisis política en que están envueltos los aleja de encontrar respuestas políticas y militares y, por el contrario, siguen azuzando la indignación popular debilitándolos permanentemente. Milani nace como jefe del estado mayor extremadamente debilitado políticamente y condicionado en todo su accionar en la preparación represiva y en defensa de los intereses monopólicos. La movilización en su contra no cederá y se pondrá en caja todo intento de intervención “populista” de la institución represiva garantía del sistema capitalista.

Santa Cruz: Paro y toma del yacimiento Cerro Negro de la Goldcorp.

La lucha intermonopolista recrudece ante las medidas tomadas a favor de Chevron. Se ha generado una ofensiva de todas las multinacionales extractivas en busca de igualdad en la ventajas que recibe Chevron mientras los medios nacionales sólo se hacen eco de ladecisión de la canadiense Goldcorp de “suspender la campaña de exploración iniciada hace poco más de dos meses, por falta de financiamiento (por la baja internacional del precio de los metales) y la inconveniencia de aumentar las reservas ante la obligación de pagar un impuesto adicional por ellas, en virtud del gravamen recientemente sancionado por la Legislatura provincial”.

En ese marco, los 500 trabajadores del yacimiento Cerro Negro, que es operado por la minera Goldcorp, ubicado a 70 kilómetros al sudeste de Perito Moreno lanzaron, el último miércoles, un paro por tiempo indeterminado en reclamo por 80 despidos y denuncian que la compañía pretende llevar adelante un plan de despidos masivos que afectaría a cientos de trabajadores mineros y sus familias.

Desde el inicio de la medida de fuerza, los trabajadores tomaron el control del yacimiento y procedieron a desalojar todo el personal jerárquico de la compañía.

Desde la boca de la mina, que es controlada por los trabajadores, declaran “no van a mover una sola piedra hasta que no haya solución a nuestro pedidos” “no permitiremos que nuestro trabajo sea la variable de ajuste”, “no vamos a permitir que un solo compañero se quede sin trabajo”. La presente medida de fuerzas se enmarca en una larga lucha de los trabajadores por salarios, condiciones de vida, seguridad e higiene.

Durante el presente mes los trabajadores camioneros realizaron cortes y mantuvieron bloqueada la empresa durante 4 días para lograr el reencuadramiento del personal que maneja los camiones dentro del yacimiento.

El pretendido ajuste no significa que Goldcorp renunciará, a la “gallina de los huevos de oro”, nunca mejor dicho, que es tener vía libre para explotar intensivamente los recursos naturales de la provincia. La empresa no paga por lo que se lleva, deja todo contaminado, no remedia el ambiente y se llevará, a partir de los próximos meses, gracias a una nueva planta de procesamiento, 15 millones de dólares por día, sólo de oro, sin contar la plata y otros minerales secundarios.

Las cartas están echadas, pero el paño no es el mismo que el de la década del 90. La clase obrera no acepta extorsiones ni amenazas, ni está dispuesta a retroceder ni un tranco de pulga en sus derechos y su dignidad.