El Frente Amplio competirá a fines de 2014 por su tercer gobierno tras dos períodos consecutivos en el poder. La (moderada) puja por el modelo económico, los vaivenes en su vínculo con la región, los avances y las tensiones en la agenda de derechos son tres de los temas que reflejan los alcances y los límites del progresismo uruguayo.
Dos años después de Lula en Brasil, y diecisiete meses más tarde que Néstor Kirchner en Argentina, en octubre de 2004 Uruguay entraba en el mapa de países con gobiernos “progresistas” de América Latina. Lo hacía de la mano de Tabaré Vázquez, con mayorías parlamentarias propias, sin necesidad de forjar coaliciones políticas con sectores de la derecha –como fue el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil– y con una legitimidad a prueba de votos, a diferencia del escaso 22 por ciento que, en 2003, obligó a Kirchner a un armado político posterior que le asegurara cierta gobernabilidad. En los ocho años que lleva en el gobierno, el Frente Amplio impuso políticas similares a las desarrolladas en otros países con administraciones “progresistas” para intentar dejar atrás los efectos de la “era neoliberal”: “planes de emergencia” para combatir la pobreza y la extrema pobreza, menor inequidad en el reparto de la riqueza a partir de una reforma tributaria, un reequilibrio de las relaciones laborales con la vuelta a las negociaciones colectivas obligatorias, una reforma de la salud para abarcar a sectores que carecían de cobertura sanitaria.
El crecimiento económico récord (un promedio de 7,5 por ciento anual desde 2005), producto fundamentalmente de los altos precios de los commodities que el país exporta, fue aprovechado por el Frente Amplio para reforzar el gasto público social, que creció en más del 3 por ciento desde 2004. Resultado: según cifras oficiales, la pobreza extrema cayó del 3 al 0,5 por ciento y la pobreza del 32 al 13,7 desde que el Frente Amplio se hizo cargo del gobierno, mientras el desempleo se ubica hoy en un nivel muy bajo (6,7 por ciento de la población activa, diez puntos menos que ocho años atrás) y han crecido el salario real (25,5 por ciento) y las jubilaciones.
En un informe presentado a comienzos de junio (“La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”), el Banco Mundial ubicó a su vez a Uruguay como el país de la región con sectores medios más extendidos, gracias, en parte, a las políticas redistributivas aplicadas desde hace algo menos de una década.
Pero todos estos indicadores, apunta Jorge Notaro, ex director del Instituto de Economía de la Universidad de la República y referente de un grupo de militantes del Frente Amplio crítico con la línea del equipo económico de gobierno, no se han acompañado de cambios de mayor envergadura: las bases del modelo productivo no se han tocado, o poco, Uruguay sigue siendo un país fundamentalmente productor y exportador de materias primas, sigue apostando a crear las condiciones para atraer inversión extranjera, aun a un alto costo social y ambiental, “el acelerado aumento de la actividad económica y en particular el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra tuvieron un efecto concentrador del ingreso y la riqueza”, y si bien la reforma tributaria se ha ido ajustando desde 2008, su primer año de vigencia, en pos de una mayor equidad, los impuestos que se cobran a los ingresos del capital y a la riqueza son muy inferiores a los que se aplican al consumo o a los ingresos del trabajo, en una relación de 7 a 3. “El tema central es político y no técnico”, dice Notaro. Y apunta: “Para redistribuir la riqueza es necesario aumentar los activos de los muchos que no tienen o tienen poco, como por ejemplo tierra o vivienda. La política de promoción de inversiones también puede tener objetivos de redistribución de la riqueza, contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. [Pero] la política de promoción de inversiones no incorporó ninguno de estos aspectos, favoreció a las grandes inversiones extranjeras y contribuyó a la concentración y extranjerización de la riqueza”.
Sin cambios estructurales
La puja por el modelo económico se ha manifestado de diferentes maneras en estos ocho años de gestión progresista en Uruguay. La llegada, en 2010, a la Presidencia de la República de José Mujica, un ex dirigente de la guerrilla tupamara, había planteado la posibilidad de un “giro a la izquierda” de la gestión gubernamental, que con Tabaré Vázquez había sido marcada por una línea que enaltecía la prolijidad fiscal y el equilibrio macroeconómico, sin demasiado énfasis en la redistribución de la riqueza, y que en lo internacional optó por un pragmatismo que lo llevó hasta el umbral de un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, descartado entonces por la fuerte oposición que suscitó en la interna del Frente Amplio y en grupos movilizados de la sociedad civil.
De hecho, dos equipos, uno con centralidad en el Ministerio de Economía, respaldado por el actual vicepresidente y ministro de Economía de Tabaré Vázquez, Danilo Astori, y otro con asiento en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, avalado por el presidente Mujica, protagonizaron algunos cruces en el seno mismo del gobierno.
Pero la puja no fue más allá de una serie de escaramuzas de mayor o menor intensidad. El presidente se reservó para sí la paternidad de la creación de un Fondo de Desarrollo destinado a apoyar a empresas autogestionadas o recuperadas, insistió en aumentar en algo los gravámenes al sector agropecuario –de exorbitantes ganancias en los últimos años–, se jugó a fondo en favor de un proyecto de desarrollo con base en el noroeste del país, en una zona de tradición azucarera fuertemente deprimida… Y poco más.
El presidente prefirió marcar su diferencia en otros terrenos.
En primer lugar el de la política exterior, con un acento en principio marcadamente latinoamericanista e integracionista que hacía baza en su carisma y su buen relacionamiento personal con los principales líderes del “progresismo” regional de todo pelaje: de los Kirchner a Hugo Chávez, de Evo Morales y Rafael Correa a Lula y Dilma Rousseff. Mujica apostó, en los inicios de su gestión, por recuperar la relación con Argentina, fuertemente deteriorada por el conflicto provocado por la instalación, en la margen oriental del río Uruguay, de la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) en tiempos de Tabaré Vázquez, cultivó luego relaciones carnales con Brasil hasta colocar al país “en el estribo” (según llegó a decir) del gigante del subcontinente, intentó anclar a Uruguay en el Mercosur, y fue un activo integrante del coro de presidentes de la región que pusieron énfasis en la creación de instrumentos de autonomía política de los países latinoamericanos respecto a Estados Unidos.
Aun así, en mayo último, apoyándose en las dificultades que encuentra Montevideo para avanzar en proyectos de integración en el Mercosur ante “la política proteccionista practicada fundamentalmente por Argentina” y “la necesidad para un pequeño país como Uruguay de estar presente en todos los espacios de integración que se han generado en América Latina”, el presidente jugó una carta que recordó a algunos sectores la movida de su predecesor en favor de un TLC con Estados Unidos: avanzar en el ingreso de Uruguay como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, una “plataforma de acuerdos de libre comercio de los países latinoamericanos del Pacífico con Washington, que sólo beneficia a Washington” , según define la investigadora uruguayo-mexicana Beatriz Stolowicz y que Brasil percibe como un desafío a su influencia en la región. Brasilia ya salió al cruce del plan uruguayo.
Avances simbólicos
En segundo lugar, Mujica buscó una especificidad en el terreno del símbolo y del discurso: a diferencia de su predecesor, un político con reputación de florentino que administra silencios e intervenciones y marca distancia con su público y sus dirigidos, el actual presidente se forjó una fama de “filósofo popular” (“el sabio del grupo”, lo llamó Hugo Chávez) y de hombre de cercanías que pregona la austeridad y el rechazo a la “cultura consumista” con el ejemplo: “el presidente más pobre del mundo” es el “título” que lo acompaña en los medios de comunicación del mundo entero, desde que uno de ellos se adentrara en el pequeño y modesto predio rural en que vive junto a su esposa y su perra y lanzara la fórmula.
Mujica se ha forjado también una reputación: bajo su presidencia, Uruguay ha avanzado en la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio igualitario y discute la posibilidad de autorizar la comercialización controlada de la marihuana. A pesar de que los avances deban mucho más a la acción de la bancada parlamentaria del Frente Amplio que a la acción del Ejecutivo, que se limitó a “dejar hacer”, “para la historia” queda la impresión de una gestión de Mujica sustantivamente más democratizadora que la de Tabaré Vázquez.
Cuando a fines de 2008 el presidente Vázquez interponía su veto a una ley de salud sexual y reproductiva que contemplaba en algunos de sus artículos la despenalización del aborto, no sólo frustraba por enésima vez las ilusiones de movimientos sociales que desde la salida de la dictadura se habían estrellado contra el muro de un Parlamento dominado por los partidos conservadores, sino que se colocaba en falsa escuadra respecto a su propia coalición, que había puesto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en buen lugar en su programa de gobierno.
Hubo que esperar hasta febrero de este 2013 para que un proyecto similar, aunque más restrictivo, contara con las mayorías legislativas necesarias.
Pero aquel veto de 2008 marcó un antes y un después en la relación de Vázquez con algunos sectores de sus propias bases, y aún hoy siembra dudas sobre la conducta que podría llegar a asumir si fuera nuevamente candidato del progresismo –como todo parece indicar– en las próximas elecciones nacionales, en octubre-noviembre de 2014. Máxime cuando después de febrero de 2013, Vázquez continuó jugando en solitario, ahora a favor de la anulación de la ley.
El candidato ineludible
Pero en el Frente Amplio hay una resignación prácticamente generalizada respecto a que para jugar con cartas ganadoras en la elección de 2014 y aspirar a un tercer período de gobierno Tabaré Vázquez es una pieza fundamental. Así lo ven los partidos que se agrupan en torno a los dos bloques mayoritarios de la coalición: el Frente Líber Seregni, dirigido por Astori, y el Movimiento de Participación Popular, creado por Mujica. Y así lo consignan todos los sondeos: no ha surgido aún el candidato de la oposición que pueda hacerle sombra a Vázquez en las elecciones de fines del año próximo. Agrupamientos intermedios, que no responden ni a uno ni a otro de los dos grandes bloques y que se autoperciben en el ala izquierda de la coalición, han buscado, hasta ahora sin resultado, a un candidato alternativo en vistas de presentarlo a las primarias frenteamplistas, que tendrán lugar en noviembre.
Por el momento, las resistencias más claras a Vázquez se concentran fundamentalmente en personas y sectores que no tienen participación formal en ámbito alguno del Frente Amplio y que sobre todo se manifiestan a través de foros virtuales y redes sociales. En sus filas se ubican militantes de base y agrupaciones sociales que rechazaron la postura del ex presidente en torno a la despenalización del aborto y otros que juzgaron severamente la actitud ambigua asumida, no sólo por Vázquez sino por buena parte de la dirigencia del Frente Amplio (Mujica incluido) en relación a la demanda de “juicio y castigo” a los militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hay también quienes rechazan las posturas económicas del dirigente, que ascendió en el Frente Amplio apoyándose en los sectores considerados “radicales” de la coalición y terminó respaldando los esfuerzos de los liderados por Danilo Astori por procesar un “aggiornamiento ideológico”. “Si Mujica puede calzar perfectamente en la definición de ‘radical de baja intensidad’ que le atribuye el diario español El País , a Vázquez habría que catalogarlo como un Felipe González a la uruguaya”, comentó un militante de uno de los grupos minoritarios del Frente Amplio.
Vázquez todavía guarda silencio. Un par de años atrás, había dicho que “si las circunstancias políticas y la biología” se lo permitieran podría perfectamente postularse a un segundo mandato en 2014. Por el momento las primeras le son ampliamente favorables, y, que se sepa, la segunda también.
Tabaré –que en lengua tupí significa “solitario”– prometió dar su respuesta definitiva antes de septiembre. De ser positiva, es muy probable que en marzo de 2015, un Vázquez bastante más canoso que en su primera gestión (rondará los ochenta) asuma como el tercer mandatario “progresista” de la historia uruguaya.
