El informe resalta que el peso de los impuestos vinculados a la producción agropecuaria representa el 5,5% del PBI, cifra que viene bajando desde 2003, mientras que otros ingresos fiscales, como Seguridad Social, ganaron en importancia.
Pese a denuncias de la dirigencia agropecuaria acerca de una supuesta "presión impositiva" por parte del Estado, las corporaciones agrarias y las empresas multinacionales que operan en el sector aportan sólo un 11% de lo que ingresa a las arcas públicas por comercio exterior, según consigna un estudio del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP).
El trabajo del CEMOP subraya que el sector agropecuario vinculado a la soja para exportación “sólo aporta a la recaudación un 11% (en 2012) por comercio exterior". El trabajo indica que "entonces, podemos evidenciar que el sector económico que genera la mayor cantidad de divisas a través del comercio exterior es el que menos aporta a la recaudación" (ver infografía). Además sostiene que el 6% de los productores sojeros representa "el 54% del total de la producción primaria de soja" y evalúa que la denuncia de una "presión impositiva" proviene de "una minoría asociada al capital transnacional de granos".
El informe apunta que los aportes impositivos de las grandes empresas rurales fue menor a lo recaudado en concepto de Impuesto a las Ganancias, que el año pasado aportó el 20% de la caja total: el 18% de los trabajadores con ingresos superiores a $ 8400 aportan más que quienes participan del comercio exterior, señaló el trabajo del CEMOP.
Los datos contradicen el discurso de las patronales agrarias, como la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ayer, el titular de esa entidad, Miguel Etchevehere, insistió con sus críticas a la situación fiscal "abusiva" que sufren las empresas (ver aparte).
El informe del CEMOP, titulado "Las corporaciones agrarias y la presión tributaria", desmenuzó las distintas contribuciones entre 1999 y 2012. Por caso, y en relación con la provincia de Buenos Aires, indica que el principal impuesto por peso porcentual es Ingresos Brutos que tuvo, en ese período, una participación promedio del 75%. Por otro lado, lo correspondiente a Sellos "mantiene una participación promedio del 10%", mientras que el tributo a los automotores se mantiene hasta 2012 en un promedio del 6%. En comparación, el CEMOP destacó que "el impuesto que se cobra a los terratenientes, denominado Impuesto Inmobiliario Rural, entre 1999 y 2012 realizó un aporte a la recaudación provincial del 3,25%; mientras que el Impuesto Inmobiliario Edificado y Baldío, aportaron un 9,1%, en el mismo periodo". Así, los números demuestran que los propietarios no terratenientes (titulares de casas, departamentos, galpones y baldíos entre otros) "aportaron el doble que los terratenientes".
El estudio detalla que en millones de pesos esto significa que entre 1999 y 2012 "el impuesto inmobiliario rural contribuyó con $ 5340 millones" mientras que si se suman el inmobiliario edificado y baldío "el acumulado del mismo periodo fue de $11.919 millones", según la argumentación.
Al comparar la estructura de recaudación entre 2003 y 2012, el trabajo del CEMOP señala que "la participación del Impuesto Inmobiliario Rural retrocede de 3,94% a 2,92%", a la par que, acompañando esa reducción "el Inmobiliario Edificado y Baldío se redujo de 12,4% al 5,36%. Para 2012, el impuesto que compensa esa reducción es Ingresos Brutos, que pasa del 66,04% al 74,62%, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales".
El autor del informe, Ernesto Mattos, señaló que "la presión tributaria no existe". En esa línea, el economista explicó a Tiempo Argentino que "la supuesta presión hay que relacionarla con el valor de la tierra, porque de cada 100 pesos que entran a las arcas de la provincia de Buenos Aires, el Impuesto Inmobiliario Rural paga 2 pesos". Mattos agregó que "en estos últimos diez años el valor de la tierra creció 580% (en 2012 costaba U$S 18 mil la hectárea) con lo que su valor patrimonial se multiplicó por cinco sin que los impuestos se modificaran: paga más el vecino que tiene un departamento en La Plata que un terrateniente de la provincia de Buenos Aires", afirmó el especialista del CEMOP.
La investigación de Mattos indica que entre 1999 y 2012 "fue la actividad económica y comercial en territorio bonaerense con otras provincias la que contribuyó al crecimiento de la recaudación tributaria", principalmente a partir de 2003 y en detrimento de la menor participación del Impuesto Inmobiliario Rural, que aportó sólo un 3,25% entre 1999 y 2012 y que redujo su participación a partir de 2003. El CEMOP señaló a partir de esto la situación de "desigualdad fiscal" en territorio bonaerense "a favor de los terratenientes que han logrado no sólo crecer vía exportación cereales, oleaginosas y carne sino por la vía de la tenencia de la tierra". En esa línea, remarcó la "ganancia patrimonial por valorización de tierras no trabajadas" y explicó que "la hectárea en 2002 valía U$S 3000, en la actualidad es casi de 17.100 dólares. Esto significa un aumento en el valor patrimonial del 570%. En algunas zonas la hectárea que hoy está en 10 mil dólares paga como impuesto inmobiliario unos 250 dólares", informó.
Según el relevamiento en base a datos de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) en los primeros cinco meses de 2013 –tras la reforma fiscal bonaerense que afectó al sector– "el impuesto inmobiliario rural recaudó unos $ 519 millones, mientras que en el año 2012 había acumulado unos $ 333 millones". El incremento fue de un 55% pero se modera en la comparación con la expansión de otros impuestos, como el Inmobiliario Edificado y Baldío, que creció un 47%; el Automotor, que lo hizo en un 52%; y los Sellos, que trepó un 37%.
Mattos indicó que el informe se realizó en mayo último, al calor de la polémica con los grandes exportadores que se negaban a liquidar divisas, un fenómeno que se produjo a la par de especulaciones en torno al dólar ilegal.
A contramano de Etchevehere, quien ayer volvió a lamentar que la actividad rural ve mermada su potencialidad por ausencia de obras, Mattos señaló a Tiempo que "lo que repercutió en la inversión pública es que las corporaciones del agro no liquidaban exportaciones", y agregó que "la disminución de ese ingreso es lo que juega en contra; con el corte en la entrada de divisas y la especulación del dólar 'blue' buscaron generar ciertas condiciones", juzgó el economista.
La estrategia, según el investigador del CEMOP, es "el desfinanciamiento del Estado". Así, "estos últimos meses buscaron generar expectativas de devaluación, querían llevar el dólar a 10 pesos y así presionar al Estado en la dirección de una política antipopular. Federico Sturzenegger (economista, titular del Banco Ciudad y dirigente del PRO) decía que el atraso cambiario era del 30%", recordó Mattos.
Al margen de las críticas de las patronales ("Hasta De Angeli reconoció la cosecha récord"), el autor del informe apuntó que "nos estamos acercando a las metas del programa 2020; el componente de soja viene creciendo y el trigo subió un 25% más en esta campaña". El tema, advirtió, "va a pasar por esta organización entre los productores de soja y los comercializadores de granos y como van a hacer lobby para presionar". El beneficio, según el especialista, "es simple, el comercializador de granos duplica su poder adquisitivo porque si hay una devaluación puede comprar campos; los sectores más concentrados de la industria traen los dólares de afuera y compran cuanta empresa quieren para concentrar más", concluyó.
Aprovechando la visibilidad que le da la realización de la tradicional muestra agropecuaria, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, volvió a cargar ayer contra el gobierno nacional. "Para nosotros sería motivo de orgullo decir que estamos en (una producción de) 140 millones de toneladas, y que están las rutas, los trenes, la infraestructura, los mercados abiertos, la estabilidad que nos permite producir más y mejor y no estar pensando 'a ver qué se le va a ocurrir a algún funcionario' para tratar de perjudicar a los productores", dijo en diálogo con Radio Mitre.
El dirigente ruralista también volvió a apuntar contra el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, porque según dijo, se están trabando embargos a productores de esa provincia que no pudieron pagar "la abusiva suba" de impuestos como paso previo a rematar los campos. "Es una paradoja con estos precios internacionales que, en una provincia agroproductora de alimentos, el gobierno este a un paso de rematar campos en la Argentina, es una verdadera vergüenza", recriminó y le reclamó al gobernador que se ponga a la cabeza de "la lucha contra las retenciones".
El Estado y un fideicomiso integrado por empresas privadas apuestan a reactivar el Ingenio la Esperanza, en Jujuy, y recuperar el tejido productivo luego de más de diez años de quiebra. El ingenio ubicado en las afueras de la localidad jujeña de San Pedro se encuentra en plenas tareas de zafra bajo una gestión que incluye representantes del sector público, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y la gobernación, un fideicomiso del sector privado y de los trabajadores, después de que el Grupo Roggio dejara la concesión luego de tres zafras. Luego de gestiones oficiales, un grupo de empresas nacionales mostró interés en el ingenio y decidió involucrase en el proyecto. El Grupo Insud, de Hugo Sigman, el Grupo Benicio y la firma MSU, vinculada al sector agropecuario, formaron un fideicomiso que hizo uso de una opción de compra de la empresa quebrada y ya desembolsó el pago de la primera cuota por cerca de 2 millones de dólares, de las que resta abonar 7 millones más.
5,5 por ciento es el nivel de divisas, en términos de PBI, que ingresan al país por las exportaciones de granos, oleaginosas y alimentos.
