"EE.UU. debe estar de rodillas todos los días rogando que nada le ocurra a Snowden" .

EE.UU. debe estar de rodillas todos los días "rogando que nada le ocurra a Snowden", porque en este caso "toda la información será revelada y esa sería su peor pesadilla".

Así lo declaró en una entrevista al diario argentino 'La Nación' Glenn Greenwald, la persona que reveló al mundo la información sobre el espionaje masivo por parte de EE.UU. que le filtró Edward Snowden.

Greenwald no descartó la posibilidad de que alguien pudiera tratar de matar al excolaborador de la CIA, pero dijo no creer que esto trajera “muchos beneficios para nadie a estas alturas”, ya que tiene una “póliza de seguro”: Snowden se aseguró de que “varias personas alrededor del mundo tengan su archivo completo” y “si algo le llegara a pasar”, esos documentos serían hechos públicos.

“El Gobierno estadounidense debe estar de rodillas todos los días rogando que nada le ocurra a Snowden, porque si algo le llega a suceder, toda la información será revelada y esa sería su peor pesadilla”, afirmó el periodista de ´The Guardian´.

Tiene una enorme cantidad de documentos que serían muy dañinos para el Gobierno de Estados Unidos si fueran hechos públicosGreenwald explicó que el exempleado de la CIA posee “suficiente información como para causar más daño al Gobierno estadounidense en un minuto que el poder que cualquier otra persona haya tenido jamás en la historia de Estados Unidos”, aunque este no es su objetivo.

“Su objetivo es dejar al descubierto programas informáticos que personas en todo el mundo utilizan sin saber que están exponiéndose y sin haber aceptado conscientemente ceder sus derechos a la privacidad”, afirmó el periodista.
Asimismo, arrojó la luz sobre los detalles de los documentos compartidos por Snowden, en particular, sobre los países que, según la información revelada, son espiados por EE.UU. 

“Para cada país que tiene un avanzado sistema de comunicaciones, como es el caso desde México hasta Argentina, hay documentos que detallan cómo Estados Unidos recoge este tráfico informativo, los programas que se utilizan para captar las transmisiones, la cantidad de intercepciones que se realizan por día, y mucho más”, explicó Greenwald.

“Una forma de interceptar las comunicaciones es a través de una corporación telefónica en Estados Unidos que tiene contratos con empresas de telecomunicaciones en la mayoría de los países latinoamericanos”, agregó.

Además, opinó que es poco probable que México y Colombia “hagan mucho al respecto”, pero “tal vez Argentina y Venezuela sí estén dispuestas a tomar acciones concretas”

Un tribunal condena a Monsanto y Dow Chemicals por 'agente naranja' en Vietnam.

La justicia surcoreana ordenó a las compañías Monsanto y Dow Chemicals a indemnizar a 39 veteranos que sufrieron de una enfermedad de piel causada por el producto tóxico 'agente naranja', utilizado como defoliante por EE.UU. en la Guerra de Vietnam.

La decisión del Tribunal Supremo de Corea del Sur supone que las dos compañías deben pagar a los veteranos surcoreanos una indemnización de 466 millones de wons (unos 419.000 dólares), informa AFP.

El Tribunal ha considerado demostrada la relación entre el 'agente naranja' y el acné químico desarrollado por los 39 excombatientes.

"El acné químico es causado cuando uno se expone a la dioxina que contiene el agente naranja", declaró el juez, agregando que es una enfermedad rara que no puede estar motivada por otras causas.

Dow Chemicals ha rechazado la sentencia del Tribunal surcoreano, argumentando que no fue respaldada por pruebas claras.


Batalla perdida

A pesar de dar la razón a los 39 demandantes con el acné químico, el Tribunal revirtió una sentencia de 2006 que obligaba a los dos productores a indemnizar a otros miles de veteranos. La justicia no reconoció las correlaciones epidemiológicas entre el defoliante y sus enfermedades, como el cáncer linfático. 

El juez dijo que no se puede concluir que la exposición al defoliante causara directamente este tipo de males y que "las causas de estas enfermedades son muy complicadas".

16.579 veteranos de Corea del Sur presentaron en 1999 dos demandas separadas en contra de Dow Chemical y Monsanto, exigiendo unos cinco millones de dólares en indemnizaciones, pero en 2002 un tribunal de distrito falló en su contra.

Sin embargo, los demandantes recurrieron y en 2006 el Tribunal de Apelación revocó esta decisión y ordenó a las dos compañías indemnizar a 6.795 soldados surcoreanos con unos 62 millones de dólares.

Por lo tanto, la sentencia de este viernes ha decepcionado a todos los que perdieron una batalla legal de 14 años. "Como víctima, no sé qué decir", dijo Kim Seong-woo, jefe de una organización local de veteranos, citado por Yonhap.  

Egipto: el premier de facto inicia contactos para formar gobierno.

Hazem Beblawy comenzó este sábado los contactos con políticos para intentar formar un gabinete interino, que estará integrado por alrededor de 30 ministros.

Desde la sede del Consejo de Ministros, Beblawy expresó que además de 30 ministros habrá dos viceprimer ministro, uno de Asuntos de Seguridad y otro de Asuntos Económicos, y adelantó que este domingo comenzará a recibir a los aspirantes, informó la agencia estatal de noticias Mena.

Además, el premier de facto expresó su deseo de tener formado el gobierno para el martes, y sostuvo que mantendrá en su puesto a varios de los ministros que integraban el gabinete del anterior premier, Hisham Qandil informó la agencia de noticias EFE.

En un hermetismo total, Beblawy, el premio Nobel de la Paz, Mohamed el Baradei, y el candidato a ocupar el puesto de viceprimer ministro para Asuntos Económicos, Ziad Bahaedin, están reunidos revisando los antecedentes de los posibles ministros.

Por otra parte, Ahmed Fahmi, presidente de la disuelta Shura (Cámara Alta), expresó hoy que no reconocen "las últimas medidas golpistas" y exigió la anulación de todas las medidas impulsadas por las Fuerzas Armadas el 3 de julio pasado.

En un golpe de Estado, el Ejército con el apoyo de políticos y manifestantes organizados, derrocó al gobierno democrático presidido por Mohamed Mursi, disolvió el Parlamento, canceló la Constitución y estableció un calendario para celebrar elecciones y reformar la carta magna.

Condenaron a diez años de prisión a los apropiadores de Elena Gallinari Abinet.

La médica que firmó la partida de nacimiento fue sentenciada a cinco años y seis meses de cárcel. Los detalles. El fallo del Tribunal Oral Federal I de La Plata fue seguido por la joven, su familia y Estela de Carlotto.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó ayer a diez años de prisión a Luis Madrid y su esposa María Mercedes Elichalt, por la apropiación de la primera nieta nacida en cautiverio y restituida a su familia biológica, Elena Gallinari Abinet. En tanto la médica Silvia Marta Kirilovsky fue sentenciada a cinco años y seis meses por firmar la partida de nacimiento falsa con la que fue inscripta la niña. En los tres casos, los jueces les imputaron a los acusados "complicidad en el genocidio cometido durante la dictadura al participar del traslado por la fuerza de un niño de un grupo a otro".

La sala estalló en un aplauso cuando los integrantes del Tribunal leyeron las condenas –por unanimidad– ayer, pasadas las 22:30. Los jueces ordenaron comunicar al Ministerio de Seguridad provincial el pedido de exoneración de Madrid de la Policía Bonaerense, pero no revocaron la excarcelación de la médica, que seguirá libre hasta que el fallo quede firme.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo había solicitado al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de La Plata que condene a penas de 18 años de prisión en cárcel común al ex policía y su esposa y de ocho años para la médica que firmó la partida de nacimiento falsa. 

Los abogados de la asociación consideraron a los apropiadores de la menor como "coautores del delito de genocidio" y a la doctora como partícipe necesario. La fiscalía pidió diez años para el apropiador, nueve para su mujer y cinco para la médica. Los pedidos fueron realizados durante la jornada de alegatos del debate en el que desde el lunes pasado, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus juzgaban por la apropiación de la mujer a Domingo Luis Madrid, de 64 años, y su esposa María Mercedes Elichalt, de 62 años y por firmar la partida de nacimiento falsa con que la inscribieron como hija propia a la médica Silvia Marta Kirilovsky, de 68 años.

Durante todo el día, las víctimas, Elena Gallinari y sus familiares directos, estuvieron acompañados por militantes de organizaciones sociales, entre ellos, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.

En su pedido, los abogados de Abuelas, Emanuel Lovelli y Colleen Torre, consideraron que el matrimonio apropiador fue coautor de la "retención y ocultamiento de un menor de 10 años", la alteración del estado civil de la niña y la falsedad ideológica de documento público, es decir verter datos falsos para su partida de nacimiento y DNI al inscribirla como hija propia.
Pero también los acusaron de ser "coautores del delito de genocidio en su modalidad de traslado de un menor de un grupo a otro", figura prevista en la Convención para la Prevención de los Genocidios que está incorporado a la Constitución Nacional, utilizada por ese mismo tribunal el año pasado en las condenas por la apropiación de Sebastián Casado Tasca.

Buscan gravar las ganancias financieras: el objetivo será gravar las transferencias de acciones y la distribución de utilidades de las grandes empresas.

A partir del lunes vamos a coordinar la unificación de los distintos proyectos presentados sobre el Impuesto a las Ganancias y el gravamen de la renta financiera. El resultado tiene que ser algo equilibrado, que no sea una cuestión retórica.

Creo que para gravar la renta financiera debemos apuntar a las transferencias de acciones y la distribución de utilidades de las grandes empresas y proteger el ahorro nacional. No vamos a hacer demagogia.” Con estas definiciones, el diputado Héctor Recalde (FpV) adelantó a Página/12 que el próximo lunes mantendrá una reunión con Roberto Feletti (FpV), titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para iniciar un debate alrededor de estos proyectos, a pedido de la presidenta del bloque del oficialismo, Juliana Di Tullio. Si bien existen varios proyectos de la oposición, el objetivo del FpV será encontrar puntos de consensos entre los proyectos del propio bloque y de aliados como Carlos Heller (Nuevo Encuentro).

En junio de 2012, Recalde presentó un proyecto para cambiar la denominación del Impuesto a las Ganancias por la de “Impuesto a los Ingresos”, que incluía una modificación de las escalas de la cuarta categoría y fijaba una serie de gravámenes para la renta financiera. “No coincido con quienes dicen que el Impuesto a las Ganancias, o a los Ingresos, sea un tributo al trabajo. Este es un impuesto progresivo. Lo que tenemos que discutir es a partir de qué piso se empezaría a pagar”, manifestó Recalde a este diario. Su propuesta llevaba la firma de Omar Plaini y Facundo Moyano, hoy dos referentes de la oposición que van por distintos partidos.

“Si se aumenta el máximo el Impuesto a las Ganancias de personas físicas, para que el accionista pague también 40 por ciento, se debe aplicar un impuesto del 7,7 por ciento a los dividendos, de modo que se paguen 35 por ciento por ganancias de la empresa y el restante 5 por ciento (7,7 por ciento del resto) lo paguen los accionistas, fomentando así la reinversión de utilidades”, puede leerse en el proyecto de Recalde. Es decir que se le daría al Estado otras fuentes progresivas de recaudación para compensar la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

Otro proyecto que se tendrá en cuenta es el de Carlos Heller, firmado junto a Juan Carlos Junio, Gasto Harispe y Carlos Raimundi, todos de Nuevo Encuentro. “No me parece mal tratar un proyecto de estas características antes de las elecciones. Es un reclamo de muchos sectores. Pero debe existir algún tipo de consenso. Si el FpV lo toma, creo que hay chances de ser tratado en el recinto”, vaticinó Heller.

“Tomamos en consideración el principio de capacidad contributiva y de progresividad inherente, al excluir de imposición aquellas rentas financieras para personas físicas del país que no excedan un tope o límite anual de 100.000 pesos. Sólo quedaría gravada la diferencia entre el total de las rentas financieras obtenidas y el importe señalado. Se deberán tener en cuenta la totalidad de las rentas financieras de distinto tipo y naturaleza obtenidas por las personas físicas”, puede leerse en el proyecto de Nuevo Encuentro.

Según el Presupuesto 2013, las excepciones al Impuesto a las Ganancias fueron calculadas para el año en curso en 11.185 millones de pesos. Para Heller, si se gravara la renta financiera, el Estado podría recibir 6800 millones de pesos, un 0,31 por ciento del PBI. Los distintos bloques de la oposición –GEN, UCR, Coalición Cívica, peronismo disidente y las diferentes vertientes de la centro izquierda– también presentaron proyectos para modificar el Impuesto a las Ganancias y gravar la renta financiera.

“A contramano de lo que comúnmente se cree, la importancia del Impuesto a las Ganancias permanece en torno del 19 por ciento del total de los recursos, al igual que en el período 1997-1999. Junto con los derechos de exportación, este impuesto cumple un rol primordial en la consecución de un sistema tributario más equitativo”, aseveraron Mariana Benigni y Gustavo Ludmer, investigadores de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

Tratado comercial más amplio de EE.UU. genera gran temor por su secretismo.

El Gobierno estadounidense se está aproximando al final de las negociaciones del Tratado sobre la Asociación Transpacífica, uno de los acuerdos comerciales más amplios de la historia del país.

El acuerdo, que apunta a impulsar el comercio entre los 12 países participantes, con una perspectiva de extenderse a la mitad del mundo, entrará en la fase final de negociaciones entre 15 y el 24 de este mes.

Estados Unidos mantiene negociaciones sobre el tratado con Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia, Singapur, Vietnam, Chile, Perú, Canadá, México y Japón.

Según expertos citados por la revista 'Mother Jones', el tratado (TPP, por sus siglas en inglés), que lleva tres años negociándose en secreto, cuenta con el potencial de afectar a muchos sectores de la vida estadounidense. Pero debido a la falta de transparencia ha generado alarma entre los expertos acerca de las implicaciones del acuerdo.

El borrador del documento no estará disponible para el público estadounidense antes de que sea finalizado y firmado por todos los países participantes. Muchos legisladores están descontentos con su nivel de acceso al documento. Varios congresistas recientemente solicitaron al Representante de Comercio de EE.UU. que se revelara el borrador al público, aunque sin éxito.

El año pasado parte del borrador del TPP, promocionado por el Gobierno de Obama, fue filtrado a los medios estadounidenses.

Al analizar la información filtrada, algunos especialistas concluyeron que el tratado entra en contradicción con el programa preelectoral del presidente Obama.

El borrador demandará que los países participantes ajusten sus normas y regulaciones conforme a los estándares internacionales. Eso podría llevar a una presión para la revisión de normativas en materias como el medio ambiente, productos comestibles y la seguridad laboral en EE.UU., según dicen expertos en el comercio como Josh Meltzer, profesor en Estudios Internacionales de la Escuela Legal de Georgetown y Susan Aaronsen, profesora de la Universidad George Washington.

Además las empresas extranjeras que operan dentro del territorio estadounidense podrían apelar ciertas decisiones legales o reglamentarias ante un tribunal internacional que tendría el poder de hacer caso omiso a la ley estadounidense e imponer sanciones comerciales a EE.UU. por no acatar sus decisiones.

A continuación se mencionan algunas de las preocupaciones que comparten expertos y legisladores acerca del TPP.

La propiedad intelectual 

Según la filtración se endurecerán las sanciones por la violación del 'copyright'. El borrador reza que las naciones participantes tendrán que imponer cargos criminales por la infracción de derechos intelectuales "a base comercial", lo que se puede extender a algo tan diminuto como descargar una canción. Tras la filtración, el Representante de Comercio de EE.UU. prometió que esas condiciones tendrán "excepciones y limitaciones" en lo que se refiere a "las críticas, los comentarios, la transmisión de noticias, la enseñanza y las investigaciones".

Las normas de productos comestibles, laborales y medioambientales 

El TPP cuenta con el potencial de alterar varias normas estadounidenses, desde las que regulan la calidad de los comestibles a los estándares laborales y reglas medioambientales. Los críticos temen un influjo de comida contaminada. Mientras que los patrocinadores del acuerdo prometen una mejora en los estándares, gracias a la falta de transparencia hay temores de que la situación pueda cambiar en la dirección contraria.
El TPP renueva el debate que ya cuenta con varias décadas de si los acuerdos comerciales fomentan o reducen el empleo. 

En noviembre pasado 23 senadores escribieron una carta al Gobierno para expresar su preocupación de que el tratado pudiera agravar la ya frágil situación de empleo. "El comercio debe crear y preservar buenos puestos de trabajo en EE.UU. y no moverlos al extranjero", rezaba la carta.

Está previsto que el tratado sea firmado en octubre, pero las negociaciones podrían demorar hasta próxima primavera. Y se desconoce si todos los miembros del Congreso podrán ver el contenido completo del tratado antes de que sea finalizado.

Según la ley sobre la promisión de comercio, que expiró en 2007 pero que sigue en práctica, el presidente puede realizar negociaciones sobre nuevos acuerdos comerciales sin que el Congreso pueda enmendar o votarlos antes de que el pacto sea finalizado.

Según expertos, es poco probable que el Congreso desapruebe el resultado de un proceso complicado de negociaciones multilaterales de tres años.

Obama pidió que se apruebe la reforma migratoria sin dilaciones.

El presidente de Estados Unidos instó hoy al congreso a que actúe con celeridad y apruebe una reforma que modernice el sistema migratorio y fortalezca la economía,pero la derecha republicana no parece estar dispuesta a respaldar su esfuerzo.

El mandatario subrayó, durante su discurso de los sábados por radio e internet, que la reforma aprobada por el senado el mes pasado ayudará al crecimiento económico, fortalecerá el sistema del Seguro Social y modernizará el sistema de visas, según la versión divulgada por la agencia EFE.

El problema es que ahora la reforma, con la media sanción de la cámara alta, pasó a la Cámara de Representantes (diputados), donde la mayoría la tiene la oposición republicana, bancada en la que los sectores más derechistas han impuesto una política contraria a los inmigrantes.

"La Cámara de Representantes necesita actuar para que yo pueda promulgar una reforma migratoria de sentido común" aseguró Barack Obama, quien pidió a la opinión pública que presione a los congresistas a través de llamadas, correos electrónicos o redes sociales como Facebook.

La cámara baja ya adelantó que no estudiará la versión del Senado y que -por el contrario- impulsará una reforma limitada.
Si el Congreso aprobara la versión del Senado, el plan reformista "fortalecerá los logros históricos que hemos tenido en la seguridad fronteriza en los últimos cuatro años", aseguró Obama.

La nueva legislación, aprobada en el senado el pasado 27 de junio, incluye un plan de 46.000 millones de dólares que estipula la duplicación a 40.000 del número de agentes fronterizos, muros en 1.126 kilómetros de la frontera sur y el uso de aviones no tripulados y demás recursos de alta tecnología para frenar la inmigración ilegal.

El presidente subrayó que esa inversión será rentable dado que la reforma ayudará a la recuperación económica mediante la creación de empleos y la reducción del déficit por casi 850.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

El presidente estadounidense aseguró que si se mantiene el actual sistema migratorio, el país sufriría una escasez de mano de obra y un aumento del déficit por no tener una base tributaria más amplia cuando se comience a jubilar la numerosa generación de "baby boomers", los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Su discurso se produjo un día después de que Napolitano, de 55 años, anunció su renuncia como titular del Departamento de Seguridad Nacional para asumir las riendas de la Universidad de California.

Napolitano, la primera mujer en ocupar el máximo cargo en materia de seguridad interna, encabezó los esfuerzos de Obama para presionar al congreso a que apruebe la reforma migratoria.

Su tarea no fue fácil. Mientras los grupos progresistas la atacaban por la cifra récord de deportaciones desde que Obama llegó al poder en 2009 -unos 400.000 al año o más de 1,5 millones hasta la fecha- los líderes republicanos y grupos conservadores aseguran que no se ha hecho lo suficiente por reforzar la seguridad fronteriza.

El viernes, el senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, consideró que la gestión de Napolitano se caracterizó "por la constante falta de respeto por el imperio de la ley" y, con su salida, el Congreso debe ahora asegurar que el Ejecutivo haga cumplir las leyes plenamente "y no de forma selectiva".

Sessions y otros conservadores participarán este lunes en una "Marcha por los Empleos", desde el centro de Washington hasta el senado, para destacar, a su juicio, el efecto nocivo de la reforma migratoria en la fuerza laboral del país.

La renuncia de Napolitano -efectiva a mediados de septiembre próximo- complica de hecho las negociaciones para una reforma que legalice a once millones de indocumentados, en su gran mayoría latinoamericanos, la primera minoría del país.
Obama nombró al ex director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Alejandro Mayorkas, como subdirector del Departamento de Seguridad Nacional, pero debe esperar la confirmación del Senado prevista para el 30 de julio próximo.

De ser confirmado en el cargo, Mayorkas "aportaría el liderazgo firme y sensible que tanto necesita” el departamento y quien tome las riendas debe estar comprometido "con una reforma migratoria centrada en la reunificación familiar y una vía hacia la ciudadanía", dijo Kica Matos, vocera del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa.

El nombre de Mayorkas se baraja como posible director interino del Departamento, creado a raíz de los atentados de 2001 y que reúne, bajo un mismo techo, a 22 agencias federales con unos 240.000 empleados y un presupuesto anual de unos 60.000 millones de dólares.