El expresidente sudafricano Nelson Mandela afronta hoy su sexto día hospitalizado en estado crítico, mientras Sudáfrica, que recibirá hoy la visita del presidente estadounidense, Barack Obama, aguarda noticias sobre su estado de salud.
Mandela ha experimentado una "gran mejoría" respecto a su estado de los últimos días, pero "sigue estando clínicamente mal", declaró hoy la ex esposa del antiguo estadista, Winnie Madikizela-Mandela.
"Ha habido una gran mejoría respecto a hace unos días, pero sigue estando clínicamente mal", dijo a los reporteros la segunda esposa de Mandela ante la casa que ambos compartieron en Soweto, convertida hoy en museo.
Poco antes, la hija mayor del expresidente, Makaziwe Mandela, había asegurado en una entrevista a la radio pública que su padre estaba en una situación "muy crítica".
Según dijo Makaziwe Mandela, el icono de la lucha contra el régimen racista del apartheid "no tiene buen aspecto" y "puede pasar cualquier cosa de forma inminente".
Entretanto, Sudáfrica se prepara para recibir hoy al presidente Obama, que comenzará mañana en el país austral los actos oficiales de su visita de dos días.
El primer presidente negro de América, que llegará procedente de Senegal y cerrará su gira africana el 2 de julio en Tanzania, no visitará en principio al primer presidente negro de Sudáfrica, según anunció el Gobierno sudafricano.
Decenas de sudafricanos han acudido ya hoy a las puertas del hospital de Pretoria donde fue ingresado Madiba el pasado 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar.
Un grupo de niños se desplazó hasta las puertas del centro para cantar a coro una canción con el lema: "Te queremos, Mandela".
"Él (Mandela) es uno de mis héroes personales, un héroe para el mundo. Su legado durará siglos", afirmó ayer en Senegal Obama, que homenajeará a su "héroe" el domingo en Ciudad del Cabo (suroeste de Sudáfrica) con una visita a la Isla de Robben, en la que Madiba estuvo preso 18 años.
El muro y la verja exterior de la clínica donde está ingresado Mandela se han convertido en un colorido mural de flores, globos y papeles y cartulinas que desean lo mejor a Mandela y le agradecen su sacrificio por la dignidad de todos los sudafricanos sin distinción de raza.
A pocas manzanas del hospital, el gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA) -al que pertenece Mandela- celebró anoche una vigilia en honor al antiguo estadista.
La oración colectiva nacional a la que había llamado el CNA tuvo lugar en otro de los centro neurálgicos, en la casa del antiguo gueto negro de Soweto (Johannesburgo) donde vivió Mandela, quien volvió a recibir ayer la visita de toda su familia más próxima.
Nelson Mandela luchó durante 67 años contra el régimen de segregación racial o "apartheid", en cuyas cárceles pasó 27 años y contrajo los problemas respiratorios que padece de forma recurrente.
Tras ser liberado en 1990, Madiba encabezó, junto al último presidente del apartheid, Frederik de Klerk, el desmantelamiento pacífico del régimen racista. Esta lucha les valió a ambos el Premio Nobel de la Paz de 1993.
Elegido como presidente en 1994, Mandela afianzó desde la presidencia una improbable paz racial, después de más de cuatro décadas de dominación racista de la minoría blanca de Sudáfrica.
viernes, 28 de junio de 2013
Daniel Solano, un desaparecido por cuestionar esta época
Durante la última dictadura cívico-militar-religiosa las desapariciones estaban vinculadas, en general, a la lucha por un mundo mejor; hoy, la metodología se da más de lo que creemos, pero las causas pueden variar.
El caso de Daniel Solano abarca todos los delitos que solemos tratar y denunciar desde los medios alternativos, populares y comunitarios: desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes. La lista sigue. Dialogamos con Sergio Heredia, abogado de la familia de Solano, quien hizo un pormenorizado relato de los alcances que tiene la historia de un joven salteño de 27 años que viajó al sur del país, tal como lo había hecho en otras oportunidades, a trabajar temporalmente en la cosecha de manzanas y pretendió reclamar el pago del sueldo que le correspondía y la empresa acostumbraba a quedarse para sí.
Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, al norte de la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para trabajar en forma temporaria, es decir como trabajador golondrina, en la cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL. Un mes después, en la madrugada del 5 de noviembre, fue visto por última vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel -paradójicamente, el sitio donde nació Rodolfo Walsh-, por la policía de la comisaría octava que se encontraba haciendo adicionales. Desde ese momento permanece desaparecido.
En un principio, la propia empresa para la que trabajaba Solano le puso a su padre dos abogados, que lo único que hicieron fue desviar la investigación al asegurar que el joven había viajado por su propia decisión a Neuquén, dejando en evidencia el interés del empleador en que no se supiera la verdad, ya que era uno de los victimarios.
Al padre le llegaron a dar la ropa y los documentos de su hijo, diciéndole que lo fuera a buscar o que directamente se volviera a su Salta natal. Ante esta situación, integrantes de la comunidad de Misión Cherenta se acercaron a Sergio Heredia, un tradicional abogado de Tartagal, “amigo de la comunidad” tal como él mismo se definió, quien aceptó hacerse cargo del caso y dirigirse a Río Negro, provincia en la que vive desde hace dieciocho meses.
Lo primero que hizo el letrado al llegar a Lamarque fue anunciar la muerte de Solano y ponerse a investigar, junto a su colega de Bahía Blanca, Leonardo Aparicio, para encontrarse con un complejo entramado de muerte, explotación, mentiras, estafas y complicidades.
“No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial –explicó Heredia a La Retaguardia–, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos cuatro años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos. Ese día lunes (el siguiente a su desaparición), no es que Solano iba a hacer un paro o una protesta gremial, él era un chico con estudios secundarios, muy preparado, y se da cuenta que los estaban estafando y que había que pedir el reintegro de lo que les estaban haciendo. En vez de darles los 3000 pesos que les tenían que dar, les pagaban 1000. Solano ese primer mes cobró 860 pesos”.
Según detalló Heredia, la empresa Expofrut llevaba una planilla de los trabajadores, por lo que si, por ejemplo, Solano había trabajado diez días a un jornal de 100 pesos, Expofrut le decía a la tercerizadora Agro Cosecha que le mandaba los 1000 pesos que le tenía que pagar a Solano, además de 700 pesos más para pagar los aportes. Pero Agro Cosecha tomaba los 1000 de Solano y establecía que había trabajado seis jornales en lugar de diez, entonces le daba 600 pesos de los 1000 que le correspondían, utilizando los 400 restantes para pagar los aportes, quedándose para sí los otros 700: “pero para poder hacer esta estafa –aclaró Heredia– tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la asesoría de trabajo local. Cuando yo llegué, un anónimo me pasó los libros de la empresa y me di cuenta de que estaba ante una estafa. Entonces empezamos a investigar las dos cosas. Estoy por presentar ahora más de quince mil fojas, porque me he tomado el trabajo de cotejar el recibo de cada obrero norteño de los últimos cuatro años con cada planilla. A Solano en doce meses, la empresa le hizo 33.000 pesos; si se multiplica cien Solano en doce meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”.
Así es como Heredia descubrió que quienes mandaron a matar a Solano eran los dueños de la empresa: “a Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito; fue un plan. Lo fue a buscar un equipo parapolicial. Todo se logra encubrir, toda la cúpula policial encubrió. Uno de los policías que hoy está preso fue el que comandó la investigación en un principio. Se hace un encubrimiento perfecto hasta que llegamos nosotros”. A esta red además se suma la trama judicial, ya que por ejemplo a los dos días de efectuada la denuncia por desaparición, se hizo un rastrillaje en el balneario Isla 92, donde se cree que mataron a Solano, a cien metros del boliche: “van setenta obreros porque querían parar la empresa, pero para que no la paren arman una parodia. Dos obreros de una comunidad guaraní que está cerca de Tartagal encuentran la billetera de Solano. Cuando yo me entero voy a Salta a buscarlos, los encuentro, tenía que traerlos, nadie nos ayudaba, gasté dinero de mi bolsillo para traerlos en colectivo. Hemos descubierto entonces que en ese rastrillaje se encontró una zapatilla y la billetera, la policía reconoció que estos elementos desaparecieron. Le dije a la jueza que le había traído los testigos que dicen haber encontrado la billetera de Solano, que sabemos que vino la policía y guardó la billetera en una bolsita, pero ahora no está el acta del rastrillaje ni la billetera”, afirmó Heredia.
“A los treinta días de que llegué, denuncié a treinta y cuatro personas, entre los que hay veintidós imputados que son policías y siete están actualmente detenidos. Y ahora vemos que hay encubrimiento con los civiles, porque si yo estoy diciendo que hay una asociación ilícita que mandó a matar tendrían que estar presos. El problema que tenemos es que la primera jueza, Marisa Bosco, se inhibió, renunció y no le aceptaron la renuncia; hoy está con juicio político. Además, su cuñado había sido gerente de la empresa. Después pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a los Solano, que era asesora legal de la Secretaría de Trabajo de Lamarque, es prima hermana de esta jueza. Entonces se sigue encubriendo todo, y la idea es desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada. Después irán a soltar a los policías pero eso no lo vamos a permitir. Este es un caso más grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”.
Un encubrimiento que llega hasta la misma provincia de Salta, ya que antes de viajar a Río Negro en noviembre de 2011, el papá de Daniel hizo una denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 45 de Tartagal, que fue robada falsificando los libros de la dependencia policial, según denunció Heredia a La Retaguardia.
Actualmente, el papá de Daniel, su hermano Pablo, su hermana Maira y una sobrina de nombre Romina están acampando desde hace meses frente al juzgado de Río Negro reclamando justicia. Una protesta que hace un año, por ejemplo, incluyó una huelga de hambre por parte de los familiares.
En tanto, Sergio Heredia trabaja e investiga quince horas diarias en un local prestado por la iglesia, algo que se notó en cada oración que dijo durante la entrevista con La Retaguardia, en la que brindó un dato, una prueba que da cuenta del encubrimiento existente en esta causa y en la desesperación que tienen los protagonistas por el peligro de que el caso de Solano quede impune. Por ejemplo, el abogado contó que dos días después de realizada la denuncia por la desaparición, un testigo dijo haber visto al joven salteño en un bar: “ese testigo se llama Paulino Rivera, es un boliviano que es el explotador y tratante de personas de una estancia que se llama ‘Estancia Negro Muerto’, donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba. Este caso ya está toda la elevación impositiva en la justicia federal de Roca. Cuando yo llegué el expediente tenía doscientas fojas y hoy tiene cuarenta cuerpos, ocho mil fojas”. Efectivamente, en el marco de la investigación de la desaparición de Solano, Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma causa, entre ellas las del paraguayo Pedro Cabaña Cuba y la del jujeño Héctor Villagrande: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación. Es por eso que nosotros ahora estamos aislados, solos, no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia, la familia vive en carpas frente al Juzgado, y acá está haciendo -7 grados en este momento. Y seguimos trabajando, yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo de Solano se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a una investigación que hice y nadie dice nada. Se pidió ayuda a la nación y tampoco nos la ofrecieron. En marzo vino un equipo del canal de televisión Telefé e hizo un informe. Estuvieron tres días trabajando, les dimos todo y nunca pasaron el material porque hay mucha plata, son multinacionales y no pueden tener tres desaparecidos en democracia. Y ya ha aparecido un cuerpo en Conesa, al que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y dos cerca del boliche. Cuatro cuerpos, y esa noticia no se conoce en la Argentina, lo que es increíble”, se indigna el abogado.
Tal como lo dijo apenas llegó a Río Negro hace dieciocho meses, Heredia está convencido de que Solano está muerto, y parte de su tarea es poder encontrar su cuerpo, que es la prueba que falta en todo este entramado. “Uno de los asesinos se llama Sandro Berthe –relató el letrado–; este policía estaba separado de sus funciones por una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por volarle los dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilitó a los dos años y lo puso a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava, por eso es que nosotros creemos que el cuerpo de Solano está enterrado ahí, porque estaba haciendo trabajo de albañil y habían cambiado todos los pisos. Ese mismo policía hacía adicionales. Y cuando dejó de ser albañil, la jueza Bosco lo nombró jefe de una brigada de investigación trucha, que ahora figura en el expediente que esa brigada nunca existió. Su hija, también policía, en marzo del año pasado torturó a un menor con picana en la Comisaría de Beltrán; está suspendida en sus funciones y tiene fallo firme en la cámara penal por tortura con picana”, amplió Heredia.
Berthe además fue el policía a cargo de la investigación por la desaparición del trabajador paraguayo Cabaña Cuba, en cuyo expediente se informa que se había ido de viaje, el mismo eufemismo que en el caso Solano.
“Hace unos días descubrí que en la unidad regional –continuó Heredia en diálogo con La Retaguardia–, que es donde se comanda a todas las comisarías de la zona, vivió en una casa rodante durante diez años en el patio de la regional, un señor que hacía pozos de agua. Y resulta que este Sandro Berthe mientras estuvo suspendido en la policía trabajó con este hombre... Y yo le dije al fiscal, que comía asados con los policías, que cómo podía ser posible que nadie haya tomado en cuenta este detalle, o sea que Solano puede estar en un pozo de agua de la Patagonia. Aquí todos saben lo que pasó, pero nadie quiere hablar”. Una demostración de esto último es una situación que vivió el propio Heredia, que de no estar contada en este marco de impunidad hasta podría creerse sacada de una comedia negra: “el otro día fuimos a buscar el cuerpo de Solano en un puente. Estábamos con la Brigada de Criminalística y vimos sangre. Entonces les pido que saquen una foto y me dicen que se les acabó la pila de la máquina... Le muestro que un perro está marcando algo y me responden que lo que pasa es que está contento...”.
En este sentido, Heredia explicó que todos los efectivos que aún se encuentran libres se dedican a plantar pistas falsas para demorar o impedir el avance de la causa. Ocurre que tal como lo señaló el letrado, este es un caso que desenmascara muchos delitos como la venta de droga que lleva adelante la propia policía dentro del boliche Macuba, donde además hay chicas en situación de trata que las hacen prostituirse allí.
En diálogo con La Retaguardia, Heredia manifestó que a pesar de no ser un abogado penalista, entendió desde un principio el alcance de los hechos ocurridos en Río Negro, por lo que aún antes de viajar resolvió que debía filmar absolutamente todo lo que pasara incluso desde su salida de Tartagal: “muchas de esas filmaciones se empezaron a subir a internet, sobre todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, la esclavitud, la discriminación y esa es la gran conmoción que produce porque esto era una cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes. Y la indiferencia también es de Salta, de todo el mundo. A Solano viene una empresa de Tartagal a Río Negro que se llama El Tucumanito, atraviesan más de medio país, y en el expediente ya está probado que es trucha. Entonces, ¿cómo hacen para atravesar medio país con los controles provinciales? Con todas estas filmaciones de más de un año y pico, a fin de mes vamos a dar a conocer un documental que se llama ‘Diario de una causa’. Lo estamos haciendo con gente de Buenos Aires también pagado por nosotros, para que en la Argentina se conozca todo esto”.
Desde ya el objetivo del documental no es comercial, sino que la intención es que pueda ser debatido en universidades y organismos de todo el país, para que se difunda lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro.
Ante el alcance de las denuncias que viene realizando, desde La Retaguardia se le consultó a Heredia si tenía miedo. Al respecto, contestó: “yo le dije al juez federal que calculo que en no más de quince días me van a matar; él ofreció sacarme y le dije que no. También me pusieron custodia de la policía provincial, pero lo hicieron para saber lo que hacía. Estaba custodiado las 24 horas pero dije que no, porque si me va a pasar algo no quiero esta policía, por eso es que nosotros hemos hecho esta película: todo mi trabajo está documentado. Ya hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme daño. Pero yo a la comunidad en Tartagal lo único que le di fue mi palabra, dije que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su hijo, y lo único que tiene un abogado es su palabra. La familia Solano y yo hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía y del Estado, y yo le he dicho al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponda a Solano sea donado al Hospital de Choele. Lo único que queremos nosotros es el cuerpo, y volver a Tartagal con esta familia, que están bajo mi responsabilidad”.
El caso Daniel Solano deja en evidencia todas las miserias de los distintos sectores involucrados, las empresas que explotan, estafan y mandan a matar, la policía que ejecuta, el Estado y la justicia cómplices que encubren. Todos protagonistas necesarios para que la impunidad siga siendo pieza fundamental de un sistema cruel, que huele tan mal porque tiene todos los olores hediondos de esta nueva época.
Fuente: www.argenpress.info
Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, al norte de la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para trabajar en forma temporaria, es decir como trabajador golondrina, en la cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL. Un mes después, en la madrugada del 5 de noviembre, fue visto por última vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel -paradójicamente, el sitio donde nació Rodolfo Walsh-, por la policía de la comisaría octava que se encontraba haciendo adicionales. Desde ese momento permanece desaparecido.
En un principio, la propia empresa para la que trabajaba Solano le puso a su padre dos abogados, que lo único que hicieron fue desviar la investigación al asegurar que el joven había viajado por su propia decisión a Neuquén, dejando en evidencia el interés del empleador en que no se supiera la verdad, ya que era uno de los victimarios.
Al padre le llegaron a dar la ropa y los documentos de su hijo, diciéndole que lo fuera a buscar o que directamente se volviera a su Salta natal. Ante esta situación, integrantes de la comunidad de Misión Cherenta se acercaron a Sergio Heredia, un tradicional abogado de Tartagal, “amigo de la comunidad” tal como él mismo se definió, quien aceptó hacerse cargo del caso y dirigirse a Río Negro, provincia en la que vive desde hace dieciocho meses.
Lo primero que hizo el letrado al llegar a Lamarque fue anunciar la muerte de Solano y ponerse a investigar, junto a su colega de Bahía Blanca, Leonardo Aparicio, para encontrarse con un complejo entramado de muerte, explotación, mentiras, estafas y complicidades.
“No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial –explicó Heredia a La Retaguardia–, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos cuatro años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos. Ese día lunes (el siguiente a su desaparición), no es que Solano iba a hacer un paro o una protesta gremial, él era un chico con estudios secundarios, muy preparado, y se da cuenta que los estaban estafando y que había que pedir el reintegro de lo que les estaban haciendo. En vez de darles los 3000 pesos que les tenían que dar, les pagaban 1000. Solano ese primer mes cobró 860 pesos”.
Según detalló Heredia, la empresa Expofrut llevaba una planilla de los trabajadores, por lo que si, por ejemplo, Solano había trabajado diez días a un jornal de 100 pesos, Expofrut le decía a la tercerizadora Agro Cosecha que le mandaba los 1000 pesos que le tenía que pagar a Solano, además de 700 pesos más para pagar los aportes. Pero Agro Cosecha tomaba los 1000 de Solano y establecía que había trabajado seis jornales en lugar de diez, entonces le daba 600 pesos de los 1000 que le correspondían, utilizando los 400 restantes para pagar los aportes, quedándose para sí los otros 700: “pero para poder hacer esta estafa –aclaró Heredia– tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la asesoría de trabajo local. Cuando yo llegué, un anónimo me pasó los libros de la empresa y me di cuenta de que estaba ante una estafa. Entonces empezamos a investigar las dos cosas. Estoy por presentar ahora más de quince mil fojas, porque me he tomado el trabajo de cotejar el recibo de cada obrero norteño de los últimos cuatro años con cada planilla. A Solano en doce meses, la empresa le hizo 33.000 pesos; si se multiplica cien Solano en doce meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”.
Así es como Heredia descubrió que quienes mandaron a matar a Solano eran los dueños de la empresa: “a Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito; fue un plan. Lo fue a buscar un equipo parapolicial. Todo se logra encubrir, toda la cúpula policial encubrió. Uno de los policías que hoy está preso fue el que comandó la investigación en un principio. Se hace un encubrimiento perfecto hasta que llegamos nosotros”. A esta red además se suma la trama judicial, ya que por ejemplo a los dos días de efectuada la denuncia por desaparición, se hizo un rastrillaje en el balneario Isla 92, donde se cree que mataron a Solano, a cien metros del boliche: “van setenta obreros porque querían parar la empresa, pero para que no la paren arman una parodia. Dos obreros de una comunidad guaraní que está cerca de Tartagal encuentran la billetera de Solano. Cuando yo me entero voy a Salta a buscarlos, los encuentro, tenía que traerlos, nadie nos ayudaba, gasté dinero de mi bolsillo para traerlos en colectivo. Hemos descubierto entonces que en ese rastrillaje se encontró una zapatilla y la billetera, la policía reconoció que estos elementos desaparecieron. Le dije a la jueza que le había traído los testigos que dicen haber encontrado la billetera de Solano, que sabemos que vino la policía y guardó la billetera en una bolsita, pero ahora no está el acta del rastrillaje ni la billetera”, afirmó Heredia.
“A los treinta días de que llegué, denuncié a treinta y cuatro personas, entre los que hay veintidós imputados que son policías y siete están actualmente detenidos. Y ahora vemos que hay encubrimiento con los civiles, porque si yo estoy diciendo que hay una asociación ilícita que mandó a matar tendrían que estar presos. El problema que tenemos es que la primera jueza, Marisa Bosco, se inhibió, renunció y no le aceptaron la renuncia; hoy está con juicio político. Además, su cuñado había sido gerente de la empresa. Después pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a los Solano, que era asesora legal de la Secretaría de Trabajo de Lamarque, es prima hermana de esta jueza. Entonces se sigue encubriendo todo, y la idea es desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada. Después irán a soltar a los policías pero eso no lo vamos a permitir. Este es un caso más grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”.
Un encubrimiento que llega hasta la misma provincia de Salta, ya que antes de viajar a Río Negro en noviembre de 2011, el papá de Daniel hizo una denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 45 de Tartagal, que fue robada falsificando los libros de la dependencia policial, según denunció Heredia a La Retaguardia.
Actualmente, el papá de Daniel, su hermano Pablo, su hermana Maira y una sobrina de nombre Romina están acampando desde hace meses frente al juzgado de Río Negro reclamando justicia. Una protesta que hace un año, por ejemplo, incluyó una huelga de hambre por parte de los familiares.
En tanto, Sergio Heredia trabaja e investiga quince horas diarias en un local prestado por la iglesia, algo que se notó en cada oración que dijo durante la entrevista con La Retaguardia, en la que brindó un dato, una prueba que da cuenta del encubrimiento existente en esta causa y en la desesperación que tienen los protagonistas por el peligro de que el caso de Solano quede impune. Por ejemplo, el abogado contó que dos días después de realizada la denuncia por la desaparición, un testigo dijo haber visto al joven salteño en un bar: “ese testigo se llama Paulino Rivera, es un boliviano que es el explotador y tratante de personas de una estancia que se llama ‘Estancia Negro Muerto’, donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba. Este caso ya está toda la elevación impositiva en la justicia federal de Roca. Cuando yo llegué el expediente tenía doscientas fojas y hoy tiene cuarenta cuerpos, ocho mil fojas”. Efectivamente, en el marco de la investigación de la desaparición de Solano, Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma causa, entre ellas las del paraguayo Pedro Cabaña Cuba y la del jujeño Héctor Villagrande: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación. Es por eso que nosotros ahora estamos aislados, solos, no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia, la familia vive en carpas frente al Juzgado, y acá está haciendo -7 grados en este momento. Y seguimos trabajando, yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo de Solano se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a una investigación que hice y nadie dice nada. Se pidió ayuda a la nación y tampoco nos la ofrecieron. En marzo vino un equipo del canal de televisión Telefé e hizo un informe. Estuvieron tres días trabajando, les dimos todo y nunca pasaron el material porque hay mucha plata, son multinacionales y no pueden tener tres desaparecidos en democracia. Y ya ha aparecido un cuerpo en Conesa, al que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y dos cerca del boliche. Cuatro cuerpos, y esa noticia no se conoce en la Argentina, lo que es increíble”, se indigna el abogado.
Tal como lo dijo apenas llegó a Río Negro hace dieciocho meses, Heredia está convencido de que Solano está muerto, y parte de su tarea es poder encontrar su cuerpo, que es la prueba que falta en todo este entramado. “Uno de los asesinos se llama Sandro Berthe –relató el letrado–; este policía estaba separado de sus funciones por una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por volarle los dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilitó a los dos años y lo puso a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava, por eso es que nosotros creemos que el cuerpo de Solano está enterrado ahí, porque estaba haciendo trabajo de albañil y habían cambiado todos los pisos. Ese mismo policía hacía adicionales. Y cuando dejó de ser albañil, la jueza Bosco lo nombró jefe de una brigada de investigación trucha, que ahora figura en el expediente que esa brigada nunca existió. Su hija, también policía, en marzo del año pasado torturó a un menor con picana en la Comisaría de Beltrán; está suspendida en sus funciones y tiene fallo firme en la cámara penal por tortura con picana”, amplió Heredia.
Berthe además fue el policía a cargo de la investigación por la desaparición del trabajador paraguayo Cabaña Cuba, en cuyo expediente se informa que se había ido de viaje, el mismo eufemismo que en el caso Solano.
“Hace unos días descubrí que en la unidad regional –continuó Heredia en diálogo con La Retaguardia–, que es donde se comanda a todas las comisarías de la zona, vivió en una casa rodante durante diez años en el patio de la regional, un señor que hacía pozos de agua. Y resulta que este Sandro Berthe mientras estuvo suspendido en la policía trabajó con este hombre... Y yo le dije al fiscal, que comía asados con los policías, que cómo podía ser posible que nadie haya tomado en cuenta este detalle, o sea que Solano puede estar en un pozo de agua de la Patagonia. Aquí todos saben lo que pasó, pero nadie quiere hablar”. Una demostración de esto último es una situación que vivió el propio Heredia, que de no estar contada en este marco de impunidad hasta podría creerse sacada de una comedia negra: “el otro día fuimos a buscar el cuerpo de Solano en un puente. Estábamos con la Brigada de Criminalística y vimos sangre. Entonces les pido que saquen una foto y me dicen que se les acabó la pila de la máquina... Le muestro que un perro está marcando algo y me responden que lo que pasa es que está contento...”.
En este sentido, Heredia explicó que todos los efectivos que aún se encuentran libres se dedican a plantar pistas falsas para demorar o impedir el avance de la causa. Ocurre que tal como lo señaló el letrado, este es un caso que desenmascara muchos delitos como la venta de droga que lleva adelante la propia policía dentro del boliche Macuba, donde además hay chicas en situación de trata que las hacen prostituirse allí.
En diálogo con La Retaguardia, Heredia manifestó que a pesar de no ser un abogado penalista, entendió desde un principio el alcance de los hechos ocurridos en Río Negro, por lo que aún antes de viajar resolvió que debía filmar absolutamente todo lo que pasara incluso desde su salida de Tartagal: “muchas de esas filmaciones se empezaron a subir a internet, sobre todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, la esclavitud, la discriminación y esa es la gran conmoción que produce porque esto era una cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes. Y la indiferencia también es de Salta, de todo el mundo. A Solano viene una empresa de Tartagal a Río Negro que se llama El Tucumanito, atraviesan más de medio país, y en el expediente ya está probado que es trucha. Entonces, ¿cómo hacen para atravesar medio país con los controles provinciales? Con todas estas filmaciones de más de un año y pico, a fin de mes vamos a dar a conocer un documental que se llama ‘Diario de una causa’. Lo estamos haciendo con gente de Buenos Aires también pagado por nosotros, para que en la Argentina se conozca todo esto”.
Desde ya el objetivo del documental no es comercial, sino que la intención es que pueda ser debatido en universidades y organismos de todo el país, para que se difunda lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro.
Ante el alcance de las denuncias que viene realizando, desde La Retaguardia se le consultó a Heredia si tenía miedo. Al respecto, contestó: “yo le dije al juez federal que calculo que en no más de quince días me van a matar; él ofreció sacarme y le dije que no. También me pusieron custodia de la policía provincial, pero lo hicieron para saber lo que hacía. Estaba custodiado las 24 horas pero dije que no, porque si me va a pasar algo no quiero esta policía, por eso es que nosotros hemos hecho esta película: todo mi trabajo está documentado. Ya hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme daño. Pero yo a la comunidad en Tartagal lo único que le di fue mi palabra, dije que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su hijo, y lo único que tiene un abogado es su palabra. La familia Solano y yo hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía y del Estado, y yo le he dicho al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponda a Solano sea donado al Hospital de Choele. Lo único que queremos nosotros es el cuerpo, y volver a Tartagal con esta familia, que están bajo mi responsabilidad”.
El caso Daniel Solano deja en evidencia todas las miserias de los distintos sectores involucrados, las empresas que explotan, estafan y mandan a matar, la policía que ejecuta, el Estado y la justicia cómplices que encubren. Todos protagonistas necesarios para que la impunidad siga siendo pieza fundamental de un sistema cruel, que huele tan mal porque tiene todos los olores hediondos de esta nueva época.
Fuente: www.argenpress.info
Jujuy: Los gremios estatales ganaron las calles en reclamo de un salario digno.
Una impresionante jornada de lucha se presentó este 27 de junio con paro casi total y absoluto de las reparticiones provinciales y municipales y con una movilización de mas de 6 mil trabajadores estatales nucleados en ATE, APUAP, Judiciales, Programa Médicos Comunitarios, ASEP, SIEOM (San Pedro y Perico) y APOC en reclamo de un aumento salarial digno y no las migajas que el gobierno provincial nos ofrece. En esta jornada también estuvo presente la CCC (Corriente Clasista y Combativa) solidarizándose con esta lucha.
El Secretario General de ATE Jujuy y de Interior de la CTA Nacional, Fernando Acosta, expresó que el ofrecimiento del gobierno es injusto, caprichoso y para el privilegio de unos cuantos: “Como trabajadores solamente nos subordinamos a lo que dicen los compañeros, únicamente aceptamos las propuestas que provienen de los propios trabajadores, eso se llama autonomía porque decidimos dónde pelamos y dónde discutimos, ningún partido político, ningún gobierno ni ningún patrón nos dice lo que tenemos que hacer”.
“Los funcionarios del gobierno de Fellner son negociantes porque hacen negocios con la plata que nos falta a cada uno de nosotros y de nuestra familia. Acá lo que venimos a decirle al gobierno es que si quiere matarnos de hambre nosotros le vamos a decir que no, y si se ponen en duros diciendo que no van a aflojar, nosotros vamos a seguir golpeando hasta que aflojemos con mas paros y movilizaciones, pero fundamentalmente con dignidad. Si hay algo que este gobierno no ha podido hacer en décadas es subordinar a los trabajadores estatales de Jujuy” continuó.
El Secretario General de ATE Jujuy y de Interior de la CTA Nacional, Fernando Acosta, expresó que el ofrecimiento del gobierno es injusto, caprichoso y para el privilegio de unos cuantos: “Como trabajadores solamente nos subordinamos a lo que dicen los compañeros, únicamente aceptamos las propuestas que provienen de los propios trabajadores, eso se llama autonomía porque decidimos dónde pelamos y dónde discutimos, ningún partido político, ningún gobierno ni ningún patrón nos dice lo que tenemos que hacer”.
“Los funcionarios del gobierno de Fellner son negociantes porque hacen negocios con la plata que nos falta a cada uno de nosotros y de nuestra familia. Acá lo que venimos a decirle al gobierno es que si quiere matarnos de hambre nosotros le vamos a decir que no, y si se ponen en duros diciendo que no van a aflojar, nosotros vamos a seguir golpeando hasta que aflojemos con mas paros y movilizaciones, pero fundamentalmente con dignidad. Si hay algo que este gobierno no ha podido hacer en décadas es subordinar a los trabajadores estatales de Jujuy” continuó.
"Desde hace 20 años que estos mismos funcionarios están en el gobierno siempre son los mismos Fellner, Jenefes, Macedo que en lo único que se ocupan y preocupan es en ser parte de los negociados millonarios de la megaminería, los desmontes, son las mismas familias, las mismas empresas. Pero mientras ellos sigan queriendo robarnos a nosotros lo previsible es que nosotros vamos a seguir saliendo a la calle. Y que le quede claro al gobierno que no nos van a doblegar”, finalizó.
Los gremios se mantienen en estado de alerta y si no hay respuestas endurecerán las medidas de fuerza.
Los gremios se mantienen en estado de alerta y si no hay respuestas endurecerán las medidas de fuerza.
De Narvaez: El precandidato a diputado encabezará esta tarde el acto en el que presentará la lista de postulantes a diputados nacionales y legisladores bonaerenses del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, acompañado de sus aliados, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano.
El evento está previsto para las 18.30 en el club Atenas, ubicado en la calle 13 entre 57 y 58 de la capital bonaerense, según informaron De Narváez a traves de su sitio Web.
El sábado pasado en el cierre de listas del espacio la boleta quedó configurada con los siguientes candidatos tras el primer puesto ocupado por De Narváez: Omar Plaini, Claudia Rucci, Gustavo Ferrari, Daniel Amoroso, Susana Laburu, Alfredo Atanasof y Natalia Gambaro.
En 2011, el FIT superó las primarias y luego sacó más votos que Elisa Carrió. Ahora aspira a colocar algún diputado en el Congreso.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentó ayer formalmente a sus candidatos para las primarias de agosto. Esta vez sin hablar de “milagros” para superar las PASO, el FIT presentará candidatos en 19 de los 24 distritos electorales bajo la consigna de “Llevar la voz de los trabajadores al Congreso” con un conjunto de propuestas parlamentarias: eliminación del Impuesto a las Ganancias, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la implementación del 82 por ciento móvil para la jubilación y el no pago de la deuda externa.
“Estas parlamentarias serán cruciales, porque en ellas se exhibirán las salidas a la crisis del kirchnerismo, al agotamiento de una experiencia que se hace gravosa para el pueblo trabajador y para el país”, dijo Néstor Pitrola, el dirigente del Partido Obrero que encabezará como en 2011 la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, cuando el FIT superó las PASO y arañó el piso para el reparto de escaños, pero no obtuvo bancas en el Congreso. A él lo secundará la abogada defensora de derechos humanos Myriam Bregman. “Hay políticos que no saben lo que es un hospital público, nosotros somos todo lo contario”, dijo la candidata, en la presentación realizada ayer en el Hotel Savoy.
“Planteamos que ante la división del peronismo y los rejuntes opositores se abren grandes perspectivas para la izquierda clasista, porque somos la única opción de los trabajadores independientes de cualquier variante de los patrones y de las burocracias sindicales, que también se han repartido en las listas peronistas y de la oposición patronal”, agregó Christian Castillo, candidato a diputado provincial por el PTS.
No faltaron las críticas a la lista que encabeza Sergio Massa. “Es una alianza con Mauricio Macri”, subrayó Jorge Altamira, quien encabezará la boleta porteña a diputados, además de señalar que en esa lista también “está (el presidente de la UIA) José de Mendiguren, lo que indica que atrás de ese acuerdo están las corporaciones industriales”. Castillo tambien recordó que el armador del massismo, el ex secretario de Seguridad duhaldista Juan José Alvarez, es uno de los “responsables políticos” de los asesinados de Kosteki y Santillán.
Tras 24 horas de silencio, el Centro de Información Judicial difundió un escueto comunicado que le da entidad a la versión publicada en los diarios Clarín y La Nación. Advierten que no harán declaraciones públicas sobre el tema.
Mediante un comunicado publicado en el Centro de Información Judicial, la Corte Suprema reconoció ayer oficialmente que el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, expuso ante sus pares en el acuerdo del martes último que estaba siendo investigado por la AFIP. Después de confirmar en el sitio oficial del Poder Judicial lo que 48 horas antes había filtrado en la tapa de tres diarios, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay encomendaron "a funcionarios del tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación".
La brevedad del comunicado impidió profundizar qué "situación" considera la Corte que es necesario "aclarar". Y en lo inmediato al menos, ello será imposible: el propio documento anuncia que "no se realizarán declaraciones públicas al respecto". Sólo la vicepresidenta del tribunal, Highton de Nolasco, se refirió, y muy brevemente por cierto, al tema cuando fue consultada por un reducido grupo de periodistas, tras participar el miércoles del acto de apertura del Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal y Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella, en esa oportunidad, y voceros de la Corte, más tarde, reconocieron que Lorenzetti había llevado el tema al acuerdo, expresando su preocupación a sus pares.
El comunicado fue el único pronunciamiento oficial de la Corte sobre una supuesta presión ejercida desde el organismo recaudador contra Lorenzetti, su familia y el administrador general del tribunal, Carlos Marchi.
El miércoles, fuentes del cuarto piso del Palacio de Tribunales hicieron trascender que las reuniones entre funcionarios de la Corte y de la AFIP ya habían comenzado. Que en virtud del resultado de esos encuentros, los jueces resolverían "qué cursos de acción tomar", e hicieron hincapié en que pese a que un cable de la agencia de noticias Télam atribuía a fuentes de la agencia recaudadora una negativa sobre la investigación denunciada, "nunca hubo una desmentida oficial".
Por sobre esa situación, que tensionó aun más el clima en la sede judicial, el diputado del PRO Federico Pinedo denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El Código Penal, en el capítulo cuarto, bajo el título de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", establece en el artículo 248 que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". El 249, en tanto, determina penas de multa e inhabilitación especial de un mes a un año para "el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
Si la AFIP efectivamente hubiera iniciado una investigación difícilmente podría considerarse eso como un delito contemplado en esos artículos.
La denuncia de Pinedo será investigada por el juez federal Sergio Torres, quien, según las fuentes consultadas, citará a ratificar la denuncia contra Echegaray y luego correrá vista a la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli para que este determine si corresponde –de acuerdo a los elementos presentes– si corresponde o no impulsar una investigación.
El documento publicado por el CIJ consigna las firmas de cinco jueces de la Corte. No firmaron Raúl Zaffaroni, quien está fuera del país, ni Carlos Fayt, sobre cuya ausencia no hubo explicaciones. El más longevo de los jueces de la Corte suele quedarse en su domicilio algunos días de la semana e incluso es frecuente que le lleven a su casa documentación importante para la cual es imprescindible su firma.
Tras conocerse el comunicado de la Corte Suprema, fuentes de la AFIP aseguraron a Tiempo Argentino que ese organismo no había iniciado ninguna investigación sobre la situación tributaria del titular del máximo tribunal, ni la de sus hijos, como tampoco sobre el administrador Marchi. Además, descartaron que fuera a emitirse una desmentida oficial, entre otros motivos porque el titular de la administración, Ricardo Echegaray, estaba de viaje en Bruselas y recién hoy regresaría a la Argentina.
Luego de la inusual reunión de ayer, el máximo tribunal del país volverá a celebrar un acuerdo el martes de la semana próxima. Para ese día, en que ya estará de regreso Zaffaroni, estaba previsto el fallo sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios Audiovisuales. Anoche, eso que parecía una certeza comenzaba a ingresar en un cono de dudas.
Reabren una vieja causa contra De Vido.
Por: N.O.E.
La Corte Suprema dispuso virtualmente la reapertura de una causa en la que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minicelli, habían sido denunciados en 2008 por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto "enriquecimiento ilícito". En una resolución de 13 páginas –de las cuales en la primera queda definida la cuestión– el máximo tribunal dispuso declarar "procedentes los recursos extraordinarios interpuestos" y "revocar el fallo apelado".
La Corte se citó a sí misma, en un fallo anterior en el que había reabierto una investigación contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por una supuesta omisión de una declaración jurada. El máximo tribunal revocó el sobreseimiento reivindicando la posibilidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de intervenir en una causa contra funcionarios públicos en cualquier momento del expediente.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, con la sola disidencia de Raúl Zaffaroni, dejaron sin efecto tres fallos que en primera instancia, en la Cámara Federal y en la de Casación (el máximo tribunal penal del país) ratificaban el sobreseimiento del matrimonio De Vido.
El primer fallo exculpatorio fue firmado por el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy ejerciendo la abogacía de manera privada e imputado en una causa por presunto tráfico de influencias para beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra. Ese fallo de primera instancia sobreseyó a De Vido y su esposa tras considerar que algunos bienes denunciados eran muy anteriores a la llegada a la función pública, y el resto estaba de acuerdo con los ingresos de ambos. Pero fue apelado por el fiscal Guillermo Marijuan, hoy en un activo rol en la causa en la que se investiga al empresario Lázaro Báez. El 9 de junio de 2009, la Sala Primera de la Cámara Federal criticó la apelación del fiscal: "El fundamento de la sentencia que se cuestionaba era, precisamente, que el incremento patrimonial constatado no era típico por encontrarse acorde a los ingresos declarados por los funcionarios." En otras palabras, no había enriquecimiento ilícito.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah dijeron además que la apelación debe contener "una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio desatinadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los desaciertos, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho, prueba y derecho en que se fundó el juez de instrucción". Y subrayaron: "En el caso concreto, nada de ello ha ocurrido." El tribunal consideró "mal concedida" la apelación.
Ese fallo fue consentido por el fiscal de Cámara Germán Moldes, quien "manifestó implícitamente su aquiescencia al no haber ejercido la facultad impugnaticia". Pero entonces apeló la FIA, que hasta ese momento no había intervenido en el expediente.
El 16 de marzo de 2012, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación revisó el caso y declaró "inadmisible" la apelación, decisión que ratificó el 7 de junio. Fue entonces que el fiscal de Casación Ricardo Weschler, y los representantes de la FIA Guillermo Noailles y José Magnazo presentaron el recurso para llegar a la Corte. Simultáneamente, la Corte Suprema dictó el 8 de mayo un fallo en el que interpretó con sentido amplio las facultades de la FIA.
La brevedad del comunicado impidió profundizar qué "situación" considera la Corte que es necesario "aclarar". Y en lo inmediato al menos, ello será imposible: el propio documento anuncia que "no se realizarán declaraciones públicas al respecto". Sólo la vicepresidenta del tribunal, Highton de Nolasco, se refirió, y muy brevemente por cierto, al tema cuando fue consultada por un reducido grupo de periodistas, tras participar el miércoles del acto de apertura del Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal y Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella, en esa oportunidad, y voceros de la Corte, más tarde, reconocieron que Lorenzetti había llevado el tema al acuerdo, expresando su preocupación a sus pares.
El comunicado fue el único pronunciamiento oficial de la Corte sobre una supuesta presión ejercida desde el organismo recaudador contra Lorenzetti, su familia y el administrador general del tribunal, Carlos Marchi.
El miércoles, fuentes del cuarto piso del Palacio de Tribunales hicieron trascender que las reuniones entre funcionarios de la Corte y de la AFIP ya habían comenzado. Que en virtud del resultado de esos encuentros, los jueces resolverían "qué cursos de acción tomar", e hicieron hincapié en que pese a que un cable de la agencia de noticias Télam atribuía a fuentes de la agencia recaudadora una negativa sobre la investigación denunciada, "nunca hubo una desmentida oficial".
Por sobre esa situación, que tensionó aun más el clima en la sede judicial, el diputado del PRO Federico Pinedo denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El Código Penal, en el capítulo cuarto, bajo el título de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", establece en el artículo 248 que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". El 249, en tanto, determina penas de multa e inhabilitación especial de un mes a un año para "el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
Si la AFIP efectivamente hubiera iniciado una investigación difícilmente podría considerarse eso como un delito contemplado en esos artículos.
La denuncia de Pinedo será investigada por el juez federal Sergio Torres, quien, según las fuentes consultadas, citará a ratificar la denuncia contra Echegaray y luego correrá vista a la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli para que este determine si corresponde –de acuerdo a los elementos presentes– si corresponde o no impulsar una investigación.
El documento publicado por el CIJ consigna las firmas de cinco jueces de la Corte. No firmaron Raúl Zaffaroni, quien está fuera del país, ni Carlos Fayt, sobre cuya ausencia no hubo explicaciones. El más longevo de los jueces de la Corte suele quedarse en su domicilio algunos días de la semana e incluso es frecuente que le lleven a su casa documentación importante para la cual es imprescindible su firma.
Tras conocerse el comunicado de la Corte Suprema, fuentes de la AFIP aseguraron a Tiempo Argentino que ese organismo no había iniciado ninguna investigación sobre la situación tributaria del titular del máximo tribunal, ni la de sus hijos, como tampoco sobre el administrador Marchi. Además, descartaron que fuera a emitirse una desmentida oficial, entre otros motivos porque el titular de la administración, Ricardo Echegaray, estaba de viaje en Bruselas y recién hoy regresaría a la Argentina.
Luego de la inusual reunión de ayer, el máximo tribunal del país volverá a celebrar un acuerdo el martes de la semana próxima. Para ese día, en que ya estará de regreso Zaffaroni, estaba previsto el fallo sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios Audiovisuales. Anoche, eso que parecía una certeza comenzaba a ingresar en un cono de dudas.
Reabren una vieja causa contra De Vido.
Por: N.O.E.
La Corte Suprema dispuso virtualmente la reapertura de una causa en la que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minicelli, habían sido denunciados en 2008 por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto "enriquecimiento ilícito". En una resolución de 13 páginas –de las cuales en la primera queda definida la cuestión– el máximo tribunal dispuso declarar "procedentes los recursos extraordinarios interpuestos" y "revocar el fallo apelado".
La Corte se citó a sí misma, en un fallo anterior en el que había reabierto una investigación contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por una supuesta omisión de una declaración jurada. El máximo tribunal revocó el sobreseimiento reivindicando la posibilidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de intervenir en una causa contra funcionarios públicos en cualquier momento del expediente.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, con la sola disidencia de Raúl Zaffaroni, dejaron sin efecto tres fallos que en primera instancia, en la Cámara Federal y en la de Casación (el máximo tribunal penal del país) ratificaban el sobreseimiento del matrimonio De Vido.
El primer fallo exculpatorio fue firmado por el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy ejerciendo la abogacía de manera privada e imputado en una causa por presunto tráfico de influencias para beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra. Ese fallo de primera instancia sobreseyó a De Vido y su esposa tras considerar que algunos bienes denunciados eran muy anteriores a la llegada a la función pública, y el resto estaba de acuerdo con los ingresos de ambos. Pero fue apelado por el fiscal Guillermo Marijuan, hoy en un activo rol en la causa en la que se investiga al empresario Lázaro Báez. El 9 de junio de 2009, la Sala Primera de la Cámara Federal criticó la apelación del fiscal: "El fundamento de la sentencia que se cuestionaba era, precisamente, que el incremento patrimonial constatado no era típico por encontrarse acorde a los ingresos declarados por los funcionarios." En otras palabras, no había enriquecimiento ilícito.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah dijeron además que la apelación debe contener "una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio desatinadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los desaciertos, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho, prueba y derecho en que se fundó el juez de instrucción". Y subrayaron: "En el caso concreto, nada de ello ha ocurrido." El tribunal consideró "mal concedida" la apelación.
Ese fallo fue consentido por el fiscal de Cámara Germán Moldes, quien "manifestó implícitamente su aquiescencia al no haber ejercido la facultad impugnaticia". Pero entonces apeló la FIA, que hasta ese momento no había intervenido en el expediente.
El 16 de marzo de 2012, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación revisó el caso y declaró "inadmisible" la apelación, decisión que ratificó el 7 de junio. Fue entonces que el fiscal de Casación Ricardo Weschler, y los representantes de la FIA Guillermo Noailles y José Magnazo presentaron el recurso para llegar a la Corte. Simultáneamente, la Corte Suprema dictó el 8 de mayo un fallo en el que interpretó con sentido amplio las facultades de la FIA.
La ola del Papa Francisco: Un obispo quedó detenido por corrupción y estafa en el Banco Vaticano
Dos días después de que el Papa Francisco ordenara crear una comisión que investigue posibles irregularidades en la gestión del Banco Vaticano, un obispo italiano, un agente de los servicios secretos de Italia y un intermediario financiero fueron detenidos esta mañana en Roma acusados de fraude y corrupción.
El diario 'Il Corriere della Sera', da cuenta que el prelado detenido es Monseñor Nuncio Scarano, obispo de Salerno, ciudad ubicada al sur de Italia.
La medida fue llevada a cabo por la Guardia Di Finanza (la policía fiscal italiana), por orden de la jueza de investigaciones preliminares Barbara Callari que desde 2010 trabaja en la causa que intenta determinar si existieron actos de corrupción en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido públicamente como Banco Vaticano.
Se desconocen más detalles sobre los delitos que se les imputan y sólo trascendió que se trata de una investigación encarada por la Fiscalía de Roma, entre otras que mantiene abiertas sobre las presuntas irregularidades de esa entidad.
Las detenciones tuvieron lugar dos días después de que el Vaticano informara que el papa había nombrado una comisión, formada por cinco miembros, que se dedicará en los próximos meses a investigar todo lo que ocurra en el banco del Vaticano, envuelto desde hace años en numerosos escándalos financieros, para una posible reforma.
Desde su creación, diferentes escándalos salpicaron al IOR. El caso más importante se produjo en 1982 con la quiebra del Banco Ambrosiano, un escándalo bancario que implicaba a la CIA y a la logia masónica. En 1993 el 'caso Enimont' desnudó sospechas de sobornos a partidos políticos italianos y más recientemente el tribunal de Roma detectó casos de blanqueo de dinero.
El diario 'Il Corriere della Sera', da cuenta que el prelado detenido es Monseñor Nuncio Scarano, obispo de Salerno, ciudad ubicada al sur de Italia.
La medida fue llevada a cabo por la Guardia Di Finanza (la policía fiscal italiana), por orden de la jueza de investigaciones preliminares Barbara Callari que desde 2010 trabaja en la causa que intenta determinar si existieron actos de corrupción en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido públicamente como Banco Vaticano.
Se desconocen más detalles sobre los delitos que se les imputan y sólo trascendió que se trata de una investigación encarada por la Fiscalía de Roma, entre otras que mantiene abiertas sobre las presuntas irregularidades de esa entidad.
Las detenciones tuvieron lugar dos días después de que el Vaticano informara que el papa había nombrado una comisión, formada por cinco miembros, que se dedicará en los próximos meses a investigar todo lo que ocurra en el banco del Vaticano, envuelto desde hace años en numerosos escándalos financieros, para una posible reforma.
Desde su creación, diferentes escándalos salpicaron al IOR. El caso más importante se produjo en 1982 con la quiebra del Banco Ambrosiano, un escándalo bancario que implicaba a la CIA y a la logia masónica. En 1993 el 'caso Enimont' desnudó sospechas de sobornos a partidos políticos italianos y más recientemente el tribunal de Roma detectó casos de blanqueo de dinero.
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