Un estudio divulgado este lunes por la prensa internacional, refleja que 70 por ciento de los entrevistados se opone a esta posibilidad, 20 por ciento lo ve factible y 9 por ciento ve difícil contestar la pregunta.
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses se oponen actualmente a que el Gobierno de Barack Obama, proporcione armas o material bélico destinado a las bandas de terroristas sirias que tienen como objetivo derrocar al presidente constitucional, Bashar Al-Assad.
Un estudio divulgado este lunes por la prensa internacional, refleja que 70 por ciento de los entrevistados se opone a esta posibilidad, 20 por ciento lo ve factible y 9 por ciento ve difícil contestar la pregunta.
Previamente Washington dio luz verde a la asistencia militar de los rebeldes sirios y al envío de aviones de combate para establecer una eventual zona de exclusión aérea sobre este país.
La semana anterior, una encuesta realizada por Reuters y el Instituto Ipsos reveló que el 63 por ciento de los estadounidenses rechaza la intervención militar de su país en Siria.
El sondeo precisó que solo un 22 por ciento de los encuestados se muestra de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos al país medio oriental. El estudio se llevó a cabo entre el 27 y 29 de mayo de 2013; y contó con la participación de mil 382 norteamericanos mayores de 18 años.
Igualmente, la empresa estadounidense Gallup publicó los resultados de la encuesta que desarrolló durante los días 28 y 29 de mayo, el cual arrojó que un 68 por ciento de los encuestados expresó su oposición a la participación militar estadounidense en Siria, mientras que un 24 por ciento apoya la acción.
El informe también indica que el 58 por ciento de los norteamericanos que participaron en la encuesta no es optimista sobre la resolución del conflicto de Siria a través de canales económicos y diplomáticos. El 27 por ciento considera que estos esfuerzos sí tendrán éxito.
teleSUR - Actualidad RT / GP
Los grupos sociales llegaron a los alrededores de la laguna El Perol en Cajamarca (norte) para rechazar la continuación del proyecto Conga por parte de la empresa Yanacocha. Aseguraron que la policía militar de Perú está armada y rodea la laguna.
Mineros peruanos marcharon este lunes hacia la laguna El Perol en Cajamarca (norte) para protestar contra el proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, que estima transvasar dicha laguna para construir reservorios artificiales y favorecer el proyecto minero.
El corresponsal de teleSUR en Perú, Jaime Herrera, informó que los comuneros están encabezados por el presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC) en Cajamarca, Milton Sánchez, además de otros grupos sociales que se oponen a este proyecto.
Sánchez aseguró en entrevista exclusiva a teleSUR que “miles de comuneros estamos en contra de los anuncios del presidente Ollanta Humala y el gerente general de Compañía de Minas Buenaventura y propietario de Yanacocha, Roque Benavides, de transvasar la laguna de El Perol para construir reservorios artificiales, este proyecto no tiene licencia social, ellos (Humala y Benavides) deben reespetar la voluntad de los colectivos sociales que no queremos esto”.
El representante del PIC agregó que el gobierno peruano destinó un fuerte contigente policial y los responsabilizó si algo les llegase a ocurrir. “Hasta los momentos llegaron mil 200 policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Dinoes) y responsabilizamos al gobierno de Humala si algo nos llega a pasar”.
De acuerdo con medios peruanos el presidente del Frente de Defensa de El Tambo, Manuel Ramos, declaró que buscan fortalecer el rechazo a Conga y tomar laguna Totorococha Chica, para frenar el avance de Yanacocha y evitar que el río Llaucano desaparezca.
“Por fuente allegada al Ministerio del Interior conocemos que efectivos de la Dinoes en complicidad con las mineras, el Ministerio Público y el gobierno, quieren hacer una cacería de brujas deteniendo a los dirigentes de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y Celendín con la finalidad de no movilizarse este 17 de junio a Conga”, resaltó Ramos.
La dirigencia de la empresa Yanacocha informó el pasado 10 de junio que continuarán la construcción de los reservorios de agua para asegurar el abastecimiento a la población ante la afectación de las lagunas andinas por el proyecto minero, aunque el segundo comenzará a construirse en el primer trimestre de 2014.
La empresa anotó sin embargo que la ejecución del proyecto Conga "continuará solo si puede hacerse de manera segura, social y ambientalmente responsable, con ganancias aceptables que justifiquen futuras inversiones".
Desde el año 2010 los mineros peruanos han emprendido una batalla en contra de la aprobación del proyecto Conga. A inicios de 2011 existían más de 21 millón de hectáreas bajo concesión minera lo que representa el 16,73 por ciento del país.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros, Cajamarca es el cuarto departamento con mayores concesiones territoriales, donde se han otorgado dos mil 732 licencias para la exploración y la explotación minera.
A finales de junio del año pasado, las manifestaciones de los movimientos sociales cajamarquinos se incrementaron lo que llevó al gobierno de Ollanta Humala a decretar un estado de emergencia luego de que tras enfrentamientos cinco mineros murieron.
En los últimos años los proyectos mineros a cargo de transnacionales ha provocado conflictos socio-ambientales en cinco departamentos del país.
Estas obras se suman a las 93 firmadas el pasado 11 de abril y, como resultado de la implementación del plan en la provincia, se prevé una inversión total de más de 389 millones de pesos a través de 158 obras de infraestructura.
El acto fue encabezado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el titular de la cartera de Salud, Juan Manzur; el secretario de Obras Públicas, José López; el gobernador misionero, Maurice Closs, e intendentes y legisladores de Misiones.
"Las acciones de gobierno no llegan más a través de cúpulas partidarias, sino a través de los gobernadores e intendentes que son los que la gente eligió para llevar adelante los destinos de sus provincias y sus municipios", dijo De Vido durante el acto en Casa Rosada.
"Sin dudas, Misiones es una de las provincias que más ha trabajo en el diseño de proyectos", agregó el ministro, a la vez que resaltó la "clara articulación del gobernador, Maurice Closs, que cree en la forma de gobernar de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) de cambiar la realidad de la gente a través de hechos concretos".
Por su parte, Closs sostuvo que "más allá de la decisión política hay una vocación administrativa, todos estos pasos administrativos se pudieron cumplir y los recursos están llegando a Misiones generando empleo e inclusión".
Durante la ceremonia se suscribieron para los municipios de la provincia más de 65 obras con una inversión que supera los 186 millones de pesos destinados a 38 localidades.
También se firmó el convenio específico para el desarrollo de la Red Provincial de Fibra Óptica. El acuerdo destinado a la adquisición de equipamiento se implementará en 112 localidades circunscriptas en la Red Provincial de Fibra Óptica.
Esta inversión de 80 millones de pesos permitirá la operación de nueva infraestructura de fibra óptica en localidades donde nunca hubo servicio o existía una conectividad deficiente; una obra posibilitará a 50.000 misioneros acceder a los mejores servicios de telecomunicaciones.
El gremio estudiantil marchó por las principales calles y avenida de Santiago, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad y repudio a las intenciones del Ejecutivo de Piñera de privatizar totalmente el sector universitario.
De acuerdo con los primeros informes policiales, la cifra de heridos era de 30 personas en la región metropolitana de Santiago, destacando cuatro policías y otros 20 jóvenes lesionados tras el ingreso no autorizado de la Policía a la Casa Central de la Universidad de Chile.
Ya en horas de la noche, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que “al menos 50 jóvenes quedaron con diversas lesiones”, en los disturbios registrados durante la multitudinaria marcha.
En tanto, datos oficiales indican que en la capital chilena se registraron 214 detenidos y 17 policías lesionados y el resto en las demás ciudades del país, donde también se replicaron las marchas estudiantiles y la represión policial.
En Santiago, los incidentes más graves estallaron en las inmediaciones del Centro Cultural Estación Mapocho, cuando un grupo de encapuchados se separó de la marcha y comenzó a lanzar piedras y bombas de tipo molotov a la Policía.
Los incidentes se trasladaron más tarde a la Casa Central de la Universidad de Chile, donde decenas de carabineros ingresaron sin autorización al edificio para detener a los estudiantes que se manifestaban en ese lugar.
El rector de la casa de estudios, Víctor Pérez, denunció que el ingreso de la Policía “rompió una tradición de más de cien años de respeto a la Universidad de Chile”. Asimismo, calificó como “inaceptable” la “brutal invasión hecha por Carabineros a las dependencias de Casa Central, golpeando y apaleando a nuestro estudiantes”.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Andrés Fielbaum, repudió la acción de los uniformados y aseguró que estos ingresaron “golpeando a todo lo que se moviera”.
A las 21H00 horas locales (01.00 GMT del viernes), cientos de estudiantes, padres y apoderados hicieron sonar sus cacerolas en las adyacencias de la Universidad, en repudio de la acción policial ocurrida horas antes.
Los estudiantes chilenos siguen exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad que sustituya el modelo actual, implantado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El dignatario boliviano afirmó que a través de la participación de distintos sectores sociales y de medidas que limitaron la influencia estadounidense se logró construir en su país un nuevo modelo que no depende de la potencia norteamericana.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó este domingo la fortaleza que su país ha obtenido a partir de la firme decisión y el trabajo para no depender de Estados Unidos.
“Bolivia vive mejor que cuando dependía de Estados Unidos”, sostuvo el jefe de Estado durante la celebración del 50 aniversario de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), realizada en La Paz (capital).
Recordó los momentos de inestabilidad que atravesó la nación suramericana por efecto de la incertidumbre económica, los frecuentes cambios de Gobierno, y los golpes de Estado, todo lo cual favorecía la intervención estadounidense en el país.
El gobernante boliviano destacó que por este motivo ordenó la salida de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), con el fin de contrarrestar la injerencia del gigante del norte en los asuntos internos de la nación boliviana.
"En mis tiempos del Servicio Militar Obligatorio no había estabilidad alguna, ni política ni económica", agregó en referencia a los momentos de convulsión que tuvieron lugar en Bolivia durante las últimas décadas del siglo pasado.
En ese contexto, afirmó que en la actualidad se están realizando cambios en las políticas sociales "pero también hacemos cambios profundos en las estructuras económicas, con el apoyo de los movimientos sociales”.
Durante el evento, Morales agradeció el apoyo de las cooperativas de mineros que se han unido al proceso de cambio que impulsa su Gobierno desde el año 2006.
“Escucharles siempre nos da gran fortaleza. En lo ideológico, económico (y) social siento que no nos equivocamos; si nos equivocamos están ustedes para corregirnos”, con el objetivo de seguir avanzando “de manera conjunta por el bien de todos y todas”, manifestó el dignatario boliviano.
Agregó que desde que asumió la presidencia de Bolivia impulsa acciones para “el bien del pueblo boliviano, que no falte alimentos, energía (a través) de una mayor inversión en los distintos rubros” comparando estas iniciativas con los asaltos al Estado por parte de “un puñado de personas”.
El presidente electo iraní, Hasan Rohani, dijo que Teherán está dispuesto a reducir tensiones con Estados Unidos, pero subrayó que dicha distensión sólo se erguirá sobre el "respeto mutuo"
También aseguró que no tiene previsto suspender el programa de enriquecimiento de uranio de su país.
En la primera conferencia de prensa tras resultar triunfador en las elecciones iraníes del viernes pasado, Rohani advirtió a Estados Unidos que deberá reconocer el derecho de Irán al uso de energía nuclear con fines pacíficos y "no interferir en sus asuntos internos antes de mantener conversaciones directas".
El clérigo de 64 años, negociador nuclear iraní entre 2003 y 2005, insistió no obstante en que Teherán será "más trasparente" en relación a sus actividades en este ámbito en el futuro, según informó la agencia de noticias Eurpa Press.
"Con Estados Unidos tenemos una vieja herida pero seguimos esperando mirar al futuro y reducir la tensión", agregó Rohani.
"Lo que Estados Unidos debería hacer en primer lugar es dejar de interferir en los asuntos internos de Irán, aceptando todos los derechos de Irán que son legítimos e internacionalmente reconocidos, inclusive los derechos nucleares", dijo.
"Si todo eso se logra, se podrán dar nuevos pasos", concluyó el electo líder de la República Islámica.
Estas palabras son una clara demarcación de los límites en los que se circunscribirá el nuevo vínculo Teherán-Washington y son entendidos como una respuesta a Estados Unidos, cuyas autoridades se mostraron ayer esperanzadas en que Irán "hará los cambios necesarios para trabajar con la comunidad internacional"
Ayer, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, declaró que si el líder moderado está interesado en arreglar las relaciones de Irán con el resto del mundo, como dijo en sus actos de campaña, "ahora hay una oportunidad de hacerlo".
Rohani dirigió estas palabras a los iraníes y las capitales occidentales pocas horas después de recibir gestos contundentes de apoyo desde sectores políticos y militares "clave" en el entramado de poder la República Islámica, como los jefes de los poderes Legislativo y Judicial y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución.
En un hecho que fortaleció al líder reformista, los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, los hermanos Ali y Sadeq Amoli Larijani, felicitaron a Rohani y le ofrecieron su "apoyo y colaboración amistosa".
En la misma línea, un comunicado de los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de elite del Ejército iraní, felicitó a la "noble nación iraní como auténtica ganadora" de las elecciones, al líder supremo, ayatollah Ali Jamenei, y al presidente electo, "por su grande y trascendental victoria".
También el Ministerio de Defensa como el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas felicitaron al electo líder y evidenciaron en sendos comunicados su disposición a cooperar.
En una mañana repleta de definiciones que las capitales occidentales esperaban ansiosas, Rohani aclaró que su país continuará apoyando al gobierno del presidente sirio Bashar Al Assad hasta las elecciones de 2014.
"Nuestra mayor preocupación es el fin de la violencia en Siria; nuestro mayor deseo, ver cumplida la demanda del pueblo sirio", afirmó, lo que marca una continuidad con los candidatos de línea dura más cercanos a Jamenei.
"Queremos un freno a la intervención extranjera en Siria y estamos en contra del terrorismo en aquel país. (Al Assad) Tendría que tener permitido quedarse en el poder hasta las elecciones de 2014", agregó.
La reciente elección de Rohani irrumpió también en la cumbre del G8, que se celebra en Irlanda del Norte, donde el premier británico David Cameron anunció hoy que está dispuesto a apoyar el regreso de Irán a la comunidad internacional "si ese país abandona su programa nuclear".
Cameron se refirió a Irán al inicio de la reunión, en la que señaló que "el enfoque correcto con Irán es implicarse, hacerles una oferta clara en el sentido de que hay otro camino posible".
"Si no van por el camino de las armas nucleares, entonces pueden convertirse en miembros plenos de la comunidad internacional", afirmó Cameron a un grupo de periodistas en Lough Erne, próximo a la localidad norirlandesa de Enniskillen
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy a favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo de la Magistratura y le pidió a la Corte Suprema que acepte el "per saltum" planteado por el Gobierno contra los fallos adversos a la norma. La Corte ya puede resolver el "per saltum" del Gobierno
Para Gils Carbó la elección popular y el incremento de consejeros del sector académico "vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de Gobierno".
Con este dictamen, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el "per saltum" del Gobierno.
Gils Carbó entendió que la elección popular y el incremento de los miembros del ámbito académico y científico dispuestos por la ley 26.855 no son incompatibles con el artículo 114 de la Constitución Nacional. Por el contrario, consideró que la ley consagró una interpretación de ese artículo que concilió mejor su texto “con el compromiso asumido con la ciudadanía, con el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana” y estimó que la ley es adecuada para lograr “los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros”.
“La elección popular prevista por la ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno”, aseguró Gils Carbó según consigna la web fiscales.gob.ar
La procuradora concluyó que el planteo de inconstitucionalidad de la ley realizaba una interpretación restrictiva del artículo 114 de la Constitución, “que arrastra consigo una visión más restringida de la democracia —lo que no se compadece con los artículos 1 y 37 de la Constitución ni con los instrumentos internacionales […]— y que se funda en la representación de intereses sectoriales —jueces y abogados—, que no en todos los casos podría ser compatible con el ejercicio del estricto control de un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial”.
“La voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen”, remarcó.
A la vez, la procuradora general señaló que resulta público y notorio que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con la integración actual no ha logrado satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación. Esas expectativas, indicó la jefa de los fiscales, implicaban “agilizar y transparentar la selección de jueces probos e independientes, así como adoptar procedimientos más eficaces de control y remoción de los jueces”.
En este sentido, el dictamen remarca que del sitio web institucional del Consejo de la Magistratura surge que durante el año 2012 sólo se realizaron doce reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron a seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos. Y agrega que durante el año pasado, “la Comisión de Acusación sólo sesionó once veces y no formuló ninguna acusación”.
Por último, Gils Carbó sostuvo que el nuevo régimen “avanza en el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos que le imponen al Estado argentino el deber de asegurar la participación de todos en asuntos públicos tan relevantes para la vida democrática como los vinculados con el gobierno de la administración de justicia”.
