Montenegro sigue justificandose por la represiòn brutal en el Borda: "Los periodistas no están acostumbrados a que la Policía actúe"

El ministro de Justicia y Seguridad porteño volvió a defender la actuación de la Metropolitana en el Borda y dijo que hubo "una agresión indiscriminada hacia el orden". Además, culpó a los propios trabajadores de prensa que recibieron disparos porque "se ubicaron por delante de donde se producían los incidentes". El fotógrafo de Clarín José "Pepe" Mateos contó que no fue detenido "en la barrera de policías", sino "50 metros más atrás", cuando intentaba sacar una foto al taller derrumbado.

El funcionario del PRO aseguró que "ya están investigando a las personas que actuaron contra la Metropolitana" y sostuvo que "si hubo un exceso por parte del personal policial", van "a estar a disposición de la Justicia". Sin embargo, volvió a insistir en la teoría de que la policía tuvo que defenderse. "No fue una protesta, fue una agresión indiscriminada hacía el orden. Tengamos en cuenta el nivel de conflicto que había allí: había gente con la cara tirando con gomeras", sostuvo.

Además, justificó la agresión a trabajadores de prensa al afirmar que "los periodistas no están acostumbrados a que la Policía actúe" y afirmó que "muchos" de ellos "se ubicaron por delante de donde se producían los incidentes".

Al respecto, José "Pepe" Mateos, el fotógrafo del diario Clarín que fue herido y detenido durante la brutal represión, contó esta mañana que quiso "hacer la foto de cuando estaban demoliendo el edificio y no me detienen en la barrera de policías sino 50 metros más atrás, donde estaba el edificio". Mateos negó haberle pegado al efectivo de la Policía Metropolitana que lo detuvo sino que le dijo que lo soltara mientras sacudía el brazo.

"Después, cuando me liberan y paso cerca de él le dije que me disculpara, que no era algo personal con él como suponía que tampoco era algo personal lo de él conmigo, que estaba cumpliendo órdenes", consignó el reportero gráfico en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Vorterix. "Mi disculpa personal al policía no avala lo demás que sucedió. Que Montenegro utilice mis disculpas es interpretar mal las cosas", planteó.

Tras la represión, Mario Ricci, camarógrafo de C5N, fue intervenido quirúrgicamente a causa de una herida en un brazo. Además, recibieron balazos de goma Alberto Samudio y Sebastián Vázquez, de Telefé; Carlos Torres, camarógrafo de Canal 13; Soledad Larghi, cronista de América; Mario Gavilán, de C5N; Fabián Alasi, de Crónica TV; una cronista de CN23 y otra de Canal 26. Fueron golpeados Gabriel Eiriz y Leonardo Piccone, de la agencia Télam.

En tanto, Montenegro insistió con que "no eran todos médicos y enfermeras" los que participaron de la protesta contra la demolición del taller protegido y afirmó que "estuvo involucrada gente que vino de otros lados". En ese sentido, apeló al discurso del gobierno porteño sobre los "palos en la rueda": "Esta es una forma de actuar de un grupo de personas desde hace cinco años, que frenan todas las obras de Macri", manifestó.

El funcionario también criticó a los legisladores que se acercaron al Borda, muchos de los cuales resultaron heridos por la balacera de la Metropolitana. "El arribo de muchos personajes políticos al lugar también generó que la violencia se exacerbara", consideró el ministro, que fue confirmado en su cargo pese a los pedidos de que renuncie de parte de la oposición.

Petroleros: “se pudrió todo”, dicen a viva voz.

Se pudrió todo, se decía a viva voz en Las Heras, Cañadón Seco, Pico Truncado y Caleta Olivia, ya que los petroleros de la zona norte de Santa Cruz, decidieron ir a un paro total de actividades hasta terminar de una vez por todas con la intervención del sindicato de petróleo y gas privado, avalada por el gobierno y banca

da por las empresas monopólicas petroleras.

El paro comenzó a partir de la asamblea llevada a cabo el día jueves, donde por decisión unánime se votó “sacar a patadas” a la intervención, con un paro por tiempo indeterminado en los yacimientos, y no levantar la medida hasta que no se vaya la federación sindical de petróleo y Gas, quienes están a cargo de la intervención del sindicato.

En el día de ayer, 3000 petroleros se autoconvocaron en Pico Truncado, en el punto de encuentro donde siempre se hacen las grandes asambleas (el bridosaurio, ruta 43 y 12), para seguir con la medida. En esta asamblea se hicieron presentes, los Intendentes de Caleta Olivia y Las Heras, José Córdoba y Teodoro Camino, respectivamente, con la intención de convencer a los petroleros de que había que levantar el paro, porque de esa manera no se podía negociar con el ministerio de trabajo, a lo cual la respuesta fue rotunda por parte de la asamblea: el paro no se levanta hasta que no se firme la convocatoria a la junta electoral, el llamado a elecciones y el fin de la intervención.

Esta reivindicación ha puesto en un punto muy álgido al enfrentamiento entre los trabajadores y la patronal, ya que aquí no se está disputando solamente la conducción del sindicato, si no que esta lucha se ha convertido en una pulseada entre clases, donde es destacable ver que por más que los trabajadores petroleros hayan recibido todo tipo de represiones, persecuciones y encarcelamientos, la lucha no sólo no aflojó, si no por el contrario, fue acrecentándose la participación haciéndola cada vez más masiva, y también se fueron mejorando las condiciones de organización de la clase en el ejercicio de la misma lucha.

Hoy nuevamente se vuelve a plantear, en el sur del país, un escenario hostil para los intereses del empresariado financiero, que los ahonda aún más en la profunda debilidad política que tienen para llevar adelante sus planes de explotación a los trabajadores, el saqueo de los recursos naturales y la marginación de millones y millones de Argentinos al destierro de la pobreza. Es que los trabajadores están de pie y va por más en todos los rincones de nuestro país.

La suba del dólar genera la baja del salario

La escalada del dólar no es más que la escalada del precio de los productos, fundamentalmente el de los alimentos. El dólar alcanzó esos delirantes topes, ha explotado en todas las tapas de los diarios, sin embargo el precio de la leche con todos sus infinitos derivados y a modo de ejemplo, sólo es mencionado cuando se habla de inflación en términos de pujas políticas por arriba. 

Para el empresariado hablar del dólar y de la inflación es más fácil que hablar del salario. Cualquier argentino ha experimentado que un dólar alto es sinónimo de un salario bajo. A sabiendas de que, como en los años 90, un dólar bajo también era un salario bajo.

Sin embargo el contexto político en que se producen estos fenómenos económicos si bien tienen alguna semejanza con el pasado, lo sustancial en lo que está por venir serán sucesos o resultantes muy diferentes.

En lo inmediato ni la clase obrera ni los trabajadores asalariados cederán en la lucha y la movilización para frenar la escalada de los precios multiplicando las protestas y tras ellas las conquistas. En ese camino se profundizarán los procesos de unidad que se vienen dando. Las metodologías del enfrentamiento se harán cada vez más robustas y organizadas e irán creciendo las huelgas, las tomas de establecimientos en reclamo de lo perdido. La pérdida del poder de compra de todo el pueblo con un dólar alto más la inflación, enervarán el estado de ánimo de toda la población y se ampliarán los hechos de Junín, hostigando los emblemas políticos y toda la institucionalidad incapaz de frenar la anarquía del sistema capitalista.

Cuando la presidente se reunió con los popes de economía el centro de su preocupación no fue el dólar alto ni mucho menos, concentraron todas sus preocupaciones en el escenario de la lucha de clases, debatieron políticas desde el miedo a la movilización permanente del pueblo.

Ellos son consientes que el dólar “oficial” favorece la exportación de un sector de los grandes grupos empresarios a la que este gobierno responde. A modo de ejemplo: un coche que se exporta a ese dólar “oficial” , es competitivo en el mundo gracias a la intensidad de fuerza de trabajo del obrero automotriz, a la explotación que es sometido y a una avalancha de subsidios del Estado a esas empresas trasnacionales que la pagamos todos los argentinos.

La crisis no es solo económica, la crisis es fundamentalmente política y de eso se trata.

En tanto, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Luis Betnaza afirmó que se han "ido perdiendo las condiciones naturales con las cuales venía transitando la economía hace diez años", opinó Betnaza, director de Relaciones Institucionales del grupo Techint

En declaraciones radiales, el empresario habló del cepo cambiario y las restricciones a la compra de moneda extranjera: "Son medidas para corregir un bache de divisas en la Argentina, y todo lo que sea manoseo del tipo cambiario, termina con este tipo de especulaciones", reprochó.

En ese contexto, Betnaza recordó que "la Argentina tiene una larguísima experiencia de dolarización, la cabeza de muchos comerciantes y consumidoresestá ligada al dólar, y hoy es el dólar blue, que es al que tiene acceso".

Si bien admitió que "el mercado del blue es un mercado relativamente pequeño frente al volumen de la economía en general, todas estas restricciones, que denotan una restricción en la oferta de dólares, va a impactar, porque la especulación, inexorablemente, va a tender a que la gente que tiene incapacidad para ahorrar en otros activos, se vuelque al ´blue´".
El temor a una devaluación del tipo de cambio intensifica la demanda de divisas en el mercado paralelo e impulsa la cotización de todo tipo de activos financieros, que para los inversores sirven como cobertura.

El billete en operaciones que se pactan en negro acumula un salto de 67 centavos (+7,27%) en el transcurso de la semana, lapso en que avanzó más que el tipo de cambio mayorista oficial en tres meses, y la creciente brecha abierta entre uno y otro se consolida ahora casi en el 80%.

"Sobran pesos que nadie quiere y, en cambio, faltan dólares que es la moneda que la gente quiere para atesorar", dijo en declaraciones radiales el ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Y agregó:

"Existe entonces una fuerte demanda porque la gente tiene temor y la oferta es baja, entonces el precio (del dólar) sube",

Los legisladores opositores en la Ciudad reclamaron la dimisión del ministro de Seguridad por su responsabilidad en el operativo de la Metropolitana en el Hospital Borda. El funcionario se justificó y negó un inminente paso al costado.

Un día después de la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del hospital neuropsiquiátrico José Borda, que dejó más de 50 heridos, todos los bloques de la oposición le pidieron la renuncia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, donde repitió los mismos argumentos que esgrimió el jueves el jefe de gobierno, Mauricio Macri, para justificar la brutalidad del operativo, que no contó con ninguna orden judicial. Sostuvo que "la violencia no fue generada por los efectivos, que fueron agredidos en diferentes circunstancias durante una hora y media", pero a la vez prometió "una clara autocrítica sobre cómo fue realizado el procedimiento, para que en definitiva este tipo de situaciones no se repita". Las explicaciones del ex juez federal que tuvo a su cargo la creación de la 26ª fuerza policial del país a partir de 2008 buscaron eludir la responsabilidad política del operativo represivo, con una añeja estrategia institucional que redujo la gravedad de los incidentes a "casos aislados" que serán "investigados y sancionados" por una "auditoría externa policial". No fue la primera cita del funcionario que ha transitado distintas partes del recinto para defender la creación de la fuerza en 2008 y la designación del ex comisario de la Federal Jorge "Fino" Palacios, que renunció poco después, ante el escándalo que desató la existencia de una red de escuchas ilegales dentro de la comuna. Ese caso lo obligó a responder duras denuncias realizadas en su contra ante la Comisión Investigadora que sesionó hace dos años.

"Si alguno de los integrantes de la fuerza no cumplió con el protocolo acordado, obviamente que va a ser investigado y sancionado como corresponde", disparó Montenegro apenas arrancó su exposición inicial luego de las 11:10. Al calor de esos argumentos, que repitió una y otra vez, Montenegro afrontó las ocho horas que duró la sesión especial convocada el viernes a pedido de todos los bloques opositores al macrismo, pero con un veloz acuerdo del PRO, que logró transformar la posible interpelación en una catarsis, pública y televisada, que comenzó pasadas las 11 de la mañana y concluyó después de las 19. Tras las explicaciones iniciales, cada uno de los 12 bloques opositores exigió la inmediata renuncia del funcionario por la represión dentro del hospital. En varios momentos, los legisladores macristas no pudieron evitar su incomodidad por los cuestionamientos que les prodigaron sus pares de la oposición, que los acusaron de no haber aparecido en ningún momento de la represión. El recinto estuvo repleto, repartido entre militantes del PRO y de la oposición, que estallaron en gritos y abucheos en distintos tramos de la sesión.
"La mayoría del oficialismo no puede consentir esta represión. Es notable que la intención es querer mostrar dureza, pero lo de ayer no tuvo nada que ver con una policía de cercanía, como la que define la Ley de Seguridad Pública", dijo Juan Cabandié, el primero de los representantes de cada bloque que tuvo 15 minutos para hacer preguntas y exponer argumentos. El presidente del bloque del Frente para la Victoria le recordó a Montenegro que la Ciudad, junto a Córdoba y Santa Fe, es uno de los tres Estados que no firmaron un protocolo federal de actuación ante manifestaciones en el espacio público que limita el uso de postas de goma sólo a casos de autodefensa. "Lo que pasó el viernes fue una afrenta para la Ciudad y por eso usted no tiene más que renunciar", cerró el legislador, que inició la cadena de pedidos de dimisión que luego reiteraron sus colegas.
Jorge Selser, médico y diputado de Proyecto Sur, se preguntó por qué esa sesión, por una cuestión tan grave, no era encabezada por la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, "tal como lo establece el artículo 80 del reglamento de la Legislatura". La chicana fue eludida por Cristian Ritondo, el vicepresidente segundo del cuerpo, que condujo toda la sesión. "Nunca hubo una situación así en un hospital de la Nación, usted jamás debería haber permitido el ingreso de la policía a un hospital", le gritó Selser. Y preguntó: "¿Por qué justifica la demolición del taller diciendo que tenía asbesto, si hay diez hospitales que tienen el mismo material? ¿Qué piensan hacer, tirar abajo el Moyano, el Rivadavia, el Penna?", bramó el médico del Partido Socialista Auténtico, antes de sumarse al pedido de dimisión. A su turno, Fabio Basteiro, dirigente sindical y jefe de la bancada de Buenos Aires para Todos, abrió el capítulo de los legisladores que vivieron la represión en vivo. "Vi cómo arrastraban a una enfermera con bastón y a una señora mayor por toda una cuadra", gritó Basteiro. "Es una vergüenza que nosotros seamos los victimarios y ustedes las víctimas, ¿se acuerdan de las pistolas eléctricas taser? ¡Imaginen lo que habría pasado! ¡Imaginen los heridos!", exclamó el dirigente de ATE, el gremio que tenía a cargo el taller de reinserción laboral y cuyos delegados fueron ferozmente atacados. El testimonio, fue ampliado por Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que graficó otro de los amargos momentos de la mañana del viernes. "Cuando tratamos de pasar el vallado para pedir diálogo, la policía nos pegaba", relató la diputada y sacó una de la decena de fotos que se mostraron en la sesión. "Quiero saber quién es esta persona –señaló–. Cuando fui a cruzar las vallas me dijo: ‘Correte, pendeja.’ Soy legisladora, le contesté. ‘¿Y qué te pensás, que no te voy a tirar’, me dijo", recordó la joven al borde del llanto, antes de contar que los policías les "apuntaban arriba de la cintura y de cerca". "Esto es perverso, es un lugar donde están los locos más pobres, que no tienen a dónde ir", afirmó ante un Montenegro que la miraba fijo. Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, le recordó la cantidad de llamados para buscar una negociación que hicieron varios legisladores antes de las 7 de la mañana y durante la represión. "Tiene que irse porque no es la Metropolitana que votamos cuando la creamos. La Metropolitana de hoy es la Federal de las peores épocas", denunció la periodista. Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, denunció que fue "un operativo secreto que ingresó de madrugada" y le preguntó al ministro: "¿Por qué no esperaron a tener el respaldo judicial, al menos?" El ex alcalde le cedió parte de su tiempo a María Elena Naddeo, una de las legisladoras que presentó un amparo para frenar la construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda. La mujer, también testigo directa de la represión, le preguntó: "Como ex juez, ¿cómo no sabía que todos los amparistas estábamos esperando una decisión de la Cámara?", dijo en referencia a la Sala II del fuero contencioso, cuyos miembros ayer firmaron una resolución donde Macri y dos funcionarios fueron multados con 20 mil pesos cada uno, y quedaron al borde de una denuncia penal (ver recuadro). La catarata de señalamientos y denuncias fue desestimada por el ex juez, que contestó cada una de las preguntas, al punto que Gabriela Alegre lo llamó "ministro cara de piedra". "Vuelva a ser juez porque no sirve como ministro de Seguridad, porque usted es el responsable de esta represión ilegal", acusó. Montenegro, horas después, desmintió versiones de renuncia y les contestó, imperturbable: "No es mi idea renunciar, la designación fue hecha por el jefe de gobierno y sólo por su pedido o porque yo lo considere necesario voy a renunciar, y por el momento ni él me lo pidió ni yo creo que sea necesario." La oposición, insatisfecha, prometió nuevas interpelaciones para la próxima semana. «

Intentos del pro de justificar el operativo
Las ocho horas del debate estuvieron marcadas por gritos y abucheos, en su mayoría de las víctimas de la represión para apoyar los pedidos de renuncia del ministro. O desde la bandeja del PRO, para gritarle a la oposición. "Obviamente no nos puso contentos lo de ayer (por el viernes), estamos evaluando todas las actividades. Nos entristece mucho la situación que vivieron varios legisladores y será investigado el accionar de la Policía para tratar (sic) de determinar si hubo responsabilidad", relativizó el funcionario, poco antes de que la última parte de la sesión fuera interrumpida varias veces por los alaridos de los legisladores hacia Montenegro, respondidos por bramidos de Ritondo que llamaban al orden. Los legisladores del PRO salieron del silencio sobre el final con una dura exposición de Helio Rebot, que acusó al kirchnerismo de "motorizar esto para ocultar que el Congreso avanzó sobre la República", en referencia a la reforma judicial. En su embestida, el legislador justificó la represión, pero no tuvo problema de hablar de los "compañeros del Partido Obrero" y recordar al joven militante Mariano Ferreyra, asesinado por una patota sindical, para defender a Montenegro. Carmen Polledo, a metros de Rebot, estalló con furia en su exposición y justificó la total ausencia de su bloque para evitar la represión, mientras que Martín Ocampo también apuntó contra Ibarra y chicaneó: “Montenegro vino a dar hoy explicaciones, pero durante la tragedia de Cromañón de 1994, usted, al día siguiente, estaba reunido con los empresarios de los boliches." La lista de tragedias que enumeraron los legisladores del PRO para eludir la responsabilidad de su gobierno fue rematada por Montenegro que, apoyado en su experiencia como ex juez federal, dijo que no había violado la resolución de la Sala II del fuero contencioso, que multó a Macri con 20 mil pesos.

El dólar blue subió $1 en tres semanas y cerró en récord de $ 9,34

Las miradas se posaron en el dólar blue, que aumentó a $ 9,30 para la compra y a $ 9,34 para la venta. Subió de este modo catorce centavos en un mercado donde se registraron varios cimbronazos en los últimos días debido a una merma de billetes en cuevas y el temor a operativos de la AFIP, que hacen que siga la escalada.

Ayer, el informal ascendió 26 centavos. Pero además, en tres semanas voló un peso, ya que el lunes 8 de abril la cotización se ubicó en $ 8,33.

Distinta es la realidad en el mercado oficial, donde la divisa estadounidense que se consigue en casas de cambio y bancos de la city operó sin variaciones en el cierre de la semana financiera en la que no se mostraron mayores sobresaltos. El dólar oficial cotizó estable a $ 5,13 comprador y a $ 5,185 vendedor. De está forma, la brecha entre los dos segmentos se disparó al 80,1%.

Además, el contado con liquidación, utilizado para fugar divisas mediante la compra de bonos o acciones en pesos, volvió a subir. Esta vez, avanzó trece centavos a $ 9,14.

Operadores coinciden en que los inversores no quieren quedarse en pesos y se cubren en dólares sin importar mayormente el precio que se paga. Sin embargo, la escasez de billetes que existe en las cuevas debido a que muy pocos quieren vender, provoca que el precio ascienda con fuerza en las últimas ruedas.

En tanto, operadores sostienen que hay temores en la plaza cambiaria marginal por rumores de la presencia de agentes fiscales, lo que prácticamente paraliza los negocios.

Por otra parte, un experimentado cambista en diálogo con ámbito.com sostuvo que "en medio de la preocupación por no poder comprar billetes en el mercado paralelo, muchos demandantes se acercan a la bolsa porteña y deciden comprar acciones o bonos". De todos modos, destacaron que esto no sucede en todos los casos debido a que alguien que quiere cambiar apenas $ 200 o $ 500 directamente no insiste con otra posibilidad que la de comprar dólares.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense aumentó a $ 5,178 para la compra y a $ 5,183 para la venta. Con pocos días operativos pendientes hasta la finalización del mes, los operadores prevén para el arranque de la semana próxima cierta presión de la demanda para atender necesidades de cobertura y cerrar posiciones.

Según los operadores, la supervisión y control del Banco Central sobre la actividad cambiaria le permiten al organismo un margen de maniobra elástico para administrar la evolución de los precios.

Multa y denuncia penal a Macri

Una hora después de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, asegurara públicamente que había agotado todas las instancias judiciales antes de ordenar la demolición de un taller protegido en el Hospital Borda, la Justicia porteña dictaminó que el procedimiento vulneró una medida judicial vigente, de protección de ese espacio. El fallo, además, le impone una multa de 20 mil pesos por cabeza a Macri, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y al procurador general Gerardo Conte Grand. El lunes, el asesor tutelar Gustavo Moreno presentará una denuncia penal contra el jefe de Gobierno por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña se expidió anoche rápidamente, en respuesta a presentaciones de Moreno, de la Defensoría porteña y de los diputados Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, para ratificar que está vigente la medida cautelar dictada por ese mismo tribunal el 28 de diciembre último, que suspende el proceso licitatorio para la construcción del denominado Centro Cívico. El tribunal dejó en claro, además, que la revocatoria de la jueza Andrea Danas (en la que se escudó la decisión del macrismo) aún no está firme.

No parece haber sido un acto de distracción o impericia del gobierno. Los funcionarios sabían que había una medida judicial en trámite: apenas dos días antes, el miércoles 24, los camaristas habían realizado una inspección ocular al taller protegido en compañía del procurador Conte Grand, la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, quien había solicitado la medida.

“El proceder adoptado (por el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso, conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe”, reprochó la Cámara, en un fallo que lleva la firma de los jueces Mabel Daniele y Fernando Juan Lima.

Los camaristas recuerdan que tienen la potestad sancionatoria de “las conductas temerarias o maliciosas” con el objeto de evitar “el perjuicio que de ellas puede derivarse para la instrucción y decisión de los procesos”. Tras estimar que la conducta evaluada “no puede considerarse meramente negligente sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones” judiciales y que “demuestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado”, resuelve imponer las multas al jefe de Gobierno, al procurador y a la ministra de Salud.

“Este es un hecho inédito: en 26 años de función, nunca vi semejante hecho de desobediencia a un procedimiento jurídico”, dijo Moreno a Página/12. “Y lo que ocurrió es algo aberrante, por el daño que sufrieron tres pacientes indefensos, uno de ellos con once impactos de bala de goma, internado en el Hospital Ramos Mejía.”

La batalla por el espacio del Hospital Borda comenzó el mismo día que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007. Por entonces se conoció el interés del ministro Daniel Chaín por urbanizar los amplios terrenos parquizados del barrio de Barracas, que forman parte del entorno de los hospitales Borda y Moyano. En septiembre de 2011, Macri y Chaín anunciaron la licitación de las obras del Centro Cívico, con la idea de construir 40 mil metros cuadrados para trasladar allí la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. La obra fue adjudicada a las empresas Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA por 369 millones de pesos.

Las obras están previstas en terrenos que pertenecen al Borda, aunque desde el gobierno aseguran que son “aledaños” al hospital. Se trata de tres hectáreas arboladas, ubicadas en el fondo del amplio parque, detrás del centro de salud, donde además se levantaba un enorme galpón, donde funcionaba uno de los talleres protegidos, en el que los internos hacían tareas de rehabilitación.

A partir de 2012, la vicejefa María Eugenia Vidal asumió en persona la negociación con los gremios para obtener su consentimiento para concretar la obra. ATE y la Asociación de Profesionales expresaron su rechazo: no se oponen a un Centro Cívico en el sur de la ciudad pero creen que ese lugar será la cabecera de playa para el desmantelamiento del hospital.

En agosto comenzó el desmantelamiento del taller protegido: operarios del gobierno se llevaron maquinarias para instalarlas en un nuevo espacio, en Brandsen al 2500, a la vuelta del hospital. Desde entonces quedó inactivo, porque en Brandsen tampoco fue habilitado: los pacientes perdieron ese espacio.

Un fallo de la jueza Patricia López Vergara paralizó la licitación hasta que se determine si la obra avanzaba sobre un espacio declarado Monumento Histórico Nacional, sin la correspondiente intervención de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. El recurso fue presentado por el dirigente de ATE Marcelo Frondizi.

Otro recurso fue presentado por los legisladores Naddeo e Ibarra, con el patrocinio de la defensora oficial Mariana Pucciarello, por el daño que la obra implicaría para los pacientes usuarios del taller protegido. También tuvo una resolución favorable. Ambos fallos de primera instancia fueron ratificados por la Cámara el 28 de diciembre, y desde entonces están vigentes, según lo aclaró ayer el propio tribunal.

Un tercer recurso fue presentado por el dirigente Marcelo Frondizi, con el patrocinio de la Asesoría Tutelar, por el desmantelamiento del Taller Protegido 19. La jueza Elena Liberatori ordenó su reapertura, en enero de este año, pero al finalizar la feria, su par Andrea Danas la revocó, al considerar que ese taller había sido reemplazado por el espacio de la calle Brandsen.

“Apelamos esa medida, porque comprobamos que el taller de Brandsen no funcionaba: le falta poner en funcionamiento el ascensor para llegar al segundo piso. Por eso pedimos a la Cámara una inspección ocular, que nos concedió y se hizo hace dos días (por el miércoles)”, informó el asesor tutelar de Cámara. Con el aval del fallo de la Cámara porteña, Moreno presentará el lunes su denuncia penal contra el jefe de Gobierno en la Cámara del Crimen.

La Metropolitana reprimió a trabajadores y pacientes del Borda

El gobierno porteño desplegó al cuerpo de infantería de la Policía Metropolitana que disparó balas de goma, gases lacrimógenos y golpeó con palos a los trabajadores del hospital neuropsiquiátrico que reclamaban contra la demolición de un sector donde funcionaban talleres sociales para los internados. "Macri, basura, vos sos la dictadura", cantaron médicos, enfermeros y empleados que, además, protegían a los pacientes que se acercaron hasta el sector del predio donde la Ciudad pretende construir un centro cívico. Hay al menos 50 heridos, entre ellos diez pacientes y siete enfermeros, y ocho detenidos. El ministro de Seguridad comunal, Guillermo Montenegro, dijo que la policía cumplió "un protocolo de acción para hacer cesar la comisión de un delito", y que "si hubo excesos, serán castigados".

La represión tuvo lugar esta mañana en el hospital del barrio porteño de Barracas, hasta donde se acercaron algunos legisladores y referentes de varios gremios, como ATE-Capital, varios de cuyos integrantes terminaron heridos con balas de goma. Lo mismo ocurrió con periodistas, camarógrafos y fotógrafos de varios medios de comunicación.

El delegado del Hospital Garrahan, Gustavo Lerer, quien también fue golpeado y baleado, denunció que los agentes dispararon balas de goma al entrar "con topadoras e infantería para instalar un centro cívico, destruyendo el lugar donde se tratan enfermos neuropsiquiátricos", en el edificio de la calle Ramón Carrillo 375.

Los legisladores porteños María Raschid y Jorge Selser (presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña) también denunciaron que fueron golpeados por agentes de la Metropolitana.

El operativo de demolición del Taller Protegido 19, donde ATE promueve tareas de rehabilitación de pacientes del hospital, se inició a las 6 de la mañana, cuando una cuadrilla de operarios, custodiados por personal de Infantería de la Metropolitana, ingresó al predio por la parte de atrás y comenzó la demolición del edificio en disputa. Luego de derribar el taller con topadoras, cercó el perímetro con chapas galvanizadas, una zona a la que los pacientes ambulatorios tienen libre acceso.

Los trabajadores del centro de salud se hicieron presentes en el lugar alrededor de las 8 y fueron reprimidos con bastones, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos.

Los trabajadores de ATE convocaron a un paro nacional con movilización a la Jefatura de Gobierno porteño el martes próximo a las 11. El secretario general de la seccional Capital del gremio, José Luis Mataza, afirmó que "fue una represión irracional y que pudo haber causado consecuencias más graves, además siete compañeros quedaron detenidos en la comisaría 4 de la Metropolitana".