Por un puñado de dólares: El kirchnerismo hizo pesar su mayoría y consiguió aprobar el proyecto proyecto de blanqueo tras una extensa sesión. Los bloques opositores cuestionaron con dureza la iniciativa y denunciaron que facilitará maniobras de lavado de dinero.

La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 130 votos a 107, el proyecto de exteriorización de divisas que autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico y crea el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN).
El clima de la sesión no tuvo la tensión de otras jornadas en las que se especulaba con la posibilidad del kirchnerismo para conseguir el quórum y dar el debate de las normas impulsadas por el Ejecutivo. El trabajo fue similar al de otras jornadas, sin embargo reaccionó como siempre el bloque oficialista al ver reflejado en el tablero las 131 voluntades necesarias para habilitar la sesión. No hubo aplausos, no se entonó la marcha peronista ni hubo festejos, sólo contracción al trabajo. Tampoco los hubo cuando se aprobó en general, tras once horas de debate.

El debate osciló entre el ataque sistemático de opositores que demostraron contar con una cuota de amnesia conveniente para olvidar sus propios fracasos cuando fueron gobierno y recurrieron a herramientas similares. Sustentaron sus argumentos en los inconvenientes éticos y morales de la norma y la supuesta apertura de una puerta a fondos provenientes de delitos. Por su parte, el oficialismo reconoció y al mismo tiempo minimizó los cuestionamientos éticos, en tanto que puso por encima los objetivos productivos de la norma. En ese marco, el diputado por el Frente para la Victoria (FPV) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, explicó que el objetivo de la iniciativa "es movilizar ahorros que hayan salido del circuito económico formal de la Argentina y reingresen para poner en valor y movilizar activos argentinos, sean muebles o inversiones en infraestructura, particularmente en hidrocarburos".

Además, Feletti rechazó los cuestionamientos de quienes aseguran que este "proyecto iba a transformar al país en un paraíso de narcolavadores". Aclaró que "el único beneficio" que se otorga con el proyecto "es el de exención impositiva" y explicó que "cuando el dinero ingresa en el circuito bancario formal las instituciones financieras de Argentina deben aplicar la normativa de lavado de dinero, y registrar quién es el depositante".
Uno de los primeros en responder fue el diputado por el peronismo disidente, Eduardo Amadeo, quien cuestionó la posición argentina ante los mercados financieros internacionales y reclamó que el país vuelva a apostar al endeudamiento. Amadeo aseguró que con esta ley "no se va salir nunca más a los mercados de financiamiento" y advirtió que la Argentina y Corea del Norte "son los únicos países que se niegan a solicitar financiamiento en el mundo pidiendo a sus ciudadanos que paguen gastos con un nivel de presión impositiva insoportable".
El argumento de quien fuera vocero del ex presidente Eduardo Duhalde fue desenmascarado por la diputada cordobesa Carmen Nebreda (FPV), quien sin eufemismos sentenció: "Quienes critican este proyecto están detrás del endeudamiento", y los interpeló: "Vamos, díganlo, ustedes están a favor de los fondos buitres y del Fondo Monetario Internacional."
Por su parte, el presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, sostuvo que el gobierno se decidió a impulsar "un nuevo blanqueo de capitales porque se ha producido una caída en las reservas del Banco Central y estos dólares de delincuentes y evasores le van a servir para diluir esta caída". Además, el diputado advirtió que "endeudarse con delincuentes lo único que va a hacer es agregarle a la Argentina ser un país en el que es posible ser financiado por la delincuencia", mientras persisten los errores "que no se corrigen".
En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, se quejó de quienes hablan de "blanqueo" y advirtió que el proyecto trata, en cambio, de "exteriorización de activos y amnistía o perdón fiscal". Sostuvo además que "escuchamos una enorme cantidad de mentiras sobre la base de un desconocimiento absoluto del proyecto; ninguna de las disposiciones (de la norma) liberará a las entidades financieras de cumplir con lo establecido para la prevención del lavado", aseguró Heller.

También subrayó que "mantienen su vigencia todas las obligaciones del sistema financiero a cualquier tipo de ilícito, a excepción de la cuestión fiscal". Heller definió como una "absurda mentira" que el proyecto tenga una vinculación "con el delito de lavado" y consideró que los ataques a la iniciativa son "una suerte de patraña que se va encadenando y que no tiene nada que ver con la calidad del texto".

La extensa jornada fue matizada con un servicio de lunch que incluía cazuelas con locro humeante, que terminó por convertirse en lo único que unió a oficialistas y opositores.
En el mismo sentido, el ex empleado de la JP Morgan y diputado de la Colación Cívica, Alfonso de Prat-Gay, consideró que la iniciativa "discrimina a la moneda local" porque le da "privilegios" al que tiene los dólares en negro por encima del que tiene pesos. Una de las respuestas a estas afirmaciones la protagonizó la kirchnerista María Luz Alonso, quien los acusó de promover "una megadevaluación que generaría inflación, marginalidad y pobreza. Ustedes venden esta receta y quieren la pobreza del pueblo argentino, pero nosotros no lo vamos a permitir."

Hacia el final de la sesión, el jefe de los diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, se trenzó en una fuerte discusión con Carlos Kunkel, luego de que le repudiara al radical que haya dicho que la razón del proyecto "es un manotazo de la peor calaña. Es un manotazo a dinero sucio e ilegal". Luego llegó el turno del presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, quien antes les dijo a los opositores que tiene lógica que no entiendan las convicciones del oficialismo porque "no tienen ética". Rechazó de plano que la norma busque hacerse de dinero sucio: "Lo que perseguimos es captar el dinero negro que surge de alguna actividad comercial o empresaria que fue a parar a una caja de seguridad. Hacia ese dinero apunta nuestro proyecto. Para el dinero sucio tenemos las leyes, como la de lavado, que persigue estos delitos." Recordó que el anterior blanqueo de 2008 significó el ingreso de 4000 millones de dólares y que si el actual llega al mismo nivel "será el 2% de los activos que están en negro en la Argentina, y si esa cifra se repitiera y se volcara al mercado inmobiliario, implicará triplicar la cantidad de operaciones que se realizaron en el primer trimestre de este año".
Las estimaciones del gobierno nacional hablan de 160 mil millones de dólares que se encuentran por fuera del sistema formal (U$S 120 mil millones en el exterior y U$S 40 mil millones en el país) y la expectativa oficial es captar al menos un 2% de ese total, es decir unos 3200 millones de dólares (podrían alcanzar los U$S 4.000 millones, que ingresarían al sector inmobiliario y energético.