El juez no se expidió aún sobre el pedido de inconstitucionalidad que presentamos por los artículos de la Ley 26.548, que limita la competencia del BNDG a los casos de desaparición forzada anteriores al 10 de diciembre de 1983, vulnerando el derecho a la identidad de aquellos posteriores a esa fecha.
Sin embargo, consideró que prima facie, de acuerdo a los argumentos que presentamos en la demanda “… concurren circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican ordenar la suspensión de la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos hasta tanto el tribunal se encuentre en condiciones y decida sobre la medida cautelar solicitada…”. En su resolución, el juez Marinelli requirió al Estado que presente en el plazo de tres días un informe “que dé cuenta del interés público comprometido por la petición”.
En la demanda presentada alertamos que el traspaso compromete la cadena de custodia de las muestras resguardadas en el BNDG, su equipamiento y recursos humanos –formado durante más de 25 años de actividad- ya que apunta a convertirlo en la plataforma para la creación de un “instituto de genómica humana” en sociedad con capitales y laboratorios privados.
El Banco es la única herramienta confiable que nos permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, hasta tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy. Hasta la sanción de la Ley 26.548, fue también el instrumento público que garantizaba a la población el acceso a los medios necesarios para ejercer fehacientemente su derecho a la identidad.
En la demanda presentada alertamos que el traspaso compromete la cadena de custodia de las muestras resguardadas en el BNDG, su equipamiento y recursos humanos –formado durante más de 25 años de actividad- ya que apunta a convertirlo en la plataforma para la creación de un “instituto de genómica humana” en sociedad con capitales y laboratorios privados.
El Banco es la única herramienta confiable que nos permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, hasta tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy. Hasta la sanción de la Ley 26.548, fue también el instrumento público que garantizaba a la población el acceso a los medios necesarios para ejercer fehacientemente su derecho a la identidad.
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