Ni los incendios que azotaron la provincia toda la semana ni la beatificación del cura Brochero que se realizará hoy pudieron tapar el "narcoescándalo" cordobés, una crisis política de proporciones que sumó ayer su capítulo más importante. Las renuncias del ministro de Seguridad Alejo Paredes y del jefe de Policía Ramón Frías impactaron de lleno en el gobierno del aspirante a candidato presidencial, José Manuel de la Sota, quien –al frente del Ejecutivo o en la trastienda– gobierna el distrito mediterráneo desde 1999. Un día después de que la oposición lo reclamara, Paredes y Frías dimitieron en el marco de la tormenta política que desató una denuncia del programa ADN, que el periodista Tomás Méndez conduce los miércoles en el canal de la Universidad Nacional. Ambos dimitieron ayer de forma "indeclinable" y para "no permitir que se intente afectar la acción gubernamental", informó oficialmente Prensa del gobierno provincial.
En la emisión del miércoles 4, Méndez puso al aire una entrevista a Juan "El Francés" Viarnes, un hombre de curriculum en el mundo delictivo vinculado a asaltos a blindados y secuestros extorsivos. Viarnes aseguró ante cámara haber fungido como agente encubierto de la Policía provincial en procedimientos sobre narcotráfico, y comprometió a las autoridades del área de Drogas de la fuerza cordobesa. "El comisario mayor Rafael Sosa es la cabeza que maneja todo. Lo demás es obediencia debida, Sosa dice y los demás hacen", aseveró el "arrepentido", quien implicó también a otros comisarios y agentes en supuestos procedimientos fraguados, y acusó manejo irregular de la droga secuestrada. Al día siguiente de la emisión, el jefe Sosa y otros implicados pidieron licencia y se pusieron a disposición de la justicia. Hasta ahí ya era un escándalo. Pero el sábado 7 se registró un hecho clave: uno de los nombrados en la televisión apareció con un tiro en la cabeza en una zona rural cercana a Alta Gracia. El oficial Juan Alós fue hallado dentro de un auto oficial y con una carta de despedida, cuyo contenido –o parte al menos– fue público ese mismo fin de semana gracias al fiscal Emilio Drazile y a quien aún era jefe de Policía, Ramón Frías. "Quería que limpiaran su nombre", dijo el fiscal de Alta Gracia, en una encubierta crítica a los medios. Drazile también se apuró en considerar al hecho como "un suicidio", algo que aún no está comprobado.
El velorio y entierro de Alós se realizó el domingo al mediodía en el lugar del mundo en el que más tiempo vivió Ernesto "Che" Guevara. En medio del dolor de amigos y familiares, la despedida tuvo ribetes de verdadera puesta en escena. En el último adiós al supuesto encargado de la Brigada Antinarcóticos "Tucumán" hubo unos 300 agentes enviados por la Jefatura, que dispuso una Guardia de Honor para una muerte que no fue en servicio. Y hubo más: el señalado Sosa se hizo ver y hasta habló con la prensa, y en el mismísimo cementerio donde se enterraba al malogrado efectivo –que también está investigado–, el jefe Frías tomó el micrófono y lanzó diatribas hacia los medios y –sin nombrarlo– al fiscal federal Enrique Senestrari, que investiga el caso.
"Hay palabras que matan más que las balas", lanzó el jefe, y completó diciendo que "los jueces tienen que hablar por sus fallos". Luego, ante la prensa, aseguró no conocer al renombrado Viarnes: "No tengo el gusto", dijo.
EL SILENCIO DE DE LA SOTA. Mientras un funcionario público perdía la vida, autoridades de Drogas eran denunciadas y daban un paso al costado, y el jefe de la fuerza gritaba en tono marcial, el gobernador De la Sota tuiteaba acerca de obras previas al acto de Brochero o ensalzaba la Exposición Rural de Río Cuarto. Evento al que no asistió, presumiblemente por el escándalo. Del caso, ni una palabra. Tampoco hubo respuesta al pedido opositor para conformar una mesa de diálogo político.
La mudez delasotista se rompió a medias el martes 10, cuando el creador del "cordobesismo", aseguró en Cadena 3 que "hay que estar callados y confiar en que se esclarecerá todo", en una estrategia dedicada más a ningunear el escándalo que a comprobar si la denuncia era verdad. Pero mientras el poder político esquivaba el tema o recomendaba guardar silencio, la investigación de Senestrari avanzaba, y el miércoles 11 el juez federal Ricardo Bustos Fierro libró órdenes de allanamiento y captura para los policías de Drogas denunciados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Conocida la noticia, la reacción delasotista fue brutal: el legislador Sergio Busso aseguró que todo se trataba de "una burda maniobra" del gobierno nacional, y acusó a Senestrari de "recibir órdenes de Gils Carbó" y ser "funcional a los narcos".
Al ataque oficial se sumó ese mismo día la difusión de un megaoperativo de incautación de estupefacientes. Pero la imagen ya era imposible de levantar: en un hecho inédito, fue allanada la Jefatura de Policía y se secuestró droga no registrada y armas con la numeración limada. El escándalo parecía no tener techo, y la tumultuosa jornada se cerró nada menos que con la entrega de los comisarios Rafael Sosa y Alfredo Saine y otros tres efectivos, quienes fueron trasladados al penal de Bouwer y ayer eran indagados.
Aunque el escándalo ya era un tsunami, el gobierno sostuvo a Frías e intentó justificar la presencia de droga no registrada bajo el pretexto de que la misma sería usada "para adiestrar" a los perros de la fuerza. El método fue desmentido por propios integrantes del área Canes, mientras la división Drogas quedaba acéfala por la renuncia del recientemente asumido comisario Daniel Nis, quien adujo motivos de salud y duró un suspiro en el cargo. De la Sota llamó a conferencia de prensa pero sólo para hablar de la gravísima situación generada por los incendios: no aceptó preguntas sobre el narcoescándalo, y se retiró raudamente.
Con ocho imputados –el último de Drogas y el anterior, otro comisario y agentes que ya tenían cuentas pendientes con la justicia– la semana se cerró ayer con la renuncia "indeclinable" de los cuestionadísimos Frías y Paredes. Otra vez por la preferida Cadena 3, De la Sota dijo que "pareciera que el flagelo mundial de la droga en Argentina tiene colores políticos y sólo aparece en provincias que tienen una posición independiente como Santa Fe o Córdoba." El mandatario intentó circunscribir el caso al área de Lucha contra el Narcotráfico, desligando al resto de la fuerza, y aseguró que envió a la Legislatura un proyecto para que el titular del área sea designado con aval parlamentario. El anuncio ya cosechó rechazos. Mientras tanto, se desconoce quién reemplazará a los renunciantes.
La última semana, vivir en Córdoba resultó algo complicado. Policía sospechada, crisis política, las sierras incendiadas y hasta un sismo de cinco grados Richter fueron temas de preocupación, alarma y conversaciones en cada hogar de una provincia en la que hace poco apareció flotando en el río Suquía, a metros de la Casa de Gobierno, el cuerpo de un empresario mendocino contratista del Estado.
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